Vox ha llevado el término de ‘prioridad nacional’ al Congreso en forma de moción para conocer la postura de los demás grupos parlamentarios. Esta iniciativa, rechazada por el Congreso con los únicos votos a favor de los de Santiago Abascal, llega después del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura, que también menciona expresamente este concepto.
- Un apunte. Las mociones no tienen efectos prácticos y carece de carácter legislativo. Su utilidad no va más allá de que los partidos se “retraten” a la hora de la votación respecto al contenido del texto y marcar al Gobierno el sentir del Parlamento.
El principio de ‘prioridad nacional’ está incluido en el pacto de Gobierno que ha hecho posible la investidura de María Guardiola en Extremadura y, en concreto, para aplicarse al acceso a vivienda protegida y alquiler social, así como a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. En palabras de Vox, esta ‘prioridad nacional’ supondría un reparto de recursos públicos que ponga a “los españoles primero”.
Qué dice la propuesta. En el texto registrado por Vox en el Congreso, los de Santiago Abascal defienden la “sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles” y consideran que la forma de hacerlo es “garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda” –como el acceso a una vivienda social o a una protegida–, además de “garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas”.
- Tanto en la moción presentada por Vox, como en el acuerdo extremeño, además, se vincula esta ‘prioridad nacional’ a la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales” a quienes se encuentren en situación irregular.
Diferencias y matices. La polémica de este concepto y de sus posibles repercusiones no ha tardado en llegar. Y es que mientras el pacto de Extremadura establece que la ‘prioridad nacional’ se hará no en función de la nacionalidad sino de quienes mantienen “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, la moción registrada por los de Abascal en la Cámara Baja no recoge esta especificación.
- Desde el punto de vista de Alberto Núñez Feijóo, presidente de los populares, el ‘arraigo’ es el tiempo que se lleva viviendo en una comunidad autónoma, con “independencia de la nacionalidad de las personas”.
Enmienda del PP. Ante la polémica por cómo entienden ambos partidos el concepto, los populares presentaron una modificación en el Congreso sobre el texto original de la moción para incluir el matiz del ‘arraigo’ y los requisitos para entender la ‘prioridad nacional’.
En las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Establecimiento de un “periodo mínimo reforzado de arraigo”, empadronamiento y vinculación con el sitio; vinculación del acceso a ayudas al tiempo de cotización; y exclusión de las personas que se encuentren “en situación irregular”.
En vivienda protegida y alquiler social. Se exige un arraigo “real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en el territorio” (un mínimo de 10 años para compra y de cinco años para alquiler); y se refuerzan los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que “evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”.
- En detalle. De esta forma, se valora la actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en el territorio, y los perfiles “más expuestos a la actual crisis de vivienda” –como jóvenes menores de 36 años, familias numerosas o personas con discapacidad–.
