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“Llame usted mañana”: cuando la complejidad de la burocracia frena el acceso a un derecho
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“Llame usted mañana”: cuando la complejidad de la burocracia frena el acceso a un derecho

La complejidad del lenguaje burocrático y de los conceptos administrativos dificultan el acceso a la hora de pedir una ayuda como el Ingreso Mínimo Vital

Imagen: Juanjo Martín | EFE

“No sabía qué era una carta de desistimiento”, dice Luz Martín, trabajadora doméstica. Durante el estado de alarma, en abril, su empleador le dijo que no fuese a trabajar y le insinuó que podría darse de baja ella voluntariamente.

Por suerte, dos días antes, Luz había visto en las noticias que se aprobaba un subsidio extraordinario para empleadas como ella: “No sabía cómo se pedía, ni si yo tenía derecho. Leía noticias y lo único que me quedaba claro es que necesitaba una carta de desistimiento de mi jefe, pero no lo había oído jamás. ¿Era a mano? ¿La tenía que hacer él o yo?”, explica.

A René, de origen cubano y residente en Madrid, se le caducó el permiso de trabajo a finales de marzo. Unas semanas después, en abril, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2020 de medidas urgentes en materia de empleo agrario, cuyo objetivo era conseguir mano de obra para la recogida de la fruta de temporada.

René quería viajar hasta Aragón, donde comenzaba la recogida de la cereza: “No sabía a quién llamar para que me contratasen, no sabía si podía trabajar con el permiso de trabajo caducado. Llamaba a un sitio y a otro y solo me decían: ‘Llame usted mañana’”, cuenta. 

También a Yolimar Maldonado, madre de una niña menor de edad, le decían “llame usted mañana” cuando trataba de informarse sobre una ayuda familiar de 430 euros. Al final consiguió acceder a ella gracias a que pudo contactar con una trabajadora social: “Será ella la que me ayude a pedir el Ingreso Mínimo Vital [IMV] porque yo, la verdad, no sé muy bien dónde hay que pedirlo”, señala. 

En las dos últimas semanas, en la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) han recibido numerosas llamadas de familias monomarentales que querían saber si podrían tener acceso al IMV. “Estamos detectando muchas dificultades en el acceso. Aunque es cierto que han intentado facilitarlo todo lo posible, en muchas comunidades todavía no están operativas las oficinas, y los procesos telemáticos suponen una serie de trabas”, explica la presidenta de FAMS, Carmen Flores. 

Mercé Darnell, trabajadora social y responsable del programa de ayuda a necesidades básicas de Cáritas Barcelona, apunta que “de todas las personas a las que va dirigida el IMV, las más vulnerables no van a ser las primeras en pedirlo”.

[¿Cuáles son las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital? Preguntas y respuestas]

Mecanismos de exclusión en la burocracia

La pobreza es compleja y más heterogénea de lo que pueda parecer en un principio, según Darnell: “Pueden estar en riesgo de exclusión los progenitores que han perdido su trabajo a causa del COVID-19, pero también aquella población con problemas de salud mental a las que el sistema ha ido expulsando por ser demasiado rígido como para mantener dentro a personas con ciertas dificultades”. 

El acompañamiento individualizado es una de las soluciones que propone Albert Sales, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra y autor del ensayo El delito de ser pobre, cuya línea de investigación se centra en la exclusión social en las zonas urbanas: “Quienes administran el acceso a estas medidas de carácter social, en lugar de ser meros dispensadores, deberían ser personas que acompañan en el proceso”.

Sales critica la asimetría en dos ejes: en primer lugar, la del poder entre la administración y la ciudadanía; y en segundo, la que existe entre los servicios sociales: “Estos suelen ser de competencia municipal, por lo que conlleva muchas diferencias territoriales. Hay población que disfrutará de unos servicios sociales más generosas al estar en una gran urbe, mientras que otra gente, si está en un municipio con menos presupuesto, tendrá unos servicios sociales más pobres”.

Este investigador considera que el poder se ejerce en las propias oficinas de Hacienda o de la Seguridad Social: “Los conceptos son complejos, y al final que te enteres mejor o peor depende un poco de la buena voluntad de la persona que te atiende”. Esta relación desigual generaría dos categorías: quienes administran las ayudas y quienes las reciben. “Al final, acabas desistiendo o firmando lo que sea por la vergüenza que da admitir que no entiendes lo que te están explicando”, añade Albert Sales. 

Lenguaje burocrático: un idioma en sí mismo

¿Y qué dificulta la incomprensión? El lenguaje sería una de las grandes trabas, según señala la trabajadora social Mercé Darnell: “Si tienes que entender el IMV leyendo el BOE, no lo entiendes. Yo, que me dedico a esto, lo tengo que leer varias veces y hacer consultar, y aun así suelen quedar dudas”.

El lenguaje burocrático, para la ciudadanía, sería casi como un idioma en sí mismo, diferente al del país en el que residen. Esta barrera idiomática es doble cuando se trata de población extranjera, como apunta Vincent Dubois, profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Estrasburgo, y autor del ensayo El burócrata y el pobre: “Los más desfavorecidos económicamente también suelen estar más a menudo en desventaja cultural y lingüística y, por lo tanto, tienen más dificultades”. 

Dubois señala que “en casi toda Europa, desde principios de los 90, se han realizado esfuerzos para simplificar el lenguaje administrativo y para mejorar las condiciones de recepción”. Sin embargo, analiza el sociólogo, esta simplificación, paradójicamente, ha conllevado “más dificultad para los más desfavorecidos”: “Pienso, por ejemplo, en la desmaterialización de los procedimientos [realizarlos vía telemática], que en muchos casos añade obstáculos en lugar de aliviarlos”. 

Esto se produciría, según Albert Sales, por “la ausencia de acompañamiento”: “Los servicios sociales están sobrecargados e infradotados para la tarea”, pero también por el propio perfil de quienes diseñan estas políticas públicas: “Las suelen realizar personas que están muy alejadas de la vulnerabilidad social, que nunca han tenido que pedir una ayuda, ni tan siquiera darse de alta en el paro”. 

Por otro lado, como apunta la trabajadora social de Cáritas Mercé Darnell, otro de los motivos podría ser el de la brecha digital: “El lenguaje digital también es un lenguaje específico y complejo para quienes no tienen ordenador ni wifi, que suelen ser personas en situación grave de exclusión”.

Y según aporta Vincent Dubois, el presencialismo también puede complicar el acceso: a más pobreza, más personas pedirán la ayuda y, por tanto, el colapso puede producirse en la propia espera, ya sea a través de largas colas en la puerta de la oficina o en la prolongación de los tiempos para conseguir una cita: “Esto genera más tensión aún en las relaciones con la administración, ya que, al mismo tiempo, las normas para la asignación de las ayudas se vuelven más estrictas”.

Desconfianza y pobreza

Tanto Darnell como Sales y Dubois coinciden en que la burocracia puede ser hostil para las personas pobres porque sobre esta población reina la sospecha: “Se percibe al pobre como una persona corrupta. Esto se traduce en más controles para evitar el fraude, y a más controles, más difícil es el acceso”, apunta la trabajadora social de Cáritas. 

En este sentido, Darnell especifica que la rigidez para “evitar trampas acaba provocando que mucha gente se quede fuera por las trabas que ponen”. “A veces se gasta más dinero en el control que en las ayudas”, añade.

Como ejemplo, Mercé Darnell recuerda el reciente Ingreso Mínimo Vital, que obliga a los potenciales beneficiarios a “enviar el certificado de empadronamiento”: “Hay ayuntamientos que empadronan a la gente que no tiene domicilio, pero hay otros que lo ponen muy difícil. Hay personas en situación de calle, sin hogar, que podrían percibir el IMV y que se van a encontrar con esta primera traba”. 

También Albert Sales opina que el imaginario colectivo concibe a la persona vulnerable como un sujeto que toma malas decisiones o cuya autonomía está mermada: “Hay mucha desconfianza hacia esta población. Se piensa que no sabrá administrar el dinero o que lo va a gastar en cosas que no convienen. La idea de que el pobre lo es por su culpa está inscrita en nuestra visión cultural de la pobreza”.

Una posible solución sería la Renta Básica Universal, diferente al Ingreso Mínimo Vital en tanto que sería una renta que percibiría cualquier ciudadano independientemente de sus ingresos. Según Vincent Dubois, “es una prestación incondicional, pagada de forma automática, que reduciría los problemas de tramitación, limitando la exclusión”. Este sociólogo, sin embargo, aboga por identificar, en primera instancia, cosas que habría que evitar como “el cierre de los servicios públicos o la reducción de su personal, dificultando el acceso directo”.

También se muestra contrario a la estigmatización de las personas más vulnerables, ya que “acusarles de pereza, de fraude o de ser responsables de su situación” es una forma de desincentivar que soliciten estos recursos a los que tienen derecho.

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