Cuatro meses después de las elecciones de Extremadura y a pocos días de agotar el plazo límite antes de disolver las Cortes y repetir los comicios, PP y Vox han llegado a un acuerdo de gobierno. Este ahonda en temas como sanidad o educación, pero son los acuerdos sobre inmigración los que han generado debate.
Varios mensajes en redes sociales, así como dirigentes políticos, critican que con este acuerdo, la Junta de Extremadura estaría invadiendo competencias que no son suyas.
- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que, si el Ejecutivo de Guardiola lleva estas propuestas “a leyes autonómicas”, el Gobierno central lo “va a recurrir para defender los derechos de los extremeños” (a partir del minuto 1:14:31).
- Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó que “Guardiola ha firmado con Vox un acuerdo que es racista y prevaricador, pero también papel mojado porque no es su competencia”, criticó.
Qué dice el acuerdo. El capítulo cuatro del pacto firmado por PP y Vox en Extremadura aborda la inmigracion basándose en once medidas. Algunas de ellas se salen de las competencias autonómicas, como critican desde los partidos de la oposición extremeña, sin embargo, es un apunte que reconoce el propio documento.
- “Los menores deben estar con sus padres”, recoge uno de los puntos. En este, ambos partidos se comprometen a “promover acuerdos con los países de origen”, pero “en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales”. En concreto, hacen referencia al apartado dos del artículo 35 de la ley de extranjería (página 11 del acuerdo).
- También sobre los menores extranjeros, ambas formaciones se comprometen a “rechazar de forma expresa la política de inmigración del Gobierno central”. La Junta “se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”.
- Sobre el “nuevo Reglamento Europeo de Retornos”, apuntan que “instarán al Gobierno de España a adaptarlo de forma inmediata” a la legislación nacional (pág. 11).
- En cuanto a las plazas en centros de acogida, PP y Vox han acordado no habilitar “ningún centro” nuevo en Extremadura, así como disminuir los gastos vinculados a la “inmigración ilegal con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente” (pág. 11).
- Apuestan por una “reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal”, pero el documento no dice que lo vaya a hacer la Junta, sino que “se exigirá al Gobierno de España” la modificación de la ley de régimen local. En este mismo punto, se comprometen a impulsar “una proposición de ley en las Cortes Generales”, no en las autonómicas (pág. 13).
- También hablan de la “prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos”, haciendo alusión al “ámbito de sus competencias” (pág. 13).
Otras medidas del acuerdo sí dependen exclusivamente de la autonomía, como las partidas presupuestarias destinadas a ONG o la suspensión de programas autonómicos como el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
- También es competencia de la Junta los centros “donde se alojan menores no acompañados”, sobre los cuales se comprometen a reforzar la seguridad.
- Sobre la “verificación de edad de los inmigrantes ilegales”, PP y Vox prometen habilitar “la oportuna consignación presupuestaria” para realizar pruebas en Extremadura. Esta medida la puso en práctica el Gobierno de Aragón en 2025.
- Según el acuerdo, ambas formaciones impulsarán una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”.
- Otra de las medidas acordadas es la creación de la “Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva”.
Las competencias autonómicas. Como explicaba a Newtral.es María Garrote de Marcos, experta en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, hay un “núcleo duro” en materia de inmigración que está en manos del Estado, como los permisos de entrada, de trabajo, de residencia, la expulsión y el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes.
- En el acuerdo, PP y Vox se comprometen a promover acuerdos desde la Junta de Extremadura con los países de origen “que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, cuando, a priori, la expulsión del país es competencia del Estado.
En todo caso, el Gobierno podría transferir o delegar algunos aspectos de estas competencias en materia de migración a las comunidades.
