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La Manada de Pozoblanco: preguntas y respuestas sobre la sentencia que condena por abuso sexual
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La Manada de Pozoblanco: preguntas y respuestas sobre la sentencia que condena por abuso sexual

El juez condena por abuso sexual a cuatro de los cinco integrantes de La Manada por el caso de Pozoblanco, que ya fueron condenados por violación por el caso de Pamplona. Las penas de cárcel son de 4 años y 6 meses para uno de ellos y de 2 años y 10 meses para los otros tres. Al delito contra la libertad sexual se suma otro contra la intimidad

Imagen: Los cuatro componentes de La Manada de Pozoblanco, condenados por abuso sexual | EFE

Cuatro de los cinco integrantes del grupo conocido como ‘La Manada’ han sido condenados por un delito de abuso sexual y otro delito contra la intimidad, con penas de prisión de 4 años y 6 meses para uno de ellos y de 2 años y 10 meses para los otros tres. Uno de ellos, además, también suma una condena por delito leve de maltrato de obra, aunque no supone pena de cárcel, sino una multa de 240 euros. Además, entre los cuatro deberán indemnizar a la víctima con 13.150 euros. 

El abuso sexual por el que han sido condenados se conoce como el caso de Pozoblanco, distinto a la violación grupal que perpetraron a una joven en julio de 2016 en Pamplona (Navarra). Es a través de la investigación de este delito como comienza esta otra investigación en Pozoblanco (Córdoba), cuya sentencia fue publicada el pasado jueves 4 de junio.

Este caso se ha articulado en torno a la existencia de dos vídeos en los que aparece la víctima en estado de inconsciencia. La grabación, finalmente admitida como prueba por el juez Luis Santos, titular Juzgado de lo Penal Número 1 de Córdoba, fue realizada por uno de los condenados con el consentimiento de los otros tres, y difundido por el mismo a través de WhatsApp.

[Consulta aquí la sentencia íntegra de la condena a ‘La Manada’ por el caso Pozoblanco]

¿Cómo comienza el caso de Pozoblanco?

El 7 de julio de 2016, una joven denunció haber sufrido una violación durante las fiestas de Sanfermines, en Pamplona. Los acusados —José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo— fueron detenidos al cabo de pocas horas.

Ahí comienza una investigación que en octubre de ese mismo año reveló la existencia de dos vídeos en los móviles de ‘La Manada’, en los que cuatro de los cincos acusados (todos menos Ángel Boza) abusaban de una chica inconsciente en mayo de 2016, unos meses antes de Sanfermines.

La Policía consiguió localizar a la víctima, una joven de la localidad cordobesa de Pozoblanco, y ella decidió denunciar. El juez recoge en la sentencia que aquel día, “instantes después de bajarse del vehículo, [la víctima] ya realiza la primera llamada a un conocido manifestando haber sido objeto de una agresión sexual”.

[Radiografía de la violencia sexual]

¿Cuáles son los hechos probados?

El 1 de mayo de 2016, los cuatro integrantes de ‘La Manada’ se encontraban en la feria de Torrecampo (Córdoba). Allí coinciden con la víctima, que decide regresar a su casa, en Pozoblanco, en el vehículo de estos. Ella está en el asiento de atrás, en medio de dos de los abusadores, y los otros dos delante, uno en el asiento del conductor y el otro, en el del copiloto.

En un momento determinado, la víctima cae en estado de inconsciencia. Ahí es cuando comienzan a tocarle los pechos y a besarla en la boca, “aprovechando dicha situación de inconsciencia”, recoge la sentencia. El copiloto, José Ángel Prenda, realiza “la grabación de dichos actos, con la aceptación y concierto previo de todos los demás”. De ahí resultan dos vídeos: uno de 30 segundos y otro de 45.

Una vez llegan a Pozoblanco, tres de ellos se bajan del coche, y la víctima queda a solas con uno de ellos, Alfonso Jesús Cabezuelo. Cuando la víctima se despierta, Cabezuelo “le solicita a la misma que le realice una felación, a lo que esta se negó”. Entonces, prosigue la sentencia, “la golpeó en la cara, le dio un puñetazo en el brazo y la empujó para que saliera del coche al tiempo que le decía ‘puta’”.

Unos minutos antes, José Ángel Prenda había enviado uno de los vídeos al grupo de WhasApp ‘La Manada’, integrado por los cuatro acusados y tres personas más. Poco después, envió ese mismo vídeo a otro grupo de Whatsapp llamado ‘El Peligro’, integrado por él y por 20 personas más. 

El juez ha dedicado parte de la sentencia, de 126 páginas, a explicar por qué ha admitido como prueba ambos vídeos, en contra de lo que pedía la defensa de la acusación.

[El juicio contra ‘La Manada’: cronología de los hechos]

¿Por qué el juez ha admitido a trámite los vídeos?

La magistrada Lucía Avilés, fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE), explica a Newtral.es que “en la investigación policial inicial, que comienza con la violación en Pamplona, se les pide permiso a los acusados para poder acceder a sus móviles, donde encuentran estos vídeos”: “Ellos consintieron, manifestaron expresamente que autorizaban a los policías a que accediesen a sus teléfonos móviles”, añade.

Sin embargo, la defensa de la acusación señala, y así lo recoge la sentencia, que “la obtención de dicha prueba” supone “una vulneración” que rompería con el derecho a un proceso penal con garantías. Lo exponen así porque, según defienden, “la autorización prestada por los acusados había de entenderse limitada a la averiguación de los hechos de los días 6 y 7 de julio, en tanto que la entrega de los teléfonos y la autorización para comprobar su contenido lo fue única y exclusivamente para acreditar lo que realmente había sucedido en esas fechas”.

El juez Luis Santos defiende que “ninguna autoridad policial o judicial toma de manera inopinada los datos para realizar una averiguación global de su conducta antes de tener conocimiento de la posible vinculación con un acto ilícito [la agresión sexual en Pamplona], sino que es a consecuencia de la realización de dicho acto contrario a derecho por lo que se inicia la investigación”. 

Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, criminóloga y especialista en violencia de género, explica en conversación con Newtral.es que “se hubiese admitido a trámite o no, que la Policía inicie un procedimiento de oficio es una buena noticia”: “Es un cambio de conciencia social. La Policía ve eso y lo considera intolerable, por eso decide investigarlo. El mensaje simbólico es el de: ‘Esto no se puede hacer y lo vamos a perseguir’”.

Ortubay también encuentra significativo que “la víctima solo se atreviese a denunciar cuando ve que hay una prueba gráfica”: “Esto debería hacernos pensar sobre la relación de las mujeres con la justicia”. Sobre esto, el juez también dedica unas líneas. Santos reconoce la “revictimización” que puede sufrir una víctima al acudir a un juicio de estas características: “Por más que las partes emplearan un tono adecuado hacia la misma en sus preguntas, [la víctima] obligada a recordar situaciones dolorosas, a exponer públicamente detalles pertenecientes a su vida íntima, este juzgador pudo observar en primera persona la elevada incomodidad e incluso por momentos la angustia de la testigo”. 

Por otro lado, la criminóloga y doctora en Derecho Penal considera positivo el debate que inicia el propio juez en la sentencia “sobre si es una prueba lícita o se ha vulnerado el derecho a la intimidad”: “El sistema penal es la máxima manifestación de fuerza del Estado y tiene que estar sometido a límites. Esas garantías procesales son imprescindibles, y las necesitamos y las tenemos que defender”.

¿Por qué es abuso sexual y no agresión?

Actualmente, el Código Penal diferencia entre agresión y abuso sexual, y considera la penetración un agravante. En ninguno de los dos casos hay consentimiento por parte de la víctima. La diferencia radica, por tanto, en que en el primer caso (agresión) se emplea la violencia o intimidación, y en el abuso no. La pena para la agresión sexual es de 1 a 5 años de prisión; y para el abuso sexual, pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses.

En este caso, el magistrado ha considerado que es un delito de abuso sexual porque al estar inconsciente, no tuvieron que usar la violencia ni la intimidación, como sí hicieron en el caso de la violación grupal en Pamplona: “En el concepto de violencia ha de incluirse no solo la vis absoluta que impide completamente a la víctima ofrecer cualquier respuesta de oposición, sino también aquellos otros en los que se emplea una cierta fuerza física acompañada del aviso de que dicha fuerza será mayor cuanto más importante sea la resistencia. Dicha fuerza ha de proyectarse sobre el cuerpo de la víctima. Por intimidación ha de entenderse el aviso o advertencia de causar un mal”, argumenta Luis Santos. 

Uno de los aspectos más relevantes es por qué la víctima quedó inconsciente durante el trayecto, estado por el que la víctima no pudo oponer resistencia y, por tanto, no fue necesaria la violencia ni la intimidación. “Si esta situación era fruto o no de una sumisión química no ha podido quedar acreditado. Para poder apreciar si había resto de sustancias en la sangre o en la orina de la víctima habría sido necesaria una actuación médica inmediata. No pudo ser así, por lo que solo sabemos que ella estaba inconsciente”, apunta la jueza Lucía Avilés.

En la sentencia, el magistrado considera que no se ha podido probar que la pérdida de consciencia se debiera a una actuación previa de los acusados: “Es cierto que en las analíticas realizadas a la víctima aparecen diversas sustancias (derivados del THC), pero ni puede precisarse momento alguno del consumo de las mismas, ni relacionarse de ninguna manera con la actuación de los acusados. Incluso, como se señala en el informe el propio médico forense en el acto de la vista, no descarta la posibilidad de que dicha situación pudiere deberse a un excesivo consumo de bebidas alcohólicas por parte de la perjudicada”. 

En este sentido, la catedrática de Derecho Penal en la Universidad de A Coruña Patricia Faraldo explicaba a Newtral.es que “el Código Penal actual protege menos a las mujeres que beben”. Lo declaraba en relación a la sentencia del caso Manresa, publicada el 31 de octubre de 2019, que condenaba a cinco hombres a penas de cárcel de entre 10 y 12 años por abuso sexual continuado a una menor en 2016, y no por agresión sexual.

Así, el fallo judicial descartaba condenarles por agresión sexual, como pedía la Fiscalía, porque ella estaba bajo los efectos del alcohol: “Se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin hacer uso de ningún tipo de violencia o intimidación”, relataba la sentencia

El actual Código Penal no considera una agravante el suministro de fármacos, drogas o cualquier sustancia para anular la voluntad de la víctima. “Así es como está tipificado”, resume la criminóloga Miren Ortubay. “Otra cosa es que se pueda criticar que el hecho de privarle a alguien de la razón drogándola sería equiparable a una forma de violencia. Es decir, da igual que el abuso se produzca estando ella borracha, porque tenga una deficiencia mental o porque ellos le hayan suministrado una sustancia para poder abusar de ella”, añade Ortubay.

Así lo especifica el artículo 181.2 del Código Penal al considerar abusos sexuales “los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”. 

Si se hubiera probado que los acusados administraron alguna sustancia para anular la voluntad de la víctima, la condena también habría sido de abuso sexual. A la pregunta de si las penas habrían variado, teniendo en cuenta que no se considera agravante, María Acale, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz e investigadora en materia de violencia de género, explica a Newtral.es que “la pena por abuso sexual es de 1 a 3 años”: “En las sentencias que castigan por abuso sexual venimos viendo que cuando se ha causado por la administración de una sustancia, las penas tiran al máximo. Es decir, es un factor que los jueces tienen en cuenta para moverse entre el límite mínimo y el límite máximo”.

[«El Código Penal protege menos a las mujeres que beben»: protestas por la sentencia de Manresa]

Lucía Avilés señala que esto cambiaría si se aprobase el anteproyecto de ley de libertad sexual: “En la propuesta del Ministerio de Igualdad, todo lo que no sea un ‘sí’ es un ‘no’, y a partir de aquí construye los tipos penales. Se equiparan abuso y agresión, pero se contemplan agravantes como la actuación conjunta de dos o más personas, el uso de armas o el de fármacos o drogas”.

Sobre esto también se pronuncia el juez Luis Santos, que reconoce la existencia de un “intenso debate político y social” sobre la regulación de los delitos contra la libertad sexual. En la sentencia argumenta que su decisión se circunscribe a la tipificación penal “en el momento de producirse los hechos”.

Manifestación feminista en protesta por la primera sentencia de ‘La Manada’ | Imagen: Wikipedia Web

El magistrado también desestima el argumento de la defensa de la acusación, que justificaba el abuso sexual por la decisión de la víctima de subirse al coche: “También hay besos en la boca, que el letrado defensor justifica diciendo que la víctima quería irse en el coche de los acusados porque quería estar con uno de ellos. El hecho de que una persona quiera acompañar a otra, e incluso que pudiere sentirse atraída por alguno de los acusados, no implica que dicha persona pierda en momento alguno la facultad de decidir hasta dónde quiere llegar y en qué momento”.

El magistrado también se pronuncia sobre la posibilidad de que la víctima sufriera abusos más allá de lo que queda registrado en los vídeos, lo que podría haber constituido un delito continuado de agresión sexual que, a su juicio, no queda probado: “¿Que la situación anteriormente descrita de una mujer que despierta sin la ropa que llevaba antes de perder la conciencia genera dudas sobre lo que haya debido de ocurrir en ese trayecto? Evidentemente. Pero para permitir la condena no basta la existencia de dudas sobre lo que haya podido suceder, sino que es preciso una convicción sobre lo que sucedió”.

Cabe destacar que en el caso de que los acusados hubiesen penetrado a la víctima de algún modo, las penas serían más altas —de 4 a 10 años— pero el delito seguiría siendo de abuso sexual y no de agresión al no existir uso de intimidación o violencia (como fue el caso de las dos primeras sentencias por la violación grupal de ‘La Manada’ en Pamplona).

[¿Qué propone la ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad? Preguntas y respuestas]

¿Por qué no se contempla la cooperación necesaria?

En la primera sentencia del caso Arandina, la Audiencia Provincial de Burgos condenaba a los tres acusados a 38 años de cárcel por agresión sexual. Aquí fueron claves dos conceptos: la intimidación ambiental y la cooperación necesaria. Y es que en casos de agresiones múltiples se puede condenar a cada uno de los acusados como autores de su agresión y de la que hubieran cometido los otros participantes, en este caso como cooperadores.

NOTA: La primera sentencia del caso Arandina, de diciembre de 2019, condenó a 38 años de cárcel a los tres exfutbolistas. Una segunda sentencia, de marzo de 2020, absolvió a uno de los acusados y rebajó las penas a los otros dos. Consulta aquí las claves de la primera sentencia y aquí las claves de la segunda

Sin embargo, la cooperación necesaria solo existiría en delitos de agresión sexual, y no de abuso. “La cooperación necesaria va ligada a la intimidación ambiental. En los casos de abuso sexual no hay intimidación ambiental: los sujetos no la necesitan para cometer el delito”, explica la catedrática María Acale. Es decir, la cooperación entre los sujetos que cometen la agresión sería necesaria para intimidar a la víctima. Si no hay intimidación, tampoco hay cooperación. Y si no hay intimidación ni violencia, es abuso, y no agresión. 

[El Supremo marcó el camino con la sentencia de la Manada al tribunal de la Arandina]

¿Y el delito contra la intimidad?

Los cuatro acusados también han sido condenados por un delito contra la intimidad. En el caso de tres de ellos, por la grabación de los vídeos. Pero el cuarto, José Ángel Prenda, ha visto incrementada su pena por haberlos difundido.

La sentencia recalca que los acusados “posan, de modo que muestran de manera implícita su conformidad con dicha grabación ilícita”. No es así en el caso del envío de los vídeos por WhatsApp, cuya responsabilidad fue asumida en su totalidad por uno de ellos: “No se entiende que haya de considerar al resto responsables de la comisión del subtipo agravado por la difusión de las imágenes. Es innegable que, por el modo de comportarse los acusados, parece que pudiere ser así, pero la sospecha de que existiera acuerdo en cuanto a la difusión de los vídeos es insuficiente”, contempla el juez. 

¿Cuáles son las condenas?

Hay tres condenas: por abuso sexual, por delito contra la intimidad y por delito leve de maltrato de obra. Los cuatro han sido condenados por los dos primeros, y solo uno de ellos por el tercero.

En primer lugar, por el delito de abuso sexual se les impone una pena de 1 año y 6 meses de prisión, así como la prohibición de comunicarse y/o aproximarse a la víctima (a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier lugar frecuentado por la misma a una distancia inferior a 500 metros).

Por el delito contra la intimidad, tres de ellos son condenados a 1 año y 4 meses de cárcel. El cuarto, José Ángel Prenda, ha sido condenado a 3 años por este delito. ¿Por qué? Porque a la grabación de los vídeos, en su caso se suma la difusión de los mismos. 

Por último, Alfonso Jesús Cabezuelo ha sido condenado por el delito leve de maltrato de obra a una multa de 240 euros (cuota diaria de ocho euros). Este tercer delito en su caso es por los golpes propinados a la víctima cuando esta se niega a hacerle una felación en el momento en que ambos se quedan solos en el coche. 

Así, tres de los acusados habrían sido condenados a 2 años y 10 meses de cárcel, y el cuarto, José Ángel Prenda, a 4 años y 6 meses. Estas penas se sumarían a la condena de 15 años de cárcel (a cada uno de ellos) por la violación grupal cometida en Pamplona junto a Ángel Boza.

Las penas impuestas por el juez Luis Santos son inferiores a las que pedían el Ministerio Público, la acusación particular y la acusación popular (ejercida esta última por la Asociación Clara Campoamor).

¿Qué penas pedían las acusaciones?

Ministerio Público: por el delito de abuso sexual pedía 2 años de prisión, y 4 por el delito contra la intimidad. En total, 6 años. 

Acusación particular: por el delito de abuso sexual pedía 2 años y 6 meses de prisión, y 4 años y 3 meses por el delito contra la intimidad. En total, 6 años y 9 meses.

Acusación popular: la Asociación Clara Campoamor consideraba que tres de ellos habían cometido un delito continuado de abuso sexual, para los cuales pedían 3 años de prisión; para el cuarto, por un delito de agresión sexual, pedía 5 años de prisión. Por el delito contra la intimidad, solicitaba 4 años y 3 meses para cada uno de ellos.

¿Es una sentencia firme?

No, la sentencia no es firme. Contra la misma cabría interponer recurso de apelación —por cualquiera de las partes— ante la Audiencia Provincial de Córdoba en el plazo de 10 días.

[Consulta aquí la sentencia íntegra de la condena a ‘La Manada’ por el caso Pozoblanco]

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