Newtral
Venezuela, narrativas divergentes en la gestión de la pandemia
Siguiente

Venezuela, narrativas divergentes en la gestión de la pandemia

Mientras Nicolás Maduro realza la capacidad de diagnóstico del sistema sanitario, la oposición denuncia la falta de transparencia y la escasez de productos básicos en un país que acumula seis años de crisis económica

EFE/Palacio de Miraflores

El coronavirus se propaga en Venezuela por un camino bifurcado. A la crisis económica rampante, se añade con la pandemia una contingencia sanitaria cuyo desarrollo puede examinarse desde dos ópticas antitéticas: la del Ejecutivo bolivariano y la de la oposición. El entusiasmo del presidente, Nicolás Maduro, que aplaude el buen hacer de sus dispositivos médicos, contrasta con las críticas del líder antichavista, Juan Guaidó, que pone la lupa en las penurias alimentarias y en las inconsistencias del plan de contención. Mientras el mandatario destaca los resultados de su cuarentena obligatoria –la primera en decretarse en Latinoamérica– y subraya el elevado número de test efectuados diariamente, el dirigente opositor se pronuncia a título de la presidencia interina que le reconocen Estados Unidos, la Unión Europea y medio centenar de Gobiernos extranjeros para denunciar la opacidad en las cifras y el precario entorno asistencial de Venezuela. Desde una plataforma de carácter simbólico y sin poder político real, Guaidó le disputa a Maduro la dirección del país y, representantes cada uno de bandos enfrentados, protagonizan entre ambos una contienda de versiones sobre la gestión de la pandemia.

La crisis del coronavirus arriba a un país que arrastra seis años consecutivos de recesión y tres de hiperinflación en lo que el Gobierno bolivariano definió en 2016 como “estado de emergencia económica”. La dolarización de facto, sumado al deterioro del poder adquisitivo de la población, ha puesto en la picota a industrias capitales como la agroalimentaria. Las sanciones comerciales estadounidenses, exacerbadas en los últimos meses, ha desembocado en un derrumbe petrolero que ha dejado sin combustible al país con las mayores reservas de crudo del mundo. Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), Venezuela es una de las naciones latinoamericanas con mayores riesgos de sufrir secuelas duras y prolongadas de la pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advierte que la contingencia derivará en la recesión más profunda en la historia de la región y provocará una contracción del 18% de la economía venezolana al término del año. El Fondo Monetario Internacional (FMI), algo menos pesimista, proyecta una caída del 15% de su PIB para 2020, además de una inflación de 15.000%.

¿Cuándo se detectó el primer caso?

El coronavirus eclosionó en Venezuela el 13 de marzo, cuando dos personas dieron positivo en Caracas tras volver de viajes distintos en España. Una semana después, el jueves 21, las autoridades anunciaron la primera muerte por COVID-19 en el país. A finales de marzo, se confirmó un caso que presentaba síntomas desde el 29 de febrero.

En su informe oficial más reciente, el Gobierno tan solo reportó un nuevo diagnóstico en las últimas 24 horas. A 12 de mayo, Venezuela suma un total de 423 infecciones, 10 fallecimientos y 220 recuperados (el 52% de los casos). Con una población de 28,9 millones de habitantes, cuenta con 1,5 enfermos por cada cien mil personas y la tasa de letalidad se sitúa en 2,36%. La última vez que registró un deceso por COVID-19 fue el 20 de abril, hace más de tres semanas.

El principal foco de contagio se encuentra en Nueva Esparta, con 130 casos (el 30,7% del país). El archipiélago caribeño, afectado por la expansión de un brote en una academia de béisbol, se mantiene aislado bajo vigilancia especial, seguimiento de enfermos potenciales y toques de queda desde el 20 de abril. Lo sigue Miranda, el segundo estado más poblado, con 101 positivos (23,9%), y Aragua, con 40 (9,5%).​ El Distrito Capital, que integra parte del área metropolitana de Caracas, suma 33 diagnósticos y contiene la cuarta epidemia más avanzada de Venezuela. Respecto a las dependencias federales, solo existe un foco en las islas de Los Roques, que registran cuatro infecciones.

¿Qué medidas se han adoptado?

Ante el avance acelerado del coronavirus a nivel global, el Gobierno chavista decretó el estado de alarma el 13 de marzo e impuso una “cuarentena social y colectiva” de 30 días en siete estados. La declaración, que se anunció a la par que se confirmaban los primeros positivos en Venezuela, se acompañó de una orden nacional para suspender todas las actividades comerciales y laborales de los sectores no esenciales y adaptar la enseñanza hacia un modelo de clases televisadas con alcance hasta la educación media (bachillerato). El 16 de marzo, Maduro extendió el aislamiento obligatorio a todo el territorio estatal, supervisado por unidades policiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y únicamente eludible para comprar alimentos y medicinas siempre que se respete la obligatoriedad del uso de mascarilla. Una semana después, Venezuela cerró el tráfico aéreo con Europa y clausuró sus fronteras con Colombia y Brasil. La cuarentena general, que se prorrogó en un primer momento hasta el 11 de mayo, se volvió a ampliar este martes y regirá hasta el 13 de junio, aunque con jornadas de flexibilización puntuales y controladas para niños y personas mayores.

En una comparecencia en la televisión pública el 22 de marzo, el presidente anunció una batería de medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia. Entre ellas destaca la norma de inamovilidad laboral, que impide a las empresas trasladar, descender o despedir a sus empleados de manera injustificada hasta el 31 de diciembre, así como la congelación de los alquileres para negocios y particulares durante seis meses. El paquete contempla igualmente un plan especial para cubrir las nóminas de los trabajadores de las pymes efectuado a través del Carnet de la Patria, una identificación que expide el Gobierno para optar a bonos y ayudas y que la oposición venezolana califica de “mecanismo de control social”. Asimismo, el Ejecutivo chavista se ha comprometido a desarrollar un proyecto de inversión agroalimentario “para garantizar las 7 millones de cajas CLAP” –las cestas de productos esenciales distribuidas a precios subsidiados para hacer frente a la escasez alimentaria–. El programa del Gobierno incluye también la emisión de bonos para los trabajadores del sector privado o en régimen informal –en economía sumergida–, además de la suspensión temporal del pago de capital de todos los créditos del país.

En cuanto a la respuesta sanitaria a la pandemia, la Administración de Maduro presume de su modelo de “visitas casa por casa” inspirado en China. Mediante un sistema de encuestas circunscrito a la Plataforma Patria, los venezolanos mantienen informadas a las autoridades sobre su estado físico y señalan cualquier síntoma que manifiesten. Coordinados por los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), operativos médicos cubano-venezolanos se desplazan al domicilio de los enfermos potenciales para supervisar los casos, recordar las medidas de prevención y, de juzgarlo necesario, realizar un test rápido. En el marco de cooperación con China, el principal aliado comercial de Venezuela, el país recibe ayuda logística y material a través de un puente aéreo permanente que asegura el envío semanal de ventiladores, medicamentos, equipos de protección y kits de diagnóstico de COVID-19.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 30 de abril. | Gobierno de Venezuela

Con el fin de paliar la hiperinflación y contrarrestar el desabastecimiento de alimentos, el Gobierno bolivariano puso en marcha el 25 de abril una campaña de inspección en mercados para incrementar el control estatal sobre los precios de productos básicos. En el anuncio del plan, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, atribuyó el encarecimiento de artículos esenciales a la acción de “factores” que buscan “desestabilizar la vida social” y aseguró que, con esta medida, “se respetarán los precios acordados de los productos fabricados y se determinarán sus receptores”. En la misma línea, el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, precisó que el “plan nacional de fiscalización” tiene por objetivo “contener la especulación de grandes monopolios” y de “grupos oligárquicos que pretenden violar la ley”. El día anterior, el Gobierno de Maduro había decretado la intervención estatal de las ventas de Alimentos Polar, la mayor empresa del sector, y de otras tres corporaciones por una duración de seis meses. Una semana después, fijó los precios máximos de 27 artículos de la canasta de productos básicos, incluidos carnes, lácteos, cereales y café.

Agravada por los efectos inmediatos de la contingencia sanitaria, la crisis económica de Venezuela ha derivado en una merma de su suministro de combustible. Con la pandemia, la demanda global de petróleo se ha desplomado a la misma velocidad que el precio del barril y el crudo venezolano, que registró en abril su tarifa más baja en dos décadas, cotiza por debajo de su costo de producción. Los tanques de reserva de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se encuentran a menos de la mitad de su capacidad y la petrolera rusa Rosneft, socia fundamental del Gobierno de Maduro para evadir el bloqueo naval estadounidense e importar gasolina a cambio de crudo, ha puesto fin a todas sus actividades en el país tras el endurecimiento de las sanciones económicas. Frente a la creciente escasez de combustible, el Ejecutivo chavista ha tenido que establecer un racionamiento estricto para empresas de transporte de productos esenciales, ciudadanos con un salvoconducto oficial y personal médico y militar. Sin embargo, la medida se ha visto insuficiente para garantizar que los camiones de alimentos y los efectivos sanitarios puedan circular sin problemas de gasolina. Venezuela, que depende en gran medida de la venta de petróleo para financiarse, ha sufrido una mayor devaluación de su moneda y una inflación que ha desencadenado protestas y saqueos de comercios en estados como Aragua, Bolívar o Monagas.

Un grupo de personas forma una fila para entrar en una tienda de Las Minas de Baruta, Caracas. | Miguel Gutiérrez (EFE)

¿Cuál es la situación actual?

Venezuela es el país que más pruebas de COVID-19 efectúa en Latinoamérica, tanto en test totales (520.317) como por persona (18.298 cada millón de habitantes), de acuerdo con los últimos datos oficiales. En todo el continente, solo EE.UU. y Canadá presentan mejores números en este aspecto. En cuanto a casos confirmados, a 12 de mayo, Venezuela registra la tercera cifra más pequeña de Sudamérica, por detrás de Guyana y Surinam. Su ratio de infecciones por habitante es el segundo más bajo del continente, solo superado por Nicaragua.

El Gobierno bolivariano asegura haber logrado aplanar la curva de contagios. La oposición venezolana, en cambio, pone en duda la veracidad de las cifras oficiales y denuncia incongruencias en los informes. Según investigaciones independientes de Efecto Cocuyo y Reuters, solo el Instituto Nacional de Higiene está capacitado para hacer exámenes PCR. No obstante, Venezuela reporta casi el doble de pruebas que Chile, que cuenta con 73 laboratorios. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comparte la perspectiva de la oposición antichavista y ha criticado la “falta de transparencia” en los datos proporcionados. “La curva de acumulación de casos confirmados sugiere un incremento lineal en el número de casos, un patrón que es atípico para la fase inicial de las epidemias de COVID-19”, señalaba el 2 de abril la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, una institución oficial de consulta y orientación científica.

El coronavirus amenaza con ahondar en la crisis económica de la nación sudamericana, que figura en los informes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU como uno de los países con mayor riesgo de padecer una hambruna. Según este organismo, un tercio de la población venezolana ya se hallaba en situación de inseguridad alimentaria antes de la pandemia. En el monitoreo preliminar de la Plataforma Patria, realizado el 24 de abril por el Gobierno bolivariano, el 88% de las personas consultadas consideró que el abastecimiento de alimentos es el área que debería requerir mayor atención. La Comisión de Expertos de la Salud, el grupo designado por Guaidó, ratificó dichos resultados en una encuesta paralela, a la que el 80% de los sondeados señaló fallas en el suministro de productos básicos. “Estoy de acuerdo. Estoy concentrado en eso”, reconoció Maduro el 24 de abril, días antes de que su Ejecutivo interviniera en los precios de artículos esenciales.

A través de las redes sociales, la oposición venezolana ha sido la principal difusora de los reclamos en las protestas de las últimas semanas. El diputado derechista José Antonio Mendoza argumenta a Efe que “la crisis social se agudiza” por la escasez de alimentos, electricidad y agua corriente, a lo que se añade la hiperinflación galopante que impide que con el salario mínimo de 3,71 dólares mensuales se pueda acceder al conjunto de alimentos de la canasta básica, incluso después de la limitación de precios. Por su parte, Maduro hizo a finales de abril un llamamiento a la oposición para pactar un “cese al fuego” en los enfrentamientos, “poner las diferencias a un lado” y alcanzar un “acuerdo humanitario de salud y paz” que favorezca las labores médicas en la gestión de la crisis sanitaria. Guaidó rechazó la propuesta del mandatario chavista y, tras acusarlo de corrupción y narcotráfico, le instó a “salir del poder”.

Mural dedicado al doctor José Gregorio Hernández en Caracas. | Miguel Gutiérrez (EFE)

El Ejecutivo bolivariano se enfrenta también a un problema de repatriación de venezolanos emigrados. Desde que estalló la pandemia, muchos han solicitado regresar a su país, pero el cierre parcial de fronteras aplicado en prácticamente todo el continente, sumado a las restricciones comerciales impuestas por Washington, ha provocado que miles de personas se queden varadas a la espera de vuelos humanitarios. El 1 de mayo, Maduro explicó que el Gobierno dispone de 24 aviones que no puede movilizar porque “el Grupo de Lima y EE.UU. sancionaron la línea aérea nacional”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense identificó en febrero 40 aeronaves de la compañía Conviasa a los que impuso un bloqueo por ser propiedad del Estado venezolano. Hasta la fecha, han regresado 22.654 nacionales procedentes de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Brasil, según la información brindada por la Administración chavista.

Distintas organizaciones de asistencia humanitaria han pedido aliviar el bloqueo a Venezuela. El 24 de abril, Cruz Roja comunicó que las restricciones complican el suministro de material para combatir la pandemia y pidió crear un “comité conjunto” que facilite el apoyo global en las áreas más vulnerables del país. En la misma línea, la institución católica Cáritas ha exhortado a la comunidad internacional a “suspender las sanciones económicas contra Libia, Irán, Siria y Venezuela para permitir la importación de medicamentos, equipo sanitario y necesidades básicas para la población”. La ONU, por su parte, aumentó a principios de mayo su solicitud de fondos de ayudas para los países “más vulnerables” –entre ellos, Venezuela, Argentina y México– de 2.000 a 6.700 millones de dólares y advirtió a las potencias de que, si no colaboran, se sufrirán “efectos colaterales por muchos años”. Una semana después, tres relatores especiales del organismo expresaron su preocupación por la espiral de la crisis y su efecto en “la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro”. “Especialmente a la luz de la pandemia de coronavirus, EE.UU. debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”, concluyeron en un comunicado.

4 Comentarios

  • Excelente artículo, encontrado en medio de la vorágine desinformativa que abunda en torno al «País Prohibido». Gracias

  • Directo, de vosotros: «…..El entusiasmo del presidente, Nicolás Maduro….., …. del líder antichavista, Juan Guaidó, que ….», tomado de vuestro «neutral artículo».

    Para el estado español, Nicolás Maduro NO ES EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, ya que el presidente (interino) se llama Juan Gerardo Guaidó Marquez, ¿¿¿porqué para Newtral Maduro sigue siendo presidente de Venezuela??? Creo que vuestra neutralidad ha bajado rápidamente por el WC

    • Como si lo llaman emperador de Venezuela. Guaidó solo tiene autoridad simbólica. Quien decide cómo gestionar la pandemia, qué médidas se toman para frenar el virus en Venezuela es Maduro, no Guaidó. Ningun medio de comunicación (ni los de la oposición) habla de las medidas que hace Guaidó, porque no ha hecho ninguna. No puede. Lo único que hace es exigir medidas, no aplicar

  • Muy bien, sobre todo porque hay pocas noticias del virus en Venezuela y en Sudamerica en general, aunque en Venezuela es mas dificil separar la politica de los hechos y hay que trabajar mas para dar la informacion, me ha resultado interesante.

¿Quieres comentar?

Relacionados

Más vistos

Siguiente