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La gestión del Ayuntamiento de Girona abre un nuevo frente para Puigdemont en el Supremo
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La gestión del Ayuntamiento de Girona abre un nuevo frente para Puigdemont en el Supremo

Un juzgado de Girona ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa contra el expresident por haber comprado presuntamente obras de arte con fondos públicos de la gestión del agua cuando fue alcalde en 2014

Foto | David Borrat (EFE)

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona solicitó este jueves al Tribunal Supremo que abra un nuevo procedimiento contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por la presunta compra en 2014 de obras de arte con fondos públicos de la gestión del agua durante su etapa como alcalde gerundense. El caso se abrió en 2016 tras una querella interpuesta un año antes por la CUP contra la gestión de la compañía municipal de aguas, Aigües de Girona (Agissa). Puigdemont fue alcalde de Girona desde julio de 2011 hasta enero de 2016, cuando fue elegido president de la Generalitat de Cataluña.

Lo más importante

Si el Alto Tribunal accede a abrir una nueva causa penal contra el expresident, será la primera que no esté relacionada con el procés de todas las que la Justicia española tiene en su contra. Según apuntaron fuentes jurídicas a El Mundo, al estar vinculado el caso a delitos ligados a la corrupción se abren diferentes requerimientos para tramitar una euroorden a los que plantean la sedición o la rebelión. Es decir, se eliminaría el requisito de la doble tipificación para cerrar la entrega.

En su exposición razonada remitida al Supremo, la magistrada del juzgado gerundense afirma que existen “indicios de criminalidad” por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. La jueza alude a una supuesta operación de desvío de fondos municipales en 2014 procedentes de un canon extraordinario por agua que se impuso a los ciudadanos –fondos cuya naturaleza legal obligaba a que revirtieran en el propio servicio de suministro– para comprar en plena crisis económica una colección de obras de arte a los herederos de Santos Torrella por 3,9 millones de euros. “Se ideó un artificio que llevó a una merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua”, precisó.

Desde Waterloo (Bélgica), donde reside actualmente Puigdemont, el expresident valoró así este posible giro judicial: “Hace un año, cuando salieron informaciones con los mismos elementos que salen ahora, mi abogado ofreció al fiscal mi declaración voluntaria. El intento de ensuciarme alegremente era claro y yo lo quería cortar de raíz”, explicó Puigdemont en Twitter.

Igualmente, según explicó el expresident, el fiscal afirmó entonces que no le estaba investigando y descartó su declaración. “Ellos sabrán por qué razones han decidido esperar a este momento. Tengo sospechas más sólidas que sus acusaciones”, añadió antes de concluir que lo que “buscan” quienes pretenden imputarlo es su extradición “como sea”.

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El abogado de Puigdemont Gonzalo Boye añadió en Twitter un dato sobre el siguiente destino de esas obras de arte: una cesión temporal en el Museo Reina Sofía. “Igual terminan imputándoles a ellos también”, ironizó.

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¿Cuál es el contexto?

El Ayuntamiento de Girona acordó en 2013 una prórroga de la concesión de la gestión del agua a la empresa mixta Agissa a cambio del pago de un canon extraordinario por valor de 3,7 millones de euros, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción. De esa cantidad, el Consistorio de Girona recibiría 2,6 millones y el 1,1 millón restante se lo repartirían los de Salt y Sarrià de Ter. Los ingresos que genera Agissa provienen fundamentalmente de la venta del agua y del mantenimiento de contadores, con lo que, según Anticorrupción, se cargó al consumidor final con el importe del canon, que la compañía abonó entre 2013 y 2015.

Paralelamente, Puigdemont, como alcalde de Girona, suscribió en febrero de 2014 un acuerdo por 3,9 millones de euros para la compraventa de la colección de arte Santos Torroella. Según la Fiscalía, Puigdemont ideó un “artificio” para “ocultar” que el primer pago iba a ser a costa del canon extraordinario aportado por Agissa.

El proceso de compra y financiación de la colección fue autorizado por el pleno del Ayuntamiento de Girona del 14 de febrero de 2014 por un gasto plurianual excepcional de 2,9 millones de euros en el periodo 2015-2019. Según Anticorrupción, en dicha operación se “ocultó” el origen del dinero.

Para la Fiscalía, no se podía usar el dinero obtenido por el canon extraordinario por el agua, al estar destinado a una finalidad concreta –el ciclo del agua–. Pese a ello, con el “conocimiento y aprobación” de Puigdemont, según Anticorrupción, se llevó a cabo una “operación para ocultar” que en realidad el primer pago del precio de la colección de arte se realizó a costa de las cantidades recibidas como consecuencia del establecimiento del canon, con lo que se “defraudó” al Ayuntamiento de Girona y se “perjudicó” en su patrimonio relativo al servicio del agua.

¿Qué hay que tener en cuenta?

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre a la magistrada de Girona que elevara el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Pero cuando Puigdemont dejó de ser parlamentario autonómico para ser eurodiputado, pidió que lo remitiera directamente al Alto Tribunal, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, ya tiene sobre la mesa la exposición razonada remitida por la magistrada, según las mismas fuentes. Ahora, el Alto Tribunal deberá estudiar si abre una nueva causa contra Puigdemont, después de que el juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, solicitara en enero el suplicatorio al Parlamento Europeo a fin de continuar con el proceso de entrega del expresident para poder ser juzgado por sedición. Fuentes jurídicas apuntan a La Vanguardia que el Supremo tendría que solicitar un nuevo suplicatorio al tratarse de hechos diferentes.

Lo habitual en este tipo de procedimientos es que el Tribunal Supremo, una vez recibida la exposición razonada del juez de instrucción, la remita a la Fiscalía para recabar su criterio sobre si debe admitirla y abrir una investigación.

#Fact

El Juzgado ha investigado el caso desde 2016, después de que la CUP interpusiera una querella el año anterior contra los responsables de Agissa por apropiación indebida y administración desleal. La Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación de las supuestas irregularidades en julio de 2017.

Agissa es una sociedad mixta participada en un 20% por los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter, y en el 80% restante por la empresa privada Girona S.A., cuyas acciones pertenecen a Aqualia, Sociedad General de Aguas de Barcelona y Caixabank.

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