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«¿Qué hay de lo mío?» Demandas sociales a la espera de un Gobierno
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«¿Qué hay de lo mío?» Demandas sociales a la espera de un Gobierno

Despenalizar la eutanasia o modificar el Código Penal para equiparar los abusos y las agresiones sexuales son demandas sociales a la espera de un Gobierno que no llega. Te explicamos los asuntos pendientes del próximo Ejecutivo

Fuente: Change.org

Andrea Köhler proponía en su ensayo «El tiempo regalado» que esperar es una manera de establecer jerarquías: quien espera está en clara desventaja frente a quien hace esperar.

«Condenar a esperar es una maldición, y el que condena nos tiene en su mano. Alguien [una persona, una institución] nos está imponiendo una medida temporal ajena, y lo más angustioso es que el tiempo que percibimos lo dirige otro. La espera es impotencia, y que no estemos en situación de modificar ese estado es una humillación que hace tambalearse al mundo. Por eso el que aguarda tiene a menudo la sensación de sufrir una injusticia», escribe Köhler.

Dos jornadas electorales después en un mismo año —28A y 10N—, algunas demandas sociales que han ido creciendo a la espera de la llegada de la estabilidad política han sido relegadas a un estado de espera indefinido. Algunas de ellas, promesas electorales que parte de la ciudadanía reclama a través de plataformas como Change.org con cientos de miles de firmas. La gobernabilidad, con su carácter excepcional, parece dejar en un segundo plano lo diario, lo cotidiano.

«¿Qué hay de lo mío?» como una pregunta que enunciada una y otra vez de manera individual construye una voz colectiva.

Despenalización de la eutanasia

Un millón de firmas para despenalizar la eutanasia | Fuente: Change.org

Un millón es el número de firmas que han logrado recabar varias personas en España que luchan por la despenalización de la eutanasia. Marcos Hourmann, el primer médico condenado en España por practicarla, es una de ellas. También Ángel Hernández —quien ayudó a morir a su mujer María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple—, así como la familia de Maribel Tellaetxe —enferma de alzhéimer—.

Tanto Hourmann como la familia de Maribel tienen sendas peticiones iniciadas; juntas han logrado superar el millón de firmas. El médico inició la suya justo después de que Ángel Hernández fuese detenido por ayudar a morir a su mujer. Los hijos y el marido de la ya fallecida Maribel la crearon en 2018, cuando la madre comenzó a empeorar. Maribel siempre había mostrado su deseo expreso de una muerte digna.

En un encuentro con Newtral, Ángel Hernández y Marcos Hourmann manifestaban su decepción por una inestabilidad política que retrasaba esta regulación legislativa, a la que el PSOE se había comprometido y que partidos como Unidas Podemos y Ciudadanos decían apoyar.

«Ángel y yo consideramos que es justo en este limbo sin Gobierno, en el que los políticos no dan la talla, en el que prometen y no hacen nada, cuando hay que apretarles. Otra vez no nos pueden fallar», explicaba Hourman. «Nosotros no estamos de vacaciones», respondía Ángel. A lo que Marcos añadía: «Exacto, nosotros no estamos de vacaciones, el dolor sigue, ¿cuántos más casos de dolor hay que esperar?».

Modificación del Código Penal para los delitos sexuales

Concentración feminista por la reforma del Código Penal | Fuente: EFE (Luis Tejido)

El caso de la violación grupal en Pamplona abrió el debate sobre el consentimiento. O más bien: sobre cómo la ausencia del mismo debería estar contemplato como un delito de violación en el Código Penal.

Desde 2016, el movimiento feminista ha desafiado el discurso hegemónico negando que la ausencia de consentimiento o de una negativa explícita implique que el delito sea menor o que este no deba ser considerado violación. Por eso se pide la equiparación de los delitos de agresión y abuso sexual.

Aunque esta demanda tiene trascendencia también a nivel político y judicial —partidos como el PSOE o Unidas Podemos se han alineado con esta solicitud, y también colectivos como la Asociación de Mujeres Juezas de España—, también se ha reflejado en la plataforma Change.org, donde en menos de una semana han logrado 325.000 firmas.

La petición nació justo después de que diese a conocer el fallo judicial por el caso de Manresa, por el que cinco hombres han sido condenados por abusar —y no agredir— de una menor de 14 años en estado de inconsciencia por la ingesta de alcohol.

A pesar de que el Partido Socialista ha reiterado en varias ocasiones su intención de modificar el Código Penal para que «solo sí sea sí» —y así evitar sentencias como la de Manresa o la primera sentencia de Pamplona—, la inexistencia de un Gobierno de momento mantiene esta demanda en standby.

No prescripción de los delitos de abuso sexual en la infancia

Miguel Ángel Hurtado entrega más de 500.000 firmas en el Congreso para que los delitos sexuales en la infancia no prescriban | Fuente: Change.org

Pablo Casado, Albert Rivera y Pedro Sánchez respondieron, en algún momento, a la petición de Miguel Ángel Hurtado, superviviente de abusos sexuales en la infancia. Su demanda pasa por modificar el Código Penal para que estos delitos no prescriban.

En 2018, el Gobierno socialista propuso crear una Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia por la que estos atentados contra los menores no empezasen a prescribir hasta cumplidos los 30 años y no los 18, como ocurre ahora.

Para afectados como Hurtado, esto sería insuficiente: «Las víctimas tardamos años en recuperarnos del daño causado, en sentirnos lo suficientemente fuertes como para poder enfrentarnos a nuestros verdugos. Para entonces, muchas veces ya es tarde y el delito ha prescrito», apuntaba. Por eso pedía que estos delitos no prescriban nunca o, de hacerlo, que sea a partir de los 50 años.

Organizaciones de protección a la infancia, como Save the Children, han respaldado esta demanda. Y como argumento, la asociación arroja un dato: solo un 15% de los casos de abusos son denunciados, pero se calcula que entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia.

Ratificación del Convenio 189 de la OIT para trabajadoras domésticas

Territorio Doméstico clama por la protección de las trabajadoras del hogar | Fuente: Change.org

En junio de 2018, el Gobierno socialista —recién llegado a Moncloa— anunciaba su intención de ratificar el Convenio 189 de la OIT (Organizazión Internacional del Trabajo) sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar.

Rafaela Pimentel lidera el movimiento Territorio Doméstico, que promulga la aprobación de este convenio y que lucha por conseguir más garantías de las mujeres que trabajan como limpiadoras y/o cuidadoras. Pimentel inició una petición en Change.org que cuenta con 123.000 firmas.

Los derechos del C189 que faltan en la legislación española son dos, según explica Rafaela Pimentel a Newtral: «Adoptar medidas eficaces de seguridad y salud laboral y condiciones igual de favorables que las que tienen los trabajadores en general en materia de Seguridad Social».

«Se estima que el 14,4% de los trabajadores cuenta en su casa con el apoyo de trabajadoras del hogar regular. En total, somos aproximadamente 2 millones, pero solo 435.000 de nosotras estamos afiliadas a la Seguridad Social. Cosas como esta tienen solución si España firma el Convenio 189», apunta la trabajadora doméstica en su petición.

La ratificación daría derecho a una prestación por desempleo —un derecho del que estas mujeres no gozan— pero también «se pondrían en marcha procesos de inspección de trabajo para asegurar que se cumplen nuestros derechos y para evitar las condiciones lamentables que están viviendo en España muchas empleadas del hogar», añade Pimentel.

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