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Una jueza investiga la celebración de reuniones como el 8M ante la expansión del coronavirus tras una denuncia contra Sánchez
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Una jueza investiga la celebración de reuniones como el 8M ante la expansión del coronavirus tras una denuncia contra Sánchez

En su auto, la jueza reclama a la Guardia Civil que investigue si las autoridades competentes hicieron alguna recomendación a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación a las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante 

Manifestación del 8M | Foto: Junta de Andalucía

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado abrir una investigación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación feminista del 8 de marzo cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del coronavirus. Nos habéis preguntado por el origen de la investigación. Lo explicamos. 

El origen de la causa está en una denuncia presentada el pasado 19 de marzo por el abogado Víctor Valladares contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los delegados del Gobierno en las 17 comunidades autónomas por permitir “hasta 77 reuniones multitudinarias” celebradas entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, o el mitin de Vox en Vistalegre, después de que se emitiera el informe sobre el COVID-19 del 2 de marzo por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

Rodríguez-Medel toma esta decisión al apreciar la existencia de posibles delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, a raíz de la presentación de la denuncia de este particular.

La jueza, instructora también del caso Máster contra la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes, ha admitido únicamente la denuncia contra el delegado del Gobierno, por ser su competencia. El letrado también presentó esta denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra delegados del Gobierno en otras comunidades, por lo que la magistrada le insta a presentar los hechos contra Sánchez, si lo considera, ante el Tribunal Supremo, que sería el órgano competente.

En su auto, la jueza reclama a la Guardia Civil que investigue si las autoridades competentes hicieron alguna recomendación a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación a las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción para que se realizaran «sin restricción alguna»

Las cuestiones de la magistrada

La jueza quiere averiguar si en el momento en el que la delegación del Gobierno decidió permitirlas “se tenían suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”. Pese a ello, la propia magistrada reconoce la dificultad de saber si esta actitud “merece reproche penal” debido a “lo absolutamente excepcional de los hechos” y la falta de jurisprudencia.

Pese a esto, “resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de clarificar si estamos o no ante hechos delictivos”, explica la instructora en su auto, que pone sobre la mesa una serie de preguntas planteadas también previamente por el letrado en su denuncia: “¿El informe del Centro Europeo fue remitido oficialmente a España?, ¿a qué autoridades?, ¿lo recepcionó oficialmente la delegación del Gobierno de Madrid?, ¿se le instó oficialmente a prohibir estas concentraciones en base al mismo o a otro documento oficial que alertara sobre los peligros para la salud pública debido al coronavirus?; por el contrario ¿se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibirlas?”. 

Rodríguez-Medel, que recuerda que el derecho de manifestación es un derecho constitucional, hace un repaso en su auto de la jurisprudencia y destaca que el Constitucional dictaminó que la prohibición de la manifestación puede basarse no solo cuando haya una alteración del orden público, sino cuando ocurra una «desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución». Concluye que se podía «legalmente prohibir la manifestación por razones sanitarias», siempre y cuando en el momento de la decisión gubernativa, «no a posteriori», se tuvieran suficientes datos objetivos de un riesgo para la vida e integridad física de las personas.

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