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Emergencia climática ‘en funciones’
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Emergencia climática ‘en funciones’

Madrid acogerá la Cumbre del Clima con un gobierno en funciones, una Ley de Cambio Climático sin aprobar y un Plan de Energía con un texto definitivo por enviar a Bruselas. Los futuros pactos tendrán que dilucidar el futuro modelo desde posiciones enfrentadas.

Partidos políticos y clima | M.V.

No llega a un minuto la suma del tiempo que los candidatos a presidir España han dedicado algo que sonase a emergencia climática en sus primeras palabras en la noche electoral. Prácticamente el mismo minutaje que en el debate de los líderes de los partidos en el debate previo. ¿Cuánto pesará el clima en los futuros pactos?

El encaje de la transición ecológica en una futura negociación puede ser motivo de choque entre formaciones –incluso– teóricamente afines, opina la experta en políticas del clima Miriam Zaitegui (@MZaitegui). «Ante la distribución actual del parlamento el consenso va a ser tan difícil como necesario para prácticamente todo», señala esta bióloga desde la fundación Ecodes.

A tres semanas del arranque de la Cumbre del Clima de Madrid (COP-25), España aún no ha aprobado una normativa de emergencia climática. El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) fue sellado en febrero por el Consejo de Ministros en lo que era uno de los puntos más coincidentes entre los postulados de PSOE y Unidas Podemos de cara a pactos.

«La transversalidad de la ecología en políticas es clave. No hay otra forma de afrontar los problemas de calidad del aire y cambio climático», explica Zaitegui, en relación a posibles convergencias programáticas entre PSOE y «Más País-Equo y Podemos», en particular. 

Ahora, en un limbo, España llega a la cumbre sin la principal herramienta que le permitirá cumplir con los objetivos de los acuerdos de París de 2015. El borrador de anteproyecto está dentro de los compromisos en el seno de Naciones Unidas y, legalmente, con la Unión Europea respecto a la descarbonización de la economía de cara a 2050.

Pero, la primera emergencia a la que se enfrenta el ministerio de Teresa Ribera es la organización de la propia cumbre que, por otro lado, seguirá presidida por Chile. Este lunes postelectoral, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Decreto Ley para celebrar la Conferencia sobre Cambio Climático, donde se deja claro que tendrá que tirar de la financiación del sector privado:

El modelo energético, primer choque

Mire el candidato a ser investido presidente a su derecha o a su izquierda, basta repasar los programas de PSOE, PP y Unidas Podemos para ver que en el modelo de producción y consumo energético del futuro hay algunas posiciones antagónicas. En el tablero de los pactos, la formación morada ha puesto la creación de una empresa pública de electricidad para competir con «el oligopolio privado».

Ese «oligopolio privado» también es el propietario de la producción térmica-carbón y nuclear española, otro de los frentes del partido de Pablo Iglesias y Juantxo Uralde, su recién elegido diputado por Álava y exdirector de Greenpeace España. La formación quiere ver cerradas las centrales antes de cuatro y cinco años, respectivamente.

Ni PSOE ni PP se plantean semejante ambición y, aunque los socialistas sí están dispuestos a negociar un calendario de cierre de plantas atómicas, su horizonte es llegar a 2030 con un 74% de producción eléctrica renovable.

El PP hace hincapié en que el mix energético garantice la producción «sin renunciar a tecnologías que aún son útiles», buscando reducir el precio de la luz a 40 años vista «aprovechando las renovables que ya son competitivas». Los populares apuestan por un «pacto de estado para un mix energético estable» de las próximas cuatro décadas.

La cuestión es que tampoco hay consenso definido en cuanto al modelo renovable. Ni entre los políticos ni entre los técnicos. «No es una solución económicamente viable instalar tal cantidad de producción renovable (parques solares o eólicos) que compense lo que no está produciendo una nuclear a corto plazo», señala a Newtral el doctor en Ingeniería Nuclear Alfonso Barbas, miembro de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Energía nuclear y cambio climático | Ilustración: M.V.

Nuclear en tiempos de emergencia climática

Los defensores de la energía nuclear esgrimen sus bajas emisiones de CO2. Los antinucleares creen que mantener las centrales condena el despliegue renovable y sostendrá un ritmo producción-consumo de energía insostenible para el planeta.

Del otro lado, las principales organizaciones ecologistas creen que no se trata de sustituir una planta nuclear por otra megainstalación ‘renovable’. Desde Greenpeace, su director ejecutivo y sucesor de Uralde, Mario Rodríguez, sostiene que el objetivo de cierre nuclear de 2024 es perfectamente factible, pero con la vista puesta «a producir y consumir menos».

La futura Ley del Clima sí contemplará un Plan de Acción hasta 2021 para la reactivación de comarcas afectadas por el cierre de minas, centrales térmicas de carbón y las nucleares de Garoña (Burgos) y Zorita (Guadalajara).

Greenpeace publicó un comparador de programas verdes para las anteriores elecciones de abril, en el que PSOE era el que salía mejor parado, seguido de Podemos.

Esta vez, la organización ecologista ha preferido no hacerlo. «Son necesarias medidas radicales«, que pasen por reducir la producción y la demanda energética. Puede que, en general «se haya reaccionado pero no la velocidad suficiente», explica Rodríguez a Newtral.

Soberanía energética. ¿Produces tú o producen ellos?

Un ejemplo del peso potencial que tendrá la normativa que salga del nuevo ejecutivo: En un país con más de 2.500 horas de sol al año de media, la instalación de fotovoltaica, disparada en 2008, se derrumbó con los decretos que impusieron peajes solares y excluían el autoconsumo colectivo.

Fueron los tiempos del famoso impuesto al sol, tal y como se bautizó, impulsado por el ministro Soria y que, en realidad, eran dos decretos que supusieron un bandazo para el modelo español. ¿Podría volverse a dar un volantazo legislativo así?

Ahora, con una regulación clara del autoconsumo, colectivos como Aniper, que siguen enzarzados en una batalla legal por recuperar sus inversiones, destacan que los precedentes siguen dejando a España en una situación de inseguridad jurídica. ¿Qué saldrá de una futura negociación de gobierno?

Desde Ecologistas en Acción, su responsable de Emergencia Climática, Javier Andaluz (@javyvy), explica que hay dos caminos: o fomentar que grandes empresas instalen parques solares y concentren la producción en puntos concretos, o se deje a la ciudadanía que aproveche sus azoteas para producir su propia energía.

Si esto último se generaliza, a su juicio, frenaría las tentaciones de un eventual gobierno de revertir el autoconsumo. «Recuperar la soberanía energética».

Pese al que ese concepto marque distancias entre las formaciones progresistas, Zaitegui no ve que «entre PSOE y Podemos haya nada necesariamente irreconciliable en materia climática. Pero con el PP, la gestión de la transición energética del anterior gobierno [popular] y del PSOE han sido totalmente opuestas». 

España podría ser una potencia solar mundial y, de hecho, lo fuimos. Sólo cabe que gobierno y oposición se pongan de acuerdo.

David Vieites, investigador del CSIC/MNCN

Otro de los expertos consultados por Newtral, el biólogo e investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales David Vieites, cree que «España podría ser una potencia solar mundial y, de hecho, lo fuimos; tenemos la única esperanza de que gobierno y oposición se pongan de acuerdo [respecto al modelo]».

Electrificación del transporte: más acuerdo, pero no en los tiempos

El pasado febrero se presentó con retraso el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), el documento técnico que permitirá a España cumplir con las exigencias de la Comisión Europea en el marco de las descarbonización de la economía que exigen los acuerdos de París.

Coche eléctrico recargando. | PxHere
Coche eléctrico recargando. | PxHere

Fue presentado públicamente el pasado febrero por Pedro Sánchez, quien dijo que no se permitiría la venta ni matriculación de ‘coches fósiles’ a partir de 2040, ni siquiera los híbridos.

Pero, lo que en un principio cayó como una bomba entre los fabricantes, terminó por apaciguarse al confirmar la patronal ANFAC que el compromiso de Industria era el de una «larga convivencia» entre coches fósiles y eléctricos. España no puede, unilateralmente, prohibir esas matriculaciones en el seno de la UE.

En la actualidad, alrededor de un 27% de las emisiones de CO2 provienen del transporte por carretera o ciudad. Los vehículos con etiqueta CERO no emiten dióxido de carbono. Los ECO –híbridos no enchufables o de gas–, no.

Pese a que la fecha de para la ‘desfosilización’ de los coches nuevos para 2040 ha quedado en un limbo, «sería mucho mejor si se adelantara, entre 2028 y 2035«, dice Zaitegui. «Se mandaría un mensaje a la industria para que apueste por una dirección alejada de los combustibles fósiles».

Si la del PNIEC representa la posición del Gobierno socialista, el PP quiere seguir apoyando al gas natural en paralelo al eléctrico, con redes de recarga. Unidas Podemos es el más ambicioso: propone un 70% de vehículos eléctricos en apenas 10 años, lo que supondría una transformación de las cadenas de montaje españolas.

El 27% de las emisiones de CO2 en España vienen del transporte. El PNIEC prevé 5 millones de coches eléctricos en 2030.

«La mitigación de las emisiones, según los modelos manejados, sólo se consigue con la electrificación renovable». Así de clara se muestra Isabel del Olmo, Jefa de Departamento Movilidad Sostenible y Ciudad del IDAE. Para esta ingeniera y química, que participó en el último Madrid Summit sobre movilidad sostenible desde las empresas, es factible que en 2030 contemos con 5 millones de vehículos eléctricos.

«Es un plan ambicioso, pero ojalá la realidad lo supere. También hacen falta inversiones en infraestructura, y aquí entran tanto fabricantes de automóviles como las compañías energéticas, que son las que finalmente van a suministrar la materia prima», añadió el pasado viernes el secretario de estado de Energía, José Domínguez Abascal, quien añadió que remitirían el texto definitivo del PNIEC a Bruselas «en las próximas semanas».

Las cifras del Plan de Energía y Clima

• 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990.

• 42% de renovables sobre el consumo total de energía final, para toda la UE.

• 39,6% de mejora de la eficiencia energética.

• 74% renovable en la generación eléctrica. 100% en 2050.

• 5 millones de vehículos eléctricos en 2030.

De manera paralela, el documento contempla una exigencia comunitaria: la extensión del modelo de Madrid Central o, incluso, la implantación de otros más ambiciosos. La creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en ciudades de más de 50.000 habitantes para 2030 es otros de los ejes del plan.

De Madrid Central,
a Madrid 360

Las medidas para cumplir con los objetivos de la calidad de aire propuestas por Almeida son menos restrictivas con el acceso en coche al centro. Bruselas las mira con lupa.

El Ministerio de Transición Ecológica pudo sacar pecho en junio con este borrador, después de que la Comisión Europea valorase este plan como el mejor de los presentados. Eso sí, destacando que prácticamente el resto había suspendido.

Para Zaitegui, el PNIEC tiene flaquezas, que parten de la inexistencia de una reforma fiscal verde. La experta destaca también el poco espacio para la agricultura (responsable del 12% de las emisiones en España).  «La Política Agraria Común (PAC) ha sido una de las responsables de que gran parte de España esté vaciada», dice la técnica de Ecodes.

En línea con las recomendaciones del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC), «hay que favorecer a pequeñas explotaciones agropecuarias frente a las grandes empresas intensivas». Para eso es, una vez más, necesario un consenso político.

Los tiempos de la política no son los del planeta

El gran problema ahora son los tiempos. Con un gobierno en interinidad durante 192 días, más los que se prolongue una negociación hasta que se forme un nuevo ejecutivo, se agotan los plazos formales y planetarios.

Valga como ejemplo Murcia, región donde ha triunfado Vox –con un discurso que, aunque aborda la descarbonización, cuestiona el origen humano del cambio climático–. En su territorio se ha manifestado marcadamente la vulnerabilidad ante la emergencia climática en episodios como el reciente florecimiento de algunos melocotoneros, la destrucción de la DANA, la crisis del Mar Menor o el riesgo de desertización e inundación de su costa.

El experto en economía y clima Mikel González-Enguino, del BC3 Research, cree que «con los planes climáticos que los países han enviado [no sólo a Europa sino] a Naciones Unidas, y suponiendo que se cumplan, estamos en camino de los 3ºC de aumento de temperatura respecto al nivel preindustrial». España tiene que dejar enviado su PNIEC corregido antes del 31 de diciembre.

Junto a Vieites, González-Enguino es uno de los 11.300 firmantes de un documento en que el mundo de la ciencia y la investigación reclama medidas drásticas y urgentes ante la emergencia climática, condensadas en seis puntos.

A juicio de González-Enguino y sus colegas, los políticos están llamados (sobre todo por la juventud) a hacer menos retórica y pasar más a la acción. La COP es una oportunidad para ello. Con lo hecho hasta ahora, vamos hacia «la desestabilización climática. No tenemos un minuto que perder».

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