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Por qué es delito una llamada perdida de un agresor a una víctima de violencia de género
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Por qué es delito una llamada perdida de un agresor a una víctima de violencia de género

El Tribunal Supremo condena a un año de prisión a un agresor que realizó llamadas perdidas a su víctima, con la que tenía prohibido comunicarse. Te explicamos por qué es un delito y por qué la sentencia ha aplicado la perspectiva de género

Foto: Shutterstock

Llamar a tu expareja si tienes una orden que prohíbe comunicarte o acercarte a ella, aunque esta no coja el teléfono, es delito.

Esto es lo que ha ratificado el Tribunal Supremo (TS) en una reciente sentencia; una decisión que crea jurisprudencia, tal y como explica a Newtral.es la magistrada Cira García, que ejerce en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer ubicado en Albacete: «Esta sentencia confirma lo que ya venían diciendo los juzgados de lo penal. Es importante porque quizá no había un criterio unánime en todos estos juzgados, pero al ratificarlo un órgano judicial superior como el Tribunal Supremo se cierra el debate: las llamadas perdidas de un agresor a la víctima sí constituyen un delito».

¿Cuáles son los hechos probados?

Sobre el agresor en cuestión pesaba una condena por malos tratos a su expareja. La resolución judicial le prohibía acercarse a menos de 500 metros a la víctima, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Una sentencia dictada el 9 de junio de 2016 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y cuya resolución cesaba el 17 de enero de 2018. Es decir, en ese momento las orden de alejamiento y la prohibición de acercarse a ella dejarían de estar vigentes.

Esta primera condena devino en firme en septiembre de 2016, confirmando «un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género», condenándolo, además de a la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima, «a nueve meses de prisión».

La sentencia del Tribunal Supremo a la que ha tenido acceso Newtral.es señala que el condenado «a pesar de tener pleno conocimiento de la prohibición mencionada y estando vigente la misma, el 31 de mayo de 2017 llamó por teléfono a su expareja».

¿Qué tipo de delito es?

Al existir una sentencia firme, no se trata de un quebrantamiento de una orden de alejamiento o de prohibición de comunicación. En este caso es un quebrantamiento de condena y, por tanto, constituye un delito contra la Administración de Justicia.

Según explica a Newtral.es la jueza Lucía Avilés —fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE)—, «este es un delito que se contempla en el artículo 468 del Código Penal» incluido en el Capítulo VIII titulado «Del quebrantamiento de condena».

«Lo que nos dice el Código Penal es que va a sancionar el incumplimiento de una resolución judicial en la que se impone una condena. En este caso, la condena, entre otras, era la prohibición de comunicarse con la víctima». Es decir, se entiende que la parte perjudicada es el aparato judicial estatal.

Pero no solo la Justicia es la parte perjudicada. Esta sentencia, explica la magistrada Cira García, «deja claro que es un delito pluriofensivo»: «Esto significa que no solo perjudica a la Administración de Justicia al tratarse de un quebrantamiento de una sentencia o condena, sino también a la víctima porque le genera inseguridad. Es decir, el agresor, además de incumplir una resolución judicial, está atemorizando a la víctima».

Los delitos de quebrantamiento de condena o de quebrantamiento de medida cautelar pasaron a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en 2015.

«Hasta entonces, eran competencia de los juzgados de instrucción. Pero en 2015 se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial porque se entendía que los juzgados especializados en violencia de género debían conocer estos delitos de quebrantamiento. ¿Por qué? Por lo que decíamos: no son solo delitos contra la Administración de Justicia, sino que también afectan a la seguridad y tranquilidad de las víctimas», explica Cira García.

Como señala la jueza Lucía Avilés, «una llamada perdida, aunque no encuentre respuesta, es como una forma de seguir ejerciendo control sobre la víctima, una forma de decir: ‘Ojo, que sigo aquí’».

¿Qué alegaba el agresor en su defensa?

El agresor recurrió dos veces porque, argumentaba, la llamada nunca fue atendida. La defensa, recoge el fallo del Tribunal Supremo, alegaba que «en la llamada de teléfono no se entabla comunicación, no se conversa, no se hace partícipe al receptor del mensaje» y que «el delito de quebrantamiento se consuma con el establecimiento de la comunicación, no con el intento de llamada, el cual estaría exento de responsabilidad criminal».

Pero, apunta el magistrado Miguel Colmenero que emite este fallo, comunicarse con otra persona «significa poner algo en su conocimiento».

«No se exige un contacto, escrito o verbal de doble dirección. Por lo tanto, no es preciso que encuentre respuesta. Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia. Lo que importa es que alguien haga saber algo a otro […] El mero hecho de llamar, cuando es posible identificar la procedencia, ya supone en esos casos un acto consumado de comunicación», apunta el juez en la sentencia.

¿Cuál es la condena por este delito?

Según la sentencia, al agresor se le impone una pena de un año de prisión, así como la obligación de pagar los costes del proceso judicial.

El condenado interpuso dos recursos. Primero, al Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario por considerar que la llamada perdida a la víctima, estando vigente la prohibición de comunicación, constituía un delito. La Audiencia Provincial de Las Palmas, tras este primer recurso, confirmó el fallo. Por lo que el agresor interpuso un segundo recurso sobre el que se pronunciado definitivamente ahora el Tribunal Supremo, ratificando de nuevo tanto el fallo del Juzgado de lo Penal como de la Audiencia Provincial.

Por tanto, es una sentencia firme que no admite más recursos.

¿Esta sentencia aplica la perspectiva de género?

Sí. Como explicábamos, la defensa del condenado alegaba que la víctima no había llegado a responder la llamada. Por tanto, al no existir una comunicación bidireccional, el agresor no habría quebrantado la condena. Sin embargo, como explica Lucía Avilés, «el Tribunal Supremo entiende que admitir eso sería admitir que la comisión del delito también depende de la víctima». Por ello, el TS niega que sea así, «eximiendo a la víctima de cualquier responsabilidad», añade la jueza y fundadora de AMJE.

El propio fallo señala que «se pretende proteger a las víctimas de determinados delitos, garantizando su seguridad y tranquilidad frente a la acción de determinadas personas». «La perturbación de su tranquilidad y la amenaza a su seguridad es apreciable desde el momento en que es consciente de la existencia de la llamada efectuada por aquella otra persona a la que se le ha impuesto una prohibición de comunicación», consta en la sentencia.

Avilés señala que esto supone también un «llamamiento al sentido común y a la realidad social y tecnológica»: «Hoy en día todo el mundo tiene perfecto conocimiento de que las llamadas se registran y, en muchas ocasiones, incluso si el teléfono está apagado, se remite un mensaje a la usuaria del móvil». De hecho, así lo especifica la sentencia: «El sistema de los terminales telefónicos, que cualquiera conoce, funciona así de forma automática proporcionando esa información».

¿Por qué es importante implementar la perspectiva de género en el ámbito judicial? La jueza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias Glòria Poyatos apunta a Newtral.es que esta sería «una metodología para identificar asimetrías de género en el ordenamiento jurídico». «Jueces y juezas nos educamos en la misma sociedad prejuiciosa y podemos arrastrar esos prejuicios en nuestras resoluciones y convertir las sentencias en armas de discriminación institucional», severa Poyatos.

En este sentido, la jueza Cira García alerta de que los agresores pueden encontrar formas de comunicación muy distintas: «Por ejemplo, tuve un caso de un hombre con una condena de prohibición de comunicación sobre su expareja. Le tenía que pasar la pensión alimenticia para la hija que tenían en común y, en una de las ocasiones, escribió en el asunto de la transferencia bancaria: ‘Pensión alimenticia, zorra’. Esto también sería una perturbación de la tranquilidad de la víctima».

Fuentes:

  • Sentencia del Tribunal Supremo número 650/2019
  • Código Penal
  • Lucía Avilés, jueza y fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE)
  • Cira García, magistrada en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete y socia de AMJE
  • Glòria Poyatos, jueza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y socia de AMJE

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