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Políticas activas de empleo: ¿Qué son y a quién corresponde su gestión?
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Políticas activas de empleo: ¿Qué son y a quién corresponde su gestión?

Iglesias pidió para su formación la gestión de este área dentro de un hipotético gobierno de coalición, algo que criticó Adriana Lastra (PSOE), al estar la competencia, según ella, transferida a las CCAA. Hemos preguntado a expertos sobre cómo funciona la ejecución de estas políticas

Las políticas activas de empleo, reclamadas el jueves por Pablo Iglesias al PSOE en un último intento de formar gobierno en la tercera jornada de la sesión de investidura, son un conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación dirigidos fundamentalmente a ayudar a los desempleados a encontrar un nuevo puesto de trabajo. También beneficia a aquellos ciudadanos activos a través del mantenimiento y la formación profesional para facilitar su desarrollo laboral.

Las políticas activas de empleo son una partida de los Presupuestos Generales del Estado. En los últimos aprobados, los de 2018, contaban con 5.716 millones de euros. Este dinero, a pesar de venir de los PGE, no se administra desde el Estado, sino que se transfiere a las comunidades autónomas, que son las responsables de su ejecución práctica.

La función del Estado es coordinar el sistema de empleo, según nos explica el economista y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Pérez del Prado. “No es exactamente una competencia compartida. El Estado tiene un papel fundamental de impulso y coordinación. Desarrolla algún tipo, fundamentalmente las bonificaciones, pero quienes las ejecutan y las que son verdaderamente competentes en su aplicación práctica son las comunidades autónomas”, aclara a Newtral.

Con él coincide Pablo Urbanos Canorea, profesor de Derecho del Trabajo, Negociación Colectiva y Derecho Sindical de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), que hace hincapié en el papel activo que tiene el Estado en las políticas activas de empleo. La función del Estado no se reduce a transferir las competencias y el dinero, sino que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social elabora un Plan Anual de Políticas de Empleo donde se van a coordinar esas políticas, explica.

Lo hace habiendo escuchado las peticiones de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Están presentes en esa conferencia las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo. Quién finalmente aprueba el programa es el Consejo de Ministros, confirma Urbanos Canorea. Por tanto, la consecución del presupuesto por parte de las comunidades autónomas se va a ceñir en gran parte al Plan Anual de Políticas de Empleo.

De esta forma, la coordinación estatal consiste en establecer una serie de servicios comunes para todo el Estado, así como unos objetivos principales. Dichos objetivos deben establecerse en base a los de la Unión Europea, explica el profesor Pérez del Prado. “A partir de esa bases comunes, las comunidades autónomas son libres de ver cómo aplican las políticas públicas de empleo y pueden establecer otras diferentes”, afirma.

En definitiva, se debe procurar que todas las comunidades autónomas sigan unos elementos comunes básicos. Dentro de esta coordinación el Estado puede decidir, por ejemplo, la periodiciad con la que van se van a organizar así como los instrumentos que tienen para hacerlo. Deben establecer, junto a las autonomías, quienes son los colectivos prioritarios de estas políticas, por ejemplo los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, etc, o los sistemas de evalución, entre otros. En base a todo ello decidirán al financiación.

Autonómicas, pero diferentes

Todas las autonomías tienen la responsabilidad transferida, a través de diferentes Reales Decretos, de suplir las funciones de ejecución de estos programas, que antes tenía el Ministerio de Trabajo. Y no tienen por qué aplicarlos de forma homogénea. Lo que sí tiene que coincidir es la cartera de servicios comunes y los objetivos que se establecen en los Planes Anuales de Empleo. Es decir, lo que decide el Estado.

La Constitución Española permite esta cesión, según el artículo 148 y 149. La primera de ellas entró en vigor a partir de 1984, cuando se publicó el traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Unidad Administrativa del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. La última región en adquirir la responsabilidad de gestión en políticas activas de empleo fue el País Vasco, en 2010.

Así, el servicio de funcionarios de las diferentes regiones administran aspectos como la gestión de la formación profesional ocupacional, el apoyo al empleo a través de ayudas, subvenciones y préstamos, y los propios servicios de empleo, como los cursos que puede hacer una persona desempleada o recibir asesoramiento sobre las ofertas que hay en su zona.

De esta manera lo que activan los PGE acaba siendo gestionado por las administraciones autonómicas. “Tiene lógica que así sea”, nos dice Pérez del Prado. “Quien está más cerca del ciudadano es más capaz de poder analizar cuáles son sus necesidades en materia de empleo. Una comunidad autónoma está más próxima al desempleado que el Estado, que es una administración mucho más alejada. Es más en algunos países las políticas activas las llevan desde los municipios”, considera.

Además del presupuesto estatal, las CCAA tienen también, dentro del diseño de sus propias políticas, un presupuesto propio y autonómico para las políticas activas de empleo.

Fuentes:

  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
  • Boletín Oficial del Estado (BOE).
  • Pablo Urbanos Canorea, profesor de Derecho del Trabajo, Negociación Colectiva y Derecho Sindical de la Universidad a Distancia de Madrid.
  • Daniel Pérez del Prado, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

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