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Cuando los cuidados fallaron
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Cuando los cuidados fallaron

Muchos ciudadanos con familiares en residencias les vieron por última vez el 8 de marzo, horas antes de que se diese la orden de aislar estos centros.

A Nieves se le olvidó cómo comer cuando su nieta, Carlota, estaba aprendiendo a hacerlo. Unos años después, la niña le dijo a su madre: “La abuela va a tener que volver al colegio”. Se le estaba olvidando también hablar, y la cría pensó que el pupitre le devolvería la memoria a su abuela. “Cada vez requería más atención. El alzhéimer es desaprender todo y ella no se valía por sí sola. Tuvimos que llevarla a una residencia porque mis hermanos viven fuera y mi marido y yo no podíamos cuidarla bien en casa”, cuenta su hija Laura Santos. 

Durante tres años, Nieves permaneció en una residencia de Segovia, donde su familia la visitaba casi a diario. Hasta que en marzo se prohibieron las visitas. “Ya no volví a hablar con ella porque, aunque lo intentara, no tenía autonomía, no sabe bien cómo funciona el teléfono. Me mata pensar que en los momentos en que recobrase la conciencia, se preguntaría dónde estábamos”. 

GRAF8954 MADRID 11/04/2020.- Una anciana descansa en su habitación de la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde, este sábado. Se va a proceder a la desinfección de las instalaciones para evitar la propagación del coronavirus. EFE/Mariscal

Nieves falleció por COVID-19 en la residencia a finales de marzo: “De haber sabido que todo esto iba a pasar, la habría sacado de ahí, al menos durante estos meses”, reconoce Laura. 

Según los últimos datos del Gobierno de Castilla y León (a 12 de junio de 2020), en Segovia habrían fallecido 387 personas institucionalizadas en centros sociosanitarios, que pueden ser tanto residencias de mayores, como centros para personas con discapacidad y viviendas tuteladas. De ellos, 190 son casos de COVID-19 confirmados, y los otros 197, con síntomas compatibles. En total, en toda la comunidad autónoma, habrían fallecido 2.587 personas en residencias (un 57,3% confirmados y el 42,7%, con sospecha).

El documento no desagrega los datos por tipología de centro. Consultada la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por Newtral.es, desde el departamento de prensa explican que cuando hablan de “mortalidad de residentes, el término ’residentes’ no solo incluiría a los mayores, sino a otras personas institucionalizadas en estos centros”. Aclaran, eso sí, que “también en los centros de discapacidad y viviendas tuteladas hay ancianos”. 

De la cifra total de residentes fallecidos, un 33,4% lo ha hecho en un hospital, aunque residiese en uno de estos centros; y un 66,6% ha muerto en la misma residencia en la que vivía. Los datos muestran que la mayoría de fallecimientos en residencias, y no en hospitales, corresponden a casos no confirmados (es decir, con síntomas compatibles).

El trato digno al paciente

En varias residencias de Castilla y León ha colaborado la sanitaria Carmen Terradillos, de Médicos Sin Fronteras, quien señala a Newtral.es que muchas residencias habían llevado al límite la ratio de personal por paciente: “Nos encontramos centros donde convivían 100 mayores y solo había cinco auxiliares para atenderlos a todos”.

Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en una residencia. EFE/Mariscal/Archivo

Esta falta de personal supondría una merma en la calidad de vida de los ancianos y un deterioro de su salud, ya que no solo necesitan “que les aseen y les vistan, sino también una serie de cuidados para trabajar sus capacidades cognitivas y físicas”. “Y eso era imposible en plena pandemia”, añade Terradillos.

Ximena Di Lollo, también de Médicos Sin Fronteras, ha sido la encargada de coordinar el trabajo en residencias realizado por sanitarios de la organización. Uno de los diagnósticos que realiza es que “el trato digno al paciente en las residencias es deficiente”: “Muchos ancianos no han tenido una muerte digna durante la pandemia”.

Di Lollo explica a Newtral.es que “la mayoría ha fallecido sin saber bien siquiera qué ocurría, ya que solo podían ver la tele, y a veces ni eso”: “Hemos visto parejas de mayores que vivían juntos en una residencia y que fueron aislados en módulos distintos sin ellos entender nada”.

Sobre esta ausencia de información, Carmen Terradillos recuerda el caso de un anciano al que aislaron: “Cada día le preguntaba a la enfermera si se había muerto todo el mundo, que si era así, que se lo dijera. Que no era posible que llevase días sin ver a nadie”.

“Diría que quienes sufrieron la cuarentena en sus habitaciones, sin comprender, son algunos de los grandes damnificados. Nadie les aplaudió”, apunta a Newtral.es Jesús Navarro, enfermero en la residencia de mayores de Arganda del Rey (Madrid).

Residencias como búnkeres

A Puri Prieto, de Madrid, la informaron de que su padre había dado positivo por COVID-19 cuando este ya había fallecido. Julián falleció el 2 de abril, dos semanas antes de cumplir los 90, y llevaba un lustro en la residencia Adolfo Suárez. La última vez que le vio, como el resto de familiares de residentes que han hablado con Newtral.es, fue el 8 de marzo. En su caso, por la mañana. Cuando quiso regresar de nuevo por la tarde, la residencia se había convertido en un búnker: “Nos dijeron que no podía entrar nadie. Ni siquiera pude hablar con mi padre para decirle que durante unos días no íbamos a poder vernos”.

En la región madrileña, según los últimos datos del 9 de junio aportados por la Consejería de Políticas Sociales, 5.975 ancianos habrían fallecido en residencias —contabilizando tanto los casos confirmados de COVID-19 como aquellos donde había una sospecha por síntomas compatibles con la enfermedad—, tal y como informaba EFE.

Puri cuenta que cada dos o tres semanas llevaba a su padre al hospital para que “le pusieran hierro intravenoso” debido a un problema intestinal. “Cuando me dijeron que había empezado a tener más sangrados, pedí que le llevasen al hospital. Me dijeron que no estaban autorizados para ello”. 

En la residencia, Puri asegura que no pudieron administrarle hierro ni realizarle analítica alguna. Tampoco le trasladaron al hospital, a pesar de sus numerosas peticiones: “Unos días después empezó a tener fiebre. Volví a rogar que le llevaran a un hospital, pero falleció. Unos días después me dijeron que días antes le habían hecho una prueba y que había dado positivo por COVID-19”.

A la “falta de transparencia”, en su caso se suma “la imposibilidad de verle”: “Después de morir, su cuerpo estuvo ahí cuatro días, en la residencia, porque la funeraria no podía recogerlo antes por la saturación”. Al menos, dice, pudo enterrarle: “Te encuentras un féretro cerrado con cinta aislante y con una hoja en la que pone su nombre”.

Una querella colectiva en la Comunidad de Madrid

Puri es una de las 26 personas que presentaron, a principios de mayo, una querella criminal colectiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 10 directores de residencias de la región. La querella pide que las personas mencionadas sean investigadas por los presuntos delitos de “homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante”, tal y como recogía la agencia EFE. La querella ha sido remitida al Tribunal Supremo, ya que la titular del Juzgado recuerda que Ayuso es aforada. 

Mariví Nieto y Lola Parra también forman parte de esta querella colectiva. Ambas se conocieron hace casi cinco años tras coincidir en la residencia de Alcorcón, donde estaban institucionalizados la madre de Mariví y el suegro de Lola. Ellas, junto a algunos familiares de residentes más, fundaron una plataforma en defensa de la dignidad de sus seres queridos (Plataforma de Familiares de la Residencia de Mayores de Alcorcón). Esta, junto a otras como Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE) -a la que pertenece Puri-, se han unido bajo la plataforma estatal Marea de Residencias. 

Mariví (izq) junto a una foto de sus padres

Tanto Mariví como Lola recuerdan que “las cosas ya estaban mal en las residencias antes de la pandemia”: “Había falta de higiene y de personal. Y cuando te quejabas, te preguntaban que por qué no te lo llevabas a casa contigo si tan mal atendido estaba”, cuenta Lola a Newtral.es. 

Lola (izq) junto a una foto de sus padres

La crisis sanitaria hizo estallar las costuras. Tanto la madre de Noelia como el suegro de Lola dieron positivo por COVID-19. En el caso de Lola, su suegro falleció en una circunstancias que califica de “despropósito”: “El informe detalla que el día 15 de marzo Antonio ya comenzó con cuadro catarral y tos. A nosotros no nos dijeron nada hasta el 23”. A pesar de que Lola y su marido pidieron que le trasladasen a un hospital, Antonio tuvo que permanecer en la residencia.

“Tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, no por ser ancianos hay que dejarlos morir. Si una persona llamaba al 112 diciendo que se ahogaba, mandaban una ambulancia. ¿Por qué nuestros familiares no han tenido esa oportunidad?”, se pregunta Mariví.

En su caso, su madre Noelia fue positiva asintomática y sigue con vida. Pero denuncia “la angustia” vivida durante las semanas en las que nadie les informaba sobre el estado de su madre: “Ha sido especialmente duro para mi padre porque él iba a la residencia mañana y tarde. Mi padre abandonó su vida para cuidarla cuando le diagnosticaron demencia. Esos días en los que no nos llamaban ni nos decían nada, a pesar de que había dado positivo, eran días en los que solo sabíamos por el grupo de WhatsApp de familiares que casi cada día morían varios ancianos”. Ella y Lola han recabado datos para la querella colectiva y aseguran que de “218 residentes, han fallecido entre 60 y 65”. 

Antonio, quien padecía de alzheimer, falleció horas después de que a Lola le dijesen desde la dirección de la residencia que “había comido y le habían administrado la medicación”. “Volvimos a pedir que le llevasen al hospital y dijeron que no estaba tan grave como para eso. Sabíamos que no había comido siquiera porque una persona que trabaja ahí, que ha sido nuestros ojos estos meses, me lo contó. Nos mintieron. Y a la vista está que unas horas después nos llamaron para decir que había muerto”, relata Lola.

Por eso, las querellantes defienden que fue un “homicidio imprudente”: “En fin de semana, por ejemplo, el médico se iba y no volvía hasta el lunes. No puede ser que no derives al hospital pero tampoco medicalices la residencia. Fue falta de auxilio, que es un delito”, apunta Mariví.

Residencias en el futuro

A favor de medicalizar se muestra también el enfermero Jesús Navarro: “Siempre se ha entendido que las residencias eran lugares para cuidar, no para curar. Pero hemos visto que los hospitales se saturan, por lo que las residencias se tienen que preparar para actuar por sí mismas, en vez de esperar a que Atención Primaria y Urgencias tengan más músculo”.

Víctor Jiménez, ahora enfermero en el Hospital La Paz pero anteriormente en una residencia de mayores de Madrid, propone aprovechar este momento para generar un cambio de paradigma en las residencias: “Deberían parecerse más a domicilios. Que, hasta donde se pueda, los mayores puedan mantener cierta independencia. No puede ser que exista esa rigidez con los horarios de comidas o con las visitas familiares”. 

Jiménez considera que flexibilizar las normas sería una forma de no infantilizar a esta población a la que hay que dejar de considerar residual: “No están ahí para esperar a que mueran, sino para tener un final de vida digno”. O como escribió la poeta Gloria Fuertes: “Ser también útil de viejo; no ser vinagre, ser vino”.

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