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¿Se puede reformar la ley electoral para que los prófugos no sean elegidos?
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¿Se puede reformar la ley electoral para que los prófugos no sean elegidos?

Pablo Casado planteó una reforma para evitar que Carles Puigdemont pueda volver a presentarse a las elecciones catalanas, pero expertos consideran que podría ser inconstitucional

El PP retoma la idea de establecer una cláusula antiprófugos en la ley electoral.

La propuesta de reformar la Ley Electoral (LOREG) para que los prófugos de la justicia no puedan ser candidatos vuelve a estar sobre la mesa. El lunes, durante la Junta Directiva Nacional del PP, Pablo Casado aseguró que su partido presentará una propuesta para evitar que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado de la justicia en Bruselas, pueda volver a presentarse como candidato en las próximas elecciones catalanas.

“Anuncio que registraremos mañana en el Congreso una propuesta de modificación urgente de la ley electoral para que los prófugos de la justicia no puedan ser elegibles, y así Puigdemont no pueda presentarse a las elecciones catalanas cuando se convoquen”, advirtió el presidente del PP.

La propuesta retoma una idea ya planteada por Ciudadanos en 2018, pero los expertos dudan que pueda aprobarse, y consideran que podría ser inconstitucional por atentar contra el derecho de sufragio pasivo de personas contra las que no se ha dictado sentencia firme. 

¿Qué dice la ley?

Actualmente, la ley recoge en su artículo 6.2 que son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, mientras dure la pena, y los condenados por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la sentencia establezca la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo o para ocupar un cargo público, aunque la sentencia no sea firme.

La ley, vigente desde 1985, ha sido reformada 22 veces, y el artículo 6.2 ya se ha modificado en dos ocasiones, en 2003 y en 2011.

Lo que había propuesto Ciudadanos

Ciudadanos propuso añadir otra regla a las causas de inelegibilidad del artículo 6.2 de la LOREG que se refiriera a los prófugos o huidos de la Justicia contra los que la autoridad judicial haya dictado una requisitoria de búsqueda y detención en el marco de un procedimiento de instrucción.

De esta forma, Ciudadanos pretendía que la declaración de rebeldía procesal y su incumplimiento tuvieran consecuencias electorales.

¿Es inconstitucional?

Aunque no existe un consenso sobre si la medida sería inconstitucional o no, los expertos coinciden en que las causas de inelegibilidad deben ser mínimas, como ha señalado el Tribunal Constitucional en sentencias previas.

“Extender la prohibición a cualquier prófugo sería dudosamente constitucional si se ha fugado antes de una condena”, precisa Miguel Fresno, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. “Se estaría limitando el ejercicio de un derecho fundamental para personas que, eventualmente, pueden luego ser absueltas”.

Ignacio Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, también recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado en otras ocasiones que hay que interpretar las causas de inelegibilidad de manera restrictiva para no atentar contra el derecho fundamental de sufragio pasivo, añade.

“[Para el Tribunal] el sufragio es un derecho que no se puede limitar. Si yo, como ciudadano, tengo un derecho fundamental a presentarme a cargos públicos y la ley lo defiende, las causas que me impidan hacerlo tienen que ser muy restrictivas. Es decir, no hay que poner más causas de inelegibilidad porque no es correcto”, expresa Álvarez.

El PP retoma la idea de establecer una cláusula antiprófugos en la ley electoral.
El PP retoma la idea de establecer una cláusula antiprófugos en la ley electoral.

¿Cuáles son los antecedentes?

El año pasado, la Junta Electoral Central excluyó a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de la lista de candidatos de Junts per Catalunya – Lliures per Europa para las elecciones europeas, ya que consideró que no podían estar inscritos en el censo electoral como residentes y, por tanto, no tenían derecho a votar ni a presentarse como candidatos.

Sin embargo, la Fiscalía respaldó el recurso presentado por los políticos catalanes al considerar que no había una base normativa suficientemente explícita para excluirles, y les permitió presentar su candidatura.

Puigdemont obtuvo el 28% de los votos en Cataluña en las elecciones del 26 de julio, y su coalición logró dos escaños. Ahora, algunos temen que el expresidente pueda volver a presentarse a las próximas elecciones autonómicas si no hay una ley que se lo impida.

¿Qué alternativas hay?

Álvarez considera que los políticos “tienen las manos atadas”, pero “políticamente intentan jugar esa baza de añadir una nueva causa”. 

El especialista recuerda que la euroorden se creó como un mecanismo de cooperación judicial para este tipo de casos. “Si un juez pide a otro juez de otro país que traiga a una persona en rebeldía, el juez del otro país no tiene que estudiar si el caso es justo o no, sino ponerlo en un avión y devolverlo”, explica. 

Aunque en el caso de Puigdemont no funcionó de esta manera, si se mejorara este mecanismo, no sería necesario reformar la ley, añade Álvarez.

¿Qué sigue?

La falta de consenso en el Congreso es otra de las barreras para aprobar una reforma electoral. “No es viable”, advierte Lourdes López Nieto, catedrática de Ciencia Política de la UNED, que recuerda que “una ley orgánica así no se puede reformar, porque no hay consenso (…) Ahora es imposible porque no hay esas mayorías suficientes”.

De hecho, desde que se aprobó la ley electoral, en el 1885, todas las reformas, menos una, se han hecho por consenso.

Para Álvarez también es muy problemático legislar “en caliente” y como respuesta a una situación política concreta. En especial, en una norma que “se tiene que caracterizar por su claridad y transparencia porque son las reglas del juego”. 

Fuentes

2 Comentarios

  • Difícil será hacerte entender que estar huido no significa ser culpable, hacerte entender que Europa lleva tiempo diciéndole a España, de manera bastante explícita para lo que es Europa, que está haciendo el ridículo jurídicamente hablando, y hacerte entender que en la historia de Catalunya y Euskal Herria la lista de Presidentes y Lehendakaris huidos de la legalidad española es ya muy larga. La legalidad española, la de un estado sin separación de poderes real, en la que su unidad se pone por delante de la propia democracia, hasta el punto de apalear a un pueblo intentando votar, pocas garantías puede ofrecer a nadie con la más mínima disensión. Europa así lo ha visto, escueza lo que os escueza a muchos.

  • Que no haya consenso para que un fugado o huído de la justicia no pueda presentarse a elecciones y adquiera inmunidad y sueldo público clama al cielo. Fabricar artículos como este para darle un aspecto de veracidad al que haya dudas sobre la legalidad de legislar para tapar ese agujero por el que se escapan, doblemente, delincuentes, ya es para enmarcarlo en un cuadro. No se sostiene señoras y señores, no es normal, ni aquí ni en Oslo, que un huído de la justicia se pueda presentar a elecciones, a eso se le llama sentido común y si en España aún no se ha legislado al respecto es porque tenemos una clase política excepcional, excepcionalmente vaga, huidiza, corrupta y corporativista. De otra forma no se entiende que aún no hayan legislado al respecto.

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