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Las restricciones tempranas no evitan la escalada de contagios en Perú
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Las restricciones tempranas no evitan la escalada de contagios en Perú

El país andino fue de los primeros de la región en decretar el confinamiento y supera a todos sus vecinos en pruebas de COVID-19, pero la alta informalidad y el hacinamiento lo colocan a primeros de junio con el décimo brote más avanzado del mundo

Paolo Aguilar (EFE)

La situación de Perú es atípica. La COVID-19 se ha expandido pese a regir una de las más estrictas órdenes de confinamiento obligatorio del mundo. Desde hace 80 días, la población tiene prohibido salir a la calle salvo para comprar alimentos o medicinas, los toques de queda se suceden noche tras noche, el tráfico aéreo y terrestre se mantiene cerrado tanto dentro como fuera del país y hasta mayo solo se permitían las actividades económicas esenciales.

La estrategia parecía adecuada: el aislamiento arrancó con apenas 70 positivos, se otorgaron ayudas inmediatas a los más pobres para que permanecieran en sus hogares y se inició una carrera tanto para multiplicar las pruebas de detección como para ampliar las frágiles capacidades hospitalarias del Estado. Con todo, Perú es el décimo país con más casos confirmados del planeta y el segundo de Latinoamérica detrás de Brasil.

¿Cuándo se detectó el primer caso?

El primer diagnóstico de COVID-19 en territorio peruano se detectó el 6 de marzo, cuando un piloto dio positivo en Lima tras regresar de un viaje a España, Francia y República Checa. Al día siguiente, el Ministerio de Salud constató otros cinco casos en la capital. El primer fallecimiento se anunció el día 19, dos semanas después de eclosionar el patógeno. El 12 de abril, las autoridades del departamento de Ucayali registraron su primera infección y, con la noticia, confirmaban que el brote se había expandido en todo el territorio nacional.

En su último balance oficial, el Gobierno reportó 4.845 contagios y 133 decesos en un día. A 2 de junio, los casos acumulados ascienden a 174.884, de los cuales 96.148 aún manifiestan síntomas, y la cifra total de defunciones se sitúa en 4.767. Con una población de más de 32 millones de habitantes, Perú cuenta con 546,51 positivos por cada cien mil personas y una tasa de letalidad del 2,73%.

El departamento de Lima es el epicentro de la epidemia con el 58,91% de todos los casos nacionales. De sus 10 millones de habitantes, 103.020 han contraído la COVID-19. Lo siguen el puerto vecino del Callao, que suma 12.495 infecciones (7,14%), y las regiones norteñas de Lambayeque, con 8.811 (5,04%); Piura, con 8.143 (4,66%); y Loreto, con 5.133 (2,94%).

Sin embargo, las cifras de contagio no son representativas del embate de la enfermedad, que ha afectado de manera heterogénea a un país que no cuenta con instalaciones hospitalarias sólidas en todas sus localidades. Así, mientras la letalidad del virus se sitúa en 1,73% en el departamento capitalino, en la desértica Ica alcanza el 7,30%; en la norandina Ancash, el 6,08%; y en la selvática Loreto, el 5,79%.

En este contexto, los brotes impactan con dureza en las poblaciones nativas asentadas en las riberas de los ríos de la Amazonía peruana, que ocupa más del 60% del territorio nacional. Los pueblos indígenas están enmarcados como comunidades vulnerables frente a la pandemia, pues la mayoría no cuenta con servicios básicos como agua potable o electricidad, y solo unas pocas disponen de un centro de salud –que, por lo general, suele estar abastecido con poco más que medicamentos para dolencias menores–.

Ante este escenario, en un país donde el 30% de la población se identificó como indígena en el último censo (2017), son muchos los que, en caso de requerir un hospital, deben navegar por ríos amazónicos durante varios días antes de arribar a una ciudad.

¿Qué medidas se han adoptado?

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia el 16 de marzo cuando el país todavía no había registrado su primera defunción por COVID-19. La declaración se acompañó de una orden nacional de confinamiento obligatorio de 15 días que se prorrogó cinco veces y que, de no anunciarse más extensiones, concluirá el 30 de junio. También se clausuraron las fronteras, se suspendieron las clases y se paralizaron las actividades no esenciales. Tres días después, el miércoles 18, el Gobierno impuso un toque de queda a partir de las 20:00 que aún se mantiene en vigor.

Inmediatamente después de eclosionar el brote, Perú adoptó una estrategia de test masivos que ha logrado detectar casi 85.000 casos en apenas mes y medio. Con más de un millón de muestras, es el país que más exámenes de COVID-19 ha efectuado en Latinoamérica, incluso por delante de Argentina y Colombia, que cuentan con mayores poblaciones.

En cuanto a pruebas por persona, Venezuela es la única que logra superar a la nación andina. “No hay que mirar con preocupación el número de positivos porque es consecuencia de la gran cantidad de test diarios”, explicó Vizcarra el 30 de mayo, antes de señalar que el sistema de salud peruano ha pasado de poder realizar 350 muestras al día a 3.000 pruebas PCR y 30.000 análisis rápidos. Igualmente, el Gobierno espera duplicar a finales de junio el promedio de 1.000 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las 10.000 de atención hospitalaria.

Para paliar el impacto económico de la contingencia sanitaria, el Ejecutivo movilizó en marzo 26.000 millones de dólares –el 12% del PIB– para inyectar liquidez a las pymes y entregar subsidios a familias, desempleados y autónomos. En dicho plan se incluía una ayuda de 110 dólares a 2,8 millones de hogares vulnerables bautizada como ‘Quédate en tu casa’, a la que se sumó en mayo el Bono Familiar Universal, de 220 dólares, que recibieron 6,8 millones de personas de todo el país.

Igualmente, como parte de un programa integral para reactivar la economía, el Gobierno de Vizcarra ha destinado 35.200 millones de dólares en líneas de créditos para las empresas. Estos paquetes han convertido a Perú en uno de los países de América Latina que más ha gastado en la gestión de la pandemia.

Familiares de un fallecido retransmiten su funeral por videollamada. | Sergi Rugrand (EFE)

La larga cuarentena ha provocado, no obstante, la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo, la pérdida de 20.500 millones de dólares en ventas en distintos sectores económicos y la depauperación de las condiciones materiales de más de 6 millones de trabajadores informales.

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, reconoció el 22 de mayo que las restricciones de Perú “han sido unas de las más agresivas de la región”, lo que ha causado que su economía “funcione al 44%” durante más de dos meses y cuyos perjuicios “quedarán evidentes en las cifras de crecimiento”. A este respecto, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) auguran una contracción del 4,5% del PIB peruano al término de 2020.

En esta tesitura, y pese a que la curva de contagios no ha dejado nunca de crecer, el Gobierno de Vizcarra ha decidido flexibilizar el aislamiento social con la prórroga más reciente de la cuarentena y reanudar así el 70% de la producción nacional. A la denominada “Fase 1 de reactivación económica”, que comenzó a principios de mayo y que afectó a los sectores de minería, industria, construcción y servicios, se anunció una Fase 2 para el día 25. En este nuevo periodo están permitidos el comercio electrónico, los servicios de mantenimiento del hogar, el fútbol profesional a puerta cerrada y las lavanderías, peluquerías y clínicas dentales.

“La idea es que la reactivación económica sea progresiva y se sienta poco a poco en los bolsillos de las empresas y las personas”, explicó la ministra de economía. Las fronteras se levantarán en una tercera etapa que tendrá lugar entre julio y agosto, al igual que las restricciones internas de movimiento. El Ejecutivo prevé concluir el proceso en un cuarto tramo antes finalizar el verano.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra (centro), el 31 de mayo. | Flickr del Gobierno de Perú

¿Cuál es la situación actual?

Perú ha emprendido su desescalada antes de que el virus muestre señales de remitir. El ritmo de contagios se mantiene en ascenso y la curva de transmisión todavía no ha adoptado una forma decreciente. Y todo ello pese a imponer medidas tempranas y draconianas que recibieron elogios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, según la encuesta de mayo de la consultora Ipsos Apoyo, contaron con la aprobación del 80% de los peruanos.

El Ejecutivo de Vizcarra vincula el aumento de casos al elevado número de pruebas realizadas sobre la población. Sin embargo, los test masivos no explican por sí solos que Perú no haya logrado aplanar la curva con arreglo a los objetivos epidemiológicos iniciales. Por un motivo u otro, el incumplimiento del aislamiento ha sido generalizado en diversas zonas del país, donde se ha producido una concatenación de factores que ha minado la efectividad de la respuesta sanitaria.

En Perú, el 71,1% de la población activa vive de la economía informal y, pese a las ayudas públicas, muchas personas se han visto obligadas a romper el confinamiento para poder mantenerse. A lo largo del último mes, miles de trabajadores, vendedores ambulantes y viandantes llenaban las calles y era habitual que se generaran tumultos en las paradas de transporte público, convertidas en núcleos de transmisión.

Estos escenarios se multiplicaron con el arranque de la reactivación económica y algunas zonas comerciales de Lima tuvieron que cerrarse con la intervención del Ejército, como sucedió el 25 de mayo con el emporio textil de Gamarra. En las campañas de test rápidos efectuadas durante la primera semana de la Fase 2, el 30% de las personas que viajaron en autobús dieron positivo.

Otro de los elementos que han imposibilitado que se cumplieran las medidas de prevención reside en la situación de los hogares pobres y, en particular, en la lógica de abastecimiento de la población peruana. La Encuesta Nacional de Hogares más reciente reveló que el 11,8% de familias de bajos recursos vive en casas hacinadas y que apenas el 21,9% de ellas posee una nevera. La dificultad para almacenar alimentos durante varios días propicia la formación de aglomeraciones en mercados mayoristas, lugares que el propio presidente ha identificado como “los principales focos de contagio” de Perú, que en la capital concentran entre un 79% y un 86% de enfermos de COVID-19.

“Si no disminuimos el nivel de contagio en los mercados, no vamos a poder disminuir la infección de esta enfermedad”, enfatizó Vizcarra el 19 de mayo. En la misma línea, según el último informe de inclusión financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), solo el 38,1% de los adultos peruanos tiene cuenta bancaria, lo que provocó que muchos de los beneficiarios de las ayudas públicas tuvieran que acudir personalmente a los bancos y formar largas colas para recibirlas.

El transporte urbano es uno de los principales focos de contagio en Perú. | Paolo Aguilar (EFE)

Durante una visita a la región Ancash, que el 31 de mayo recordó los 50 años del terremoto más devastador de la historia de Perú, Vizcarra comentó que su país se encuentra a la mitad del proceso de expansión del coronavirus. “Estamos a tres meses en este proceso de subida y, según los expertos, faltan entre seis y ocho meses para concluir todo el procedimiento. Estamos en el 50% del esfuerzo que debemos hacer todos los peruanos para combatirlo”, expresó el mandatario. En un tono similar se expresó dos semanas antes la ex ministra de Salud y jefa del Comando COVID-19 del Gobierno, Pilar Mazzetti, quien advirtió de que aún aguardan “momentos y semanas difíciles”.

Por su parte, el actual titular de Salud, Víctor Zamora, anunció el 30 de mayo que el país ha alcanzado “un punto límite” en el ritmo de infecciones, aunque con una “estabilidad frágil”. “No sabemos el efecto que va a tener la apertura económica. Hay elementos de la sociedad que están cambiando la dinámica de la enfermedad”, subrayó.

Según comunicó su ministerio a mediados de mayo, el Gobierno planteará levantar definitivamente la orden de confinamiento cuando la tasa de contagio sea inferior a uno, como recomienda la OMS. En la rueda de prensa de la que posiblemente sea la última prórroga de la cuarentena, Vizcarra instó a los peruanos a mostrar “solidaridad, unión, fe y compromiso para salir adelante de esta emergencia”. “Ya nada va a ser igual de aquí al futuro. Tenemos que aprender como personas y como ciudadanos a transitar hacia una nueva convivencia”, manifestó.

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