Newtral


Cuenta atrás para la sentencia del ‘procés’: preguntas y respuestas
Siguiente

Cuenta atrás para la sentencia del ‘procés’: preguntas y respuestas

Los 12 líderes del ‘procés’ acusados de la organización y celebración del referéndum de independencia de Cataluña conocerán previsiblemente este octubre la sentencia

Más de 400 testigos desfilaron durante 52 jornadas repartidas en cuatro meses por la sala del Tribunal Supremo. Allí, un tribunal formado por siete jueces y presidido por Manuel Marchena escuchó las acusaciones de los cuatro fiscales, la Abogacía del Estado y la acusación particular, formada por dos abogados de VOX. Los 12 líderes del ‘procés’, acusados de la organización y celebración del referéndum de independencia de Cataluña, conocerán previsiblemente este octubre una sentencia que se dirime entre las siguientes penas, o la inocencia.

Delito de rebelión

Esta será la piedra angular sobre la que verse la sentencia. El Código Penal contempla el delito de rebelión en el artículo 472 del capítulo primero: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: […] declarar la independencia de una parte del territorio nacional».

La Fiscalía sostiene que los acusados se valieron del uso de la «violencia necesaria», aprovechando el uso de las grandes movilizaciones de las masas, para llegar a la «insurrección» vivida en Cataluña con el objetivo de modificar el orden constitucional en forma de «golpe de Estado». Esto encajaría, según la interpretación del ministerio público, en el delito de rebelión (castigada con entre 15 y 25 años) como «alzamiento violento y público».

El Ministerio Público argumenta que la rebelión no exige ni un alzamiento armado ni militar, sino la violencia «suficiente» para conseguir el objetivo que se pretende  y que la circunscribe a tres momentos concretos:

  • El referéndum del 1-O con el llamamiento de dos millones de personas a «enfrentarse» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
  • Las movilizaciones contra los registros del 19 y el 20 de septiembre como actos de «obstaculización intimidante y violenta» de la investigación judicial sobre la organización de la consulta
  • El «hostigamiento» a la Policía Nacional y la Guardia Civil en hoteles y cuarteles.

En caso de que considere que los tumultos fueron esporádicos y no estuvieron manejadas, entonces estamos hablando del delito de sedición, pero la Fiscalía ha insistido en que no puede ser sedición porque fue «un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público».

Delito de sedición

De otro lado, la Abogacía del Estado defiende que lo ocurrió en Cataluña el otoño de 2017 fue sedición (entre 10 y 15), es decir, un «alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de los acuerdos, o las resoluciones administrativas o judiciales«. [Artículos 544 y 545 del Código Penal]

Esta acusación argumenta que fue sedición porque la violencia no fue uno de los «elementos estructurales» del plan diseñado por los líderes independentistas. Para que fuera rebelión tendrían que cumplirse dos requisitos: que la violencia se hubiera previsto como un «elemento nuclear» para conseguir el fin perseguido y que esta violencia fuera «idónea, suficiente y proporcionada» para obtener el resultado.

Malversación

917.648 euros. Esa es la cantidad, dígito a dígito, que tres peritas de Hacienda -junto a la subdirectora general de estudios y coordinación de la Intervención General del Estado– aseguraron con documentos que el referéndum del 1-O supuso de desfalco para las arcas.

Según las explicaciones de las peritas durante el juicio, los procesados habrían cometido malversación, ya que hubo encargos y se prestaron varios servicios. Unipost tenía preparados los envíos de las tarjetas censales, se imprimió cartelería sobre el referéndum, se emitió el famoso anuncio de las vías en TV3… e independientemente de que luego la Generalitat no pagara, como en el caso de la radio televisión pública catalana, o de que incluso los proveedores renunciaran a cobrar.

Fuentes: 

  • Escrito de acusación de la Fiscalía del Estado
  • Petición de prisión de la Abogacía del Estado
  • Tribunal Supremo
  • Código Penal

¿Quieres comentar?

Relacionados

Más vistos

Siguiente