Samira, de 29 años y madre de un niño de cinco, se ha cambiado de piso seis veces en los últimos dos años. Se fue de la casa en la que convivía con su novio y padre del menor porque este era, en sus palabras, “un bebedor”. “Llegaba de madrugada borracho gritando, me despertaba al niño. No quería que mi hijo tuviese que criarse con alguien así”, cuenta. En las dos primeras casas en las que estuvo fueron las de dos amigas que la acogieron temporalmente mientras encontraba un alquiler “porque la cosa estaba muy difícil”. Samira pensaba que tarde o temprano lograría instalarse en un piso junto a su hijo para echar raíces y encontrar algo de estabilidad. Pero la crisis de vivienda ha impedido que pueda obtener una solución habitacional. “Muchas inmobiliarias directamente me dicen que con un hijo no me alquilan un piso. Y en otros casos, no me llega con mi nómina porque tengo un trabajo a media jornada”, añade Samira.
Así que en las últimas cuatro casas que ha habitado, incluyendo en la que reside actualmente, son pisos compartidos en los que Samira alquila una habitación para ella y su hijo. “Me da vergüenza no poder darle una vida mejor a mi hijo. Se hace mayor y él ya se da cuenta de las cosas. Va a casa de sus amigos pero sus amigos no pueden venir a casa porque vivimos con una mujer mayor que me hace el favor de alquilarnos la habitación a cambio de que haga la compra y limpie”, admite.
Elizabeth vino de Nicaragua hace nueve años, embarazada de dos meses. Su entonces pareja y padre del futuro bebé la convenció para viajar a España “en busca de una vida mejor”. Pero al llegar, relata ella, la quiso convencer de abortar. “Yo me negué y él me dijo que no quería saber nada de mí ni del bebé. Y se fue a Suiza [de donde es procedente]. Una tía mía me acogió en su casa, junto a su marido, sus hijos y la novia de uno de ellos. No tenía espacio propio, dormía en el sofá”, cuenta.
Al poco de nacer su hija, su primo se independizó junto a su novia y ella se quedó con su habitación, compartiéndola con su bebé. A los seis meses comenzó a realizar trabajos de limpieza en B, dado que no tenía papeles, para contribuir económicamente al hogar de su tía. Y así estuvo hasta que en 2022 consiguió regularizar su situación y encontró empleo. Ahí es cuando decidió buscar un piso de alquiler para ella y su hija. Pero como a Samira, a Elizabeth también le ha resultado imposible debido a la crisis de vivienda.
“Cuando llamo para ver un piso me dicen: ‘No se admiten ni niños ni perros’. Ahora estoy en una habitación con mi hija, en un piso compartido con una familia, y siento que tengo que estar agradecida por tener un techo. Pero a veces es insoportable no tener un espacio para estar sola. O estoy trabajando o estoy con la niña”, explica.
En uno de los pisos en los que estuvo, también en una habitación compartida, le decían que su hija era “molesta”. “Como no tenía otro sitio al que ir, pasaba el menor tiempo posible en el piso para que no se quejaran. Hasta me duchaba con mi hija en el polideportivo por no molestar en la casa”, añade.
Una crisis de vivienda que precariza la vida de las madres y de las infancias
De los casi dos millones de familias monoparentales que existen según el Instituto Nacional de Estadística, el 81,4% están encabezados por mujeres. Y según el último informe de la Federación de Familias Monomarentales (FAMS), ser madre en solitario es un factor de riesgo de exclusión residencial.
Así lo explica también su presidenta, Carmen Flores, quien señala que “tanto agencias como propietarios ven un riesgo alquilar a una madre soltera”: “No les dan solvencia crediticia porque solo es un sueldo y porque laboralmente son más precarias. Van a tener jornadas reducidas o están en riesgo de perder su empleo porque van a tener que quedarse con su hijo sí o sí cuando este se pone malo. Aquí la penalización laboral a las madres se da la mano con la penalización residencial”.
“Desde la asociación observamos que tener hijos se ve como una carga. Para propietarios y agencias, los niños son sujetos que rompen cosas, que hacen ruido, que pueden dar ‘problemas’”.
En relación a lo expuesto tanto por Samira como por Elizabeth, Carmen Flores apunta algunas cuestiones relevantes. Por ejemplo, que tener que compartir habitación en una casa también compartida “afecta a la salud mental de las madres y también al desarrollo de los menores”. “Las madres no pueden desconectar de su propia maternidad ni tener intimidad, y el menor tampoco, no tiene un espacio propio. Esto pueden generar conflictos y malestares profundos”, añade.
Además, saltar de alquiler en alquiler “imposibilita arraigarse en un barrio”, que también es “negativo porque imposibilita tener una red de apoyo y cuidado”, explica la presidenta de FAMS.
Según un informe (2021) del Alto Comisionado contra la pobreza infantil, “el riesgo de pobreza para niños, niñas y adolescentes en hogares monomarentales es 20 puntos superior (47,3%) al riesgo medio en España (27,4%)”. El riesgo es aún mayor (hasta el 52,3%) para cuando conviven con otras personas, como en los casos de Elizabeth y Samira. Además, en estos hogares la privación material severa alcanza el 13,5%, más del doble de la tasa general (6%), una cifra que se incrementa hasta el 15,7% cuando las madres y sus hijos conviven con más personas.
La crisis de vivienda y la violencia de género
Desde el Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán explica que la crisis de vivienda tiene relación directa con la violencia de género: “Hay mujeres atrapadas en relaciones de violencia porque tienen que elegir entre irse a la calle con sus hijos o seguir bajo ese techo. Si buscan alquiler, o no pueden pagarlo o no les alquilan porque tienen hijos. Y los centros de atención a la violencia de género están saturados, no tienen recursos habitacionales suficientes para la demanda que hay”.
Así lo exponían en este reportaje las trabajadoras de la red municipal contra la violencia de género de Madrid, en el que explicaban que la crisis es tal que muchas mujeres acaban alojadas de urgencia en hoteles.
Una de las trabajadoras, Belén, señalaba que ellas mismas se han convertido en “rastreadoras de alternativas residenciales” en vez de poder realizar “una intervención en violencia que sirva para que la víctima se recupere”. “Invertimos el tiempo en hablar con entidades privadas a ver si les hacen un hueco. Muchas tienen requisitos muy estrictos porque también están saturadas. Por ejemplo, solo aceptan a víctimas con hijos menores de seis años. Claro, pero es que la víctima que se me va a quedar en la calle tiene un hijo de 15, ¿qué hago con ella?”, apuntaba.
Esta publicación científica recoge que “la política de vivienda está directamente relacionada con la cuestión de la violencia contra la mujer” y que, de hecho, la precariedad femenina provoca que las mujeres dependan económicamente de la pareja, viéndose abocadas a “enfrentarse al dilema de resignarse a los abusos o quedarse sin hogar”.
Cuando el mercado promueve “la pareja para toda la vida”
En ocasiones no llega a darse una situación de violencia explícita pero la imposibilidad de separarse físicamente puede ser la antesala de conflictos que generan mucho malestar o que pueden llegar a convertirse en violencia. Estas son las cuestiones que dejaba flotando en el aire la escritora Aíxa de la Cruz en esta columna en Glamour a raíz de su propia experiencia de separación con una hija en común, viéndose abocada a convivir con su expareja ante la imposibilidad de ambos de encontrar un alquiler en una ciudad turística.
De la Cruz apunta que “estamos en situaciones de coacción sistémica profunda”. “Hay proyectos de vida conjunta que se caen y la tensión de convivir en esa situación revierte profundamente en tu salud mental y también en la de las criaturas”, apunta. Por eso, la escritora se preguntaba si una conquista feminista como el divorcio sigue siendo a día de hoy un derecho plenamente garantizado: “El derecho existe pero si no se puede ejercer con plena libertad porque tenemos que seguir conviviendo con una pareja porque si no la vida no es sostenible, entonces no está garantizado”.
De alguna manera, propone la escritora, el mercado promueve la idea tradicional de “pareja para toda la vida” y de aguantar un poco más o de luchar por la relación porque la alternativa es peor. “Si una mujer detecta comportamientos que no le gustan en su pareja y quiere irse por su cuenta, ¿puede? ¿Cuántas de ellas dirán: ‘Voy a intentarlo un poco más, no voy a ser exagerada o voy a tomármelo con calma porque las cosas afuera están muy jodidas’?”, añade.
Carmen Flores, de FAMS, aterriza esta misma cuestión al haber acompañado a mujeres que “hubiesen querido salir antes de una relación, cuando todavía no había una violencia explícita, pero no podían porque les resultaba imposible encontrar un alquiler, sobre todo teniendo hijos”. Por ello, en una semana en la que han sido asesinadas tres mujeres y justo después de que haya decaído el real decreto de los alquileres, Ruth Galán del Sindicato de Inquilinas deja un recado para este domingo de movilizaciones sociales contra la crisis de vivienda: “Bajar los precios de los alquileres es luchar contra la violencia de género”.