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Las más de 700.000 personas que el coronavirus podría condenar a la pobreza
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Las más de 700.000 personas que el coronavirus podría condenar a la pobreza

Intermón Oxfam asegura que el impacto del coronavirus es desigual y las personas más pobres podrían perder proporcionalmente ocho veces más renta que las más ricas

Juan Gómez (Shutterstock)

El número de personas en riesgo de pobreza en España podría aumentar en más de 700.000 personas, hasta alcanzar los 10,8 millones. Esos son los cálculos que estiman los expertos de Intermón Oxfam, que han realizado un informe en el estudian el impacto desigual que tiene la pandemia sobre la sociedad.

Así, calculan que debido al coronavirus las personas más pobres podrían perder proporcionalmente ocho veces más renta que las más ricas. «La crisis socioeconómica causada por la pandemia deja en España una huella desigual e injusta que, a largo plazo, puede ser más grave que la pandemia en sí misma«, defienden.

En el estudio sitúan como los más afectados a las mujeres y los extranjeros, que en muchos casos, recuerdan, se dedican a servicios que durante el estado de alarma se han establecido como esenciales. «Si hay algo que ha puesto esta crisis sobre la mesa son muchos trabajadores totalmente esenciales que estaban escondidos. Trabajadores de cuidados, riders, cajeros… que son el rostro de la precariedad de nuestro país», comenta Lara Contreras, responsable de investigaciones e incidencia de Oxfam Intermón.

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¿Qué refleja el estudio?

El estudio asegura que la desigualdad y la pobreza están aumentando. De hecho, defiende que si no se maneja correctamente la salida de la crisis del coronavirus, una de las consecuencias será «la reversión de la tímida reducción de la desigualdad que se había conseguido en los últimos cuatro años».

«Teniendo en cuenta las estimaciones de caída del PIB en un 9% y el aumento del desempleo hasta el 19%, pronosticamos que el número de personas pobres en España puede aumentar en más de 700.000, hasta alcanzar los 10,8 millones», comenta Contreras. Con esto, el porcentaje de riesgo de pobreza del 21,5% de la población de antes del coronavirus, comenta, pasaría al 23,1% tras los efectos de la pandemia.

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Iñigo Macías, coautor del informe de Intermón Oxfam asegura que la desigualdad provoca que por un lado distintas personas tengan distintos niveles de riesgo de contagio y, por otro, una vez se haya producido este contagio que las posibilidades de supervivencia sean diferentes.

«Sabemos que los hogares con menos recursos presentan peores condiciones de salubridad y por lo tanto tienen mayor riesgo de contagio, además, la tasa de hacinamiento del 10% más pobre es 2,3 veces la media. También sabemos que aquellas personas que a lo largo de su vida laboral han desempeñado trabajos más precarios y peor pagados cuando llega la jubilación enfrentan la vida en peores condiciones», alerta Macías

Según los datos del estudio, pasados los 65 años, un 28,15% de las personas que han trabajado sin cualificación tienen dificultades para llevar a cabo actividades básicas de la vida cotidiana en algún grado. «Este porcentaje, sin embargo, baja al 8,71% en la clase ocupacional más alta, haciendo que las personas más vulnerables tengan más probabilidades de enfermar», se explica en el estudio.

¿Quiénes son los más afectados?

Según el estudio, los más afectados por la pobreza por el coronavirus son las mujeres y los extranjeros. «Los cuidados han sido esenciales en esta pandemia, sin ellos no habríamos podido salir de la crisis», afirma Contreras, que recuerda que «1 de cada 3 mujeres trabajadoras de cuidados vive por debajo del umbral de la pobreza». «Y una cuarta parte sigue sin estar dada de alta en la seguridad Social», añade.

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En el caso de los inmigrantes, Intermón Oxfam calcula que la probabilidad de perder el empleo es del 149% sobre la población nacional. De hecho, calculan que el impacto del COVID-19 podría hacer que en España una de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza sea una persona inmigrante. «Una cifra que multiplica por 2,5 su proporción sobre el conjunto de la población total», esclarece Contreras.

En el informe, Intermón Oxfam defiende que la experiencia vivida durante los últimos meses ha mostrado «la debilidad de nuestro contrato económico y social, así como los elevados niveles de precariedad». Así, Contreras defiende que los altos números de pobreza «son el resultado del impacto de nuestro mercado laboral y nuestro modelo tras salir de la crisis de 2008».

«De los 20 millones de contratos que se firmaron en 2019, tan sólo el 6% fueron indefinidos y más de 1 de cada 3 contratos con duración determinada tenían una duración inferior a una semana», recuerda.

Es por ello por lo que aseguran que pese a los años que llevábamos de crecimiento económico, hasta el inicio de la pandemia, la tasa de pobreza laboral seguía estancada en el 13%.

¿Qué comunidades autónomas se verán más afectadas?

Las comunidades autónomas que registrarían más incremento relativo de personas pobres son Baleares, Castilla León, Aragón y Cataluña, según los datos de Intermón. Así, en Baleares calculan un incremento del 11,7% de las personas por debajo de la línea de pobreza, seguido por el 11% de Castilla y León.

Sin embargo, en términos absolutos es en Andalucía donde más personas pasarían a estar en situación de pobreza, con 201.000 personas más. Esto se debe, según Contreras, al mayor número de población en la región. En cuanto a desigualdad, la comunidad con un mayor aumento de esta es Andalucía, seguida por Canarias y Extremadura.

¿Qué propone Intermón Oxfam para frenar el posible aumento de la pobreza?

Para evitar esta situación proponen cambios fiscales, tanto extraordinarios como estructurales, que calculan «incrementarían en 10.000 millones de euros la recaudación». «Lo importante es blindar el sector público con el fin de garantizar la salud, la educación y la protección social», defiende Contreras.

Con esto, proponen una recuperación basada en una fiscalidad progresiva: «el incremento de la inversión pública debe ser financiada por todos y en particular, de manera solidaria y responsable por quien ha salido menos perjudicado de la crisis», reza el informe. Entre las «medidas tributarias excepcionales que contemplan están las siguientes:

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  • Un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios, que grave de manera especial aquellas actividades económicas y empresas que, por su especial condición, experimenten beneficios y/o ingresos extraordinarios por encima de lo «normal» como resultado de las circunstancias especiales.
  • Un impuesto a las Transacciones financieras, que grave productos especulativos de manera amplia y cuya recaudación se invierta en la lucha contra la pobreza dentro y fuera de España.
  • Un impuesto sobre Servicios Digitales, que grave actividades y sectores económicos fuertemente digitalizados y que se encuentran actualmente infragravados.
  • Condicionar las ayudas públicas a las empresas a un comportamiento fiscal responsable, para asegurar el buen uso de los recursos públicos

Además, proponen llevar a cabo una reforma fiscal de «mayor calado» que se centre en gravar el capital, la riqueza y los beneficios de las grandes empresas», a través de ajustes en el Impuesto sobre el Patrimonio, ajustes en el IRPF y el pago efectivo de al menos el 15% del Impuesto de Sociedades.

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Por otra parte, para reducir la precariedad laboral piden mejorar a medio plazo la estructura ocupacional de España, aumentando el peso en la economía de sectores con mayor valor añadido. También «promover una contratación responsable» por parte de las administraciones públicas que reduzca la precariedad, con medidas como la recuperación de la gestión pública de los servicios públicos.

«Prácticamente 900.000 personas se dieron de baja de la Seguridad Social por la paralización de la actividad económica derivada de la declaración del
Estado de Alarma. En los sectores más afectados por la destrucción de empleo ocasionada por la pandemia, el 73% de las personas trabajadoras corresponden a grupos de cotización bajos«, recalcan en el informe.

¿Qué proponen hacer con los inmigrantes?

Intermón Oxfam también apuesta en su informe por asegurar los derechos laborales de las personas migrantes «independientemente de cual sea su situación administrativa». Así, piden poner en marcha un «proceso de regularización administrativa por razones extraordinarias que les garantice los mismo derechos y oportunidades que al resto de la ciudadanía, y que les permita participar en la reconstrucción económica y social desde el pleno reconocimiento de su contribución».

Con esto buscan que pudieran acceder a recibir el Ingreso Mínimo Vital aquellos migrantes que cumplieran los requisitos. Para ello piden que se resuelvan de manera inmediata todos los expedientes de asilo pendientes y se de una resolución favorable a las autorizaciones de residencia y trabajo «que no sean manifiestamente infundadas, que estén pendientes de resolución o en vía de recursos administrativos».

También solicitan que se conceda «de manera prioritaria y preferente» las autorizaciones de residencia por razones humanitarias; y que se facilite el empadronamiento de las personas migrantes.

¿Qué opinan del Ingreso Mínimo Vital?

En el estudio, Intermón Oxfam no ha podido añadir el impacto que generará el Ingreso Mínimo Vital (IMV). «Celebramos el gesto del IMV, esto supone colocar a España en el vagón de cabeza de las políticas sociales para evitar que nadie quede atrás, pero sí que nos gustaría que fuera más ambicioso«, explica Iñigo Macías.

[Renta garantizada para combatir la pobreza]

Así, remiten a su propuesta de renta garantizada para combatir la pobreza, en la que proponían un método a través de ayudas y reformas fiscales con el que aseguran que se puede sacar a 4 millones de personas de la pobreza severa.

El método se centra en recaudar «de los que más tienen» al reformar y aumentar impuestos como el de Sociedades o el impuesto sobre el Patrimonio. Al realizar una reforma fiscal en ese sentido, calculan que se podrían obtener unos ingresos adicionales para las arcas del Estado de 8.460 millones de euros, lo que pagaría la propuesta de renta garantizada que proponen, ya que esta tendría un coste de 6.400 millones de euros anuales.

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