El Patronato de Protección a la Mujer fue una red de centros de internamiento —también llamados reformatorios, o correccionales— cuyo objetivo declarado era “velar por la moralidad pública, especialmente la de la mujer”. En la práctica funcionó como un instrumento de control y represión del comportamiento femenino, encerrando a las mujeres que desafiaban de alguna forma el modelo franquista de “buena mujer” o de “mujer decente”.
Así, en connivencia con la Iglesia, el franquismo ideó un sistema para redirigir la conducta de aquellas mujeres, muchas de ellas menores de edad, que eran consideradas socialmente peligrosas. Como explica la historiadora Carmen Guillén, cuya tesis doctoral versa sobre el Patronato y acaba de publicar el ensayo Redimir y adoctrinar (Crítica), “fue una cárcel moral solo para mujeres, pero en la que se entraba sin haber cometido un delito como tal, sin haber pasado por un juicio y sin ningún tribunal al que apelar”.
El Patronato, que estuvo en funcionamiento desde 1941 hasta 1985 y que era gestionado por órdenes religiosas, era una cárcel para pecadoras y descarriadas. Guillén ha encontrado expedientes en los que constaban motivos como los siguientes: “Suspira demasiado por los hombres”, “conoció a un músico de una comparsa de Marisol y se echó a perder” o “le gusta dar paseos en bicicleta con otros hombres”. En palabras de la historiadora, “la mayor parte de denuncias procedían de las propias familias” que podían considerar un síntoma de rebeldía o de inmoralidad prácticamente cualquier conducta: irse de casa, quedarse embarazada fuera del matrimonio, no querer entregar una parte del sueldo, ser malhablada o vestir con minifalda.
Las jóvenes que iban a ser internadas en esta institución pasaban primero por el Centro de Observación y Clasificación (COC). El objetivo, explica Carmen Guillén, era evaluar “si eran más o menos peligrosas desde un punto de vista moral” con pruebas psicológicas pero también con exámenes ginecológicos para ver si eran vírgenes o no —y clasificarlas, en consecuencia, como “enteras” o “incompletas”—. En función del resultado, las destinaban a uno u otro centro. Las chicas que se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio eran ingresadas directamente en las llamadas maternidades del Patronato.
Qué era el Patronato y quién lo gestionaba
Esta institución se convirtió en la heredera del antiguo Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas (1902-1931), recuperada por el franquismo en 1941. Dependiente del Ministerio de Justicia y actuando en coordinación con la Dirección General de Seguridad y el Tribunal Tutelar de Menores, entre sus cometidos se contemplaban acciones “preventivas y redentoras”, así como la elaboración de informes sobre moralidad pública, controlando aspectos como el ocio, la sexualidad o la autonomía reproductiva.
Como señala Zoé de Kerangat, profesora de Historia contemporánea en la UNED, “las órdenes religiosas fueron entidades esenciales para la gestión y el funcionamiento de los centros del Patronato como las Adoratrices y las Oblatas, así como las Cruzadas Evangélicas, las Religiosas Buen Pastor y las Terciarias Capuchinas, entre otras”.
Las monjas dirigían y coordinaban estos centros en los que, como han relatado las supervivientes, eran habituales la tortura y las vejaciones tales como tener que hacer cruces en el suelo con la lengua, fregar estancias del centro durante horas y horas, ser encerradas en celdas de aislamiento varios días o someterlas a electroshock en psiquiátricos. Pero las supervivientes también han denunciado explotación laboral y adopciones forzadas, además de haber casos documentados de suicidios o de muertes en extrañas circunstancias, como la de Inmaculada Valderrama, de tan solo 14 años.
El Patronato de Protección a la Mujer no terminó con la muerte de Franco, sino que siguió funcionando en plena democracia. Fue en 1985, una década después del fallecimiento del dictador, cuando se puso fin a esta red de represión femenina con un real decreto.
