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Mano de obra para la campaña de recogida de fruta: ¿en qué condiciones?
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Mano de obra para la campaña de recogida de fruta: ¿en qué condiciones?

Melocotones en Murcia, cerezas en Aragón, arándanos en Andalucía… Comienza la recolecta de fruta, pero no hay suficiente mano de obra. El Gobierno pretende facilitar la contratación ante la falta de trabajadores extranjeros

Jornaleras trabajando en la recogida de la fresa en Huelva | Foto: Julián Perez/EFE

11.000 temporeras menos, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se han trasladado este año desde Marruecos para la recogida de la fresa en Huelva. De las 17.000 convocadas, solo un 36% de ellas han podido acudir a la campaña de 2020, después de que Marruecos decretase el cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19.

“Parte de la cosecha ha quedado sin recoger”, apunta la jornalera Ana Pinto, portavoz del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, a Newtral.es. “Pero, sobre todo, miles de familias se han quedado sin los ingresos de los que dependían”, añade.

Andalucía produce el 97% de la fresa en todo el territorio nacional, y el 99,7% de toda esa fresa cultivada en la comunidad corresponde a la provincia de Huelva, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.

La producción andaluza de arándano, otro de los codiciados frutos rojos cuya campaña de recogida comienza ahora, también supone un 97% de la producción nacional. Como la fresa, el arándano andaluz también procede mayoritariamente de Huelva (99,5%).

Solo entre febrero y junio de 2019, según la Junta de Andalucía, la exportación del arándano supuso 266,4 millones de euros. Y la de la fresa, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, 471,5 millones de euros.

El estado de alarma y la imposibilidad de la movilidad —tanto en el propio territorio español como entre países— ha puesto contra las cuerdas al sector agrario: “La falta de mano de obra provocará la pérdida de parte de la cosecha y, por tanto, de ingresos, así como un posible desabastecimiento alimentario”, explica a Newtral.es Óscar Moret, agricultor y responsable de Fruta de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

“Hay cosechas en las que tienes apenas unos días para recoger la fruta porque si no se estropea o ya no vale”, cuenta Esperanza Martínez, responsable de Fruta de COAG Murcia. En esta región comienza ahora la colecta de la fruta de hueso: melocotón, albaricoque, nectarina y paraguayo.

La preocupación de agricultoras como Martínez es “no haber conseguido suficientes trabajadores para coger todo en esos tres o cuatro días más óptimos”. “Si está blanda, ya no te sirve porque te la van echar para atrás”, añade.

Temporeros en la recolecta de lechuga iceberg en Murcia | Foto: Marcial Guillén (EFE)

El real decreto sobre empleo agrario

A esta problemática no se enfrenta solo España, sino también países como Alemania, Francia y el Reino Unido. En el país germano, la ministra de Agricultura, Julia Klöckner, anunciaba el 2 de abril que flexibilizaría las medidas del estado de alarma para poder importar a 40.000 temporeros en abril y otros 40.000 en mayo (principalmente de Europa del Este), según recoge el medio alemán Deutsche Welle.

En España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmaba a principios de abril que se necesitarían entre “100.000 y 150.000 trabajadores” para suplir a los temporeros que venían, principalmente, del norte de África y de Europa del Este. Unos días después, Planas reducía el número a “entre 75.000 y 80.000 trabajadores”. Para facilitar la contratación, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario, que operaría en tres niveles.

En primer lugar, permite compaginar, a la vez, un subsidio por desempleo o cese de actividad temporal y un salario como trabajador en el sector agrícola. No será compatible percibir un subsidio y un salario cuando la ayuda proceda de un ERTE a causa del coronavirus.

Además, prorroga los permisos de trabajo de las personas migrantes a los que se les caducaba durante el periodo que va del 14 de marzo —cuando se decretó el estado de alarma— al 30 de junio de 2020. También se otorgará un permiso de trabajo a los menores extranjeros no acompañados extutelados (es decir, aquellos entre 18 y 21 años, que tienen permiso de residencia pero no de trabajo).

“Hay que dejar muy claro que no se regulariza la situación administrativa de las personas migrantes”, apunta la abogada Pastora Filigrana, especialista en derecho laboral y en derecho de extranjería. Es decir, el real decreto “no otorga papeles”, sino que “prorroga u otorga permisos de trabajo de manera temporal a inmigrantes”.

Esto es diferente, aclara Filigrana, “porque es un permiso que se circunscribe únicamente a la actual campaña de recolecta de fruta”. “Es decir, les damos o renovamos permisos de trabajo solo cuando sabemos que van a ser productivos”, añade.

Respecto a la posibilidad de cobrar un subsidio y un salario, la jornalera onubense Ana Pinto declara que “esto demuestra que los salarios del campo son bajos”: ¿Por qué, si no, se les permite compaginarlo? Lo haces como incentivo porque sabes que es un trabajo muy mal pagado. Y como no vienen extranjeros, los españoles de origen solo lo harán si pueden cobrar decentemente”. Pastora Filigrana señala que, en la provincia de Huelva, “el Convenio ni siquiera cumple con el Salario Mínimo Interprofesional [SMI]”.

Uno de los asentamientos chabolistas de Huelva en el que residen trabajadores del campo | Foto: Colectivo de Trabajadores Africanos

Antes del estado de alarma, los agricultores se manifestaban para pedir precios justos para sus productos. En este sentido, el agricultor aragonés Óscar Moret reconoce que “los beneficios también habría que repartirlos entre la parte baja de la cadena, que son los temporeros, en su mayoría, migrantes”. “Ahora nos estamos dando cuenta de cuánto les necesitamos, pero no habría que haber llegado a esta situación”, señala.

El SMI, que en España es de 950 euros actualmente, le parece “insuficiente”: “Siendo realistas, da para muy poco. Ojalá esta crisis ponga en valor el sector primario, pero también el trabajo de los temporeros. Y la única manera que conozco de poner en valor es con dinero y derechos laborales”, concluye Moret.

Economía sumergida

Según datos del Ministerio de Trabajo y Migraciones, el porcentaje de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en el Servicio Especial Agrario sería del 30% en febrero de 2020 (223.457 personas). “Hay que tener en cuenta que el campo depende de la mano de obra extranjera y gran parte de esa mano de obra no está dada de alta en la Seguridad Social”, advierte la abogada Pastora Filigrana.

En este sentido, Filigrana señala que “no todos los trabajadores que trabajan sin contrato están sin papeles, pero hay una parte que sí”. “Lo que observamos es que los españoles que trabajan en el sector agrario son quienes más disfrutan de contrataciones. Pero la mayor parte de los temporeros son extranjeros. Esto significa que la economía sumergida afecta, principalmente, a la población migrante”, añade la abogada especialista en derecho laboral y en extranjería.

“Este es un trabajo que los españoles no suelen querer hacer”, asegura el agricultor aragonés Óscar Moret, quien se muestra poco optimista sobre la posibilidad de lograr suficiente mano de obra: “En mi zona calculamos que necesitaremos unas 15.000 personas solo para recolectar, de las cuales, ahora mismo, nos faltan cerca del 40%. Y otro 40% nos falta de la mano de obra que trabaja en almacén”.

Moret dice que en Aragón “las cerezas están a la puerta de la esquina”: “Hay cosechas para las que no tenemos tiempo de cuadrar todo esto, sobre todo porque aunque hubiese gente dispuesta a trabajar en el campo, el tema de la movilidad no lo pone nada fácil”.

Este agricultor hace referencia al artículo 2.2 del real decreto que especifica que solo se podrán beneficiar de contrataciones aquellas personas “cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo”. Esto implica que la vivienda y el lugar de trabajo estén “en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes”, aunque el documento también señala que “las comunidad autónomas podrán ajustar este criterio teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de municipios”.

“Muchas de las personas que podrían acceder a este trabajo no residen, precisamente, en el rural, por lo que no sabemos muy bien cómo vamos a encajar las necesidades del campo con lo que establece el real decreto”, añade Moret.

Trabajadores viviendo en chabolas

Madrugada del martes 14 de abril. Incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva): 200 personas desalojadas y cerca de 70 chabolas calcinadas, según explica a Newtral.es Antonio Abad, portavoz del Colectivo de Trabajadores Africanos.

El asentamiento chabolista de Palos de la Frontera (Huelva), incendiado | Foto: Colectivo de Trabajadores Africanos

Uno de estos asentamientos, también en Huelva, fue el que visitó el relator de la ONU, Philip Alston, a principios de año. Tras reunirse con trabajadores del sector agrario que habitan en estas chabolas, Alston emitió un informe en el que destacaba que las condiciones de vida “rivalizan con las peores” que había “visto en cualquier parte del mundo”: “Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos”, añadía.

El relator de la ONU, Philip Alston, en su visita a uno de los asentamientos chabolistas de Huelva | Foto: Bassam Khawaja

Abad califica de “insuficiente” las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de empleo agrario: “El problema de fondo es la ley de extranjería, que es muy limitante”. Por ello, el Colectivo de Trabajadores Africanos, junto a un centenar de organizaciones más, exige “una regularización general, permanente y sin condiciones” de las personas en situación administrativa irregular. La última que se hizo en España fue en 2005, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una medida de la que se beneficiaron 700.000 migrantes.

“En situación irregular, la gente no existe”, resume Abad: “No pueden acceder a un contrato de alquiler ni a un contrato de trabajo, por lo que si el SMI ya de por sí puede resultar bajo, estas personas cobran incluso menos”.

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