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¿Quién se hace cargo de los menores huérfanos por violencia machista?
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¿Quién se hace cargo de los menores huérfanos por violencia machista?

En 2019, 32 menores han quedado huérfanos por la violencia machista. El triple crimen perpetrado en Valga (Pontevedra) el lunes 16 y el asesinato de otra mujer en Madrid el martes 17 vuelven a situar el foco sobre la desprotección que viven los niños y niñas cuyas madres han sido asesinadas. En dos días, cuatro menores han quedado huérfanos. ¿Quién cuida de ellos?

Flor Redondo trabaja en un Juzgado de Violencia de Género desde 2006. Tan solo un año antes se creaban los primeros juzgados específicos tras la llegada de la Ley 1/2004. Es trabajadora social forense y opina que las niñas y niños que quedan huérfanos porque sus madres han sido asesinadas están en una «situación de vulnerabilidad extrema».

«Lo ideal es que un familiar cercano pueda hacerse cargo de ese niño o esa niña», explica Redondo a Newtral justo cuando en Pontevedra y Madrid acaban de registrarse dos nuevos crímenes machistas que han dejado huérfanos a dos niños y a dos niñas de entre 4 y 10 años. En el caso de Pontevedra, un hombre asesinó a su exesposa, a su excuñada y a su exsuegra en presencia de sus dos hijos el pasado lunes 16. En Madrid, ayer martes 17, un hombre asesinó a su pareja en presencia también de sus dos hijas.

Desde 2013, el Gobierno comenzó a contabilizar el número de menores huérfanos por violencia machista. Desde ese momento hasta hoy, ya hay 263 niños y niñas en esta situación. «Un delito así impacta en el contexto sociofamiliar del menor. Y genera un gran daño social», apunta Flor Redondo.

Joshua Alonso, de 26 años, conoce de primera mano las consecuencias de un acto tan violento como el de quedarte sin madre por la violencia de género. En 2017, su madre, Sesé Mateo, fue asesinada por su pareja. El hijo de ese matrimonio, un niño de 9 años llamado Igor, quedó huérfano y sin casa: el agresor prendió fuego al hogar con Sesé y consigo mismo dentro. Joshua decidió cuidar a su hermano desde el primer momento. Pero ese verbo —cuidar— fue más hostil de lo que podría haber imaginado en un principio:

«No vale solo con la voluntad. Tienen que evaluarte para ver si realmente puedes cuidar de él, que me parece bien porque el menor tiene que estar, ante todo, protegido. Pero se toman muchas molestias en analizarte a ti y no analizan qué falla en su sistema o qué se puede mejorar. En nuestro caso, no teníamos ni casa porque había ardido. La gente del pueblo tuvo que hacer una colecta porque la compensación económica llegó dos años después», cuenta Joshua a Newtral.

La trabajadora social forense Flor Redondo recuerda un caso muy concreto que ejemplifica que el sistema no siempre funciona todo lo bien que debería:

En la Comunidad de Madrid hubo un caso de una mujer que fue asesinada. La hermana de la víctima quiso hacerse cargo de su sobrino, pero tenía un trabajo de larga jornada en una frutería que le impedía, en cierto modo, conciliar. Así que la Comunidad consideró que no era idónea y el hijo acabó en un centro de protección de menores. Esto es un fallo de la Ley, que debe procurar no solo la idoneidad del cuidador o cuidadora, sino que se den las condiciones materiales necesarias para que sea posible».

Joshua Alonso se queja de que «los protocolos están muy estandarizados»: «Cada caso es particular. En el nuesto, el libro de familia se quemó cuando el agresor prendió fuego a la casa. Y ese libro de familia nos lo pedían para muchos de los papeleos y trámites que había que hacer».

Por ello, Flor Redondo considera que lo adecuado sería que fuesen los profesionales especializados en violencia de género quienes evalúen cada caso y hagan un seguimiento: «Siempre que hay una situación traumática, la capacidad de recepción de información que tienen esas personas es muy limitada. La burocracia puede ser violenta». Joshua recuerda que fue su pareja quien se encargó de recabar toda la información: «Es un momento muy difícil para que te expliquen todas estas cosas, lo sé porque lo he vivido. Te explican cosas muy complejas pero tú solo quieres que se pare el mundo».

«La valoración forense integral tiene que tener guardias, y que estemos disponibles las 24 horas, porque de alguna manera unificamos todas las actuaciones. Sin embargo, las trabajadoras de las Unidades de Valoración Forense Integral no hacemos guardias porque no nos las pagan. Así que todo lo que ocurra en horario laboral, es decir, de 8:30 a 15:30 horas, será atendido por un equipo específico, pero si no, pasará a servicios generales y ese puede ser un peregrinaje muy hostil«, apunta la trabajadora social forense.

Minuto de silencio en Valga (Pontevedra) por el triple crimen machista | Foto: EFE

¿Cómo se gestiona el cuidado de un menor?

Carmela del Moral, analista jurídicha en derechos de la infancia en Save The Children, explica a Newtral que «el agresor y progenitor pierde la guarda y custodia en el mismo momento en que pasa a disposición judicial». «El tema de tutelas y protección de menores depende de cada comunidad autónoma porque es una competencia transferida, pero en principio, la familia extensa asume el cuidado de los niños. Y si no hay ningún familiar que pueda o quiera hacerlo, entraría dentro del servicio de protección. Es decir, sería la administración quien ejerciese el cuidado y la tutela», añade Del Moral.

Flor Redondo matiza que «hay situaciones complicadas»: «Si, por ejemplo, es una familia de migrantes, es difícil que tengan familia extensa en España. En este caso, pasarían a un centro de protección de menores y ahí se produce una victimización secundaria de los menores. Si te pones en la piel de ese niño o niña, es terrible: su padre está en prisión, su madre ha sido asesinada, y no hay nadie cercano o conocido que pueda cuidarle».

En el caso de que un familiar quiera hacerse cargo del huérfano por violencia machista, «los servicios especializados deben hacer una valoración psicosocial: estudiar el entorno, las capacidades cognitivas y emocionales del cuidador o cuidadora, sus recursos económicos…», apunta Redondo.

«En principio ningún familiar tiene la obligación de hacerse cargo, sino que debe ser la persona más indicada. Siempre hay un tema un poco delicado que es la familia del agresor, es decir, la familia paterna. Ahí puede haber puntos de fricción», explica Carmela del Moral, de Save The Children. En el caso de Joshua, él quiso cuidar de Igor de facto: «Pero, por supuesto, para tomar la decisión le preguntamos a mi hermano y lo hablamos con la familia paterna también», cuenta.

El agresor y la patria potestad

Una de las exigencias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, es que cuando haya una condena por violencia de género, el agresor pierda automáticamente la custodia y patria potestad sobre el menor. «A día de hoy, la ley lo deja a discreción del juez», señala Carmela del Moral. La ley a la que hace referencia la analista jurídica es la 1/2004, que dice así en su artículo 65: «El juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guardia y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él».

«El Pacto de Estado pide, y nosotras también desde Save The Children, que se suspenda el ejercicio de la patria potestad del agresor. Mantenerla implica que el agresor condenado tenga que dar su autorización o consentimiento para algunas cuestiones vitales como cambiar al niño de centro o comenzar un tratamiento médico», apunta Del Moral.

Como señala Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, en conversación con Newtral: «Un padre que ha matado a la madre de un niño puede oponerse a que ese menor reciba tratamiento psicológico si el juez ha decidido mantener el ejercicio de la patria potestad». Y añade: «La situación para estos niños está mejorando gracias a medidas como el incremento de la cuantía por la pensión de orfandad o el acceso a esta pensión aunque la madre no hubiese cotizado. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para que se entienda que un menor, aunque haya sobrevivido, es una víctima directa de la violencia machista».



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