Balance del curso político 2020: un año lleno de días malos

Con más de 50.000 fallecidos por el coronavirus ningún balance de este año puede ser bueno. Desde que la pandemia llegó al país, no ha vuelto a haber un día como de los que antes considerábamos normal. Y, dentro de esta rutina insólita hasta hace poco, quizá la jornada más dura ha sido la del dos de abril. 

Ese día se publicaron los datos del paro del mes anterior, determinado por la irrupción de la pandemia y la aplicación de un estado de alarma sin precedentes en España. Las 302.265 personas que se quedaron sin empleo y los 833.979 afiliados que se habían dado de baja en la Seguridad Social a día 31 hicieron de marzo el peor mes en la historia laboral del país. 

Pero eso no fue todo. El dos de abril, el Ministerio de Sanidad comunicó que 950 personas habían perdido la vida a causa del coronavirus solo desde el día anterior. España superaba, así, la barrera de las 10.000 muertes. Estaba noqueada por la pandemia y paralizada en todos los sentidos porque esos días todos los que no desempeñaban un trabajo esencial debían quedarse en casa. El dos de abril, el estado general era de shock, tristeza y preocupación. 

El 2020 pre-COVID

Los inicios del 2020 hacían prever un año intenso con el primer Gobierno de coalición de la historia, la crispación política instalada en un Congreso ultra fragmentado y las primeras noticias de supuestas ilegalidades por parte del Rey emérito. Sin embargo, ningún pronóstico contemplaba la llegada de una pandemia mundial que, nueve meses después de irrumpir en el país, todavía determina todo lo que hace un año dábamos por hecho, como celebrar la Navidad con toda nuestra familia. 

Como parte de la realidad cotidiana, el COVID-19 también ha impregnado la política, con excepción de lo que sucedió justo antes: la investidura de Pedro Sánchez , la toma de posesión de sus ministros y las primeras grandes polémicas del Ejecutivo (la constitución de la mesa de diálogo con el Govern y el conocido como ‘Delcygate’). Todo lo demás, desde entonces, se ha medido en clave epidemiológica. 

El estado de alarma y sus seis prórrogas 

El 14 de marzo, Pedro Sánchez comparecía ante los españoles para anunciar que decretaba el estado de alarma por un periodo de dos semanas. A diferencia del único antecedente vivido hasta ahora, esta situación excepcional incluía la restricción de movimiento para la ciudadanía y, con cambios en las limitaciones, se fue extendiendo de forma ininterrumpida hasta el 21 de junio. El 25 de octubre, tras varios meses en una “nueva normalidad” que no funcionó, se volvió a aprobar otro estado de alarma a seis meses vista.

En términos parlamentarios, las sucesivas prórrogas supusieron para el Gobierno una constante negociación a muchas bandas y la ruptura total -si no lo era ya antes- con el principal partido de la oposición. El PP apoyó las tres primeras extensiones, se abstuvo en la cuarta y se mostró en contra de la quinta y la sexta. En la nueva aprobación, optó por el voto en blanco. 

En el lado opuesto, le sirvieron al Ejecutivo para acercar posturas con Ciudadanos -instalado en la “política útil”- y con EH Bildu bajo acusaciones de todo tipo. Desde su abstención en la investidura, el partido abertzale ha ido in crescendo en su colaboración con el Gobierno de coalición hasta el punto de apoyar por primera vez en su historia unos Presupuestos Generales del Estado. Los que, según repiten machaconamente en Moncloa, apuntalarán la recuperación postcovid.

Los primeros Presupuestos en tres años

El Ejecutivo se lo jugaba todo en las cuentas construidas en base a los fondos de la Unión Europea. Tras el fracaso de 2019, PSOE y Unidas Podemos continuaban gobernando con los PGE del popular Cristóbal Montoro en 2018, diseñados en un contexto económico totalmente diferente y desde una perspectiva mucho más a la derecha que la de la coalición.  

Finalmente, los Presupuestos contaron en el Congreso con el apoyo de once formaciones puesto que al sí de EH Bildu se sumaron el de ERC, el PNV o el PdeCat, entre otros. 

La moción de censura de Vox

Vox fue uno de los partidos que se mostraron más beligerantes en contra de las cuentas, como ha sido habitual durante todo el año respecto a las actuaciones del Ejecutivo. De hecho, la formación de Santiago Abascal presentó en el mes de octubre una moción de censura contra Pedro Sánchez, al que acusaba de tener un proyecto para “imponer en España un cambio de Régimen”. 

A diferencia de la anterior, que supuso la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa, esta no solo no puso en peligro al Gobierno sino que le hizo salir reforzado: el rechazo de todos los partidos -incluido el PP- a la propuesta de Vox fue unánime. En el pleno de ese día, la formación de ultraderecha quedó más aislada que nunca. 

El punto de no retorno de Juan Carlos I

De igual manera, alguien que ha sido muy importante para la historia y la consolidación de la democracia en España va a terminar aislado este 2020. Desde el 3 de agosto, Juan Carlos I se encuentra en Abu Dabi, adonde se fue por “la repercusión pública” generada por “acontecimientos pasados” de su “vida privada”.

Los hechos a los que se refería el Rey emérito eran las investigaciones que había iniciado la Fiscalía sobre las supuestas comisiones que habría cobrado en la construcción del AVE a La Meca. Algo que ERC y Unidos Podemos también quisieron indagar, pero que no permitió la Mesa del Congreso. 

Desde entonces, la situación de Juan Carlos I no ha hecho más que empeorar. A principios de noviembre se conoció que el Ministerio Fiscal había comenzado a investigar otras dos cuestiones: el supuesto uso de tarjetas opacas por su parte y el de otros miembros de su familia y la actividad de una serie de sociedades localizadas en paraísos fiscales con las que estaba vinculado.  

Precisamente, en marzo, Felipe VI le había retirado la asignación pública que recibía hasta ahora y renunciaba a la herencia que le correspondía de su padre tras publicarse que aparecía como beneficiario de fundaciones que habrían cometido ciertas irregularidades. 

Ante todo esto, el último movimiento de Juan Carlos I ha sido pagar casi 700.000 euros a Hacienda “sin requerimiento previo” para saldar su “deuda tributaria”. Al hacerlo, reconocía de forma indirecta que había faltado a su deber de pagar impuestos como todos los ciudadanos y, con esta declaración voluntaria, trataba de evitar posibles consecuencia penales por ello.

2021, el año de la vacuna 

El 2021 traerá novedades en este asunto y en todos los demás. El Gobierno de coalición llega a Navidad con no pocas disputas internas, está previsto que las Cortes voten importantes normas en la primera mitad del curso y el 14 de febrero se celebran elecciones autonómicas en Cataluña. 

El coronavirus, por su parte, seguirá presente. Continuará condicionando el día a día y poniendo en riesgo a nuestros indispensables -los sanitarios, los transportistas, los profesores…-. Volverá a dejar tras de sí familias rotas y consecuencias imprevistas. Seguirá exigiendo estar en alerta constante, aun cuando empiece a llegar la vacuna. Lo está haciendo en los últimos compases de un año que, desde el 14 de marzo, ha tenido 291 días malos y uno atroz. Porque no ha habido ninguno como el 2 de abril.