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Dos años de la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña
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Dos años de la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña

El 27 de octubre de 2017 supuso un punto de inflexión en el conflicto catalán que desembocó en la aplicación del 155 y el proceso judicial contra los líderes independentistas.

Adrià Ropero (Efe)

El 27 de octubre de 2017 el Parlament aprobó declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, conocida como DUI. Desde entonces han pasado dos años en los que se han sucedido varias elecciones, detenciones, ha comenzado y finalizado el juicio del procés y parte de la ciudadanía catalana ha salido a la calle en contra de la sentencia del mismo.

«Hoy el Parlament de nuestro país, un parlamento legítimo, surgido de las elecciones del 27S, ha dado un paso largamente esperado y largamente luchado. La inmensa mayoría de representantes políticos legítimamente elegidos han culminado un mandato validado en las urnas», anunció Puigdemont tras proclamar la independencia.

La votación previa se había saldado con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. PSC, PP y Ciudadanos no votaron, ya que abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. Ese viernes de octubre supuso un punto de inflexión en el tema catalán y desembocó en la aplicación del 155 y el proceso judicial contra los líderes independentistas.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy dio una respuesta inmediata: el Senado aprobó suspender la autonomía de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución. Con esto, el presidente del Gobierno ordenó el cese de toda la Generalitat, la disolución de Parlament y la convocatoria de elecciones en Cataluña, que se celebraron el 21 de diciembre de 2017.

A partir de ahí se abrió la vía judicial, que comenzó el 25 de octubre de 2018 con el juicio oral y llegó a su fin con la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre de 2019 en la que condena al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión y a otros ocho líderes del procés por sedición y a tres por desobediencia. El Tribunal descartó de forma unánime el delito de rebelión.

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