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El 91% de los abortos se han practicado en clínicas privadas desde 2010: una prestación sanitaria concertada
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El 91% de los abortos se han practicado en clínicas privadas desde 2010: una prestación sanitaria concertada

La ley del aborto de 2010 incluía esta práctica en la cartera de servicios sanitarios públicos. Sin embargo, desde ese año hasta 2018 —los últimos datos disponibles—, el 91% de los abortos —de media—se han practicado en clínicas privadas concertadas. Te lo explicamos con datos



La interrupción voluntaria del embarazo fue despenalizada en España en 1985, y en 1988 el Ministerio de Sanidad comenzó a publicar informes anuales con los datos procedentes de cada comunidad autónoma. El último documento disponible es el de 2018. Así, si analizamos la serie histórica de tasa de abortos por cada 1.000 mujeres en esas tres décadas —1988-2018— se observa un aumento continuado hasta 2008. A partir de entonces, el porcentaje de mujeres que abortan se mantiene entre el 1 y el 1,2% —es decir, entre 10 y 12 mujeres por cada 1.000—.

La ley de 1985 despenaliza el aborto por primera vez en España. Esta ley no era una regulación del derecho al aborto, sino una modificación del Código Penal. Con este cambio, la práctica dejaba de considerarse un delito en tres supuestos. Por tanto, no se hacía mención a que tuviera que estar en la cartera de servicios del sistema sanitario público, como sí lo haría la ley de 2010. El coste por intervención era de unas 30.000 pesetas, y se hacía mayoritariamente en clínicas privadas.

Si analizamos los informes publicados anualmente por el Ministerio de Sanidad —en relación a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) practicadas en España—, se observa que de 1990 —primer año del que hay datos— a 2009 —en 2010 ya entra en vigor la nueva ley—, el porcentaje de abortos en la privada, de media, es de 97,4%. Es decir, en dos décadas, la media de interrupciones voluntarias realizadas en la pública es tan solo del 2,6%.

El 5 de julio de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo —de la que se cumplen ahora diez años—. Esta legislación —que sacó adelante Bibiana Aído durante su etapa en el Ministerio de Igualdad— permitía el aborto libre en las primeras 14 semanas.

Esta ley establece que la interrupción voluntaria del embarazo es un servicio incluido en la cartera de prestaciones del sistema sanitario público. Tal y como indica el artículo 4 de la ley orgánica: «El Estado velará por que se garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplicación de esta Ley».

Sin embargo, en España, de 2010 a 2018, según datos del Ministerio de Sanidad, la media de abortos realizados en centros públicos es del 8,9%; es decir, el 91,1%% de las interrupciones voluntarias del embarazo se han llevado a cabo en clínicas privadas concertadas.

Nota: Para calcular los porcentajes de abortos en centros públicos y privados, hemos dividido los datos en dos periodos: de 1990 a 2009 (ambos años incluidos) y de 2010 a 2018 (ambos incluidos). Cabe aclarar que aunque en 2010 la ley entra en vigor en julio y, por tanto, antes de ese mes el derecho al aborto no estaría incluido como prestación en la cartera sanitaria, el informe de 2010 no desagrega los datos teniendo en cuenta este cambio legislativo. Por otro lado, aunque el Ministerio de Sanidad emitió informes en 1988 y 1989, los hemos descartado porque la metodología empleada para calcular los centros privados y públicos que han practicado abortos no es la misma que en los informes posteriores. A partir de 1990 y hasta la actualidad, los datos están desagregados siguiendo la misma metodología.

En el siguiente gráfico puedes ver los porcentajes anuales de abortos practicados en centros públicos y privados de 1990 a 2018. A partir de 2010, con la entrada de la nueva ley, hay que destacar que la gestante no paga por someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, es un servicio concertado que sufraga la sanidad pública.

[Lee el reportaje: Del delito al periodo de reflexión: abortar en España en los últimos 40 años]

Un servicio concertado tras la ley de 2010

En este gráfico mostramos aquellas comunidades autónomas donde el porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo es mayor en centros públicos a partir de 2010 —año en que entra en vigor la nueva ley—.

Nota: Los informes del Ministerio de Sanidad no desagregan los datos de abortos practicados en centros públicos y privados por provincias, solo por comunidades autónomas y a nivel nacional. Para analizar este porcentaje por comunidad autónoma, nos hemos ceñido al periodo de 2010 a 2018 porque es cuando entra en vigor la ley que incluye esta prestación en la cartera de servicios sanitarios.

Es relevante destacar que los informes del Ministerio de Sanidad no indican si el 100% de los abortos se realizan en las comunidades autónomas donde las pacientes solicitan este servicio. Es decir, con estos datos conocemos el porcentaje de abortos practicados en centros públicos y privados a partir de 2010, pero no significa que represente la totalidad de abortos solicitados en un territorio. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que haya abortos que, a pesar de haber sido solicitados en un determinado territorio, se hayan derivado a otras comunidades autónomas.

En este otro gráfico mostramos aquellas comunidades autónomas donde esta prestación se lleva a cabo mayoritariamente en centros privados. Es destacable que 11 comunidades autónomas, y Ceuta y Melilla, han realizado más del 94% de los abortos en centros privados, de media, desde que entró en vigor la ley de 2010.

¿Por qué es un servicio concertado en la mayoría de los casos?

Francisca García, ginecóloga especializada en interrupciones voluntarias del embarazo y presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), explica a Newtral.es que desde el inicio fue «una práctica estigmatizada». «Ya en el 85 los abortos se realizaban en clínicas privadas. Los médicos que se especializaron en esto, por tanto, estaban en el ámbito privado, no en el público. Cuando se aprueba la ley de 2010, esta dinámica ya estaba institucionalizada», añade.

García destaca el papel que jugaron los profesionales de las clínicas privadas, que decidieron «ejercer esta práctica a pesar de la inseguridad jurídica» y que, a su vez, «se especializaron en una práctica que requiere, precisamente, una especialización que la mayoría de profesionales del ámbito público no tienen».

Irmina Saldaña, médica de Atención Primaria y miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC), comparte con Francisca García que «es una práctica que requiere especialización, y así lo contempla la ley». Sin embargo, «no tiene prestigio profesional», añade en conversación con Newtral.es.

«Es importante que esté en la sanidad pública porque es el único modo de asegurar que no haya desigualdades territoriales. Ahora mismo muchas provincias dependen de que haya clínicas privadas con las que el gobierno regional pueda concertar el servicio. Pero ¿qué hacemos con las provincias en las que no hay centros privados?», apunta Saldaña. Esta médica señala que «aunque las mujeres ya no paguen por abortar, hay muchas que se tienen que desplazar a otras provincias; ese desplazamiento sí lo costean ellas».

Francisca García explica que «lo óptimo sería que fuese un servicio que se realizase en el ámbito público», pero matiza que para eso sería imprescindible que «hubiese profesionales sanitarios especializados tanto en aborto farmacológico como en instrumental, así como unidades multidisciplinares especializadas también». «No es cuestión de que el 100% de interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la pública si eso implica hacerlo a cualquier coste y perder calidad en el servicio. Desde ACAI hemos ofrecido, incluso, ser los profesionales que nos dedicamos a esto quienes formemos a facultativos del ámbito público, pero nadie ha recogido el testigo de momento», concluye la ginecóloga.

Metodología

Newtral.es es ha analizado los 31 informes disponibles en el Ministerio de Sanidad que recopilan las cifras de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) realizadas en España desde 1988 hasta 2018 (último año publicado).

Aunque la práctica del aborto se despenalizó en julio de 1985 en tres supuestos —violación, riesgo para la salud física o psíquica de la gestante, y malformación del feto—, el Ministerio no cuenta con las cifras de IVE correspondientes a los tres primeros años en los que esto era posible en España: mediados de 1985, así como 1986 y 1987.

¿Cómo se han recopilado los datos?

Para analizar los informes que el Ministerio de Sanidad publica anualmente en formato pdf sobre esta materia, estos han sido convertidos a uno reutilizable (csv) por el equipo de Newtral.es. Esto ha sido posible a través de la herramienta Tabula. Tras la conversión, las cifras han sido comprobadas para corregir posibles errores de traslación de datos.

Criterios metodológicos

Para calcular los porcentajes de abortos en centros públicos y privados, hemos dividido los datos en dos periodos: de 1990 a 2009 (ambos años incluidos) y de 2010 a 2018 (ambos incluidos). Cabe aclarar que aunque en 2010 la ley entra en vigor en julio y, por tanto, antes de ese mes el derecho al aborto no estaría incluido como prestación en la cartera sanitaria, el informe de 2010 no desagrega los datos teniendo en cuenta este cambio legislativo.

Por otro lado, aunque el Ministerio de Sanidad emitió informes en 1988 y 1989, los hemos descartado porque la metodología empleada para calcular los centros privados y públicos que han practicado abortos no es la misma que en los informes posteriores. A partir de 1990 y hasta la actualidad, los datos están desagregados siguiendo la misma metodología.

En el caso del gráfico «Abortos en centros públicos», hemos omitido el caso de Navarra porque hemos encontrado datos contradictorios en varios años en relación a esta comunidad autónoma. Hemos consultado con la Consejería de Salud de Navarra pero de momento no hemos obtenido respuesta.

[Este reportaje forma parte de un monográfico sobre el derecho al aborto en España. Puedes leer también: «Del delito al periodo de reflexión: abortar en España en los últimos 40 años» y «Hasta 8 provincias españolas no han practicado abortos en 30 años» |«Cuando las mujeres alegaban problemas de salud psíquica para poder abortar con la ley de 1985»]

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