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Mutilar un cuerpo, mutilar un derecho
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Mutilar un cuerpo, mutilar un derecho

En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, te explicamos por qué esta práctica —que han sufrido cerca de 200 millones de niñas en todo el mundo— es una violación grave de los derechos humanos

Foto: Hanna Adcock / Save the Children

Tortura. A esta práctica equiparaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos la mutilación genital femenina (MGF), considerándola un trato «inhumano y degradante». Esta declaración apelaba al resto de países europeos a considerar la MGF como una práctica que debe ser perseguida desde el ámbito jurídico aunque no suceda dentro de sus fronteras.

Por eso, en 2005, el Gobierno modificaba la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina. «El hecho de que las mutilaciones sean una práctica tradicional en algunos países de los que son originarios los inmigrantes en los países de la Unión Europea no puede considerarse una justificación para no prevenir, perseguir y castigar semejante vulneración de los derechos humanos», apuntaba la modificación legislativa.

De esta manera, la jurisdicción española comenzaba a ser competente para perseguir este delito, aunque este fuese cometido fuera del territorio español —siempre y cuando los responsables residiesen en España habitualmente—.

Manifestación contra la mutilación genital femenina | Foto: Jane Campbell (Shutterstock)

De hecho, el Convenio de Estambul —aprobado en 2011 por el Consejo de Europa y que España ratifica en 2014— contempla la MGF como una forma de violencia de género y criminaliza este delito —entre otros, como el matrimonio forzoso o la esterilización forzada—. «Esto significa que por primera vez los Estados se verán obligados a introducir en sus sistemas jurídicos estos delitos graves que no existían anteriormente», apunta el documento.

De este modo, el Convenio de Estambul insiste en que la violencia contra la mujer no es un asunto de carácter privado ni un asunto de Estado solo cuando sucede dentro de las fronteras de un territorio.

Como apunta Carmela del Moral, analista jurídica en derechos de la infancia, a Newtral.es: «Aunque es una práctica prohibida en España, vienen niñas de lugares de origen donde o bien la han sufrido o bien existe un riesgo de que en una visita a ese país de origen puedan ser sometidas a esta práctica».

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En España, el Código Penal castiga con pena de cárcel a quien realiza esta práctica, y contempla también la responsabilidad de los progenitores. Así, en el artículo 149.2 se establece que «el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años». Y añade: «Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años».

200 millones de niñas mutiladas

Si en 2005, hasta 130 millones de mujeres y niñas habían sido sometidas a esta práctica, en 2020 ya son 200 millones. Por eso, organizaciones internacionales como Unicef o Save the Children alertan en sus informes de que a pesar de que la práctica ha disminuido, sigue llevándose a cabo en cerca de 30 países.

Según Naciones Unidas (ONU), «esta práctica se concentra en países de África, Oriente Medio y Asia meridional, pero también en algunos territorios asiáticos (India, Indonesia, Iraq y Paquistán) y en algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica». «Asimismo, persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda», establece la ONU.

Solo en África, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año hay 3 millones de niñas en riesgo de sufrir esta práctica. Por eso, Unicef advierte: «A menos que se acelere la acción para poner fin a la mutilación genital femenina, otras 68 millones de niñas habrán sido afectadas para 2030».

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Según los datos aportados por Unicef en su informe «La mutilación genital femenina: una preocupación mundial» (2016), del total de mujeres que han sufrido la MGF 44 millones son niñas menores de 14 años.

La incidencia de esta práctica en niñas de esta edad —menores de 14— es especialmente alta en Gambia (56%), Mauritania (54%) e Indonesia (50%). También hay adolescentes y mujeres (de entre 15 y 49 años) que son sometidas a esta práctica. En esta edad, los países donde más se practica es en Somalia (98%), Guinea (97%) y Djibouti (93%).

Estudiantes etíopes de 14 años que luchan para concienciar a otras niñas y adolescentes sobre los peligros de la mutilación genital femenina | Foto: Hanna Adcock (Save the Children)

Efectos en la salud

La ONU alerta de que la mutilación genital femeninas tiene consecuencias en la salud física y mental de las niñas y mujeres que la sufren. Y estas pueden ser tanto inmediatas como a medio o largo plazo.

Así, según señala esta organización internacional, esta práctica «a menudo deriva en complicaciones médicas que van desde dolor intenso, hemorragias prolongadas o infertilidad, hasta la muerte». «Además, puede aumentar el peligro de transmisión de VIH. Y las mujeres que han sido mutiladas pueden sufrir complicaciones al dar a luz a un bebé, como hemorragias posteriores al parto, muertes fetales o muertes prematuras de recién nacidos».

La OMS alerta de otras consecuencias como infecciones urinarias, problemas vaginales y menstruales, así como dificultad a la hora de practicar sexo (coito doloroso o menor satisfacción). Arrebatar el bienestar físico o la autonomía sexual conlleva también trastornos psicológicos: depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático…

Aunque esta práctica se realiza por diferentes causas y estas varían en función de la región, la OMS señala que en la mayoría de los casos «responde a la concepción de lo que se considera una conducta sexual aceptable» cuyo objetivo es «asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de él». «En muchas comunidades existe la convicción de que reduce la libido de la mujer y la ayuda así a resistir la tentación de relaciones extraconyugales», añade la Organización Mundial de la Salud.

Fuentes consultadas:

  • Unicef
  • Save the Children
  • Organización Mundial de la Salud (OMS)
  • Naciones Unidas (ONU)
  • Código Penal español
  • Ley Orgánica 3/2005
  • Convenio de Estambul
  • Carmela del Moral, analista jurídica en derechos de la infancia

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