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Las heridas del carbón que arde en España
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Las heridas del carbón que arde en España

Aunque se hayan cerrado las minas en España, se sigue quemando carbón en plantas térmicas nacionales. A veces es difícil certificar los impactos en origen de lo que arde aquí. Un informe denuncia algunos abusos en Colombia, Indonesia o Rusia.

Mina de carbón en Cerrejón | Steve Morgan, Greenpeace

5.000 kilómetros separan Villafranca del Bierzo de Kazas, en Rusia. Un hilo de carbón une a estos municipios simbólicamente. Se han dado un relevo negro que va más allá de los humos que salen de las centrales de producción de energía donde se quema la hulla. Los derechos humanos se tiznan lejos de nuestras fronteras para encender nuestra luz, según denuncian organizaciones ecologistas y humanitarias.

«Kazas es mi pueblo ancestral. Está ubicado junto al río Mras-su. Hasta principios de la década de 1970, estaba limpio, fluían manantiales de montaña. Con la llegada de las primeras compañías de carbón, el pescado comenzó a desaparecer».

Quien habla así es Yana Tannagasheva. Pertenece al pueblo siberiano de los shor, uno de los grupos indígenas rusos de unas 12.000 personas. Aunque la ley dice otra cosa, en Kazas, el pueblo de Yana, ya no hay agua corriente potable.

Basta sobrevolar estos territorios con Google Earth para observar a vista de pájaro el impacto de estas macroexplotaciones:

La mina se ha comido la zona habitada. «En muchos casos ha obligando a la gente a ser reubicada, pero en la mayoría de los casos la gente se queda, escuchando las explosiones a lo largo del día e incluso les caen piedras encima», precisa Vladimir Slivyak (@VladimirSlivyak), de la organización ecologista rusa Ecodefense. Ese carbón termina ardiendo en España.

El caso de Yana y el trabajo y testimonio de Slivyak se recoge en el informe Las heridas del carbón, publicado por Greenpeace con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre.

«La crisis climática es una crisis de derechos humanos», recalca Tatiana Nuño (@t_nunho), responsable de Cambio Climático de la organización. El carbón no sólo es el principal responsable de emisiones de CO2 en el mundo. Es también un combustible cuya extracción está marcada por el impacto social en lugares como Colombia, Sudáfrica o la propia Rusia. Los países a los que España importa su combustible.

El viaje del carbón ‘español’

El siglo del carbón se acabó en Villafranca del Bierzo hace poco más de un año. Se acabó allí y en 26 explotaciones de Asturias, Aragón y Castilla y León que quedaban en España hace justo un año. El 1 de enero de 2019 se vieron obligadas a echar el cierre o devolver las ayudas para mitigar el impacto social de su desaparición.

La ‘aldea gala’ de la minería española se atrinchera en Mieres. El pozo San Nicolás de Hunosa, con unos 350 empleados (llegó a tener 53.000), se ha mantenido en pie como testigo del fin de una era. Hace un año, apenas el 14% del carbón quemado en España era nacional. Hoy, sólo la central térmica de La Pereda (Hunosa) se alimenta de las entrañas asturianas.

Entre los años 2000 y 2019 un total de 1.041 operadores han importado carbón a España, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). Endesa, Iberdrola, EDP, Naturgy y Viesgo son las principales energéticas que gestionan las plantas de quema de carbón en España para generar electricidad y calor.

Estos son los puntos negros del CO2 en España y la relación entre centrales y puertos de descarga de carbón, donde destacan las centrales de As Pontes y Aboño.

Fuente: Datacomex

 

Según el experto en gobernanza global y derechos humanos Daniel Iglesias, estas empresas pueden tener «políticas de compra sostenible, un compromiso a través de un código ético o política de derecho humanos conforme a los principios rectores de Naciones Unidas. Pero la complejidad de la cadena de suministro y opacidad de la misma no asegura que los estándares se cumplan. Sobre todo es las etapas de extracción en terceros estados», aclara este consultor del CIEDH.

Aunque las energéticas en Europa tengan políticas de compra ética de carbón, la trazabilidad ‘social’ en estas explotaciones es muy complicada y, a veces, opaca.

Endesa, la primera emisora de CO2 derivado del carbón en España, ha marcado en su Plan Estratégico de Inversiones que clausurará en 2022 Carboneras y As Pontes.

Iberdrola anunció justo al comienzo de la COP25 que cerrará en 2020 sus dos últimas plantas de carbón, las de Lada y Velilla, y recolocará a sus plantillas en las labores de desmantelamiento y donde colocará sendos parques eólicos y fotovoltáicos.  

Este anuncio contrasta con los efectos del abandono de las minas en los países de origen –y algunos casos en España– del carbón que Europa y otros continentes consumen en la actualidad. Según denuncia Astrid Puentes, codirectora de la ONG AIDA, hay países que ante los anuncios de descarbonización están acelerando las extracciones, «para sacar todo el carbón cuanto antes». O han arrasado el empleo en zonas enteras de Sudáfrica.

Puentes recuerda el impacto que sobre comunidades de cuencas mineras tiene el desmantelamiento de las explotaciones sin plan B. Por eso, José Luis García, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace marca la importancia de «que se haga una transición justa, equitativa y con perspectiva de género». Valga esto para Sudáfrica, Colombia o para España.

La Comisión Europea maneja crear un fondo de 5.000 millones de euros para paliar los efectos del adiós a las comarcas del carbón en 2020. Después de esta inyección inicial se espera que se alcancen los 35.000 millones a aportar entre administraciones y empresas de aquí a cinco años.

Está por ver si se le termina de dar forma en las reuniones que esta semana comienzan en Bruselas con el nuevo equipo de Ursula von der Leyen. Como también en qué términos el nuevo gobierno sacará adelante en los próximos meses su Estrategia de Transición Justa, una de las patas en las que se apoya el MINTECO junto a la futura Ley de Cambio Climático para recortar sus emisiones un 20% antes de 2030, respecto a hace 30 años.

De Guajira a Gijón, un carbón que no se acaba

Lo que entra por Gijón sale de La Guajira colombiana. Allí está la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. "Allí está la comunidad Wuayú que se está viendo exterminada", sentencia Diego Alejandro Rojas Fonseca del colectivo socio ambiental de Arbelaez en el informe de Greenpeace. "Este carbón que se extrae aquí llega a Europa, yo lo he visto llegar a Gijón".

Como señala el informe con la mina de Cerrejón llegaron la expropiación de tierras, la contaminación del aire, la pérdida de uso del suelo para la agricultura y la ganadería. Se tomó el control de fuentes hídricas y su contaminación.

Azufre, metano y cenizas de la mina de carbón de Cerrejón, en Colombia | Steve Morgan, Greenpeace ©

"A diario vemos y sentimos de dos a tres voladuras diarias, nuestras casas se tambalean y los residuos caen directamente al río", explica desde Colombia la líder indígena wayú María Cristina Figueroa para el informe de Greenpeace. "El agua no es apta para el consumo humano, pero nos toca consumirla porque es la única que hay", dice la activista que asegura estar amenazada.

"La infancia es la más afectada", añade en su visita a Madrid Astrid Puentes. Han golpeado principalmente a este pueblo donde las mujeres jueguen un papel central, así como a comunidades negras o afrocolombianas. "Y la minería sigue creciendo", explica Puentes, destacando que la mina de carbón necesita más agua. Guajira es desértica y "con cambio climático está perdiendo aún más".

Evolución del uso del suelo en Borneo con la llegada de la minería

Holanda o Alemania han dejado de comprar carbón con este origen. Greenpeace ha aprovechado este Día de los Derechos Humanos para reclamar en España "una fecha de cierre de las centrales no posterior a 2025, que no sólo sea el mercado quien marque el fin de su funcionamiento".

Hasta entonces, que se asegure que el carbón –como otros minerales necesarios en la transición ecológica– no estén marcados por una veta de destrucción ambiental y social.

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