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Las claves de la nueva sentencia del caso Arandina: preguntas y respuestas
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Las claves de la nueva sentencia del caso Arandina: preguntas y respuestas

La nueva sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absuelve a uno de los acusados y rebaja las penas a los otros dos. Te lo explicamos



No es violación, sino abuso sexual. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en su sentencia emitida el pasado miércoles 18 de marzo. Este fallo judicial resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los tres exjugadores de La Arandina Club de Fútbol, condenados por agredir sexualmente a una menor de 15 años en noviembre de 2017.

Nota: los términos violación y agresión sexual son equivalentes jurídicamente cuando el delito de agresión sexual incluye penetración (ya sea vía bucal, anal o vaginal); si no se produce penetración, la agresión sexual no equivale a violación; en este caso concreto, hubo penetración bucal, por lo que la primera condena, que estimaba que se trataba de un delito de agresión sexual grupal, sería también una condena por violación grupal

De este modo, este tribunal difiere del criterio seguido por la Audiencia Provincial de Burgos, que en diciembre de 2019 condenó a cada uno de los tres acusados a 38 años de cárcel por un delito de violación grupal. La sentencia del TSJCyL absuelve a uno de los acusados, y rebaja la pena de los otros dos, condenándoles a tres y cuatro años de cárcel respectivamente.

Te explicamos, de la mano de expertas, algunas de las claves del caso Arandina.

¿Qué es el Caso Arandina?

El Caso Arandina se remonta a diciembre 2017, cuando la madre de la víctima —una menor de 15 años— denunció a tres jugadores de La Arandina Club de Fútbol (de 19, 22 y 24 años respectivamente) por haber agredido sexualmente a su hija en el piso de los acusados, en Aranda del Duero (Burgos). Aunque la denuncia se interpuso en diciembre de 2017, los hechos se produjeron el 24 de noviembre de ese año.

Los acusados siempre mantuvieron que desconocían la edad de la víctima y que esta era menor —los tres eran ya mayores de edad—, pero tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos como la sentencia del TSJCyL consideran probado que conocían que la víctima tenía menos de 16 años.

¿Cuál fue la condena de la Audiencia Provincial de Burgos?

Como explicábamos, los tres acusados fueron condenados, en diciembre de 2019, a 38 años de prisión: 14 por un delito de agresión sexual y 24 por un delito de cooperación necesaria de los delitos de agresión sexual cometidos por los otros acusados.

Es decir, la condena contemplaba que se trataba de una agresión sexual (o violación) grupal y que aunque cada uno tuviese responsabilidad individual del delito, este había sido posible por la complicidad entre los tres. Por lo tanto, cada uno de ellos tenía también responsabilidad subsidiaria por la agresión sexual cometida por los otros dos acusados (delito de cooperación necesaria).

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Según el fallo, el máximo cumplimiento de la pena de prisión se fijaba en 20 años conforme a lo dispuesto en el Código Penal. 

«En concepto de responsabilidad civil», proseguía el fallo, «los acusados indemnizarán en forma conjunta y solidariamente a la menor, a través de sus padres, en la cantidad de 50.000 euros más los intereses legales por el daño moral causado».

¿Y cuál es la condena del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León?

Este tribunal absuelve a uno de los acusados (el de 19 años) de todos los delitos —violación y cooperación necesaria para cometer la agresión sexual grupal—, y rebaja las penas de los otros al rebajar el delito: los jueces han considerado que no se trata de un delito de agresión sexual, sino de abuso sexualdelito tipificado en el Código Penal con penas más bajas.

Así, uno de los exjugadores ha quedado absuelto de todos los cargos, y los otros dos han sido condenados a tres y cuatro años de cárcel, respectivamente. Además, también se rebaja la indemnización. La anterior sentencia contemplaba una cuantía de 50.000 euros, mientras que el TSJCyL ha determinado que esta deberá ser de 10.000 euros.

¿Cuál es la diferencia entre abuso y agresión sexual?

Actualmente, el Código Penal diferencia entre agresión y abuso sexual, y considera la penetración bucal, anal o vaginal una agravante. En ninguno de los dos casos hay consentimiento por parte de la víctima, así que la diferencia radica en que en el primer caso (agresión) se emplea la violencia o intimidación, y en el abuso no —artículos 178 y 181.1—.

En el caso de la violación grupal de Pamplona, el problema radicaba en cómo se interpretaba el concepto de intimidación. Y aquí podría haber sucedido algo similar, tal y como expone a Newtral.es la magistrada Lucía Avilés, fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE): «El problema que se planteaba en el caso de Pamplona era que como el Código Penal no define legalmente qué es intimidación, se aplicaba el concepto de intimidación más generalizado, que es el de una amenaza grave y directa que pone en peligro la vida o la integridad física de la víctima. El ejemplo más claro o más recurrente es que te pongan una navaja en el cuello».

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Sin embargo, el Tribunal Supremo abrió el concepto de intimidación, como también ha ocurrido en este caso: «Este concepto pone de manifiesto que no es necesario usar un arma para generar violencia y provocar ese miedo o esa intimidación, sino que la sola presencia de dos, tres, cuatro o más hombres ya genera una sensación de indefensión o intimidación en la víctima en determinados contextos», prosigue Avilés.

Si los magistrados de la Audiencia Provincial de Burgos no hubiesen considerado que se produjo intimidación ambiental —como ocurrió con la primera sentencia para el caso de la Manada de Pamplona—, la condena en el Caso Arandina habría sido de abuso sexual, en vez de agresión sexual. Y esto es lo que ha sucedido en el caso del fallo emitido por el TSJCyL.

¿Por qué la nueva condena es por abuso y no por agresión sexual?

La principal clave es que el tribunal superior no ha considerado que se hubiese producido intimidación ambiental, requisito indispensable para que sea agresión sexual. Al desestimar esta circunstancia, el delito pasa a ser de abuso sexual.

La abogada penalista Laia Serra, especializada en violencia sexual, explica a Newtral.es que «este tipo de conceptos jurídicos, como la hostilidad, el miedo o la intimidación, son indeterminados». «En casos como este, cuando se deja de aplicar, puede deberse a una falta de perspectiva de género, lo que yo llamo ‘miopía jurídica’. No es que los jueces analicen mal los hechos, sino que obvian determinados ingredientes que forman parte de la situación».

Por tanto, señala Serra, «estos conceptos jurídicos indeterminados tienen un lado normativo, pero también otra parte subjetiva y política que, en ocasiones, los operadores jurídicos (jueces, abogados y fiscales) no tienen en cuenta».

En este sentido, la intimidación ambiental es un concepto que queda a interpretación de los jueces. Así, la Audiencia Provincial de Burgos consideró lo siguiente, tal y como se puede leer en la sentencia de diciembre de 2019:

«Entendemos que el hecho de que la menor se encontrase en un domicilio ajeno, con la luz apagada y rodeada por tres varones de superior complexión y edad, los cuales se habían desnudado, y quitándole a ella también la ropa […], cogiéndole de las manos y la cabeza […] constituye una situación de intimidación ambiental, y por ello resulta creíble que la menor, por su falta de madurez y sorpresa, no supiese reaccionar, quedándose bloqueada, y paralizada, temiendo que si se negaba los tres acusados pudieran reaccionar en forma violenta».

Sin embargo, la sentencia del TSJCyL sostiene que «la menor subió al piso voluntariamente con uno de ellos» (el de 24 años, con quien había mantenido contacto previamente por teléfono y redes sociales) y, añade:

«Mientras que los condenados insisten en que no ocurrió nada anormal,  [la menor] relata que fue un momento al cuarto de baño y cuando volvió, los tres, que estaban desnudos y con la luz apagada, le despojaron de su ropa a excepción de las bragas. A continuación, les masturbó y les hizo una felación, volviendo inmediatamente al cuarto de baño para enjuagarse la boca, en la que uno de ellos había derramado su semen, encontrándose en el pasillo [con uno de ellos], con el que se introdujo en su habitación y, sin oponer resistencia, tuvo una relación sexual completa una vez que este se colocó el preservativo».

Esta descripción de los hechos difiere también de la realizada por la audiencia provincial burgalesa, que decía así en el apartado de «Hechos probados»:

«Que estando solamente en el salón la menor y los tres acusados, los cuales eran conocedores de su minoría de edad, alguno de ellos apagó todas las luces de la estancia, se desnudaron, ante lo cual fue al baño, regresando con posterioridad y sentándose en una esquina del sofá. Los acusados procedieron a desnudarla, quitándole la ropa, salvo las bragas. Ella cruzó los brazos y no supo cómo reaccionar, quedándose paralizada, procediendo los acusados a cogerla de las manos para que les masturbase, y, posteriormente, sujetándole la cabeza para que les hiciera una felación a cada uno de ellos, llegando uno (sin determinar) a eyacular en la boca de la menor, ante lo cual, y sintiendo asco, fue al baño que se encontraba al final del pasillo para escupir».

Así, sendos tribunales tienen disparidad de criterio en cuanto a la actuación de la menor. La sentencia del tribunal superior considera que «la declaración de la menor goza de plena credibilidad en cuanto a la realidad de los hechos ocurridos en el salón del piso, pero carece de ella en cuanto a la forma en que se produjeron». Es decir, establece que lo ocurrido es cierto, pero no considera probado que ella actuase por miedo (o intimidación ambiental).

¿Y en qué difieren estos dos tribunales? En el testimonio de la menor. Ambas sentencias señalan que la víctima incurre en contradicciones: no en el relato que ofrece en su declaración, sino en el relato que cuenta de manera diferente a amigos y familiares.

Así, el fallo de la Audiencia Provincial sostenía:

«No miente sobre los hechos expuestos, solamente que teniendo un sentimiento de culpabilidad por lo acontecido en el piso de los acusados, no deseaba que aquellos conocidos, con los que tenía menos confianza, supieran la verdad de lo ocurrido, de tal forma que optó por decirles que había realizado los actos sexuales de forma voluntaria, e incluso alardeara de ello. Sin embargo ante aquellas personas y familiares con los que tenía mayor confianza, mantuvo que los actos sexuales no habían sido consentidos por ella».

Este tribunal alega que: «Si bien dicha disparidad de versiones podría servir para invalidar su testimonio, debemos atender a su grado de madurez, que como manifestó la psicóloga, se correspondía con la de una persona de 13 años, la cual se encontraba totalmente influenciada por las redes sociales y la imagen que pretendía mostrar de ella. Así deseaba aparentar mayor edad y ser considerada como una mujer adulta y con experiencia sexual».

Por último, la Audiencia Provincial de Burgos alegó que la menor fue coherente en la manera en que relató los hechos a sus seres queridos:

«En primer lugar se lo contó a sus hermanas, las cuales prestaron declaración en la fase de instrucción ante el equipo psicosocial, y quienes a pesar de su corta edad, entre 12 y 13 años, fueron coincidentes en la versión que les contó su hermana, incluso refirieron que le vieron moratones en los brazos y en la zona de la espalda, no constando suficientemente acreditado la forma en que se pudieron producir: si por la actuación de los acusados o por la propia denunciante al tratar de protegerse con sus brazos».

La misma prueba pericial psicológica es entendida de otra manera por el TSJCyL. Así, los jueces interpretan que las contradicciones se deberían a que, al trascender el escándalo, pudo ser «el miedo a la reacción de sus padres lo que la llevó a modificar la [versión] mantenida primeramente ante sus amistades». Y la sentencia de este tribunal añade:

«Únicamente así podría explicarse la contradicción entre esta versión inicial con la que va elaborando, al recapacitar en cómo iba a ser valorada su actuación en su entorno familiar, pasando a ofrecer otra en la que, sin negar los hechos, cambia radicalmente la forma en que ocurrieron».

«Llama la atención que otro de los motivos que expone este tribunal para afirmar que la menor sí consintió este acto sexual es que había tenido una relación sexual previa», explica a Newtral.es María Acale, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz e investigadora en materia de violencia de género.

La sentencia del tribunal autonómico explicita: «El informe psicológico médico forense relativo a la menor recoge que había tenido anteriormente una relación afectiva con una primera relación sexual».

«¿El consentimiento en materia sexual es una patente de corso? Y si hilamos un poco más fino: ¿que ella consintiese subir al piso y tener relaciones sexuales con uno de ellos legitima cualquier acto de contenido sexual que sea practicado? La respuesta es que no», analiza María Acale.

«Desde mi punto de vista, este sentencia introduce manera velada los denominados mitos de la violación. ‘¿Qué hizo la víctima antes?’. Irse voluntariamente a casa con uno de ellos. ‘¿Qué hizo la víctima después?’. Intercambiar mensajes, contarlo a terceras personas», apunta Lucía Avilés. Por ello, esta magistrada señala que «esta decisión traslada, de nuevo, la responsabilidad a la víctima para establecer los límites ante una imposición sexual».

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¿Por qué las penas por abuso son de tres y cuatro años?

Otro de los puntos claves de esta sentencia es el grado de inmadurez observada en los acusados y que el tribunal ha considerado «una atenuante muy cualificada», tal y como señala a Newtral.es Patricia Faraldo, catedrática en Derecho Penal en la Universidad de A Coruña.

El Código Penal en su artículo 183 establece que realizar actos de carácter sexual con una menor de 16 años constituye un delito de abuso sexual. Cabe aclarar que esta última sentencia sostiene que la menor consintió. Se considera abuso sexual porque el consentimiento de una menor de 16 años no tiene relevancia jurídica. Es decir, que si hubiese tenido 16 años o más, todos los acusados habrían quedado absueltos.

Según el citado artículo del Código Penal, si el acto de abuso sexual a un menor consta de penetración, las penas de cárcel son de entre ocho y 12 años. ¿Por qué entonces han sido condenados a tres y cuatro años de cárcel los acusados de 22 y 24 años respectivamente, y uno de ellos absuelto?

En primer lugar, el acusado de 19 años ha sido absuelto porque el tribunal ha considerado que existe simetría de edad y grado de madurez entre él y la menor. Es decir, el tribunal ha aplicado el artículo 183 quater del Código Penal, que indica que quien comete un delito contra la libertad sexual de una menor podría quedar exento de responsabilidad penal «cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez». Por tanto, queda absuelto de cualquier delito.

No es así en el caso de los otros dos acusados. Para ellos, el tribunal no ha apreciado que hubiese tal simetría como para aplicar el artículo 183 quater que les eximiría de cualquier delito. Pero sí han tenido en cuenta que, en ambos, existía cierto grado de inmadurez que le aproximaban psicológicamente a la edad de la víctima (el tribunal califica esta simetría de «relativamente próxima»).

Así, para estos dos casos han aplicado una «atenuante muy cualificada» que rebaja la pena hasta en dos grados: «La prueba pericial practicada en instancia determinó que había una diferencia de edad psicológica, además de la biológica. Ahora, este tribunal, con el mismo informe pericial, interpreta la prueba de otra manera. Por tanto, no hay una prueba diferente, sino un cambio de valoración», apunta la catedrática María Acale.

«La vía por la que el tribunal mete esta atenuante de proximidad en edad y madurez es correcta», apunta Patricia Faraldo. «Sin embargo, llama la atención que se aprecie en un caso en el que ella tiene 15 y ellos 22 y 24. Hay siete y nueve años de distancia, respectivamente», añade esta catedrática. Además, analiza Faraldo, «la argumentación que emplea el tribunal para acogerse a la inmadurez de estos dos sujetos es que tratan el sexo como si fuese un juego».

Esta catedrática hace referencia al párrafo de la sentencia que dice: «Se comprueba, vistas las comunicaciones cruzadas entre ambos y con amigos de edades similares, las declaraciones de todos ellos y el lenguaje soez que emplean al tratar temas de contenido sexual, que hay un contexto común a la hora de banalizar las relaciones sexuales, convirtiéndolas en un simple divertimento o juego sin trascendencia que denota una falta de madurez».

Por otro lado, el informe médico forense realizado a los acusados de 22 y 24 años «se muestra particularmente cauto a la hora de evaluar el grado de madurez», tal y como recoge la sentencia. «Si bien los considera dentro de la normalidad en todas sus capacidades, cognitivas, sociales y personales, advierte que no existe ninguna técnica específica por parte de la psicología forense para llevar a cabo una evaluación de la madurez en la toma de decisiones», concluye el fallo judicial.

¿Y por qué los otros dos tienen penas de cárcel diferentes?

Al acusado de 22 años le han condenado a tres años de cárcel y al de 24, a cuatro años de prisión. Esta diferencia en la pena (por el mismo delito, abuso sexual) es, precisamente, por la diferencia de edad. Tal y como lo explicita la sentencia, la condena de un año más al acusado de 24 años se debe «a su mayor edad» y a que fue quien ejerció «una suerte de liderazgo sobre los demás, manifestado en las especiales relaciones mantenidas a través de las redes sociales con la menor».

Respecto a las penas, María Acale señala que «la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos era razonable en sus argumentaciones, pero la pena [38 años de cárcel cada uno] era excesiva«. «¿Cómo es posible que por homicidio se castigue de 10 a 15 años pero, en este caso, por las reglas concursales, se llegase a imponer 38 años? Creo que esto visibiliza un Código Penal embrutecido y muy punitivista», añade la catedrática en Derecho Penal.

La abogada penalista Laia Serra comparte esta visión: «Además de ser una pena excesiva, es que no sirve para nada. Las víctimas de violencia sexual buscan, casi siempre, un reconocimiento de la verdad«.

Acale aboga por «una pena menos prolongada en el tiempo pero más aprovechada, en la que se garantice la participación en programas de tratamiento a agresores sexuales». «Dejando claro que lo que se debe pedir no son más años de cárcel, la argumentación del TSJCyL se podría haber limado mucho mejor», concluye.

¿Qué ocurre con el delito de cooperación necesaria?

Al eliminarse la intimidación ambiental, se elimina también la cooperación necesaria (delito tipificado en el artículo 28 del Código Penal) porque se entiende que la intimidación va ligada a la cooperación: no existe el uno sin el otro. Sin embargo, tal y como expresa Patricia Faraldo, «el tribunal podría haber apreciado la agravante de actuación conjunta y no lo ha hecho».

¿Es sentencia firme?

No, no es sentencia firme. «La defensa legal de la víctima puede recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo. En ese sentido, el camino jurídico sería el mismo que en el del caso de la Manada de Pamplona: primero una audiencia provincial [máximo órgano jurídico en una provincia], después un tribunal superior [máximo órgano jurisdiccional en una comunidad autónoma] y, por último, el Tribunal Supremo [órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional]», apunta María Acale.

Cabe añadir que tanto durante el juicio en la Audiencia Provincial como durante la fase de apelación en el TSJCyL, la Fiscalía mantuvo su acusación por agresión sexual.

3 Comentarios

  • Newtral ya no se dedica a desmontar bulos, si es que lo ha hecho alguna vez. Ahora los esparce abiertamente, sin preocuparse de que nadie se los desmonte a él. «Tesquiya» ministerio de la verdad

  • Puestos a recoger reglas jurídicas que no existen, y menos en el derecho penal, como la tontería esa de la perspectiva de género ¿por qué no la perspectiva de la infancia para todo menor de 14 años que afirme que su familiar x ha abusado de él?, ya que la mayor parte de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se dan entre las familias y víctimas menores. ¿o la perspectiva del trabajador que afirme que su empresario le explota, es un negrero, no le permite ejercer su libertad sindical, le obliga a trabajar en condiciones absolutamente penosas etc?. Así directamente todo aquel que se vea acusado de cualquiera de estos delitos (abuso a un menor con prevalimiento familiar, delitos contra lo derechos de los trabajadores etc) le podemos condenar sin casi pruebas, simplemente con cualquier tipo de testimonio por muy endeble y contradictorio que este.
    De verdad, la de tonterías que hay que oir y leer.

  • Miopía jurídica??? Vaya gilipollez para querer decir que la presunción de inocencia desaparezca para todo aquel que se vea acusado por una fulana. Yo creía que la justicia es ciega y determina los hechos en base a las pruebas y después los califica como corresponda. ¿Qué cojones es eso de la perspectiva de género, en que manual de derecho viene? En cambio la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA es esencial en todo Estado de derecho y el principio indubio pro reo también, si de una prueba no se puede inferir claramente un hecho incriminatorio ello no puede servir para enervar la presunción de inocencia. Payasas!!! Que sois todas esas feminazis unas payasas!!!!

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