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Radiografía de la violencia sexual: las denuncias por agresión y abuso con penetración aumentan un 30,7% en 6 años
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Radiografía de la violencia sexual: las denuncias por agresión y abuso con penetración aumentan un 30,7% en 6 años

Entre 2012 y 2018, las denuncias por violencia sexual grave —agresiones y abusos con penetración— han aumentado un 30,7%. Esta es la radiografía de los delitos contra la libertad sexual.

El caso de La Manada —los cinco hombres que violaron a una joven en las fiestas de San Fermín en 2016— no solo ha supuesto un precedente jurídico, sino que ha cuestionado los límites de la libertad sexual de las mujeres, asumidos como naturales: «No vuelvas sola a casa», «no te vayas con desconocidos», «avísame al llegar», «dile al taxista que espere hasta que entres al portal». La sentencia —favorable a la víctima y que condena a los agresores a 15 años de cárcel— ha vuelto inaplazable un debate que ya se venía advirtiendo, el del consentimiento, el deseo y la autonomía sexual femenina.

El miedo a que los cuerpos de las mujeres puedan ser usados sin permiso ni deseo es lo que la investigadora Nerea Barjola ha bautizado como «relato del terror sexual» en su libro Microfísica sexista del poder (Virus Editorial). Barjola, que es doctora en Feminismos y Género por la Universidad del País Vasco, analiza en el libro la narrativa construida a partir del crimen de Alcàsser, una especie de disciplina que viene a decir: «Chicas, la calle es peligrosa».

El informe oficial más completo que existe sobre los delitos contra la libertad sexual es el que elaboró el Ministerio del Interior con datos de 2012 a 2017 [consúltalo aquí]. El documento habla de delitos contra la libertad sexual y diferencia según la tipología penal, que en total son 11: abuso sexual, agresión sexual, agresión sexual con penetración, abuso sexual con penetración, pornografía de menores, exhibicionismo, corrupción de menores o personas con discapacidad, contacto tecnología menor de 16 años, acoso sexual, delitos relativos a la prostitución y provocación sexual.

En 2012, el total de denuncias por alguno de estos 11 delitos fue de 9.008, y en 2018, de 13.811, según datos del Ministerio del Interior recabados a través del informe de 2017 y del Portal Estadístico del año anterior. Esto supone un incremento del 53,3% en 6 años.

Antonio Andrés Pueyo, catedrático y profesor de Psicología y Criminología en la Universidad de Barcelona, los 4 primeros delitos —abuso sexual, agresión sexual, agresión con penetración y abuso con penetración— se aglutinan «bajo el paraguas de ‘violencia sexual’», que no es tanto una terminología jurídica, sino criminológica e incluso social.

De hecho, según el informe del Ministerio del Interior, en 2017 estos 4 delitos fueron los más comunes, suponiendo un 75% de las denuncias —el 25% restante correspondería a denuncias relativas a los otros 7 delitos—.

Gráfico elaborado por el Ministerio del Interior

La violación como término no está recogido en el Código Penal, sino que es «una noción que nos ayuda a nombrar una realidad: relaciones sexuales no consentidas», apunta Pueyo en conversación con Newtral. «Estos casos pueden ser más o menos extremos, por eso se habla de agresiones y abuso con y sin penetración a la hora de imponer una pena de cárcel», añade.

Estefanny Molina, abogada especializada en temas de género en la organización Women’s Link, explica a Newtral que «un código penal con perspectiva feminista no debería especificar si hubo o no penetración porque cualquier acto sexual no consentido es una forma de violencia contra las mujeres».

De los 11 delitos sexuales citados, los que se asocian a violación serían los de agresión y abuso (con y sin penetración). En 2012, hubo 6.732 denuncias por alguno de estos 4 delitos, y en 2018 fueron 10.727. Es decir, que en solo 6 años, las denuncias por violencia sexual se han incrementado en un 59,3%. Y si nos centramos solo en las agresiones y abusos sexuales con penetración, las denuncias también aumentan: un 30,7% entre 2012 y 2018.

El mayor incremento se observa entre 2016, 2017 y 2018, los años en los que la batalla contra La Manada se libraba en los juzgados gracias a la fiscal del caso Elena Sarasate. Hasta entonces, el crecimiento interanual de las denuncias —en los dos años anteriores a 2016— había sido de un 3,5%, pero en 2016 aumentó un 14,6%; en 2017, un 8,6% y en 2018, un 23,1%.

En 2019, según datos del primer trimestre del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior —los del segundo trimestre todavían no han sido publicados—, ha habido 3.576 denuncias por delitos contra la libertad sexual (11 en total). En 2018, entre enero y marzo, hubo 3.011 denuncias, lo que significa que en el primer trimestre de 2019 se han denunciado un 18,8% más de este tipo de delitos respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Hay más casos o se denuncia más?

La realidad es que ambos supuestos no son incompatibles, tal y como apunta el catedrático y criminólogo Antonio Andrés Pueyo. «Sabemos que hay más denuncias porque es un dato objetivable. Pero no sabemos si las violaciones han aumentado, han disminuido o se han estabilizado. No está nada claro y no habría que descartar ninguna de las opciones», añade.

Pueyo estima que «aunque las denuncias hayan aumentado, seguimos conociendo solo entre un 18 y un 20% de los casos». «Hay una gran ‘cifra negra’, que es el término que se usa en criminología, porque es violencia sexual que nunca sale a la luz. Este porcentaje de violaciones que no se denuncian corresponden, sobre todo, a aquellas donde el agresor es un conocido o un familiar. Por ejemplo, una agresión sexual en un piso de estudiantes. O en el matrimonio, que es uno de los grandes capítulos oscuros de la violencia sexual. Las agresiones que más se denuncian suelen ser porque los agresores son desconocidos o porque es de extrema gravedad y la víctima acude al hospital, que es quien alerta a la Policía», añade el psicólogo y criminólogo.

¿Y las agresiones grupales han aumentado? Es imposible saberlo. El Ministerio del Interior, de momento, no ofrece datos de agresiones y abusos especificando si ha habido un agresor o más. La abogada Estefanny Molina apunta que ahora «se habla más de ello y se denuncia más» porque hay «más concienciación». «El caso de La Manada ha supuesto un antes y un después», añade.

«Las violaciones en grupo han existido siempre, el caso de Sandra Palo (2003) es un ejemplo de ello. Además, mayoritariamente son cometidas por hombres jóvenes o incluso adolescentes. Como decía antes, es cierto que no podemos descartar que hayan aumentado, pero sí hay que tener en mente que no es un problema reciente», matiza Pueyo.

Según el documento del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual, los detenidos o investigados por estos delitos en 2017 fueron prácticamente todo hombres: un 98% en el caso de abuso sexual; 99% en el de agresión sexual; 99,5% en el de agresión sexual con penetración; y 97% en el de abuso sexual con penetración.

Gráfico elaborado por el Ministerio del Interior

Violencia sexual en el Código Penal

Actualmente, el Código Penal diferencia entre agresión y abuso sexual, y considera la penetración un agravante. En ninguno de los dos casos hay consentimiento por parte de la víctima, la diferencia radica en que en el primer caso (agresión) se emplea la violencia o intimidación, y en el abuso no —artículos 178 y 181.1—. La pena para la agresión sexual es de 1 a 5 años de prisión; y para el abuso sexual, «pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses».

El artículo 179 es el que contempla la agresión sexual con penetración o «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías», y añade que «el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 6 a 12 años». Y si hay penetración en caso de abuso, según señala el artículo 181.4, la pena de prisión irá de 4 a 10 años.

Sin embargo, estas condenas podrían aumentar si hay agravantes como «la actuación conjunta de dos o más personas», «el uso de armas» o el de «fármacos o drogas» que anulen la voluntad de la víctima, tal y como especifica el artículo 180.

Fuentes consultadas para la elaboración de este reportaje

Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España (2017)

Ministerio del Interior

Estefanny Molina, abogada especializada en temas de género de Women’s Link

Antonio Andrés Pueyo, catedrático y profesor de Psicología y Criminología en la Universidad de Barcelona

Microfísica sexista del poder, de Nerea Barjola

Código Penal

Portal Estadístico del Ministerio del Interior – Balances trimestrales de criminalidad

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