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Renta garantizada para combatir la pobreza
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Renta garantizada para combatir la pobreza

Oxfan Intermón propone un método a través de ayudas y reformas fiscales con el que aseguran que se puede sacar a 4 millones de personas de la pobreza severa

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Sacar a 4 millones de personas de la pobreza severa. Ese es el objetivo que busca la propuesta de renta garantizada de Oxfam Intermón. La medida, que explican en el informe «La hora de rescatar a las personas», se financiaría a través de reformas fiscales que incidirían principalmente en impuestos como el de Sociedades o el de Patrimonio.

«Acabar con la pobreza severa es posible recaudando más ingresos de quienes más ingresan y más tienen», explica la ONG en el documento, donde añade que «la pobreza severa afecta al 9,18% de la población española actualmente».

«Con nuestra propuesta se reduciría al 0,67, es decir, casi cuatro millones de personas», explica Liliana Marcos, responsable de desigualdad y políticas públicas de Oxfam Intermón.

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¿Qué es la renta garantizada?

La renta garantizada es la prestación social a través del cual se busca garantizar el mínimo para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza.

«Los distintos tipos de rentas pueden estar, por un lado, condicionadas o no a los ingresos y a otros requisitos como a participar en actividades de inserción laboral. Nosotros no lo condicionamos a participar en nada, pero sí a un nivel económico», comenta a Newtral.es Liliana Marcos sobre la renta garantizada que propone Oxfam.

Esto, alega, es lo que diferencia a la propuesta de la ONG de la renta mínima y la renta básica. Esta última, por ejemplo, se plantea como algo para todo el mundo sin importar ingresos, mientras que la mínima no es compatible con otras percepciones de renta.

Además, en este caso, tiene un factor muy importante que la ayuda sea compatible con, por ejemplo, recibir un sueldo. «Las mejores rentas autonómicas a día de hoy, las mejor diseñadas, ya son compatibles con ingresos laborales. Hasta cierta medida», comenta Marcos.

«No puedes hacer que la gente tenga que elegir entre una ayuda o un empleo que no sabes cuándo va a empezar y cuando va acabar»

Esto se explica por el tipo de trabajos que en muchos casos están disponibles en el mercado laboral: temporales, a tiempo parcial y precarios. «Si tenemos un mercado laboral que hace que una población de ingresos bajos esté entrando continuamente y saliendo con contratos inestables, mal pagados y de mucha rotación, pues no puedes hacer que la gente tenga que elegir entre una ayuda o un empleo que no sabes cuándo va a empezar y cuando va acabar», critica Marcos. 

Otra característica que quieren aplicar desde la ONG a esta renta es que «no esté limitada en el tiempo», es decir, que se de «mientras dure la situación de necesidad». Además, recuerda que «ya hay comunidades autónomas que dan la prestación sin límite de duración». «Algunas familias, las que tienen menos recursos económicos o las familias monomarentales, están más tiempo recibiendo la ayuda. Con lo cual, si la limitas en el tiempo, estás castigando a las más vulnerables«, alega Marcos.

«Contrariamente a lo que se pueda pensar», defiende la experta, «esto no hace que la gente se quede recibiendo una ayuda de por vida».

¿Cuál es la cantidad que se propone?

La ONG distingue dos tramos de ayuda. Por un lado serían los hogares que están en pobreza severa y por otro los hogares que están en pobreza relativa. Pobreza severa se considera a aquellos que están en o por debajo del 40% de la mediana de ingresos, y la relativa por debajo o igual al 60%. 

Oxfam Intermón propone una prestación por hogar de unos 591 euros mensuales, en caso de hogares en situación de pobreza severa. Esta cantidad equivale a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional o el 30% del salario medio —en base a la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE de 2017—. La renta garantizada dependería de la Administración Central y estaría regulada como derecho subjetivo.

Según su método, a cada uno de estos grupos se les asociaría un nivel de ayuda diferenciado. «A los que tienen una pobreza más aguda, o severa, se les daría una transferencia base por hogar de esos 591 euros. A eso se le añaden los complementos dependiendo de, por ejemplo, el número de hijos», comenta Liliana Marcos. Por otra parte, los que están en pobreza relativa, se les dan prestaciones del tipo «por hijo a cargo».

«No queremos que se calcule como un indicador político que se decida cada año en los Presupuestos Generales del Estado o de ninguna otra forma de decisión política. Lo que ha pasado con ayudas similares es que dependen de un indicador público que lleva años congelado, lo que ha hecho que se devalúen las ayudas y que no se actualicen conforme se actualiza el incremento el coste de la vida. Por eso planteamos este cálculo objetivo», explica la experta. 

¿Cuánto cuesta esta medida?

Oxfam Intermón calcula que el coste bruto del sistema de garantía ascendería a 8.460 millones de euros al año. No obstante, rebajan esta cantidad al descontar el coste actual de las rentas de inserción de las comunidades autónomas y el de la prestación por hijo a cargo que actualmente otorga la Administración General del Estado.

Así, la cifra final ronda los 6.400 millones de euros anuales, lo que supone el 0,55% del Producto Interior Bruto (PIB). «El incremento presupuestario neto equivale al 0,55% del PIB o el 2,3% del conjunto de transferencias del sistema de protección social», explican.

¿Cómo se propone financiar?

Oxfam Intermón calcula que se podrían obtener unos ingresos adicionales para las arcas del Estado de 8.460 millones de euros, lo que»pagaría la propuesta de renta garantizada y daría una mayor igualdad de oportunidades a niños y niñas que en este momento están en situación de pobreza».

Este dinero se obtendría al reformar y aumentar impuestos como el de Sociedades o el impuesto sobre el Patrimonio. En el modelo español, la gran mayoría de la recaudación proviene de impuestos como el IRPF o el IVA. Según el coautor del informe Iñigo Macías, «el 83% del total recaudado sigue recayendo sobre las familias» —a través del trabajo y el consumo— frente al «12% del impuesto de sociedades».

La ONG propone realizar una reforma fiscal para cambiar este modelo. «Es necesario recaudar más de la riqueza, el capital y las grandes empresas», alegan. Así, uno de los impuestos por los que quieren ingresar más es el Impuesto de Sociedades. «Este y otros ajustes relacionados supondrían ingresos adicionales de más de 4.000 millones de euros en las arcas del Estado y ayudaría a cumplir con la progresividad impositiva definida en la Constitución, pues son los más ricos los que más se benefician con este tipo de rentas.

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Por parte del impuesto sobre el Patrimonio, calculan que se podrían sumar 2.200 millones de euros adicionales al año si se diera «La corrección de anomalías». Con esto se refieren a las bonificaciones, ya que aseguran que 2017 se concedieron bonificaciones «que superaron los 1.000 millones de euros«.

También defienden que el IRPF requiere ajustes, según la opinión de la ONG. En este caso, asegura que «la corrección de problemas como la baja progresividad, o el trato preferente de las rentas de capital frente a las rentas del trabajo que pagan un tipo mayor, permitiría recaudar otros 1.130 millones de euros«.

¿Hay algo similar por el momento en España?

Este tipo de ayudas ya existen en varios territorios de España, pero se hace de forma autonómica. Desde Oxfam Intermón se busca que se convierta en una prestación estatal. «Paradójicamente son las dos comunidades autónomas que tienen menos pobreza del Estado las que tienen mejor sistema de garantía de rentas: el País Vasco y Navarra. Sus sistemas son equiparables a los sistemas de protección social europeos», explica Marcos.

Entre las comunidades que cuentan con esta ayuda también se encuentra, por ejemplo, Cataluña, donde se regula por la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía.

«La Constitución da la responsabilidad de la existencia social al Estado y el Estado no ha cumplido con esta responsabilidad y las comunidades autónomas con toda la voluntad del mundo la han cumplido. Aunque algunas mucho mejor que otras. Se trata de no dejarlas solas y que haya un esfuerzo realmente desde el Estado por reducir la pobreza«, defiende la responsable de desigualdad y políticas públicas de Oxfam Intermón. 

A las ayudas de carácter estatal que plantea la ONG, se sumarían complementos que podrían decidir aplicar cada comunidad autónoma. «Al final las necesidades de una comunidad autónoma a otra pueden variar, como, por ejemplo, en el precio de la vivienda. Serviría para que las ayudas autonómicas estén más ajustadas a la situación concreta de cada una de las comunidades autónomas».

Según la ONG España es «una anomalía europea» por no haber desarrollado la protección social de esta forma, a diferencia de otros países de la Unión. «La UE constantemente nos recuerda que hay que ampliar las transferencias que se hacen a las familias de escasos recursos», comenta Marcos.

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