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Sánchez y Torra, segunda ronda
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Sánchez y Torra, segunda ronda

Una posible reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra cobraba peso antes de la investidura, hasta que la inhabilitación dictada por la JEC la dejó en el aire

Foto: Moncloa

El año de las urnas concluyó sin Gobierno y España se despertó en 2020 con La Moncloa todavía en funciones. Pero apenas unos días después, con la llegada de los Reyes Magos se divisó finalmente en el horizonte algo más que la estrella de Oriente: el tan (des)esperado advenimiento de un nuevo Ejecutivo. El martes pasado, Pedro Sánchez le quitó el apellido “en funciones” a su cargo de presidente del Gobierno tras portarlo durante 254 días. El líder socialista fue investido por la mínima en segunda votación con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

El calendario del nuevo año se estrena con muchos propósitos que cumplir. Entre las tareas pendientes de abordar por el recién elegido presidente se encuentra uno de los mayores escollos irresueltos en el Estado español: el «conflicto catalán». A lo largo de 2019, la relación entre Sánchez y el president de la Generalitat, Quim Torra, ha vivido una sucesión de acercamientos y distanciamientos que ha impedido la concreción de una propuesta clara y dialogada. El líder socialista anunció el mes pasado que, de ser investido, reanudaría las conversaciones con el Govern. El programa de Gobierno que presentó junto con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, incluye un punto sobre la cuestión catalana.

Sin embargo, Torra, que recalcó que no habría acuerdo entre el Gobierno central y el catalán sin el reconocimiento del derecho de autodeterminación, fue inhabilitado de su cargo al frente del Ejecutivo autonómico por la Junta Electoral Central (JEC) el pasado viernes 3 de enero. El órgano superior de la Administración electoral decidió dejar sin efecto su credencial de diputado electo al Parlament de Cataluña, condición sine qua non para ser president de la Generalitat. Torra ha rechazado la resolución por considerar que vulnera sus derechos fundamentales y presentará un recurso al Tribunal Supremo. Este martes, se conocía el texto completo del acuerdo de la JEC, en el que delega en el Parlament la destitución de Torra. Queda pues en el aire si Sánchez dialogará con Torra o si lo tendrá que hacer con un nuevo president.

Lo más importante

En su mensaje institucional de fin de año, Torra supeditó cualquier negociación sobre el conflicto catalán a la celebración de un referéndum sobre la independencia. “Sin un compromiso para dar la palabra a la ciudadanía sobre el futuro político de Cataluña, no hay diálogo honesto, sino tan solo una voluntad de tapar agujeros con pedazos caducos”, señaló desde la sede del Govern.

Asimismo, Sánchez e Iglesias presentaron el 30 de diciembre el programa de su propuesta de “Gobierno de coalición progresista”. En el documento, no se entra en detalles sobre la cuestión catalana y se limita a afirmar que su Ejecutivo abordará “el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

Pero Torra ha sido condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentenció el 19 de diciembre que el president no retiró a tiempo la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de las instituciones públicas en la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. Torra rechazó el fallo e interpuso un recurso al Tribunal Supremo, por lo que la sentencia todavía no es firme.

Sin embargo, el Partido Popular, junto con Ciudadanos y Vox, solicitó a la JEC que inhabilitase inmediatamente a Torra sin esperar la respuesta del Alto Tribunal. Alegó que, aunque la condena no fuese definitiva, el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) permite retirar el acta de diputado a un parlamentario condenado por un delito contra la Administración, como es el de desobediencia. El órgano superior de la Administración electoral decidió el 3 de enero estimar sus reclamaciones y suspender el escaño del president en el Parlament.

La Junta Provincial de Barcelona procederá a ejecutar la decisión de la JEC en los próximos días. Pero en el profuso documento de la JEC, este organismo indica que no le compete dirimir ni a sí mismo ni a la junta barcelonesa «si la condena impuesta a Torra integraba o no un supuesto de inegebilidad sobrevenida y si ello determinaba la pérdida de su condición de diputado electo«. Por el contrario, añade, «ese será un efecto que deberá ser analizado por los órganos competentes del Parlament de Cataluña cuando se le comunicase la pérdida de su condición de diputado».

¿Cuál es el contexto?

Sánchez y Torra mantuvieron el 17 de diciembre una conversación de 15 minutos en la ronda de llamadas del candidato del PSOE con los jefes de los Ejecutivos autonómicos. El líder socialista manifestó su intención de reunirse con el presidente de la Generalitat “lo antes posible” para resolver “el conflicto político” en Cataluña una vez formado Gobierno.

El Govern explicó en un comunicado que Sánchez admitió que, en el marco de las negociaciones de su investidura con Esquerra, se reconoce que en Cataluña existe un “conflicto político” que debe resolverse mediante el diálogo. Torra, por su parte, recordó que los independentistas solo contemplan como solución el ejercicio al derecho de autodeterminación y la puesta en libertad de los líderes del 1-O, condenados por sedición por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años de cárcel.

El entonces Ejecutivo en funciones apuntó que la voluntad del presidente era “conseguir un Gobierno cuanto antes que permita dar estabilidad y encarar políticamente la situación en Cataluña”. Sobre la reunión, la postura de Sánchez es que “no tendrá problema en realizarla”, pero cuando arranque la legislatura y “como hará con el resto de presidentes autonómicos”.

¿Qué hay que tener en cuenta?

Sánchez ya mantuvo conversaciones con Torra el 20 de diciembre de 2018 encaminadas a establecer una hoja de ruta: la Cumbre de Pedralbes. En el documento emanado de dicha reunión en Barcelona, los dos Gobiernos coincidieron en la existencia de un “conflicto sobre el futuro de Cataluña”, aunque mantuvieron “diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución”. Para garantizar una “solución”, las dos partes se comprometieron a seguir potenciando “espacios de diálogo” para atender la necesidades de la sociedad y avanzar en una “respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”.

A cambio de definir una fórmula de diálogo, Sánchez solicitaba el apoyo de los independentistas en el Congreso para su investidura, pero al final no se logró y hubo que celebrar dos elecciones generales. Desde entonces, el líder socialista se había negado incluso a cogerle el teléfono a Torra. Ahora, sin embargo, la situación es distinta. Sánchez ha necesitado negociar con partidos nacionalistas para ser investido. No obstante, el partido de Torra, Junts per Catalunya, votó en contra en su investidura.

Con respecto a la inhabilitación del president de la Generalitat, todavía existe la posibilidad de que no sea automáticamente depuesto de su cargo. Este martes, Torra comunicó a la JEC su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo para la protección de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo y solicitar así la medida cautelarísima de suspensión de la resolución impugnada. De este modo, si lo estima el Alto Tribunal, se podría impedir la ejecución de la orden de la JEC de retirarle la credencial de diputado a Torra mientras la sala contencioso-administrativa resuelve su recurso.

#Fact

La reunión del año pasado entre Sánchez y Torra en el Palau de Pedralbes concluyó con un comunicado conjunto emitido por el Ejecutivo central y el Govern que no menciona la Constitución Española en ningún momento. El borrador inicial sí nombraba expresamente la Carta Magna, pero finalmente se eliminó, según fuentes del Ejecutivo consultadas por El Mundo, porque la Generalitat señaló que “no hacía falta” citarla explícitamente. El Gobierno entendía que el concepto de “seguridad jurídica” alude a una solución dentro de la legalidad constitucional.

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