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Derechos reproductivos en cuarentena: así ha afectado una pandemia mundial al acceso al aborto
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Derechos reproductivos en cuarentena: así ha afectado una pandemia mundial al acceso al aborto

Este 5 de julio se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la ley que despenalizó el aborto en España, un derecho que se ha visto restringido en aquellos países donde no existe una legislación garantista al respecto

Imagen: Claudio Santisteban | Shutterstock

“¿Qué entendemos por crisis sanitaria?”, se pregunta Viviana Waisman, abogada especializada en derechos de las mujeres y fundadora de la organización Women’s Link Worldwide. Lo dice en referencia al COVID-19, la enfermedad que ha fagocitado los recursos sanitarios y políticos desde que fue declarada pandemia hace casi cuatro meses.

“En aquellos países donde no hay una ley garantista del aborto, las mujeres viven en una crisis sanitaria continua y permanente”, apunta Waisman en conversación con Newtral.es. Una forma de señalar que la interrupción voluntaria del embarazo también es un asunto de salud pública. 

En marzo, unas semanas después de que se declarase oficialmente la pandemia, Naciones Unidas (ONU) emitió un informe donde señalaba la importancia de tener en cuenta la salud sexual y reproductiva a la hora de realizar políticas públicas durante este tipo de crisis sanitarias: “La respuesta de emergencia al brote de COVID-19 también significa que los recursos para servicios de salud sexual y reproductiva pueden destinarse a la lucha contra el brote”.

Así, la propia ONU informaba en esta nota de que en algunos lugares de Estados Unidos, los servicios de interrupción voluntaria del embarazo se habían declarado no esenciales: “El grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas asegura que las órdenes de emergencia por el coronavirus, que suspenden los procedimientos que no se consideran médicamente indispensables, han sido utilizadas por estados como Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Luisiana y Tennessee para restringir el acceso al aborto”, señala la organización internacional en su comunicado. 

En algunos lugares, el cierre de fronteras ha impedido que las mujeres pudiesen viajar a países donde al aborto sí es legal para poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo; en otros, la batalla por regular este derecho parecía que cristalizaría en 2020; en España, donde este derecho se logró por ley en 2010, solo dos comunidades decidieron eliminar la obligatoriedad de tener que acudir en persona a un centro de salud antes de poder pedir cita para abortar.

España y el periodo de reflexión

El 5 de julio de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que eliminó del Código Penal el aborto fuera de tres supuestos: cuando fuera necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuese fruto de una violación y cuando el feto fuese a nacer con graves taras físicas o psíquicas. Es decir, que de 1985, momento en el que se despenaliza el aborto para estos tres supuestos, a 2010, abortar por decisión propia era un delito. 

Manifestación en España por el derecho al aborto | Imagen: Flickr PSOE

Esta legislación —que sacó adelante Bibiana Aído durante su etapa en el Ministerio de Igualdad en el Gobierno de Zapatero— permitía el aborto libre en las primeras 14 semanas

También quedaba recogido el derecho a abortar dentro de las primeras 22 semanas si existe “grave riesgo para la vida o salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto”; y en cualquier momento si se detectan “anomalías fetales incompatibles con la vida» o “cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable y así lo confirme un comité clínico”.

El artículo 14 de la ley de 2010 indica que “podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes”:

  • Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad
  • Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención

De este modo, cada vez que una mujer acude a un centro a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, los facultativos le dan el conocido “sobre”: una carta que contiene una guía titulada Políticas activas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad.

Tras recibir el sobre (cuya elaboración depende de cada comunidad autónoma), la paciente ha de esperar obligatoriamente al menos tres días para poder someterse al aborto, un periodo que la propia ley llama “de reflexión”. “Recibir esa información previa supone un traslado”, explica a Newtral.es Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). 

Esto, durante el estado de alarma, suponía una doble exposición al virus: una primera visita al centro sanitario para informar de su deseo de abortar y recibir el sobre, y una segunda al centro donde se le practicaría el aborto. “Desde ACAI pedimos al Ministerio de Sanidad esa cita, a partir de la cual ha de esperar tres días para poder someterse a la intervención, fuese vía telemática. Es decir, que recibiese el sobre pero sin necesidad de trasladarse”. García destaca «el logro que supone haber mantenido la prestación sanitaria del aborto provocado durante la crisis sanitaria con la misma seguridad y garantías».

“En la línea de que evitar traslados era importante para evitar la transmisión del virus, planteamos que se resolviera, circunstancialmente y en este momento particular, de esa manera”, apunta García. El Ministerio de Sanidad, tal y como asegura la presidenta de ACAI, “pasó la responsabilidad a las comunidades autónomas”: “Solo dos implementaron este proceso telemático: Cataluña y Galicia”.

Desplazarse a otras provincias para abortar

En España, además, no todas las provincias tienen centros acreditados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. En un análisis realizado por Newtral.es el pasado marzo, observamos que Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo y Cáceres no habían notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo entre 1988 y 2018, según los informes del Ministerio de Sanidad. Esto significa que las mujeres que lo han solicitado han sido derivadas a centros de otras provincias.

En referencia a esto, Francisca García confirma que durante el estado de alarma “hay mujeres que se han tenido que desplazar a otros territorios para abortar”: “Hemos tenido que dar autorizaciones en la época más dura del confinamiento para que las mujeres pudiesen desplazarse. Algunas tenían miedo a contagiarse, por lo que hay quienes incluso han demorado la intervención”.

En este sentido, Viviana Waisman, de Women’s Link, señala a Newtral.es que “la implementación de la ley en España puede mejorar”. “Cuando hay una crisis de estas características, es decir, sanitaria pero también económica y social, los derechos de las mujeres quedan en un plano secundario. La doble exposición al virus por el periodo de reflexión y por no tener un acceso igualitario en las diferentes regiones es un asunto que ni se ha mencionado desde el Gobierno”, añade Waisman. 

El cierre de fronteras: Andorra y Gibraltar

Tanto en Andorra como en Gibraltar, el aborto es un delito. En el caso de Andorra, el artículo 108 del Código Penal establece que “la mujer que se produzca el aborto o consienta que otra persona se lo provoque deberá ser castiga con pena de arresto”. En Gibraltar, la mujer que aborte dentro del territorio se enfrenta a la cadena perpetua, tal y como consta en el artículo 162 del Crimes Act (la legislación en cuanto a delitos en Gibraltar, el equivalente al Código Penal). 

María Salcedo, de 34 años, cuenta a Newtral.es que cruzó la frontera entre Andorra y España para abortar en la capital catalana. “Se lo conté a mi hermana, que estaba estudiando en Barcelona, y me dijo que en Andorra no podría abortar, que era delito. Yo ni siquiera lo sabía. Ella me prestó el dinero y me fui en autobús para abortar en una clínica privada”. 

Tan solo unos días antes de que comenzase la pandemia, el Gobierno de Andorra puso en marcha el Servicio Integral de Atención a la Mujer (SIAD), cuyo objetivo es “asegurar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar”, tal y como informan a través de un comunicado. A pesar de que el Gobierno no ha modificado el Código Penal para despenalizar el aborto, el SIAD contempla un servicio sobre la interrupción del embarazo: “Se ha definido un protocolo de actuación. Se realiza una primera entrevista donde se facilita la información relacionada con la demanda, que puede acabar con una derivación del caso, si procede”.

La andorrana Aurora Baena, de Acció Feminista, señala a Newtral.es que “es una manera de reconocer que las mujeres en Andorra quieren abortar pero sin dar garantías para ello”: “Dentro del territorio no se pueden practicar, por lo que a lo sumo informan a las mujeres de las clínicas de Barcelona a las que pueden ir. Igualmente, ellas se tienen que costear el procedimiento”. 

Según una nota de prensa publicada el pasado 1 de julio por el Gobierno de Andorra, en los primeros cuatro meses de su puesta en marcha (marzo-julio de 2020), el SIAD ha atendido a ocho mujeres. Solo especifican que las mujeres tenían edades comprendidas entre los 16 y los 36 años, pero no si las consultas estaban relacionadas con el deseo de abortar. 

“No quiero ni imaginar lo que habría sido quedarme embarazada con las fronteras cerradas. El SIAD ahora existe, pero tampoco sé si muchas mujeres lo conocen. Imagino que lo fácil es acudir a internet y ver qué solución puedes encontrar… Y eso es muy peligroso”, apunta María Salcedo. 

Irlanda del Norte: retrasos en la implementación de la ley

En el Peñón de Gibraltar, que aunque forma parte del Reino Unido dispone de plena autonomía excepto en cuestiones de defensa y asuntos exteriores, la batalla por la despenalización del aborto comenzó en 2018, después de que una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido declarase que la ley del aborto de Irlanda del Norte, idéntica a la de Gibraltar hasta 2019, era contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. Ni Gibraltar ni Irlanda del Norte contemplaban la posibilidad de abortar en casos de violación o cuando el feto tuviese alguna malformación. Solo se permitía cuando fuese necesario para salvar la vida de la madre. 

Irlanda del Norte, sin embargo, legalizó el aborto (y también el matrimonio igualitario) en octubre de 2019, una legislación que entraba en vigor el 31 de marzo de 2020 y que permite la interrupción voluntaria del embarazo sin condiciones hasta la semana 12, tal y como informa Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional también denunció que la pandemia había imposibilitado que la ley se llevara a cabo adecuadamente: “Debido a que estas normas son muy nuevas, ninguno de los servicios están implementados todavía, lo que significa que las mujeres siguen sin poder acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo”.

Manifestación en Irlanda del Norte por la despenalización del aborto | Imagen: Riccar/Shutterstock

“Su única opción es la misma que la de todos estos años, viajar a otras partes del Reino Unido. Pero esto ha sido casi imposible debido a que se han cancelado los vuelos”, añadía la ONG en su comunicado.

Gibraltar: un referéndum sobre el aborto aplazado por el COVID-19

En Gibraltar, el Gobierno anunció en julio de 2018 que iniciaría un proceso de consulta para un posible cambio sobre la legislación del aborto. En octubre de 2019, se aprobó celebrar un referéndum en marzo de 2020 para legalizar el aborto en determinadas circunstancias. Es decir, para hacer una enmienda en el actual Crimes Act que contempla como un delito el aborto en todas las circunstancias.

“Queremos una ley como la de España, o como la del resto del Reino Unido. No nos parece bien que los derechos humanos se sometan a referéndum”, explica a Newtral.es Sonia Duarte, activista por los derechos de las mujeres en la organización feminista Pro Choice Gibraltar.

Campaña de diferentes organizaciones feministas de cara al referéndum del 19 de marzo en Gibraltar | Imagen: cedida por Gibraltar for Yes

Duarte critica que el Gobierno no pretenda aprobar una nueva norma que garantice el acceso libre y gratuito al aborto: “Quieren hacer una enmienda y que no sea un crimen en casos de violación, malformación fetal y riesgo para la salud de la madre. Es decir, que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo por decisión propia van a tener que seguir cruzando la frontera”.

El referéndum debía celebrarse el 19 de marzo de 2020, pero debido al coronavirus, el Gobierno decidió aplazarlo. Todavía no se ha establecido una nueva fecha. “Tenemos miedo del rebrote por si eso sigue retrasando la celebración del referéndum. Y porque eso significaría otro cierre de fronteras. Si no podemos ir a Cádiz a abortar, acabaremos buscando maneras de abortar nosotras mismas en casa mirando en internet. Y eso es un riesgo muy grave para la salud”, apunta Duarte.

4 Comentarios

  • en Andorra existen 2 entidades de lucha por la legalización del aborto, stop violències y acció feminista. La primera, fué quien puso en el plano internacional la lucha por el aborto, hemos ido a la ONU y pesa sobre stop violencies dos denuncias por el activismo que llevamos a cabo. Pedimos que sean más rigurosas cuando hagan reportajes, ya que, aunque acció feminista hace un gran trabajo, es posterior a Stop violències y somos nosotras las que estamos batallando, dejándonos la piel por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Andorra.
    nosotras les hubieramos dado datos ya que tenemos una red de ayuda a las mujeres que quieren abortar.
    agredecemos infinitamente a las compañeras sororas y hermanas de acció feminista el que den voz a la falta de derechos que sufrimos las mujeres en Andorra. Ellas son nuestras hermanas. La reprimenda va para quien ha hecho este artículo con falta de rigor.

  • Siempre he apreciado esto periódico para sus seriedad y sus verificaciones de las informaciones.
    Por esto informo la periodista que Francisca García no es ginecóloga, como se puede comprobar en los colegios médicos..

  • No estoy de acuerdo con el aborto libre. Si con los tres casos que se planteo en la ley de 1985. Si estamos dispuestas/os a mantener relaciones sexuales hay que tener en cuenta que puede tener consecuencias. Todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias. Y es muy fácil, para quien no tenga muchos remordimientos, eliminar el problema con una pequeña ayuda médica. Y máxime cuando hay tantos remedios y al alcance de todos/as los que quieran usarlos y de manera gratuita. También hay que tener en cuenta que durante esta crisis se han paralizado muchas operaciones y tratamientos hospitalarios necesarios para las personas. Muchas ayudas a la dependencia se han paralizado y considero mas prioritario eso que abortar libremente. Siempre he pensado que si en los años 80 hubiera existido el aborto libre muchas/os de los que están ahora a favor de ello no existirían, pero tuvieron la suerte de que no era posible y pueden expresarse y hacer cosas en este mundo.

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