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Temporeros en Lleida: “Que vivan en la calle es una situación que se repite cada año”
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Temporeros en Lleida: “Que vivan en la calle es una situación que se repite cada año”

Organizaciones que trabajan con población vulnerable alertan de que la situación que se vive en Lleida este año se ha producido ya años anteriores. En esta ocasión se suma la desprotección de su salud en tiempos de pandemia

Temporeros en Lleida | Imagen: Ramón Gabriel (EFE)

En la vieja normalidad, muchos temporeros dormían en la calle. En la nueva, también. Así lo hacen ver las distintas organizaciones que trabajan cada temporada por los derechos de los trabajadores temporales del sector agrícola.

“Cada año, la comarca del Segrià (Lleida) recibe cerca de 40.000 personas para la campaña de la recogida de la fruta. Y cada año tenemos que trabajar con las administraciones públicas para tratar de dar una solución a aquellos que no tienen una vivienda en la que alojarse mientras dura la campaña”, explica a Newtral.es Rafel Allepuz, director de Cáritas Lleida.

En marzo, los empresarios hicieron un llamamiento sobre la necesidad de mano de obra para el campo en los próximos meses. El Gobierno, teniendo en cuenta el cierre de fronteras a nivel internacional, decidió flexibilizar los criterios para facilitar la contratación de temporeros.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmaba a principios de abril que se necesitarían entre “100.000 y 150.000 trabajadores” para suplir a los temporeros que venían, principalmente, del norte de África y de Europa del Este. Unos días después, Planas reducía el número a “entre 75.000 y 80.000 trabajadores”. Finalmente, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario

“La voz se corrió y muchos trabajadores acudieron primero a Huelva y luego a Lleida con la intención de buscarse la vida”, señala Gemma Casal, portavoz de Plataforma de Fruita amb Justícia Social, en conversación con Newtral.es. “El problema es que muchos desconocían los criterios de contratación, por lo que se vinieron hasta aquí y después no han podido trabajar. Tampoco había tanto trabajo como otros años”, añade Casal. 

[Mano de obra para la campaña de recogida de fruta: ¿en qué condiciones?]

Dormir en la calle a falta de vivienda

La abogada Pastora Filigrana, especialista en derecho laboral y en derecho de extranjería, explica a Newtral.es que “por convenio, una de las condiciones es dotar de una vivienda en condiciones de habitabilidad, y sin cobrar, a los temporeros y las temporeras”. “En muchos casos, no se dota de vivienda, o si se hace, se le cobra un alquiler o los gastos de los suministros”. 

Esto sucede cuando se formaliza un contrato laboral. Sin él, los trabajadores están en un limbo. “Se han dado dos situaciones. La primera es la que se venía dando estos años, es decir, que una parte de los empresarios no cumple con su obligación. Hay muchos que sí, pero hay quienes no lo hacen o lo hacen pero la vivienda es insalubre. Por otro lado, este año ha habido un superávit de trabajadores, por lo que muchas personas ni siquiera han tenido oportunidad de trabajar en el campo y están malviviendo donde pueden a la espera de que salga algo”, señala la portavoz de Plataforma de Fruita amb Justícia Social. 

Imagen: Javier Blasco | EFE

Roger Torres, jesuita y presidente de la fundación Arrels Sant Ignasi, que junto a Cáritas y Cruz Roja trabaja para dar alojamiento a los temporeros que se han trasladado a Lleida, explica a Newtral.es que una solución para atajar el problema de raíz sería “regularizar a la población migrante”: “Tenemos una ley de extranjería que pone dificultades a los migrantes porque se les dice que pueden vivir aquí tres años sin poder trabajar”.

En este sentido, Torres apuesta por no pensar solo en una solución a corto plazo, enmarcada en la temporalidad del COVID-19, sino en medidas de cara a próximos años: “Los problemas son los de siempre, pero este año, con la pandemia, se han hecho más obvios porque muchos de esos problemas (hacinamiento, falta de higiene, imposibilidad de estar en cuarentena) tienen que ver con aspectos fundamentales para que el virus no se propague. Pero que algunos de ellos vivan en la calle es una situación que se repite cada año”. 

Cuando comenzaron a llegar trabajadores a Lleida a principios de mayo, Arrels Sant Ignasi detectó que “algunos deambulaban por la calle y no tenían donde dormir”. Por eso, pusieron en marcha un dispositivo para darles alojamiento: “Solo pudimos acoger a 18 personas, muy poca capacidad teniendo en cuenta que para entonces ya había cerca de 100 personas durmiendo en la calle”.

El 1 de junio, el Ayuntamiento de Lleida habilitó un pabellón en la Fira de Lleida para dar alojamiento a los temporeros. Según informaba el Consistorio, el dispositivo constaría de entre 120 y 150 plazas y se mantendría operativo hasta mediados de septiembre. Eso sí, desde la concejalía de Derechos Sociales se informó de que los temporeros podrían permanecer en este refugio provisional durante siete días, con la opción de prolongar la estancia hasta los 10 días. 

Si pasados el máximo de 10 días alguno de estos temporeros siguiese sin trabajo ni alojamiento, “se estudiaría cada caso en particular y sus objetivos para derivarlos, si es necesario, a los servicios correspondientes”. 

“El problema es que muchos no están en Lleida ciudad, sino en la comarca del Segrià, en pueblecitos o localidades alejadas de la ciudad. Nos consta que hay personas durmiendo en granjas deshabitadas e insalubres”, señala Roger Torres, presidente de Arrels Sant Ignasi. 

Rebrote en la comarca del Segrià

En la comarca del Segrià, que cuenta con 38 municipios, 210.000 habitantes y cuya capital es Lleida, el Govern decretó el confinamiento perimetral e indefinido el pasado sábado. Ayer miércoles 8 de julio, en esta comarca ya había 69 personas hospitalizadas, nueve de ellas en la UCI. En total, 568 casos positivos en una semana, sumando (a fecha de miércoles 8 de julio) 15 brotes, después de que se detectase un nuevo foco en una empresa frutícola, un entorno en el que se han producido 11 de los 15 brotes registrados.

El infectólogo Oriol Mitjà, asesor del Govern en el proceso de desescalada, pidió someter a los temporeros del Segrià a test masivos y darles condiciones dignas de trabajo y alojamiento para que no sigan viviendo amontonados.

“Es imprescindible que los empresarios faciliten los equipos de protección individual a estos trabajadores y que se lleven a cabo las medidas de seguridad necesarias para protegerles y para proteger al resto de la población. Y eso incluye un alojamiento”, señala Rafel Allepuz, de Cáritas Lleida.

Desde Fruita amb Justícia Social, Gemma Casal critica el racismo implícito que hay en “señalar constantemente a los temporeros como responsables de los rebrotes”: “Se hizo un llamamiento masivo ante la falta de mano de obra para esta temporada. Es normal que vengan trabajadores a buscarse la vida. Los agricultores no tienen la culpa de que la campaña haya resultado así, con menos fruta para recolectar, pero sí tienen responsabilidad de haber hecho el llamamiento, insistiendo en que había que traer gente fuera como fuera”.

David Borda, responsable de Fruta de en JARC-COAG en Cataluña y productor en Lleida, critica que “la mayoría de patronales, a finales de marzo, hicieron un llamamiento para que viniesen trabajadores de forma masiva”: “Desde nuestro punto de vista no se tenía que haber hecho esa llamada porque faltaba mucho para la recolección. Normalmente vienen heladas, pedriscas… Como, por desgracia, ha sucedido este año”.

Esto, según Borda, ha disminuido la cantidad de fruta que había que recoger y, por tanto, también la mano de obra necesaria para la recolección: “Se decía que eran necesarios unos 40.000 temporeros, pero nos hemos quedado en 30.000. La pedrisca, sobre todo, redujo la cantidad de fruta que había que recolectar”. 

Según la agencia EFE, la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (AFRUCAT) cifra también en 30.000 el número de empleados que podrán trabajar a lo largo de la temporada (que va de junio a septiembre, aproximadamente). Las tormentas de granizo caídas en la zona en las últimas semanas redujeron las previsiones de las cosechas entre un 30 y un 35% y, en consecuencia, se produjo reducción del personal necesario entre un 20 y un 40%. 

Temporeras marroquíes atrapadas en Huelva

11.000 temporeras menos, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), se trasladaron este año desde Marruecos para la recogida de la fresa en Huelva. De las 17.000 convocadas, solo un 36% de ellas pudo acudir a la campaña de 2020, después de que Marruecos decretase el cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19.

Ahora, las 7.000 temporeras marroquíes no pueden regresar a su país de origen a pesar de que la cosecha ha terminado. Así lo ha denunciado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que, junto a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), ha hecho llegar una carta a la embajadora de Marruecos en España, Karima Beyaich, y al embajador de España en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner. En ella piden acelerar el retorno inmediato de estas trabajadoras, atrapadas en la provincia de Huelva hasta que Marruecos no decida reabrir las fronteras. 

“Las temporeras se han quedado en un limbo: sus contratos de trabajo han finalizado por lo que los empresarios ya no están obligados a darle alojamiento, pero no pueden volver. Lo poco que tienen se lo están gastando para intentar mantenerse. Tampoco tienen derecho a ninguna prestación”, explica la abogada Pastora Filigrana. 

Jornaleras trabajando en la recogida de la fresa en Huelva | Foto: Julián Perez/EFE

Filigrana también apunta que “algunos de los temporeros que acaban ahora en Huelva se han ido o se están yendo para Lleida”: “Las ONGs de allí nos dicen que les digamos que no vayan porque este año hay menos trabajo y muchos están en situación de calle. Pero es que son personas que aquí han estado subsistiendo en chabolas. Si ven una oportunidad de ganarse la vida, van a ir porque no tienen otra opción”, añade la abogada. 

En la madrugada del pasado 14 de abril hubo un incendio en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva): 200 personas desalojadas y cerca de 70 chabolas calcinadas, según explicaba a Newtral.es Antonio Abad, portavoz del Colectivo de Trabajadores Africanos.

Uno de estos asentamientos, también en Huelva, fue el que visitó el relator de la ONU, Philip Alston, a principios de 2020. Tras reunirse con trabajadores del sector agrario que habitan en estas chabolas, Alston emitió un informe en el que destacaba que las condiciones de vida “rivalizan con las peores” que había “visto en cualquier parte del mundo”: “Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos”, añadía.

A finales de junio, otro relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, dijo que las autoridades españolas son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones laborales que cumplan con las normas internacionales, entre ellas el acceso a una atención sanitaria adecuada, tal y como se puede leer en esta nota de la ONU

Según declaraba De Schutter en relación al trabajo de temporeros y temporeras en los últimos meses, “la mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa el COVID-19”. “La protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19”, concluía el relator de la ONU

Una resolución del Parlamento Europeo

Según informa el Parlamento Europeo (PE), cada año se hacen contratos en la Unión Europea a unos 800.000 temporeros, fundamentalmente en el sector agroalimentario. España, con 150.000, es uno de los países con más temporeros, aunque están por delante Italia, con 370.000, Alemania (300.000) y Francia (276.000).

Por ello, a mediados de junio, los eurodiputados instaron a la Comisión a publicar directrices específicas sobre los trabajadores temporeros (y también transfronterizos) en el contexto de la pandemia. Uno de los objetivos de los europarlamentarios era que “los Estados miembro mejoren la capacidad de las inspecciones de trabajo” y que “garanticen alojamiento de calidad para los trabajadores desvinculado de su remuneración”. La resolución salió adelante con 593 votos a favor, 34 en contra y 38 abstenciones.

2 Comentarios

  • Después de leer íntegro el reportaje, me pregunto donde está SOS RACISMO y MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA, de primera forme parte en mi ciudad y me cuesta trabajo entender el desinterés y respecto al segundo, Dónde está la voz de Esteban Ybarra????
    Conste que reconozco la gran labor que las Asociaciones, Abogad@s y Defensa de otras organizaciones de los Derechos Humanos, están haciendo en Lérida y campo Andaluz, sin las que éstos hechos no hubieran salido a la Luz. BRAVO por tod@s.
    Lo de los Agricultores es ya un mal endémico, quieren que les recojan la Fruta sin habilitar espacios dignos y en condiciones de salubridad a los Temporeros sean nacionales o no. Los representantes de la ONU, una vez más nos han sacado los colores a España. Lamentable!!!!

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