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Marta Calvo y la violencia machista que no cuenta en las estadísticas
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Marta Calvo y la violencia machista que no cuenta en las estadísticas

La ley contra la violencia de género solo considera víctimas a las mujeres agredidas o asesinadas en el ámbito de la pareja. Pero el Convenio de Estambul obliga a aplicar este estatus fuera de las relaciones sentimentales

Foto: Carol Smiljan

Si tu novio o marido te agrede sexualmente y después acaba con tu vida, serías considerada víctima de violencia de género. Sin embargo, si un desconocido te agrede sexualmente y después acaba con tu vida, no serías considerada víctima de violencia de género.

«Así de desigual es en la actualidad el ordenamiento jurídico español», tal y como apunta a Newtral la magistrada Lucía Avilés, fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE).

Esta semana, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha actualizado sus estadísticas de feminicidios al confirmar cinco casos más: tres de ellos, cometidos entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre de 2019; y dos de ellos, cometidos en años anteriores (2009 y 2018) —eran casos en investigación que el Gobierno no había confirmado como casos de violencia de género hasta ahora—.

Así, en 2019, 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y en total —con la confirmación de los feminicidios correspondientes a 2009 y 2018—, 1.033 mujeres asesinadas desde 2003, año en que se empezaron a contabilizar estos delitos.  

Sin embargo, estas cifras no reconocen la existencia de otra realidad: faltan mujeres que también son víctimas de violencia de género, aunque no hubiesen mantenido una relación sentimental con su agresor antes de ser asesinadas. Esto sucede porque la ley contra la violencia de género (Ley 1/2004) solo reconoce como víctimas a aquellas agredidas o asesinadas en el ámbito de la pareja.

El caso más reciente que ejemplifica la ausencia de otras formas de violencia en la ley es el de Marta Calvo. La joven desapareció el 7 de noviembre. Esta misma semana, tras casi un mes de búsqueda, el principal sospechoso de su desaparición confesaba haberla asesinado y haber arrojado su cadáver a un contenedor.

Según esta confesión, y como apunta la investigadora y doctora en Estudios de Género Nerea Barjola, se trataría de una «desaparición forzada»: «El término ‘desaparición forzada’ o ‘involuntaria’ es un concepto jurídico que viene siendo utilizado para designar las desapariciones forzadas cometidas en regímenes autoritarios. A mi entender, es un término perfectamente extrapolable para definir los secuestros, asesinatos y torturas que sistemáticamente sufren las mujeres», explica la autora en su obra «Microfísica sexista del poder», una narración en clave feminista sobre el caso Alcàsser que se puede descargar y leer libremente a través de la página web de la editorial (Virus).

En el caso de Marta Calvo, ella y el presunto agresor habían quedado ese 7 de noviembre tras haberse conocido en una app. Pero entre ellos no mediaba relación sentimental alguna. Por este motivo, Marta no tendrá el estatus de víctima de violencia machista.

Qué dice el Convenio de Estambul

«La ley contra la violencia de género es muy eficaz pero necesita evolucionar», asevera la jueza Lucía Avilés. Ese desarrollo pendiente del que habla la magistrada pasaría por la implementación del Convenio de Estambul aprobado en 2011 por el Consejo de Europa y que España ratifica en 2014.

Dicho Convenio obligaría a España a reformar la Ley 1/2004 para recoger la violencia machista que los hombres ejercen sobre las mujeres fuera del ámbito de la pareja, un compromiso que el Pacto de Estado aprobado en España en diciembre de 2017 recoge así:

«Declarar que son también formas de violencia contra las mujeres, conforme al Convenio de Estambul, la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina; el matrimonio forzado; el acoso sexual y el acoso por razones de género; el aborto  forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en que no exista con el agresor la relación requerida para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004».

«El Convenio de Estambul prevé un concepto más amplio de violencia de género, puesto que la define como aquella que padecemos las mujeres por el hecho de ser mujeres o que nos afecta desproporcionadamente», explica la jueza Avilés. «Que la Ley 1/2004 solo contemple la violencia de género para aquellas víctimas que están o han estado unidas a su agresor es contrario a los mandatos internacionales: no se puede hacer depender la condición de víctima en función de si hay o ha habido una relación sentimental», añade. 

Junto a Marta Calvo, serían, al menos, otras 22 mujeres que según el Convenio de Estambul deberían estar incluidas en las estadísticas de violencia de género

¿Y qué supondría aplicar el Convenio de Estambul? «Primero, la modificación de las estadísticas. Y esto es importante porque si no, no conocemos la dimensión real del problema. Hay más mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres de las que ahora mismo contabilizan las cifras oficiales». Esto incluiría no solo casos como el de Marta Calvo (o Diana Quer o Laura Luelmo), sino aquellos en los que el agresor asesina a un familiar de su pareja o expareja.

En septiembre de este año, por ejemplo, un hombre asesinó a su exmujer pero también a su excuñada y a su exsuegra. La expareja sí es contabilizada como víctima mortal de violencia de género, pero la hermana y la madre de la víctima, no.

Más allá de las cifras, esta reforma tendría una importante consecuencia en el ámbito jurídico, ya que delitos como una agresión sexual por parte de un desconocido se instruirían en un juzgado especializado, es decir, en un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer:

«A día de hoy, estos son los juzgados competentes para esta materia. Pero, primero, la ley debe incluir estos supuestos como violencia de género. Esto significa que casos como el de la violación grupal en Pamplona se habrían tratado en un juzgado especializado, con todo lo que eso conlleva: que, por ejemplo, todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales) tendrían formación con perspectiva de género. O así debería ser, algo que todavía debe mejorar», señala Lucía Avilés, fundadora de AMJE.

Avilés señala que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género también incide en la necesidad de crear más juzgados especializados. Como contábamos en Newtral en este especial por el 25 de noviembre, España debería tener al menos uno de estos juzgados por cada partido judicial —así lo contempla la Ley 1/2004—. Teniendo 429 partidos en todo el territorio nacional, solo se han creado 106 juzgados. Es decir, el nivel de implementación de Juzgados de Violencia Sobre la Mujer apenas alcanza el 25%.

Esta jueza especializada en violencia de género también recuerda que «estamos pendientes de una reforma del Código Penal para que sean considerados delitos contra la libertad sexual aquellos donde ha habido ausencia de consentimiento [casos como la agresión sexual grupal en Pamplona o la de Manresa]».

Otras desapariciones forzadas de mujeres

Como Marta Calvo, muchas otras mujeres han sido «forzadas a desaparecer» en las tres últimas décadas. Solo en 1992, hay cuatro casos que tuvieron amplia repercusión mediática: Marta Obregón y Leticia Lebrato —asesinadas por el mismo agresor, «el violador del ascensor»—, Olga Sangrador, y el caso de las tres niñas de Alcàsser.

En 1993, fue secuestrada y asesinada Anabel Segura. Y en 1995, fue hallado el cuerpo sin vida —y con evidencias de haber sido violada— de Leticia Temiño. En 1999, la memoria colectiva recuerda el caso de Rocío Wanninkhof, pero también el de María Ángeles Pomares Cuesta, agredida sexualmente antes de ser asesinada, y el de Virginia Acebes, también violada y asesinada.

En 2003 se recuerda la violación grupal y asesinato de Sandra Palo, y también el feminicidio de Sonia Carabantes a manos del mismo agresor que el de Rocío Wanninkhof. Y en 2006, fue Águeda González Portela la joven forzada a desaparecer. Su cuerpo se halló días después cuando el agresor confesó dónde lo había ocultado.

En 2008 desaparece Mari Luz Cortés, que, al igual que Olga Sangrador (1999), era menor de edad. Ese año, la joven Nagore Laffage sufrió un intento de agresión sexual y después fue asesinada. Y 2009 es el año de la desaparición forzada de Marta del Castillo, cuyo cuerpo aún no se ha encontrado. En 2013, se encontró el cuerpo sin vida de Elisa Abruñedo, que previamente había sido agredida sexualmente.

Y entre 2016 y 2018, recordamos los feminicidios de Diana Quer, Leticia Rosino Andrés y Laura Luelmo.

Junto a Marta Calvo, serían, al menos, otras 22 mujeres que según el Convenio de Estambul deberían estar incluidas en las estadísticas de violencia de género.

La investigadora Bárbara Tardón —especializada en violencia sexual y coautora del informe «Ya es hora de que me creas» publicado por Amnistía Internacional— explica a Newtral que, en las últimas décadas, la agenda del movimiento feminista «se ha centrado en un sujeto político que era, principalmente, el de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, olvidando otras formas de violencia como las desapariciones forzadas».

Tardón añade que la «deuda ya no es tal» porque en los últimos años el feminismo «como movimiento político» sí ha evidenciado la existencia de esas otras formas de violencia y «ha exigido a las instituciones, y lo sigue haciendo, que apliquen de manera efectiva el Convenio de Estambul».

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