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¿Qué propone la ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad? Preguntas y respuestas
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¿Qué propone la ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad? Preguntas y respuestas

El anteproyecto de ley de libertad sexual propone una serie de reformas en el Código Penal, así como varias medidas en materia de prevención de la violencia sexual y formación en distintos ámbitos. Te lo explicamos

Irene Montero, ministra de Igualdad | Foto: Moncloa

El pasado martes, el Consejo de Ministros y Ministras dio el primer paso para sacar adelante la ley de libertad sexual —u, oficialmente, el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual—.

Esta legislación, impulsada por el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero, pretende abordar el problema de la violencia sexual. Con un total de 69 páginas, el borrador contempla modificaciones en el Código Penal, pero también medidas para prevenir las violencias sexuales, medidas para reparar económicamente a las víctimas o medidas para formar a los profesionales de diferentes ámbitos —sanitario, policial, forense, judicial, entre otros—.

El Ministerio de Igualdad ha facilitado el anteproyecto de ley a Newtral.es. Tras analizarlo, te explicamos las principales propuestas.

¿Es un anteproyecto de ley definitivo?

No. La primera cuestión que conviene aclarar es que, de momento, el documento es un anteproyecto que solo ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras —el pasado martes—. Esto significa que puede sufrir modificaciones antes de su tramitación en el Congreso, ya que debe pasar por órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal antes de volver nuevamente al Consejo de Ministros y Ministras.

Sería entonces cuando podría tramitarse en la Cámara Baja —ya como proyecto de ley y no como anteproyecto—. Al tratarse de una ley orgánica, para que esta ley se apruebe, el Gobierno necesitaría una mayoría absoluta de votos favorables.

¿Cuáles son los cambios en el Código Penal?

El anteproyecto de ley de libertad sexual propone modificaciones en varios artículos del Código Penal.

Sobre el delito de acoso reiterado o «stalking», el actual artículo 172 ter castiga con penas de prisión de tres meses a dos años —o multa de seis a 24 meses—a quien acose de forma reiterada e insistente a una víctima —por ejemplo, vigilándola o persiguiéndola—, alterando así gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. En este caso, el anteproyecto de ley propone modificar el término «gravemente» por «de cualquier modo». Es decir, que para considerarse delito no es necesario que el desarrollo cotidiano de la vida de la víctima se vea alterado gravemente, sino alterado de cualquier modo.

También el acoso callejero se consideraría delito de aprobarse esta ley. En el texto aprobado en el último Consejo de Ministros y Ministras se modifica el artículo 173 del Código Penal añadiéndole el siguiente párrafo: «Las mismas penas [multa de seis meses a dos años] se impondrán a quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria».

En este sentido, Patricia Faraldo —catedrática de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña, miembro permanente de la Comisión General de Codificación y una de las expertas que ha colaborado en la revisión de este anteproyecto de ley— explica a Newtral.es que «el Código Penal no tiene solo una función punitiva, sino educativa: traslada un mensaje a la sociedad de lo que se considera intolerable».

Para que el acoso callejero sea considerado delito, la modificación en el Código Penal que propone este anteproyecto de ley indica que debe darse una situación «objetivamente humillante, hostil o intimidatoria». En principio, no específica qué acciones quedarían recogidas bajo este definición, por lo que serán los tribunales los que hagan una interpretación de los hechos bajo este marco. Cabe preguntarse si podría darse la situación que se venía dando hasta ahora con la interpretación de «violencia e intimidación» que los dos primeros tribunales aplicaron para el caso de «La Manada». Es decir, que aunque esté recogido, la interpretación que se hace no corresponde con la que realiza la sociedad.

El pasado martes, Irene Montero explicaba en rueda de prensa que esta «es la ley del ‘solo sí es sí’», ya que «la clave es que pone el consentimiento en el centro». La ministra de Igualdad hacía referencia a la modificación de los artículos 178, 179 y 180 del Código Penal.

Actualmente, el Código Penal diferencia entre agresión y abuso sexual, y considera la penetración un agravante. En ninguno de los dos casos hay consentimiento por parte de la víctima. La diferencia radica, por tanto, en que en el primer caso (agresión) se emplea la violencia o intimidación, y en el abuso no. La pena para la agresión sexual es de uno a cinco años de prisión; y para el abuso sexual, pena de prisión de uno a tres años o multa de 18 a 24 meses.

El artículo 179 es el que contempla la agresión sexual con penetración o «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías», y añade que «el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años». Y si hay penetración en caso de abuso, según señala el artículo 181.4, la pena de prisión irá de cuatro a 10 años.

Todas estas condenas podrían aumentar si hay agravantes como «la actuación conjunta de dos o más personas», «el uso de armas» o el de «fármacos o drogas» que anulen la voluntad de la víctima, tal y como especifica el artículo 180.

Veamos algunas sentencias recientes para entender la implicación de la actual codificación penal en España.

Sentencia de «La Manada»

En 2016, una joven denunció haber sufrido una violación grupal durante las fiestas de San Fermín (Pamplona). El caso, conocido como «La Manada», abrió el debate sobre el consentimiento. Así, en abril de 2018, la Audiencia de Navarra condenó a nueve años de prisión a los cinco acusados, pero lo hizo por un delito de abuso sexual y no de violación. Y en diciembre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó —sin unanimidad— la condena por abuso sexual. Se consideró que era abuso y no agresión sexual por dos motivos: uno, la víctima no se negó explícita y reiteradamente; dos, se consideró que no se había hecho uso de la violencia o intimidación para someterla.

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia y en junio de 2019 el Tribunal Supremo dictó sentencia: condena de 15 años, no por abuso sino por violación. ¿Por qué? En este caso, el Tribunal Supremo sí apreció que había habido intimidación ambiental, entendiéndose que esta no es únicamente violencia física o amenazas con un arma blanca.

Así lo explicaba a Newtral.es la magistrada Lucía Avilés, especializada en violencia de género y fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE): «El problema que se planteaba en el caso de Pamplona era que como el Código Penal no define legalmente qué es intimidación, se aplicaba el concepto de intimidación más generalizado, que es el de una amenaza grave y directa que pone en peligro la vida o la integridad física de la víctima. El ejemplo más claro o más recurrente es que te pongan una navaja en el cuello».

Con la condena por violación, el Tribunal Supremo abrió el concepto de intimidación, como también ocurrió con el caso Arandina —en el que tres exjugadores de La Arandina acusados de violar a una menor fueron condenados a 38 años de prisión—: «El concepto de intimidación ambiental pone de manifiesto que no es necesario usar un arma para generar violencia y provocar ese miedo o esa intimidación, sino que la sola presencia de uno, dos, tres, cuatro o cinco hombres ya genera una sensación de indefensión o intimidación en la víctima», proseguía la jueza Lucía Avilés.

Sentencia del caso Manresa

En noviembre de 2019, la Audiencia de Barcelona condenaba a cinco hombres a penas de cárcel de entre 10 y 12 años por abuso sexual continuado a una menor en 2016. El fallo judicial descartaba condenarles por agresión sexual, como pedía la Fiscalía, porque ella estaba bajo los efectos del alcohol:

«Se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin hacer uso de ningún tipo de violencia o intimidación»

Extracto de la sentencia de la sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona | Consulta aquí la sentencia

La víctima se encontraba en estado de inconsciencia por haber consumido tóxicos, tal y como especifica la sentencia:

«[La víctima], persona con baja tolerancia al alcohol, ingirió bebidas alcohólicas antes de ir a encontrarse con su tía y después de volver a la fiesta, llegando en este segundo momento, en el que también fumó algún porro de marihuana, a perder totalmente, a consecuencia del consumo de tóxicos, la consciencia de lo que sucedía y de lo que hacía; consciencia que no recuperó hasta horas después, ya de buena mañana. No pasa desapercibido a ninguno de los congregados, todos los cuales se encontraban en aquel momento reunidos en una de las casetas, que la víctima tenía menos de 16 años y que se encontraba en estado de inconsciencia»

Extracto de la sentencia de la sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona | Consulta aquí la sentencia

El movimiento feminista reivindicaba en sus consignas: «Sola, borracha, quiero llegar a casa». Y aquí es donde el anteproyecto de ley daría respuesta a esta reclamación social. ¿Por qué?

El anteproyecto de ley plantea modificar el artículo 178, eliminando la dualidad, es decir, la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. Esta equiparación implicaría que la ausencia de consentimiento en una relación sexual será siempre considerada agresión sexual. De este modo, desaparece el delito de abuso sexual.

Con esta equiparación, el estado de inconsciencia de una víctima por haber ingerido alcohol u otras sustancias (caso Manresa) o la no explicitación de un negativa (caso de «La Manada») tendrá la consideración de agresión sexual. Así, no dependerá de la interpretación de los hechos que haga cada tribunal.

Manifestación contra la violencia sexual | Foto: David Bonaldo (Shutterstock)

Las penas, en este sentido, también cambian. Así, el artículo 178 queda redactado del siguiente modo, según se lee en el anteproyecto de ley: «Será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años, como reo de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado por actos exteriores, concluyentes e inequívocos su voluntad de participar en el acto».

Según el actual Código Penal, este artículo contemplaba penas de entre uno y cinco años. Es decir, se mantiene el mínimo pero se rebaja el máximo. Lo mismo sucede con el artículo 179. Cabe aclarar que no toda agresión sexual será considerada delito de violación. Se considerará violación, según el anteproyecto de ley, «cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías».

El castigo para este delito, con la modificación, sería pena de prisión «de cuatro a diez años», en vez de «seis a 12 años», como indica la actual codificación penal.

¿Por qué se rebajan la penas? Tal y como explica a Newtral.es la catedrática de Derecho Penal Patricia Faraldo, «no es una rebaja como tal»: «Al unificar abusos y agresiones sexuales, se debe incorporar el marco punitivo de los abusos, que era inferior al de las agresiones».

También se modificarían las penas cuando cuando concurran agravantes tales como la comisión del delito por la acción conjunta de dos o más personas —agresiones grupales—, cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación sentimental con el agresor o cuando para la comisión del delito el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier sustancia que produzca este efecto.

En este caso, las penas pasarían a ser de dos a seis años de cárcel para agresiones sexuales sin penetración —en vez de cinco a 10 años—, y de siete a 12 años para agresiones sexuales con penetración, es decir, violaciones —en vez de 12 a 15 años como contempla el actual Código Penal—.

Según la catedrática Patricia Faraldo, que ha colaborado como experta en la revisión del anteproyecto de ley del Ministerio de Igualdad, «el cambio de paradigma en materia de consentimiento es importante porque hasta ahora los tribunales podían entender que si no te pronunciabas, estabas consintiendo»: «Ahora tendrán que hacerlo a la inversa: si no te pronuncias, te estás negando. Esto traslada el foco de interés a los hombres: se deben asegurar de que la otra persona consiente, que no basta con que esté callada», añade Faraldo.

¿Qué tiene que ver esta ley con el Convenio de Estambul?

El Convenio de Estambul fue aprobado en 2011 por el Consejo de Europa y ratificado por España en 2014, y es una normal internacional que los Estados miembro deben aplicar a la hora de legislar en sus territorios.

Así, «el Convenio de Estambul prevé un concepto más amplio de violencia de género, puesto que la define como aquella que padecemos las mujeres por el hecho de ser mujeres o que nos afecta desproporcionadamente», explica la magistrada Lucía Avilés.

Dicho Convenio obliga a reconocer la violencia machista que los hombres ejercen sobre las mujeres fuera del ámbito de la pareja, un compromiso que el Pacto de Estado aprobado en España en diciembre de 2017 recoge así: «Son también formas de violencia contra las mujeres la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina; el matrimonio forzado; el acoso sexual y el acoso por razones de género; el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en que no exista con el agresor la relación requerida para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004».

El artículo 36 del Convenio de Estambul, dedicado a la violencia sexual, establece:

«Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionadamente: a la penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona; el hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero. El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes»

Así, el anteproyecto de ley de libertad sexual elaborado por el Ministerio de Igualdad se adheriría a dicho Convenio en tanto que contempla la violencia sexual como una forma de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o expareja. Y al equiparar abuso y agresión sexual en el Código Penal, reformula la cuestión del consentimiento que explicita el Convenio de Estmbul en el citado artículo 36.

¿En qué se diferencia de la ley contra la violencia de género (1/2004)?

La actual ley contra la violencia de género —formalmente denominada Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género— comprende «todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad». Sin embargo, solo reconoce la violencia de género cuando esta se ejerce de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Así, si bien está recogido el delito contra la libertad sexual, solo aplica en los casos en los que el agresor sea pareja o expareja de la víctima.

Como explicábamos en el anterior punto, el anteproyecto de ley de libertad sexual indica que la violencia sexual es una forma de violencia de género, y que esta se puede producir fuera del ámbito de las relaciones sentimentales —como también concluye el Convenio de Estambul—.

El anteproyecto, además, considera violencias sexuales no solo la agresión sexual, sino también la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual —como también indica el Convenio de Estambul—.

Un punto de encuentro entre la ley 1/2004 y este anteproyecto del Ministerio de Igualdad es que serán los Juzgados de Violencia sobre la Mujer los que tengan las competencias para instruir los casos de violencia sexual. Para ello, el documento señala que «en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, y de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal» con el propósito de revisar «las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer».

La magistrada Lucía Avilés, especialista en violencia de género, señala que «estos juzgados son los que, sin duda, deben llevar estos casos», pero se apunta: «La especialización es incompatible con la saturación y la falta de medios. Si ahora atribuimos otras competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer sin solucionar antes la sobrecarga ya existente, al final vamos a limitar el derecho de las mujeres al acceso a la Justicia».

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¿A quién trata de proteger esta ley?

Principalmente, a las mujeres. Y eso incluye a las mujeres trans, ya que aplica un enfoque interseccional —término que se emplea en el propio anteproyecto de ley—. En la página 14 del documento legislativo propuesto por el Ministerio de Igualdad se indica: «Las instituciones públicas garantizarán que las medidas previstas en esta ley se apliquen sin discriminación alguna por motivos de género, sexo, orientación sexual, identidad sexual o de género, origen racial o étnico, clase social, situación administrativa de residencia, estatus de migrantes… [entre otras]».

Esto también está contemplado en el Convenio de Estambul, como se puede leer en el propio documento:

Convenio de Estambul e identidad de género

El principio de no discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual se basa en las obligaciones legales que tienen su origen en otros instrumentos jurídicos, fundamentalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Convenio de Estambul prohíbe la discriminación por muchos motivos, incluida la identidad de género y la orientación sexual. El objetivo es ofrecer protección y apoyo a todas las víctimas de violencia, independientemente de cualquier característica que pudieran tener. La aplicación de las disposiciones del Convenio sin ninguna discriminación por motivo de identidad ligada al género, por ejemplo, asegurar que la identidad de género de las personas transgénero no impida que reciban el apoyo y la protección garantizados en el Convenio en relación con la violencia doméstica, la agresión sexual, la violación o el matrimonio forzado. Lo mismo sucede con las mujeres que mantienen relaciones sexuales con otra mujer, de tal manera que todas las mujeres, incluidas las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, tengan acceso a centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto también puede incluir a los hombres homosexuales que se enfrentan a la violencia doméstica.

Extracto del documento oficial «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Preguntas y respuestas» elaborado por el Consejo de Europa

El anteproyecto de ley de libertad sexual también contempla especial protección para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular. Para ello, el anteproyecto propone añadir un nuevo artículo a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El artículo que se sumaría a esta ley orgánica se titula «Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencias sexuales» e indica:

  • Si al denunciarse una situación de violencia sexual contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador […] y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia [por violencia sexual] o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.
  • La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia sexual.

Esto también incluiría el acceso a las ayudas económicas. Si bien la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual ya contempla compensaciones monetarias para las víctimas de delitos contra la libertad sexual, cuando se trata de mujeres extranjeras en situación administrativa irregular dice así: «Podrán acceder […] cuando la afectada sea víctima de violencia de género en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la Violencia de Género».

La ley 35/1995, por tanto, no contemplaría la reparación económica a estas mujeres si la violencia sexual que han sufrido no ha sido por parte de una pareja o expareja. El anteproyecto de ley de libertad sexual sí daría acceso a estas ayudas porque establece que la violencia sexual no se circunscribe únicamente al ámbito de las relaciones afectivas.

¿Qué otras medidas propone el anteproyecto de ley?

Según el documento facilitado por el Ministerio de Igualdad, el anteproyecto contempla medidas en diferentes ámbitos.

Ámbito educativo: «Los currículos de todas las etapas educativas incluirán contenidos formativos sobre el uso adecuado y crítico de internet y las nuevas tecnologías, destinados a la sensibilización y prevención de las violencias sexuales y de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías [como podrían ser la pornovenganza o la sextorsión]».

Ámbito de Defensa: «El Ministerio de Defensa incluirá en sus planes de formación, instrucción y adiestramiento de la tropa y marinería, suboficiales y oficiales medidas de prevención y sensibilización de las violencias sexuales».

Ámbito laboral: «Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual […], incidiendo especialmente en el acoso sexual».

En este sentido, otorga a las trabajadoras víctimas de violencia sexual derechos tales como «reordenación de su tiempo de trabajo», «movilidad geográfica» o «cambio de centro de trabajo» siempre y cuando el estatus de víctima esté acreditado. También contempla justificadas «las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivadas de las violencias sexuales» cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.

Ámbito judicial: «El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en el temario de acceso a las carreras judicial y fiscal, así como de letrado de la Administración de Justicia, se incluyan temas dedicados a la igualdad y la no discriminación por razón de género, y, en especial, a la protección integral contra todas las violencias sexuales». También contempla «el asesoramiento y la asistencia jurídica gratuita en los procesos judiciales derivados de la violencia».

Otros ámbitos de especialización serían el sanitario, el de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el de la abogacía, el forense y el penitenciario.

Prevé, además —entre otras medidas—, la creación de centros de crisis 24 horas: servicios que brindan atención picológica, jurídica y social a las víctimas por personal cualificado. Y en cuanto a la atención policial a la hora de interponer una denuncia, la víctima podrá exigir «ser atendida por personal expresamente formado en materia de género y violencias sexuales».

6 Comentarios

  • Con esta ley, alguien puede dudar que no ira ninguna mujer extranjera a decir que su marido, novio, o alquien que pase por la calle la a agredido, seguro que ninguna va, para que, solo para quedarse en España. Por eso seguro que no

  • Respecto de la ley de víctimas de violencia de género…. ¿Saben las mujeres que están en inferioridad de condiciones con respecto a si son víctimas de violencia de género en el País Vasco o si lo son en cualquier otra Comunidad Autónoma? Creo que el resto del país debe saber que es en el único lugar donde protegen a las víctimas con escoltas privados las 24 horas del día. Manifestarse para la erradicación de la violencia machista está bien. Pero que sean conscientes que en esta Comunidad se han erradicado los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. (Se cumple así con «ni una más» que tanto se vocifera en las manifestaciones. La pregunta es; ¿Porqué no se manifiestan para exigir que se implante esta protección en todo el territorio nacional?
    (Actualmente, apenas unos policías acompañan a las víctimas a realizar gestiones) Pueden ser a razón de dos policías por cada 20 mujeres, en el mejor de los casos…. eso es un acompañamiento puntual, no es protección.

    Respecto de la nueva ley; de que sirve que se eliminé el delito de abuso y ahora denomine agresión si la pena a cumplir es inferior. No le veo el sentido…. El razonamiento de que hay que establecer la pena inferior es…. Se pueden modificar las penas cuando quieran. Igual que se acuerdan de 6 a 12 se pueden acordar de 8 a 14… No las ponen porque no quieren. Así que si ahora lo dejan en 5 o 7 también es porque quieren. No hay nada que obligue realmente a establecer una u otra pena….

    • Pero porque no leéis. No bajan las penas. Simplemente tiene que hacer una «media». Si antes era una pena de 6 meses por una cosa y por otra 6 años. Es de lo más lógico que ahora pongan entre 1-5 años ya que tiene que haber un margen legal para diferenciar la duración de las penas en relación a la gravedad del delito cometido.
      Además y lo más importante de esto, desde cuando las cárceles están para meter a gente cuanto más tiempo mejor? Se crearon para rehabilitar y la persona debe estar dentro el tiempo que se necesite para conseguirlo. Pueden ser dos meses o 20 años

  • A pesar de que ya no exista la dualidad “abuso, violación”, no entiendo porque se bajan las penas de violación con agresión:

    “En este caso, las penas pasarían a ser de dos a seis años de cárcel para agresiones sexuales sin penetración —en vez de cinco a 10 años—, y de siete a 12 años para agresiones sexuales con penetración, es decir, violaciones —en vez de 12 a 15 años como contempla el actual Código Penal—.”

    • Mi teoría al respecto es que la Ministro de Igualdad pensó que sería más fácil acceder a una futura aceptación de este anteproyecto por parte del resto de partidos más «conservadores» si a cambio de aceptarlo ofrece algo, en este caso rebajar las. penas.

      Como dice otro usuario abajo, las penas son arbitrarias, y en mi opinión es de mayor importancia que el anteproyecto, después de
      tener sus errores corregidos, se acabe convirtiendo en ley, aún a costa de rebajar las penas.

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