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Preguntas y respuestas: los delitos de odio
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Preguntas y respuestas: los delitos de odio

La legislación protege a determinados colectivos “vulnerables” que sufren mayor discriminación por su raza, identidad sexual o creencias, entre otros motivos

ZEPHYR P SHUTTERSTOCK

Los delitos de odio son periódicos en la actualidad. Cada cierto tiempo salta la noticia de que alguien ha denunciado a otro por una presunta ilegalidad de este tipo. Quienes reciben la denuncia aseguran a menudo que se trata de un ejercicio de libertad de expresión o de manifestación, en contra del parecer de los afectados. Como explican expertos en la materia a Newtral.es, la distinción no es tan clara, tampoco la definición de qué es un delito de odio. Respondemos a estas y a otras preguntas.

¿Qué es un delito de odio? 

Según el catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Jacobo Dopico, se trata de una expresión “confusa” porque puede abarcar dos tipos de delitos: las agresiones cometidas por motivos discriminatorios, que considera “conductas que de por sí son delictivas pero que revisten mayor gravedad por cometerse contra grupos vulnerables y suponen una amenaza a todo el grupo”, y los delitos que incitan a la violencia o el odio. Estos -apunta- son delitos propios del “discurso incendiario” por el que en “actos públicos de comunicación” se incita a que se ejerza la violencia o la discriminación contra ciertos colectivos.

Coincide con ello la abogada penalista del Colegio de Abogados de Sevilla, Olga Burgos, quien considera que, tal y como está redactada la normativa, no define una categoría de delitos de odio como tal: “Se pueden encontrar expresiones del mismo diseminadas por todo el Código Penal”. 

Añade, así, los elementos que a su juicio integran este tipo de conductas: “fomento e incitación al odio y a la hostilidad contra grupos o personas por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual”, “difusión de material que promueva dicho odio o violencia” y “negación pública o enaltecimiento de los delitos cometidos contra grupos o personas”.

¿Qué colectivos son los que se intenta proteger con la tipificación de estos delitos?

El artículo 510 del Código Penal incluye la tipificación de acciones que promuevan el odio, la violencia o la discriminación contra alguien por “motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Dopico explica que se busca proteger a colectivos vulnerables, es decir, a los que “se encuentran en una situación de amenaza latente, y que afrontan día a día una situación de discriminación, postergamiento o incluso amenaza de violencia”. Y continúa: “Esta situación de amenaza latente hace que una ‘chispa’ de incitación colectiva pueda ser suficiente para prender la llama de la reacción social violenta o discriminatoria”.

El catedrático acreditado de la Universidad Carlos III pone como ejemplo de este tipo de colectivos en España a las personas de etnia gitana, los homosexuales o los extranjeros de algunos países. 

Olga Burgos resalta que los grupos a los que se refiere el artículo 510 del Código Penal “deben entenderse como numerus clausus”, es decir, que no se puede aplicar lo contemplado en este apartado a otros colectivos. En caso de que se produjera algún delito de este tipo contra las personas pobres o los mayores, por ejemplo, habría que estudiar la aplicación de otro artículo. Menciona el 173, referido a los delitos contra la integridad moral de alguien. 

Sin embargo, esto podría cambiar próximamente. Durante la presentación de la ley de protección de la infancia, Pablo Iglesias anunció la intención del Gobierno de reformar el Código Penal para que la edad se incorporara como causa de discriminación en los delitos de odio. Se incluirían, también, la “aporofobia y la exclusión social”.

¿Qué penas se contemplan frente a ellos? 

Este tipo de delitos están recogidos, entre otros apartados, en el artículo 510. Este contempla una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a doce años para los que fomenten o inciten directa o indirectamente el odio, la hostilidad o la violencia contra alguien por los motivos mencionados, así como a quienes elaboren, posean o distribuyan material que lo promueva.

Incluye, de igual modo, penas de cárcel de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses a los que “lesionen la dignidad de las personas” con actos que supongan una “humillación, menosprecio o descrédito” contra alguno de los grupos mencionados. También, para los que exalten o justifiquen públicamente los delitos cometidos contra ellos. 

Además, recoge una serie de agravantes. Por ejemplo, las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se realicen a través de un medio de comunicación, internet o a través del uso de las tecnologías de modo que lo haga “accesible a un elevado número de personas”.

¿Dónde está la frontera entre un delito de odio y la libertad de expresión? 

La respuesta no está clara. Burgos recurre a varias sentencias del Tribunal Constitucional del 2016 para responder a la pregunta. Según el Alto Tribunal la libertad de expresión tiene “un carácter limitado cuando entra en conflicto con otros derechos e intereses constitucionales”. Sin embargo, también ha advertido del “riesgo de hacer del Derecho Penal un factor de disuasión” de la misma. 

Así, la abogada penalista del Colegio de Abogados de Sevilla apunta a que se tiene que hacer en cada caso “una ponderación” entre ambos aspectos, pero partiendo siempre de un principio: “La libertad de expresión no puede situarse por encima de la dignidad de otro ser humano”. 

Sobre esta consideración se ha pronunciado el Tribunal Supremo, asegurando que se debe  hacer teniendo en cuenta si el autor selecciona a sus víctimas por “motivos de intolerancia”, si su conducta no solo atemoriza al destinatario sino a todo el colectivo al que pertenece o si el ánimo que persigue es el de agredir, entre otros. 

Dopico también apunta a que estas líneas “son muy diversas”. Una muy clara, en su opinión, es que los delitos del discurso incendiario “requieren un elemento de publicidad” mientras que “un comentario en un círculo privado de personas” no puede constituir este tipo de infracción. También apunta como otra de estas fronteras que se vaya en contra de un colectivo vulnerable. 

¿Cuántos delitos de odio se denuncian al año?

Los datos más recientes son los facilitados por el Ministerio del Interior sobre el año 2018. En este periodo se registraron 1.598 denuncias por estos motivos, que el departamento define en la página 51 del informe. Incluye, entre otros, el racismo o la orientación sexual pero, también, la aporofobia  o la discriminación por la edad.  

Más de un tercio de estas acusaciones (596) se registraron por supuestos delitos de odio por cuestiones ideológicas. Le siguen muy cerca los presuntos ataques xenófobos (531) y, en tercer lugar, los generados por la orientación sexual de la persona (259). 

En lo relativo a la variación con respecto al informe anterior, son las denuncias por discriminación por sexo o género las que más han aumentado, un 102,9%. Si en 2017 fueron 35, en 2018 se registraron 71 (un 4,4% del total). El resto de tipos también crecieron, salvo dos excepciones: las causadas por la orientación sexual (-4,4%) y por cuestiones religiosas (-33%).

¿Dónde se denunciaron más delitos de odio? 

Por comunidades autónomas, son Cataluña (7,9%), La Rioja (7,3%) y País Vasco (5,5%) las que presentaron en 2018 una mayor tasa de delitos de odio por cada 100.00 habitantes. Dentro de esta, destaca que en Cataluña los hechos que más se denunciaron fueron los provocados por causas ideológicas (300 de 600), lo mismo que en La Rioja (9 de 23). Por su parte, en País Vasco las denuncias fueron mayoritariamente por racismo (60 de 121). 

Fuentes: 

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