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Otra piedra en el camino del Govern en su intento de regular el precio del alquiler
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Otra piedra en el camino del Govern en su intento de regular el precio del alquiler

Cs y PP han presentado de forma conjunta una petición -no vinculante- de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) al considerar la ley inconstitucional

Foto: Shutterstock

JxCat, ERC, Comuns y la CUP tenían la intención de aprobar una proposición de ley elaborada por el Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) y el Departament de Justícia para regular el precio del alquiler habitacional. Aunque los cuatro partidos contaban con los votos necesarios para sacar la proposición adelante, se han encontrado con una piedra en el camino: Cs y PP han presentado de forma conjunta una petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) al considerar la ley inconstitucional porque, a su juicio, “el Parlament y la Generalitat “no tienen competencias para legislar sobre la materia de vivienda”. 

Lo más importante

La maniobra de PP y Cs impedirá que se pueda aprobar el texto en los próximos 30 días, que es el plazo que tendrá el órgano consultivo catalán para emitir un informe que no es vinculante. Además, el de esta semana era el último pleno del actual periodo de sesiones, por lo que como pronto, hasta septiembre, no se podría aprobar.

  • «A sabiendas de la inconstitucionalidad y solamente con objetivos populistas y electoralistas, y para abusar y engañar a aquellas personas más vulnerables han presentado una ley que saben que está abocada al fracaso», argumentó el presidente del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa en rueda de prensa posterior al anuncio. 
  • El diputado del PP en la Cámara catalana Santi Rodríguez se sumó a Carrizosa al considerar que este tema no es competencia de la Generalitat y también que “vulnera aproximadamente 17 artículos de la Ley del Estatut y la Constitución». 
  • Desde el PSC, la portavoz y viceprimera secretaria del partido, Eva Granados, ha valorado la medida como “electoralista” y ha lamentado que se vaya a aprobar por la vía urgente y sin escuchar a los representantes del sector, muchos de ellos en contra del proyecto, dada la complejidad del texto.

¿Cuál es el contexto?

Elaborada por el Sindicat de Llogaters y el Departament de Justícia, la normativa se aplicará en 60 municipios de más de 20.000 habitantes que han sufrido importantes incrementos en las cuotas, la mayoría de ellos situados en el área metropolitana de Barcelona.

  • La regulación afectará solo a los nuevos contratos que se firmen a partir de la aprobación de esta proposición de ley y aquellas zonas declaradas como mercado tenso de alquiler deberán aplicar el índice de referencia de precios de la Generalitat. Los contratos no podrán sobrepasar las rentas medias que fije este registro ni tampoco la cuota del contrato anterior. 
  • Se propone modificar la ley del Derecho a la Vivienda y añadir como infracción grave el incumplimiento de esta proposición si la parte arrendadora establece “una renta igual o superior al 20% del importe máximo que corresponda” en aplicación de la ley. 

¿Qué hay que tener en cuenta?

  • El Consell de Garanties Estatutàries ya consideró que algunos artículos del Decreto Ley 9/2019 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda, una norma similar a la que el Parlament pretende aprobar ahora, no tienen amparo en el Estatut y vulneraban artículos de la Constitución. Finalmente aquel decreto ley nunca fue convalidado por el Parlament ya que votaron en contra Ciutadans, el PSC, CatECP, la CUP y el PP.
  • Al estar tramitada por lectura única, el CGE tiene 12 días para emitir su dictamen sobre la iniciativa.

 #Fact 

Según un informe del Observatori Metropolità de l’Habitatge que maneja el sindicato de inquilinos, las familias que viven en un piso de alquiler en estas zonas tensionadas destinan un 45% de sus ingresos al pago de la vivienda. Además, entre 2014 y 2019, y según los datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, los precios se han encarecido de media un 36% en estas áreas tensionadas.

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