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El Ingreso Mínimo Vital, requisito de residencia y excepciones: La trata de personas no es lo mismo que el tráfico de personas
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El Ingreso Mínimo Vital, requisito de residencia y excepciones: La trata de personas no es lo mismo que el tráfico de personas

El partido de Abascal alega que el Ingreso Mínimo Vital causa «un efecto llamada a gritos» porque permite que víctimas de trata sin residencia accedan a la ayuda

El Boletín Oficial del Estado publicó este lunes el Real Decreto-ley que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. La ayuda puede pedirse a partir del 15 de junio. Tanto el Partido Popular y Ciudadanos han anticipado que no la rechazarán. Sin embargo, Vox ha cambiado su posición alegando que las excepciones de la norma causan «un efecto llamada a gritos» y alimentan la «entrada masiva» de extranjeros a España.

Uno de los principales requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital es contar con una residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante el año anterior a solicitar la prestación, algo que no se exige a las víctimas de violencia de género y a víctimas de la trata de seres humanos y explotación sexual.

«Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle reglamentariamente».

Artículo siete del decreto.

[¿Cuáles son las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital?]

El partido de ultraderecha se basa en estas excepciones para rechazar la medida, que llegará a  850.000 hogares en riesgo de exclusión social. «Claro, si ha llegado hasta aquí, ha sido obviamente víctima del tráfico de personas, no es difícil que haya pasado. Basta con un papel de los servicios sociales del municipio, al final es un coladero», ha dicho Iván Espinosa de los Monteros este martes en entrevista en las mañanas de Radio Nacional de España

También lo ha repetido el líder de Vox Santiago Abascal durante la sesión de control en el Congreso este miércoles. «Las personas que están en los servicios públicos, que tienen sensibilidad con las personas que sufren, van a entender perfectamente que todas las personas que vienen en pateras son víctimas de las mafias y de los tratantes de personas», ha dicho. 

El tráfico de personas, distinto a la trata de personas

El «tráfico de personas» es un concepto distinto al de «trata de personas». No todas las personas que entran de forma irregular en España tienen por qué ser víctimas de trata, aunque en ocasiones están conectados.

La trata supone un delito contra la persona, ya que ésta es captada, trasladada o acogida por medios ilícitos para explotarla y obtener un beneficio económico a costa de la explotación. Supone una vulneración de los derechos humanos de la persona, y no siempre tiene un componente transnacional, ni exige el cruce de fronteras.

Sin embargo, el tráfico ilícito de inmigrantes es considerado delito contra el Estado ya que facilita la entrada irregular en el país de destino, con el fin de obtener una ganancia económica por facilitar la entrada irregular en dicho país. El tráfico ilícito de migrantes vulnera las leyes de extranjería y de control de fronteras y siempre tiene un componente transnacional.

Fuente: Fundación Cruz Blanca.

En España, desde 2010 el Código Penal tipifica y da más peso a los delitos de “trata” en sus distintas variantes:  sexual, laboral, actividades delictivas matrimonio forzado o extracción de órganos corporales. 

¿Qué dicen los datos sobre la trata de personas?

No existen datos precisos que ilustren el fenómeno de la “trata” en su totalidad. Sin embargo, podemos referirnos a distintas fuentes para tener una idea de esta realidad. Una de ellas es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior. 

Las últimas cifras disponibles, correspondientes a 2018, están en el Balance 2014-2018 de trata de seres humanos en España, que recopila los datos ofrecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En 2018, se identificaron un total de 238 víctimas en actuaciones policiales contra presuntas víctimas. De estas, la mayoría eran mujeres o niñas y estaban en redes de explotación sexual (117 mujeres y 6 niñas víctimas). Pero también estaban en redes con fines de explotación laboral (17 mujeres y 3 niñas víctimas), matrimonio forzado (una niña), criminalidad forzada (2 mujeres) y mendicidad (6 mujeres y una niña ). 

Los mismos datos señalan sin embargo que el mismo año, se detectaron 9.315 personas en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual. 

Estas cifras representan solo una pequeña parte de la realidad y no ilustran la dimensión real del problema. Como resalta Proyecto Esperanza, entidad especializada en víctimas de trata, «el análisis del fenómeno es muy complejo y los organismos internacionales que investigan y actúan en este ámbito tienen datos fragmentados y estimaciones distintas». 

Desde la Fundación Cruz Blanca invitan a revisar también el boletín estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, relativas a la asistencia proporcionada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. En 2018, las entidades especializadas contactaron don 46.906 mujeres en contextos de de prostitución. De este total, detectaron indicios de trata o explotación sexual en 13.317 mujeres

«Hablamos de una actividad delictiva que trata de esconderse o camuflarse en la legalidad o alegalidad», resalta Vanessa Casado Caballero, experta en trata del aula de derechos humanos de la Fundación Abogacía Española. Además, solo se identifican 1 de cada 20 víctimas, subraya.

Esta detección e identificación de las víctimas es un requisito para que  puedan acceder a derechos y servicios de las que son titular por haber sufrido una violación de sus derechos fundamentales. Si están en situación irregular por ejemplo, no puede ser expulsadas.

¿Cómo se identifica a una persona como víctima de trata?

En España, la identificación formal de las víctimas de trata recae exclusivamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil). El protocolo marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, de 2011, especifica que se realiza a través de una entrevista, en la que usualmente participan organizaciones especializadas. Después del proceso de identificación, la policía competente realiza un informe

«Uno de los problemas es que la policía pide que se auto-identifique la víctima», explica  Estefanny Molina, abogada de la asociación Women’s Link a Newtral.es. «Muchas veces las víctimas de trata no saben que lo son y tienen miedo a hablar», señala.

Otro gran obstáculo en la identificación es la necesidad de que colaboren con la investigación. Para decidir si quieren colaborar o no, y por ende, denunciar a los tratantes, la Policía les da un periodo de reflexión de 90 días.

¿Y qué dice el Real Decreto-ley?

El Ministerio de Igualdad detalla a Newtral.es que en el Real Decreto-ley «se incluye la posibilidad de otro tipo de acreditación como puede ser la de las ONGs especializadas» que las administraciones públicas competentes consideren válidas. «Pero solo a efectos socio-asistenciales, como el cobro del IMV», subrayan. 

Según explica Igualdad, incluir otras vías en la identificación de víctimas más allá de la policial es una de las recomendaciones del Consejo de Europa a España. En su último informe, el organismo internacional expresó preocupación por el proceso de identificación de las víctimas e instó a las autoridades a que la identificación oficial no dependa sola de la presencia de pruebas suficientes para que se inicie un proceso penal. También recomendó el reconocimiento formal del papel de las ONG especializadas en los procesos de identificación.

«En principio, para solicitar el IMV no hace falta haber sido identificada formalmente por las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que se considerará también a todas aquellas mujeres en las que se hayan detectado indicios de trata», explica Carmen Martínez-Raposo, referente de programas de trata de seres humanos de la Fundación Cruz Blanca

Las entidades especializadas, que cuentan con una amplia experiencia en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, podrán generar un informe a través de un modelo uniforme elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La medida trata así de responder al aumento de la vulnerabilidad de estas mujeres durante el estado de alarma, dado que se encuentran en situación de mayor desprotección y aislamiento.

Sin embargo, algunas ONGs aún esperan el desarrollo reglamentario. «¿Un informe de una ONG podrá ser válido sin la aprobación de un funcionario público?», se pregunta Teresa De Gasperis, especialista en trata de Accem

Fuentes:

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