La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra marca la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso.
- La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno y la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva durante una operación contra el narcotráfico también figuraban en la agenda de la sesión en la Cámara Baja.
Regularización extraordinaria. El diputado Jon Iñarritu (Bildu) preguntará a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, si el Gobierno contempla “medidas adicionales” que permitan acceder a la regularización extraordinaria “a todas las personas interesadas y que cumplan los requisitos”.
- Antes de que el Gobierno aprobase la regularización de migrantes a través de un real decreto, ya existía en el Congreso una propuesta (aprobada por todos los grupos a excepción de Vox, actualmente en fase de informe) que surgió a raíz de una iniciativa legislativa popular y que proponía incluir a todos los migrantes, sin excepciones.
- Por qué no se ha continuado con la tramitación de esa iniciativa en lugar de aprobar la norma a través de un real decreto o por qué no se ha incluido en ella a los saharauis son algunas de las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios al respecto. Desde Sumar, la diputada Tesh Sidi ha reprochado al Gobierno haber “dejado fuera” a los saharauis.
A raíz de ello surge la pregunta de si el Ejecutivo cree que “puede legislar sin tener en cuenta al Parlamento”, una cuestión que Josep Pagès (Junts) preguntará al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
- Más de la mitad de las normas aprobadas por el Gobierno en 2025 han sido reales decretos, una figura que no requiere tramitación parlamentaria en el Congreso, pues una vez se aprueban por el Consejo de Ministros, pasan a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
- Los de Puigdemont tienen poder decisivo en el Congreso con el reparto actual de escaños y, con su voto en contra (frecuente desde que anunciaron que “rompían” relaciones con el Gobierno), se pueden tumbar las iniciativas que el Ejecutivo someta a votación en el hemiciclo.
A Interior. La diputada Ana Belén Vázquez (PP) preguntará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si los agentes fallecidos en Huelva lo han hecho en un “accidente laboral”. Su compañera de partido, Cuca Gamarra, querrá saber “cuál es la prioridad” de su ministerio y Borja Sémper, si “está a la altura”.
- El pasado 8 de mayo fallecieron dos agentes de la Guardia Civil en Huelva (y otros dos resultaron heridos) a raíz del choque de dos unidades patrulleras que perseguían a una narcolancha.
- ¿Accidente laboral? La pregunta de la diputada del PP viene a raíz de que durante el segundo debate electoral en Andalucía, María Jesús Montero (PSOE), José Ignacio García (Adelante Andalucía) y Antonio Maíllo (Por Andalucía) relacionaron este suceso con los accidentes laborales. Montero posteriormente rectificó y lo calificó como “accidente en acto de servicio”, según publicó la exministra en X.
El fallecimiento de los dos guardias civiles en Huelva va a costar al Ministerio del Interior una interpelación urgente en la cámara del PP sobre “la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico”.
A Sánchez. Las acusaciones por parte de la oposición hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelven también esta semana al Congreso.
- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le preguntará “cuándo le va a contar la verdad a los españoles”, mientras que Gabriel Rufián (ERC) querrá saber “qué plan tiene”. Por su parte, Santiago Abascal (Vox) le lanzará la cuestión de si no cree que “en España los españoles deben tener preferencia al menos en la adjudicación de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías”.
- Vox y la prioridad nacional. Que los españoles vayan “por delante” en casos como el acceso a la vivienda o al sistema público de prestaciones es algo que ya planteó Vox como moción en el Congreso.
