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Preguntas y respuestas: ¿qué ha dicho el TEDH sobre las devoluciones en caliente?
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Preguntas y respuestas: ¿qué ha dicho el TEDH sobre las devoluciones en caliente?

Estrasburgo ha respaldado una actuación de la Guardia Civil en 2014, cuando devolvió a Marruecos, sin identificarlos, a dos migrantes originarios de Mali y Costa de Marfil

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La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, localizado en Estrasburgo, ha dictado una sentencia que respalda la actuación de la Guardia Civil en 2014 cuando devolvieron a Marruecos a dos migrantes que habían pasado algunas horas apostados en la valla de Melilla. Los agentes no identificaron a los hombres -uno de Costa de Marfil y otro de Mali- ni pusieron a su disposición a un abogado o un intérprete, como requiere, entonces y ahora, el artículo 26 de la ley de extranjería y la Convención de Ginebra de 1951.

Esta ausencia en el seguimiento del procedimiento establecido es lo que se conoce como devoluciones en caliente. “En ella se saltan el derecho a una atención personalizada, que permita conocer la situación personal de cada individuo quien, por ejemplo, puede estar huyendo de una situación de peligro”, explica a Newtral.es Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Este tipo de expulsión está prohibida expresamente en el artículo 4 del Protocolo nº4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Antecedentes del caso: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El caso de N.D. – de Mali, y nacido en 1986- y N.T. -de Costa de Marfil, nacido en 1985- llegó al Tribunal de Estrasburgo en el año 2015. Ese mismo año, el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la “ley mordaza”. Su aprobación no estuvo exenta de polémica porque, entre otros artículos, se incluía una disposición adicional primera que autorizaba, solo en el territorio de Ceuta y Melilla, las devoluciones sumarias de inmigrantes detectados en la línea fronteriza con Marruecos.

Pocos meses después, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de constitucionalidad presentado contra esta norma por diferentes partidos políticos, entre los que se encontraban el PSOE, UPyD e Izquierda Unida, siendo uno de los motivos, precisamente, la disposición adicional primera.

Dos años más tarde, en 2017, sin respuesta todavía por parte del Constitucional, una Sala del Tribunal de Estrasburgo dio la razón a los ciudadanos de origen subsahariano y dictaminó que España había violado la prohibición de expulsión colectiva del Convenio y también el derecho a un recurso efectivo al que tienen derecho las personas devueltas, recogido en el artículo 13. Nuestro país quedaba así obligado a indemnizar a cada uno de los demandantes con 5.000 euros.

No obstante, ante aquella resolución cabía un recurso y España lo presentó, contando con el apoyo de Francia, Italia y Bélgica, que se unieron como terceras partes alegando que la frontera en Melilla, al ser también una frontera europea, afectaba a sus intereses. 

Lo que dice el fallo de la Gran Sala del TEDH

El jueves, el caso concluyó con la unanimidad de los 17 jueces que componen la última sala de apelación del Tribunal de Estrasburgo: consideraron que España no violó los derechos de N.D. y N.T. relacionados con la prohibición de expulsión y el derecho a un recurso efectivo. 

Los motivos alegados fueron que “los solicitantes no habían utilizado los procedimientos oficiales de entrada existentes para ese fin, y que, por lo tanto, [la expulsión] había sido una consecuencia de su propia conducta», ya que podían haber recurrido para pedir protección internacional por vías legales en “la embajada española en Rabat, en el consulado en Nador (a 16,8 kilómetros de Melilla) o en el puesto fronterizo de Beni Enzar”, por ejemplo. 

Según expone la sentencia, «los demandantes no alegaron [a lo largo del procedimiento] que tratasen de entrar en territorio español alguna vez por medios legales. Sólo en la audiencia de la Gran Sala declararon que habían intentado acercarse a Beni Enzar pero habían sido “perseguidos por oficiales marroquíes».

Por último, para los jueces también fue determinante el que los demandantes formaran parte de un grupo que intentó saltar la valla “aprovechando su gran número y llevando a cabo una operación que había sido previamente planeada”. Según el Gobierno, aquel día la policía marroquí impidió que unos 500 migrantes escalasen la valla, pero solo alrededor de un centenar de migrantes lo consiguieron. 

El rechazo de las organizaciones 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también participó en el procedimiento como tercera parte. Desde esta organización, Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas, explica a Newtral.es que rechazan el argumento del Tribunal cuando dice que los migrantes tenían la posibilidad de llegar a nuestro país por vías legales. 

“Ellos establecen que podían haberlo hecho de tres formas: en el origen, en el tránsito y o en la frontera. Sin embargo, en origen es imposible porque este procedimiento consiste en conseguir una visa de trabajo en el consulado y no se dan”, afirma.

Tampoco, según Favieres, era posible en el tránsito, cuyo procedimiento consistiría en solicitar en un tercer país que no es el del migrante, el asilo en España. “Para eso es necesario aplicar el artículo del 38 de la ley de asilo, pero esa posibilidad a día de hoy es una quimera”, señala. 

En su experiencia, las autoridades no aplican ese artículo porque su redacción establece que un reglamento desarrollaría el procedimiento a seguir, un reglamento que todavía no existe

Por último, está la posibilidad de acercarse a los puestos habilitados al efecto: “Y para acceder a ellos tienes que poder llegar a la frontera, porque la oficina de Beni Enzar de la que hablan es el propio puesto fronterizo”, concluye Paloma Favieres de CEAR, añadiendo que, según la experiencia de su organización, en el puesto de Beni Enzar los migrantes subsaharianos no son atendidos. También Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional sobre refugio y migración, ha corroborado esa situación. 

Un precedente peligroso 

El fallo del Tribunal está respondiendo únicamente al caso concreto de los individuos N.D. y N.T., por lo que no se trata de un pronunciamiento general de las expulsiones que se producen en fronteras. 

Sin embargo, Verónica Barroso explica que ha sentado un precedente muy peligroso en toda Europa. “Amnistía lleva años documentando las devoluciones en caliente que se producen de manera colectiva en otras fronteras europeas, como en Francia, Italia, Grecia y en la zona de los Balcanes. Creemos que, a partir de ahora, los Estados pueden adoptar políticas de control migratorio teniendo en cuenta la sentencia de la Gran Sala, lo que puede generar unas consecuencias muy negativas en relación con los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, señala.

Por ello, tanto para Ignacio González como para Paloma Favieres y Verónica Barroso es muy importante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que se espera en unas semanas. Este determinará la constitucionalidad o no de la disposición adicional primera de la ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza las devoluciones en caliente en nuestro país. 

“Además, entendemos que, por coherencia, el Gobierno del PSOE debería proponer de mutuo proprio la modificación de la ley de Seguridad Ciudadana teniendo en cuenta que, en su momento, consideraron que podía ser objeto de inconstitucionalidad” recuerda Favieres. 

Fuentes

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