El 11 de marzo de 2020 ya se habían confirmado 118.000 casos de COVID-19 en 114 países, y 4.291 personas habían fallecido en todo el mundo a causa de esta enfermedad. Ese día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus como pandemia. Un año después, ya son 2,5 millones las personas que han muerto y más de 114,3 millones las infectadas. Recordamos aquí a los otros protagonistas de la pandemia.
En España, hasta aquel 11 de marzo se habían registrado 2.128 casos y 47 fallecidos. Tan solo un mes después, las personas que habían perdido la vida por COVID-19 eran 16.353. A día de hoy, España ya ha superado la barrera de los 70.000 fallecidos.
En aquellos meses, cada día sin tener que ingresar en el hospital era un día ganado. La mera supervivencia como síntoma de la gravedad del asunto. El relato desde el Gobierno era el de “que nadie se quede atrás”. La realidad, sin embargo, era mucho menos amable que la proclama. La Fundación Hogar Sí cifraba “entre 31.000 y 35.000” las personas sin hogar en 2020. Todas ellas sin un sitio en el que aislarse y protegerse de la pandemia. La desescalada, meses después, devolvió a la calle a los que habían conseguido que un albergue les acogiese en los meses más duros de la pandemia.
También los temporeros se vieron en situación de calle. En abril, el Gobierno aprobó un real decreto sobre empleo agrario para conseguir trabajadores para el campo durante la restricción de movilidad. Unos meses más tarde, organizaciones humanitarias denunciaban que, en localidades como Lleida, los temporeros dormían en la calle. Desde Arrels Sant Ignasi, Roger Torres explicaba a Newtral.es que “es una situación que se repite cada año”. de hecho, en Huesca los temporeros tuvieron que ser realojados por el Ejército: “Dieron positivo por COVID-19 pero no tenían cómo aislarse”, declaraba a Newtral.es el alcalde de una localidad oscense.
☷
Desigualdad social
Cuando el virus atacó a los de abajo
Las residencias, al límite
Además, miles de familias se quedaron de repente sin uno de los suyos: sin poder despedirse ni velarles. En las residencias, blindadas desde el 8 de marzo en su mayoría, los mayores “eran ayudados a morir, y no a vivir”, como explicaba Puri Prieto, hija de un anciano fallecido, a Newtral.es. Los profesionales sanitarios denunciaban falta de medios y de personal, teniendo que doblar turnos e incluso reutilizar mascarillas y batas. “La mascarilla la usábamos durante cinco días seguidos, así que la lavábamos con lejía y las dejábamos secar. Para el cuerpo usábamos bolsas de plástico”, contaba Alicia Destard a Newtral.es.
En junio, un estudio a más de 1.600 sanitarios, principalmente de Madrid, mostraba que la mitad presentaba síntomas de estrés postraumático y casi el 80%, ansiedad. Y un mes antes, en mayo, conocíamos el dato de que el 76% del personal sanitario contagiado por COVID-19 eran mujeres. De la brecha de género ya habían advertido tres investigadoras que publicaron en The Lancet, a principios de marzo de 2020, un análisis sobre cómo el rol de cuidadoras (tanto formales como informales) de las mujeres hacía que tuviesen más riesgo de exposición, algo que se fue constatando con las investigaciones publicadas a lo largo del año.
Cuidadora era precisamente María, que en junio contaba a Newtral.es que llevaba dos meses yendo a limpiar a una empresa vacía. Una hora diaria en el metro para limpiar sobre limpio, quitar el polvo donde no lo había y esperar “sola en todo el edificio” porque eso era mejor que el ERTE que le habían hecho a sus compañeros.
Y cuidadoras son, también, las cientos de miles de trabajadoras domésticas para las que el Gobierno diseñó un subsidio extraordinario específico dado que este sector no tiene derecho a paro. Un subsidio que apenas había alcanzado a 30.000 de estas trabajadoras de las casi 600.000 que hay en España. Es por eso que en junio, estas trabajadoras se organizaron, escobillas en mano, para ir al Congreso a exigir la ratificación del Convenio 189 de la OIT. En junio de 2018, el Gobierno socialista —recién llegado a Moncloa— anunciaba su intención de ratificar dicho convenio. A día de hoy, sigue sin estar ratificado.
Los otros protagonistas de la pandemia: El IMV que no acaba de llegar
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) tampoco ha llegado a todas las familias que debería. En un primer momento el Gobierno estimó que el IMV beneficiaría a cerca de 850.000 familias (en torno a 2,3 millones de personas). A finales de agosto, el Ministerio de Seguridad Social anunciaba que lo había concedido a cerca de 80.000 hogares. Como explicábamos en Newtral.es, la complejidad del lenguaje burocrático y de los conceptos administrativos a menudo dificultan el acceso a la hora de pedir ayudas como el IMV o el subsidio extraordinario de trabajadoras domésticas.
El COVID-19, además, desplazó tantas otras enfermedades. De mediados de marzo a mediados de abril aumentaron un 50% las muertes por infarto. “Los pacientes tenían miedo de ir al hospital y contagiarse”, contaba a Newtral.es el cardiólogo Oriol Rodríguez. Además, muchos tratamientos, intervenciones y diagnósticos se pospusieron por la saturación hospitalaria. La sala de espera no solo como una estancia del hospital donde esperar tu turno, sino como un tiempo incierto donde cientos de miles de pacientes aguardaban a que las consultas volviesen a su actividad entre ola y ola.
Las videollamadas, en esta nueva realidad sin apenas viajes ni abrazos, se volvieron imprescindibles. A través de la pantalla muchos familiares conocieron a los bebés que se abrían paso en el mundo cuando en él solo se hablaba de muertes y contagios. También muchas personas migrantes en España, que llevaban años sin visitar a sus seres queridos en sus países de origen, mantenían el contacto gracias a la tecnología.
Con la idea de hacer memoria y dar continuidad a nuestra cobertura de la pandemia, en Newtral.es hemos hablado de nuevo con algunas de las personas que entrevistamos en los primeros meses de pandemia para saber cuál es su situación un año después. Así suena echar la vista atrás.
Graciela Gallego: el trabajo doméstico sin derechos
Graciela Gallego, trabajadora doméstica interna desde hace dos décadas y una de las portavoces de Grupo Turín, fue una de las artífices de la manifestación del pasado junio en la que ella y otras compañeras se plantaron en el Congreso y entregaron una escobilla de baño a los diputados. Su exigencia: que España ratifique el Convenio 189 de la OIT.
En junio de 2020, Graciela explicaba a Newtral.es que la escobilla era “un símbolo de que las que limpian no gozan de plenos derechos laborales”. “La pandemia ha mostrado lo esencial que es nuestro trabajo aunque siga sin estar reconocido”, añadía.
Han pasado nueve meses y España sigue sin ratificar el Convenio 189 de la OIT. Graciela, ahora, dice: “La pandemia nos ha traído más pobreza a las trabajadoras domésticas. No hay justicia social con este sector”.
Ella, como muchas otras trabajadoras domésticas, no pudo siquiera pedir el subsidio para empleadas del hogar, una ayuda extraordinaria dirigida a aquellas trabajadoras del sector que se quedaran sin trabajo (de manera total o parcial) con motivo de la crisis sanitaria. El Gobierno diseñó esta medida específica por el tipo de regulación laboral que tiene este sector, por el cual carecen de derecho a paro. El Real Decreto que regulaba este subsidio establecía que para pedirlo era necesario que las trabajadoras estuviesen dadas de alta antes del 14 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma.
“La pandemia nos ha traído más pobreza a las trabajadoras domésticas”, dice Graciela Gallego, trabajadora del hogar
A Graciela la despidieron el 28 de febrero, “como a muchas otras compañeras”, asegura. “Y las que seguían trabajando, si no estaban dadas de alta, tampoco podían acceder al subsidio”, añade.
“Mi vida ha sido incierta, muy intranquila”, relata sobre este año pandémico. “He ido encontrando trabajos pero eran para cuidar a ancianos que estaban muy enfermos. He enterrado a tres personas en muy poco tiempo, y todas eran menores de 80 años. Esto para mi salud mental ha sido durísimo. Pensaba: ‘Cómo es posible’”.
Por ello, Graciela critica tanto la “poca efectividad del subsidio” como que un año después el Gobierno no haya hecho nada por este colectivo: “Ni siquiera estamos en el plan de vacunación a pesar de que somos las que cuidamos a muchos mayores y grandes dependientes. Ni por asomo se menciona que nos tienen que vacunar. Ni siquiera ese derecho lo tenemos”.
Sonia Polonio: las enfermedades que no son COVID-19
Sonia Polonio, de 38 años, es enferma crónica desde los 16, cuando la diagnosticaron como paciente de Crohn, una afección intestinal inflamatoria. Meses antes de la pandemia, en noviembre de 2019, Sonia tuvo que cogerse la baja laboral por su enfermedad, tal y como contaba a Newtral.es en junio del año pasado.
El brote le produjo una fístula anal que le impedía trabajar “por el sangrado constante y el dolor, que es insoportable”: “Soy limpiadora y me pasaba el día de pie, de aquí para allá. Estuve unos meses aguantando hasta que ya no podía más”, explicaba.
En su hospital, el Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona), su digestóloga la derivó al cirujano, quien decidió que había que realizar una intervención quirúrgica para la fístula y para tratar de preservar el intestino no afectado mediante una resección ileocecal.
“Tenía que esperar a que me llamasen [para la operación], pero a la semana siguiente declararon el estado de alarma”, cuenta Sonia Polonio, enferma crónica, que lleva un año esperando
“Tenía que esperar a que me llamasen para darme cita, pero a la semana siguiente fue cuando declararon el estado de alarma”, recordaba Sonia hace nueve meses. A día de hoy, Sonia sigue sin estar operada: “En enero me llamaron para decirme que me iban a operar ya, pero todavía sigo esperando”, cuenta Sonia ahora.
Un año de espera en el que ha tenido que hacerse cargo de sus padres y de su hijo: “Mientras estaba de baja y esperaba a que me operasen, tuve que venirme a Montilla (Córdoba) porque operaban a mi padre del corazón. Viendo cómo estaban mis padres, tan mayores, decidí quedarme para cuidarlos. Mi hijo tiene tres años y estoy deseando ponerme bien también por él”.
Sonia dice que quiere “mejorar para poder buscar trabajo en alguna empresa de limpieza”. Uno que, por horario, le permita compaginar los cuidados de sus padres y de su hijo como familia monomarental.
Roger Torres: ayuda humanitaria para los temporeros
En mayo de 2020 comenzaron a llegar a Lleida trabajadores temporeros para la campaña de recogida de la fruta. La fundación Arrels Sant Ignasi detectó que “algunos deambulaban por la calle y no tenían donde dormir”, contaba a Newtral.es Roger Torres, jesuita y presidente de la fundación.
Pusieron en marcha un dispositivo para dar alojamiento temporal, aunque, como reconocía Roger, que algunos de estos temporeros, la mayoría migrantes, viviesen en la calle es una situación que ya ocurría años atrás: “Los problemas son los de siempre, pero este año, con la pandemia, se han hecho más obvios porque muchos de esos problemas (hacinamiento, falta de higiene, imposibilidad de estar en cuarentena) tienen que ver con aspectos fundamentales para que el virus no se propague”.
“Hay que cambiar la ley de extranjería porque dificulta mucho la regularización de personas migrantes”, dice Roger Torres, trabajador humanitario
Meses después, Roger reconoce que “este año se podría repetir la misma situación”: “La imagen será parecida: gente durmiendo en la calle, y el pabellón del ayuntamiento acogiendo a algunos temporeros. Se supone que esta vez será un espacio algo más humanizado, ya que el año pasado estaban durmiendo en hamacas y este año habrá camas”.
Por eso, este jesuita considera que la pandemia ha puesto en evidencia un sistema injusto: “Hay que cambiar la ley de extranjería porque dificulta mucho la regularización de personas migrantes. Y las grandes empresas de la fruta tienen que cumplir con la ley, empezando por dar un alojamiento digno a sus trabajadores”.
Puri Torres: cuando tu padre fallece en una residencia de mayores
A Puri Prieto le informaron de que su padre había dado positivo por COVID-19 cuando este ya había fallecido. Julián falleció el 2 de abril, dos semanas antes de cumplir los 90, y llevaba un lustro en la residencia Adolfo Suárez (Madrid). La última vez que le vio fue el 8 de marzo. En su caso, por la mañana. Cuando quiso regresar de nuevo por la tarde, la residencia se había convertido en un búnker: “Nos dijeron que no podía entrar nadie. Ni siquiera pude hablar con mi padre para decirle que durante unos días no íbamos a poder vernos”, contaba Puri a Newtral.es.
Después de morir, “su cuerpo estuvo ahí cuatro días, en la residencia, porque la funeraria no podía recogerlo antes por la saturación”, recordaba Puri. Al menos, decía, pudo enterrarle: “Te encuentras un féretro cerrado con cinta aislante y con una hoja en la que pone su nombre”.
“Sentimos que los ancianos fallecidos en residencias no le importan a nadie”, reconoce Puri Prieto, hija de un familia fallecido en residencia
Un año después cuenta que desde la residencia contactaron con ella en septiembre para recoger las pertenencias de Julián: “Nos dijeron que había que ir ya, como metiendo prisa. Parecía que las cosas le estorbaran. Estaba todo metido en bolsas de basura, lo cogimos y nos lo llevamos. Hay cosas que se han perdido como un dominó que le regalamos porque le encantaba, algunas fotos y una radio que siempre llevaba consigo”.
Puri es es una de las 26 personas que presentaron, a principios de mayo de 2020, una querella criminal colectiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 10 directores de residencias de la región por la gestión realizada en estos centros durante la pandemia. A día de hoy, siguen esperando a que “la Fiscalía se pronuncie”, asegura Puri. “Sentimos que los ancianos fallecidos en residencias no le importan a nadie”.
Laura Vanessa: la vulnerabilidad de ser madre en solitario
El mismo mes en que Laura Vanessa se enteró de que estaba embarazada, dejó de cobrar el paro. Era febrero de 2020 y tras once meses desempleada, el subsidio al que tenía derecho acabó por agotarse. “En marzo de 2019 me quedé sin trabajo. Estaba de administrativa en una empresa. Tenía casi un año de paro y pensaba buscar trabajo activamente, como así he hecho. Pensé que todo sería más fácil”, contaba a Newtral.es esta barcelonesa de 40 años.
Desde entonces, Laura Vanessa ha vivido de sus ahorros: “Con la pandemia todo ha ido a peor, casi no hay contrataciones. Lo peor es que estoy embarazada de cuatro meses y dudo mucho que me vayan a contratar cuando me vean la barriga”, decía en junio de 2020.
Es marzo de 2021 y Laura Vanessa ya ha dado luz a Nico (en septiembre) y sigue desempleada: “En las entrevistas de trabajo no podía mentir y no decir que estaba embarazada, así que era imposible encontrar trabajo así. Además, desde que nació Nico he tenido que hacerme cargo de él yo sola, ni siquiera tengo a mi familia cerca [está en Argentina]”.
“Me gustaría poder vacunarme cuanto antes porque ahora vivo con pánico a contagiarme. Si me pongo mala y me tienen que ingresar, ¿quién se hace cargo de mi hijo?”, dice Laura Vanessa, madre en solitario
Laura Vanessa forma parte de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), de la que recibe asesoramiento para poder pedir algún subsidio, “ya sea el Ingreso Mínimo Vital o por la de hijo a cargo”. “De momento sigo viviendo de mis ahorros y mi familia me ayuda con algo”, explica. Además, insiste en que si las familias monomarentales ya son vulnerables de por sí y tienen más riesgo de sufrir exclusión social, “con la pandemia ha empeorado”: “Me gustaría poder vacunarme cuanto antes porque ahora vivo con pánico a contagiarme. Si me pongo mala y me tienen que ingresar, ¿quién se hace cargo de mi hijo?”.
A pesar de todo, y consciente de que “todo el mundo dice que ha sido un año para olvidar”, ella considera que siempre será “un año para recordar por el nacimiento de Nico”.
Carlos Andrés: migrar en pleno estado de alarma
Carlos Andrés, de 32 años, llegó a Madrid desde Medellín (Colombia) el mismo día que se declaraba el estado de alarma, el 14 de marzo. Vino junto a su mujer, de 30, y su hija, de cinco: “No sabíamos que la situación acá era tan grave y ya habíamos planeado venir desde hacía bastante tiempo. Económicamente la cuestión estaba mal allí [en Colombia] y vinimos para tener una vida mejor”, explicaba a Newtral.es.
A principios de junio, Carlos Andrés contaba que tenían un permiso como turistas, de tres meses, que iba a caducar en breve. “No sé qué vamos a hacer”, reconocía.
“Al principio fue todo muy duro: encerrados, sin trabajo y sin casi dinero, teniendo que pedir comida”, cuenta Carlos Andrés, migrante
Casi un año después, Carlos Andrés se siente “aliviado”: “Ya tengo los documentos en regla. Solicitamos asilo político y nos lo concedieron. Por eso fue que pude empezar a laburar”, relata. Antes de encontrar su actual trabajo, en una empresa de jardinería que tiene contratada el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Andrés sobrevivió como pudo: “Vendí burritos que preparábamos mi mujer y yo, también trabajé en un hotel, y como jardinero tres meses en Mallorca”.
Lo único que lamenta es tener que haber enviado a su hija de vuelta a Colombia: “Está con mi madre de momento. Estamos esperando a que nuestra situación mejore un poquito para poder traerla de vuelta. Al principio fue todo muy duro: encerrados, sin trabajo y sin casi dinero, teniendo que pedir comida [hace referencia al reparto de alimentos por parte de asociaciones vecinales]. Pero gracias a Dios la vida nos empezó a cambiar y ya tenemos para cubrir nuestras obligaciones”.
0 Comentarios