La regulación del alquiler ha sido uno de los principales choques de los socios de Gobierno a lo largo de este primer año de legislatura, aunque es uno de los dos compromisos plasmados en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para formar la coalición. Finalmente, los de Pablo Iglesias lograron que los socialistas se comprometieran a incluir esta ordenación en la nueva Ley estatal de Vivienda a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado.
Es de esperar que la ley sea secundada en el Congreso de los Diputados por la mayoría de los partidos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. El 23 de octubre, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, el BNG y la CUP firmaron junto a Unidas Podemos un manifiesto pidiendo la adopción de una regulación que permita a las comunidades autónomas poner en marcha limitaciones de precios al alquiler. El PNV fue el único que se mantuvo al margen.
Lo más importante
En un primer momento, Iglesias intentó que esta norma se incluyera dentro de los presupuestos, pero los socialistas desestimaron esta idea. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, intentó aplazar la discusión alegando que era mejor esperar a que los efectos de la pandemia amainaran para ver en qué situación quedaba el mercado inmobiliario.
El máximo punto de tensión llegó un día antes de la presentación del borrador de los presupuestos. El 26 de octubre, Sánchez anunció en la XXIII Conferencia de Presidentes que el anteproyecto se presentaría al día siguiente en el Consejo de Ministros. Pero ese mismo día, los morados advirtieron de que el acuerdo no estaba cerrado, según contó El Confidencial. Finalmente, el compromiso llegó entrada la noche con la concesión del PSOE de regular los alquileres en cuatro meses y mejoras para facilitar un acceso más rápido al ingreso mínimo vital.
Estamos muy satisfechos de haber logrado un acuerdo para acelerar la regulación de los precios del alquiler. La Ley para intervenir el mercado de vivienda irá al Congreso antes de 4 meses. Gracias a los sindicatos de inquilin@s por su presión y su defensa del bien común. #PGE2021 pic.twitter.com/Oj7uqf0Y2o
— Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) October 27, 2020Publicidad
La norma prevé incrementar un 368% las partidas dedicadas a políticas de vivienda, hasta los 1.772 millones de euros. También habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a establecer mecanismos de limitación de los precios del alquiler en las zonas donde el mercado esté “tensionado”. Para determinar esas áreas, se tendrá en cuenta el índice de referencia de precios de alquiler que presentó Ábalos en junio.
¿Cuál es el contexto?
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas Parrón, adelantó el 6 de marzo que el Gobierno trabajaba en una ley estatal de acceso a la vivienda. Debía haber sido presentada en el Congreso de los Diputados antes de acabar el año, pero la COVID-19 retrasó todo el proceso. Finalmente, el 28 de octubre Ábalos anunció que la propuesta de ley se elevaría al Consejo de Ministros en un plazo de tres meses y se presentaría en la Cámara Baja en cuatro.
Un mes antes, el 9 de septiembre, el Parlament de Cataluña había aprobado una ley de regulación de los alquileres en la comunidad. Esta había contado con el sí de JxCat, ERC, la CUP y los comunes. La norma, impulsada por el Sindicato de Inquilinos, pretende obligar a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con “tensión residencial” en los 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes. No obstante, no está claro cuál será el futuro de la legislación. Contiene varios artículos que vulneran la Constitución, según el Consejo de Garantías Estatutarias, y partidos como el PP ya la han recurrido ante los Tribunales.
¿Qué hay que tener en cuenta?
Los principales agentes del sector no ven con buenos ojos una regulación de las rentas. Tanto portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa, como propietarios y agentes creen que podría provocar un descenso de la oferta de pisos en alquiler. También alertan del surgimiento de un mercado negro con sobrecostes y contratos fuera del marco legal para sortear las limitaciones.
- La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ya manifestó su “oposición contundente” a la regulación catalana de los alquileres. En sus palabras, ésta “vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada, y fomenta la economía sumergida”, según recogió Europa Press.
- Los profesionales del sector inmobiliario ya se levantaron contra el Real Decreto-ley “antidesahucios” incluido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de diciembre. Este suspende los desahucios hasta el 9 de mayo -fin previsto del estado de alarma- por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional. También suspende los cortes de luz, agua y gas.
- A su vez, consistorios como el de Madrid, con grandes problemas de acceso a la vivienda, han mostrado su rechazo a limitar el precio de los alquileres. El concejal de Urbanismo de la capital, Mariano Fuentes (Ciudadanos), tildó la medida de “populista” y sentenció el “no” de su departamento a esta iniciativa.
#Fact
Según los datos publicados en la web del Ministerio, Madrid es el municipio más caro de España. Su precio medio del alquiler mensual de 13,2€ por metro cuadrado. El podio lo completan la localidad balear de Formentera (12,7€) y las madrileñas Pozuelo de Alarcón (12,7€) y Las Rozas (12,5€). Les sigue la ibicenca Sant Josep de sa Taiala (12,5€). Barcelona, segunda ciudad del país, se queda en los 12€ por metro cuadrado.
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