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La inhabilitación del President: un proceso sin precedentes… y sin un camino claro
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La inhabilitación del President: un proceso sin precedentes… y sin un camino claro

¿Torra es o no es president de la Generalitat? ¿Qué implica que le hayan retirado el acta de diputado? ¿Cómo se destituye al jefe del Govern?

Con una sentencia por desobediencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la mesa, y después de que el Parlament de Cataluña retirara su escaño como diputado a Quim Torra, la oposición asegura que ya no es jefe del Govern. Sin embargo, Torra sigue en el cargo y dispuesto a aprobar presupuestos… ¿En qué momento está el proceso? ¿qué tendría que pasar para que fuera destituido?

La decisión definitiva aguarda la respuesta del Tribunal Supremo, que debe resolver el recurso de Torra y dictaminar si es firme o no la sentencia del TSJC, que le impone la pena “de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros (cantidad fijada en relación a su capacidad adquisitiva) así como un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo”.

Pero en el caso de que el Supremo corrobore la inhabilitación dictada por el TSJC, el procedimiento para apartar al presidente del cargo aún no está claro, como explica el equipo de prensa del Parlamento catalán, ya que será la primera vez que se ordena la destitución de un presidente por una condena, y ni el Estatuto de Cataluña ni la Ley de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno prevén cuál es el proceso a seguir.

Te explicamos cuáles son los argumentos para defender si Torra sigue siendo presidente o no y cómo sería el procedimiento para retirarle el título de presidente de la Generalitat.

Lo que dice el Estatut

En un coche de interpretación jurídica, los políticos que atacan y defienden que Torra mantenga el título de jefe del Ejecutivo se aferran a un mismo artículo del Estatut de Catalunya, pero a distintos apartados del mismo.

Por un lado, en el artículo 67.2 se establece que el president de la Generalitat “es elegido por el Parlamento de entre sus miembros”. Pero la ley se refiere al momento de la elección, y no hay ninguna referencia explícita que señale que debe mantener la condición de diputado para seguir liderando como jefe del Ejecutivo, tal y como indicaron fuentes del Govern a los medios tras conocerse la decisión de la JEC que le retiraba el acta de diputado.

En este sentido, en el mismo artículo del Estatut se recogen las posibles causas por las que el president tendría que dejar su cargo, y entre ellas no hay ninguna que se refiera a perder su condición como diputado.

De hecho, el Estatut especifica que el president cesa por las siguientes causas: “Por renovación del Parlamento a consecuencia de unas elecciones, por aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza, por defunción, por dimisión, por incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento, que lo inhabilite para el ejercicio del cargo, y por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”.

Interpretaciones a favor y en contra

Desde el Parlament alegan que perder la condición de diputado no está entre los motivos o causas por los que el presidente tendría que dejar el cargo, como señalaron los letrados de esta institución en el último informe al respecto: “El eventual cese en el cargo de diputado por causa de incompatibilidad no afectaría su continuidad en el cargo de presidente de la Generalitat”.

El Supremo deberá decidir entonces si ratifica o anula la sentencia del TSJC. EFE/Andreu Dalmau
El Supremo deberá decidir entonces si ratifica o anula la sentencia del TSJC. EFE/Andreu Dalmau

Sin embargo, otros políticos defienden que Torra ya no es presidente porque la legislación española exige que sea diputado o porque entienden que, al perder la condición de diputado, pierde la de presidente.

Por ejemplo, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, señaló: «[Torra] ya no es presidente de la Generalitat, porque la ley en España exige que el presidente sea diputado», como dijo en el programa Herrera en Cope.

Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, también se ha pronunciado de manera similar: «El señor Torra ya no está legitimado para anunciar nada, es decir, es una persona que ya no es diputado del Parlamento y, por tanto, no puede ostentar el cargo de presidente de la Generalitat», dijo en Las mañanas de RNE.

El Congreso de los Diputados explica en su web que “la doble pertenencia” al Congreso y al Gobierno “cumple una importante función política y, en modo alguno, puede calificarse de innecesaria. Confiere legitimación al Gobierno y, especialmente, a su Presidente”. Aunque también se refiere al momento de la elección, no a su mantenimiento.

El procedimiento

Torra todavía debe presentar el recurso de revisión contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en la que le condenaba a un año y medio de inhabilitación en el cargo por un delito de desobediencia al no retirar los lazos amarillos de la Generalitat durante la campaña electoral, en abril.

Gonzalo Boye, abogado de Torra, confirmó a Newtral.es que presentarán el recurso el día 3 de febrero, agotando el plazo para ello.

El Supremo deberá decidir entonces si ratifica o anula la sentencia. Si la sentencia firme que dicte el Supremo confirma que Torra queda inhabilitado, la Mesa del Parlament tendría que retirarle el título, al igual que lo hizo con el escaño, y convocar una ronda de consultas entre los grupos parlamentarios para nombrar un nuevo presidente.

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ya precisó que, si se produce una sentencia así, en ella se enviará una instrucción directa y clara al Parlamento de Cataluña para que proceda a ejecutarla y, si el Parlament acata su cumplimiento, empieza a correr el plazo de dos meses para celebrar una nueva investidura o convocar elecciones.

Sin embargo, no hay precedentes similares, por lo que es difícil anticipar cómo será el procedimiento, explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. “Esta sentencia pasaría a ser parte de un decreto de inhabilitación, y el rey tendría que nombrar, en aplicación de esta sentencia, al vicepresidente Pere Aragonés como nuevo presidente. 

El Parlament recibiría la sentencia y, desde este momento, tendría que preparar los trámites para iniciar la ronda de consultas para investir a un nuevo presidente”, resume.

Torra ya ha anunciado que convocará elecciones después de aprobar los presupuestos. Si eso sucede y convoca los nuevos comicios antes de que llegue la sentencia del Supremo, el paso anterior sería innecesario.

Boye asegura que si la sentencia es condenatoria seguirán interponiendo recursos ante el Constitucional y, si es necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

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