El Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho del Parlamento Europeo a España ha publicado esta semana las conclusiones de su última misión en España, entre las que destacan que se trata de un país con instituciones “formalmente sólidas”, aunque también resalta que estas están “sometidas a una polarización creciente y a tensiones que ya erosionan su credibilidad” como los casos de corrupción.
- Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de verificación por WhatsApp por diferentes noticias publicadas recientemente que hacen referencia a las conclusiones publicadas esta semana.
- Este grupo llevó a cabo, a petición de los populares europeos, el pasado febrero una misión a España con el objetivo de analizar el marco legislativo en materia de anticorrupción, la reforma del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, la independencia judicial y el cambio de mayorías en el sistema de elección del Consejo de Administración de RTVE.
¿Qué es y cómo se eligen las “misiones” que lleva a cabo?
El Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales (DRFMG) del Parlamento Europeo realiza misiones de investigación y reuniones con las partes interesadas, como autoridades nacionales, para supervisar los posibles riesgos contra los valores de la UE en los Estados miembros. También emite propuestas de resoluciones e informes semestrales que abarcan todas las misiones y las reuniones producidas en este periodo. Ninguno de estos informes es vinculante.
- El DRFMG es un grupo que pertenece a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo.
- Este grupo está compuesto por dos miembros de cada grupo político, y además se invita a miembros de otras comisiones a asistir a “reuniones específicas” cuando es necesario.
Desde el Parlamento Europeo explican a Newtral.es que una comisión puede decidir organizar misiones a un Estado miembro, a un país fuera de la UE o a conferencias internacionales, dentro del ejercicio de sus competencias.
- La Conferencia de Presidentes es el órgano competente para “autorizar las misiones fuera de los lugares habituales de trabajo y las reuniones interparlamentarias”, según señalan desde la Eurocámara.
¿Qué implica este informe y para qué sirve?
El Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho elabora un informe no vinculante y a efectos informativos sobre los resultados de la misión, en el que incluirá sugerencias para acciones de seguimiento, así como aportaciones al proceso legislativo y de control.
¿Cuáles son las conclusiones recogidas en el último informe sobre la misión a España del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho?
El CGPJ. Los miembros de la misión advierten de que el actual modelo de mandato del Consejo General del Poder Judicial “sigue generando preocupación” respecto al “potencial de influencia política sobre la gobernanza judicial”. También indican que las tensiones políticas sobre el CGPJ “contribuyen a la disminución de la confianza pública” y “refuerza la percepción de politización”.
- Qué se propone. Se apuesta por la siguiente fórmula: “al menos” la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por “sus pares”.
La corrupción. Los integrantes de la misión se apoyan en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International de 2025 para recordar que España baja un punto en este marcador con respecto a 2024, siendo su puntuación de 55/100 –cuanto mayor es la puntuación, menor es la presencia de corrupción–, pero desciende tres posiciones en el ránking mundial y se sitúa en el 49 de 182.
- Avisan de que los retrasos en los casos judiciales, como el de la ‘Operación Kitchen’, y el clima político general, como el ‘caso Ábalos’, pueden “debilitar la confianza pública en la eficacia y en la imparcialidad de la aplicación de las leyes anticorrupción”.
- Ley que regula los grupos de interés. En su misión a España, el Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho echa en falta la aprobación de una ley integral sobre ‘lobbies’. En enero de 2025, el Consejo de Ministros remitió al Congreso un proyecto de ley de transparencia de las actividades de los grupos de interés, pero, a día de hoy, continúa con su recorrido parlamentario.
El uso de los decretos ley. El informe también señala que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, trasladó a los eurodiputados su “inquietud” por el “deterioro de la práctica legislativa” al hacer un uso “excesivo” de los reales decretos ley y a la tardanza de la tramitación parlamentaria de iniciativas en las Cortes.
- Según el texto, desde 2018, el Gobierno ha aprobado “más de 120 decretos ley”. El uso recurrente de esta iniciativa legislativa de manera “injustificada” puede “limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel asesor de los órganos judiciales”.
- Desde junio de 2018 –cuando prosperó la moción de censura contra Mariano Rajoy– hasta abril de 2026, el Ejecutivo ha recurrido un total de 179 veces al uso del decreto ley, de acuerdo con el buscador de iniciativas del Congreso.
El papel del Senado. Siguiendo en esta línea, las asociaciones judiciales con las que se reunieron los miembros de la misión se quejaron del presunto ninguneo del Gobierno a las Cortes por recurrir a los decretos ley. Con esta práctica, se “corre el riesgo de menoscabar el papel constitucional del Senado” como cámara territorial y de segunda lectura.
El “fortalecimiento” de nuestro sistema. El escrito indica que garantizar “la transparencia de los procesos legislativos, una consulta efectiva y una relación equilibrada entre Gobierno, Parlamento y órganos de control constitucional seguirá siendo fundamental para fortalecer la solidez del sistema español de pesos y contrapesos”.
La “insuficiente” financiación. El documento pone de manifiesto las “decenas de miles” de asuntos pendientes en los tribunales de Justicia, así como una “grave escasez de jueces per cápita, una sobrecarga crónica de trabajo y una financiación insuficiente”, que achacan a la falta de unos Presupuestos Generales y a la dependencia económica del Ministerio de Justicia.
- Estas carencias afectan, según los eurodiputados, a la eficacia del sistema judicial y también a los indicadores de corrupción porque provocan retrasos en los procedimientos.
Un marco “despolitizado”. Para María Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, el proyecto de ley que reforma la carrera judicial y fiscal –aún en tramitación parlamentaria– “socava la selección basada en el mérito”. Con ello, la delegación europea apuesta por “restablecer un marco de gobernanza judicial estable, despolitizado y ampliamente aceptado” porque así se podrá “salvaguardar la credibilidad a largo plazo del sistema del Estado de derecho en España”.
Una RTVE “independiente”. El texto recoge “la preocupación por la gobernanza independiente del medio público RTVE, por el aumento de amenazas y acoso a periodistas, y por los obstáculos para acceder a la información oficial”.
Una visita con ausencias: el Gobierno no se reunió con los eurodiputados
El informe de la misión del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho a España se queja de que no se hayan podido celebrar las reuniones solicitadas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y con RTVE.
- Así, los eurodiputados indican que la ausencia de estas autoridades “limitó la capacidad de la delegación para obtener explicaciones directas” de estos organismos.
Por otro lado, dicho grupo sí mantuvo contacto con jueces, fiscales, asociaciones y organizaciones civiles, con los que pudieron constatar “un contexto de creciente polarización política, que se refleja en la dinámica institucional y en las prácticas legislativas”. No obstante, también reconocen que España sigue “funcionando dentro de los parámetros constitucionales establecidos”.
¿Qué otros trabajos ha llevado a cabo el grupo del Parlamento Europeo en suelo europeo?
Hasta ahora, el Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho –creado en 2018– ha realizado tres misiones de “carácter excepcional” a Eslovaquia (junio de 2025), a Hungría (abril de 2025) y a España (febrero de 2026).
- La misión del DRFMG en Eslovaquia fue evaluar la situación del Estado de derecho, la independencia judicial, la libertad de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción.
- Por su parte, el cometido de este grupo en Hungría versaba en analizar la evolución del país respecto a los valores de la UE, la independencia judicial, la libertad de prensa y académica, las medidas adoptadas en materia de anticorrupción y los derechos de las personas LGTBIQ+.
