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Europa pone la mirada en el vertedero de Zaldibar
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Europa pone la mirada en el vertedero de Zaldibar

La Comisión Europea investiga el caso, mientras Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze siguen desaparecidos bajo toneladas de escombros

El 18 de febrero fue probablemente la primera vez que oyeron hablar de Zaldibar en Bruselas. Dos eurodiputados de Unidas Podemos daban constancia del accidente del vertedero, cuya primera consecuencia fue la desaparición de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.

La pregunta escrita registrada en el Parlamento Europeo habla de los incendios tras el colapso y de la “especial preocupación de los vecinos por los niveles de partículas contaminantes a los que están expuestos”.

Desde entonces se han multiplicado estos escritos. En total, suman seis preguntas hechas por europarlamentarios de Unidas Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular, dirigidas a las Comisión Europea para saber si la institución iba a tomar la iniciativa.

Desde Ciudadanos denuncian la falta de transparencia y la mala gestión del Gobierno vasco, y también señalan la preocupación de la población, que había aumentado “al conocerse una sentencia de 2015 del TSJ del País Vasco que advertía que el vertedero recibía vertidos de residuos peligrosos”.

En su batería de preguntas, los eurodiputados del PP mencionan la posibilidad de que la empresa hubiera vertido “residuos peligrosos (con contenido de amianto, por ejemplo) sin autorización para ello, excesos en el volumen de residuos y vertidos no tratados previamente”.

La respuesta europea

Casi un mes después ha llegado la respuesta a todas estas preguntas, de la mano del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius.

En ella, el comisario europeo muestra su preocupación “por el trágico accidente mortal” y las “importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero”, en referencia a dos de los textos enviados por parte de los populares Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos.

La respuesta escrita señala que las autoridades competentes tendrían que haber “detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado” las actividades del vertedero.

En su escrito Sinkevičius recuerda a la empresa propietaria del vertedero, Verter Recycling, el principio de responsabilidad: quien contamina paga. De haberse producido daños naturales, sería Verter la encargada de su reparación.

“En vista de la gravedad del caso, la Comisión va a examinarlo y a contactar con las autoridades españolas” para pedirles explicaciones, concluye la nota.

A este respecto, en conversaciones con Newtral.es, Verter Recycling declara que “la empresa tenía toda la normativa en regla, había hecho toda la tramitación de manera adecuada y tenía todos los permisos del Gobierno”.

La reacción del Gobierno Vasco

En el Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial y Vivienda de Euskadi consideran que las preguntas que han motivado la investigación contienen “información sesgada” y que “la respuesta no parece muy rigurosa” porque son valoraciones que se asumen como hechos probados, cuentan a Newtral.es.

Por eso, el consejero vasco de Medio Ambiente envió este lunes una carta a su homólogo europeo. En ella, Iñaki Arriola expresa “su sorpresa” por que se dieran por ciertas las preguntas de varios europarlamentarios, que son, según el Departamento, “manifiestamente falsas”.

Medio Ambiente explica que el consejero ya ha anticipado su “plena colaboración” en la investigación anunciada por la Comisión Europea, y la aportación “de toda la documentación disponible”.

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Arriola niega que “la instalación recibiera residuos peligrosos, y menos lindano”, y asegura que el vertedero ha estado siempre bajo supervisión.

En conversaciones con Newtral.es, el eurodiputado Javier Zarzalejos defiende que sus preguntas no son valoraciones, sino que fueron elaboradas con la información que había disponible en ese momento. “La Comisión ha confirmado nuestra valoración inicial sobre la gravedad del tema”, dice.

Para Zarzalejos, no es momento de “narcisismos” y “defensivas”. El popular reclama que se ponga el acento en el punto de vista “ambiental y humano”.

“Con esto hemos querido llamar la atención de la Comisión, y evitar que esto se convirtiera en una especie de agua estancada en el que nadie asume responsabilidades”, sentencia el parlamentario. 

Soraya Rodríguez (Cs), también pone ese acento en la pérdida de vidas humanas, y habla del accidente de Zaldibar como “uno de los mayores siniestros ambientales que se ha producido en territorio de la Unión Europea”, subraya. 

La eurodiputada de Cs pone en cuestión tanto la gestión previa del vertedero, como la de la catástrofe: “El gobierno vasco mandó a los equipos de rescate y después de horas trabajando sin protección, mandó parar los trabajos porque había material altamente tóxico, como el amianto”. “Ha habido enormes motivos”, dice Rodríguez.

Ante las críticas del Gobierno Vasco, en Unidas Podemos también defienden sus preguntas. Los dos trabajadores desaparecidos y los índices de calidad del aire después del accidente son “un hecho real indudable”, explica a Newtral.es la eurodiputada Sira Rego.

Para Rego la tragedia de Zaldibar se ha convertido “en la máxima expresión” del proceso de privatización de la gestión de residuos en Europa. “No hay control de los vertederos. Esto es uno de los grande problemas de las sociedades del siglo XXI”, concluye. 

Qué se está investigando

La aplicación de la normativa comunitaria es responsabilidad de cada país, pero en este caso se ha decidido lanzar “una investigación separada para indagar las circunstancias de este accidente en un contexto regional”, explican a Newtral.es fuentes de la Comisión Europea.

La institución ya ha empezado a recabar información sobre la monitorización de las condiciones del vertedero, y sobre la supervisión del cumplimiento de las licencias por parte de las autoridades competentes.  

Desde la Comisión consideran que “aún es pronto para extraer conclusiones”, ya que la investigación se encuentra “en una fase muy preliminar” como para tener formada una opinión sobre el cumplimiento de la legislación de la UE. 

Las autoridades españolas tienen ahora un plazo de diez semanas para contestar a la Comisión y a partir de entonces se decidirá «cómo se continúa con el caso”, afirman desde la institución.

¿Qué normativa europea se podría haber incumplido?

La Directiva europea sobre vertederos establece los requisitos técnicos y operativos que deben cumplir los vertederos para “impedir los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de residuos”. Si se ha cumplido con esos requisitos es lo que investigará la Comisión.

Además, hay que tener en cuenta que el desprendimiento de material del 6 de febrero cortó la circulación en la autopista AP-8, en sus dos sentidos. En este caso, la normativa de la Unión no impone distancias específicas entre los vertedores y residencias o infraestructuras -como la carretera afectada-, pero sí determina criterios de distancia y riesgo de derrumbe.

En paralelo a la responsabilidad medioambiental, la empresa Verter Recycling podría tener responsabilidades penales, según esta Directiva europea sobre crímenes medioambientales; o civiles, de acuerdo con la legislación española. En este caso es la justicia española la que tendría que actuar.  

En cuanto a la administración pública, la función de las autoridades locales es asegurar que las operaciones en el vertedero se desarrollan con licencia, y que el tratamiento de residuos se lleva a cabo “asegurando la protección de la salud y el medio ambiente”, de acuerdo con los establecido en la Directiva de residuos.

El lehendakari “conoció” la investigación a través de los medios

Fue al final de la rueda de prensa en la que el lehendakari Iñigo Urkullu anunció esta semana la nueva fecha de las elecciones vascas cuando le preguntaron por la investigación europea de la tragedia de Zaldibar.

El dirigente admitió que conoció la información a través de los medios de comunicación, y que el Gobierno Vasco y el Ministerio de Asuntos Exteriores español estaban en contacto para saber “cómo puede un comisario europeo emitir una opinión en respuesta a unas preguntas de partidos políticos sin previamente tener conocimiento” de las actuaciones denunciadas.

Según Urkullu, esta investigación es, más bien, “un posicionamiento” que no cuenta con la información correspondiente de la administración vasca. Recordó, además, que el Departamento de Medio Ambiente ya “ha actuado ante la fiscalía”.

Búsquedas e investigaciones

En paralelo a la causa abierta en el juzgado de Durango y la investigación de la Comisión Europea, el Gobierno Vasco ha contratado un informe para esclarecer las causas del deslizamiento, y una auditoría externa que comprobará si fue eficaz el seguimiento administrativo de las condiciones del vertedero.

Actualmente la querella está paralizada debido a la crisis del coronavirus, la investigación europea se encuentra en fase preliminar, y los resultados de los informes encargados por el Gobierno Vasco no verán la luz hasta finales de año.

Mientras, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze siguen sepultados, y un equipo compuesto por un centenar de personas busca sus cuerpos a diario. Cuerpos que verán pasar varias investigaciones, una pandemia, unas elecciones, protestas de vecinos y familia, y más de un centenar de días sin ser encontrados.

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