La Comunidad de Madrid reabre el debate sobre la implantación de pasaportes inmunitarios o certificados que declaren que alguien ha pasado la COVID-19. Esa herramienta permitiría a personas teóricamente inmunes al coronavirus hacer vida normal.
¿Qué se entiende por pasaporte inmunitario?
Se trata de un certificado sanitario que, médicamente, declararía que una persona ha pasado y superado la enfermedad por SARS-CoV-2, la COVID-19, bien de manera sintomática o asintomática.
Posteriormente, ese certificado tendría una aplicación práctica de cara a la reincorporación al trabajo en condiciones normales, la visita a familiares en situación de riesgo o eludir futuros confinamientos.
¿Cuándo y quién planteó su utilidad?
A finales de marzo y principios de abril, Alemania, Reino Unido, algunas regiones de Italia o Chile fueron de los primeros en plantear su utilidad. Cataluña y Castilla y León también lo hicieron, pero no se ha implantado como tal.
En Estados Unidos, su propio epidemiólogo jefe, Anthony Fauci, reveló que el gobierno estaba considerando emitir certificados federales de inmunidad contra el coronavirus. “Esto es algo que se está discutiendo”, dijo Fauci a la CNN en abril.
La mayoría de estos anuncios se hicieron en el contexto del arranque de estudios de seroprevalencia. Según se han ido publicando sus resultados se ha visto que, en realidad, no tanta gente había pasado aparentemente la COVID-19. Apenas entre el 5% y el 15% de la población de distintos países tiene anticuerpos.
¿Qué ha dicho la OMS?
En un documento del 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó la implantación de estos pasaportes inmunitarios. «En este punto de la pandemia, no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un pasaporte de inmunidad o certificado libre de riesgos«.
Desde el punto de vista de salud pública, señalan que «las personas que suponen que son inmunes a una segunda infección pueden ignorar los consejos. Por lo tanto, el uso de tales certificados puede aumentar los riesgos de transmisión continua».
En aquel momento, además de desconocerse el alcance de la inmunidad, pasada la infección, las técnicas de medición de esta estaban limitadas a tests serológicos, algunos de los cuales estaban mostrando sus limitaciones.
¿Qué se ha publicado en revistas científicas?
Sendos artículos de mayo en The Lancet y en Nature dieron voz a varios expertos en distintas áreas tanto de EE.UU. como de Canadá.
En la primera, la responsable del Centro de Salud global, seguridad y defensa de la Universidad de Georgetown, Alexandra Phelan, hacía hincapié en las posibles repercusiones sociolaborales de la implantación de pasaportes inmunitarios:
«Impondrían una artificial restricción sobre quién puede y quién no puede participar de actividades y poder social, cívico y económico, y crear un incentivo perverso para que las personas busquen la infección, especialmente las personas que no pueden pagar un período de cuarentena laboral, agravando la brecha de género, raza, etnia y nacionalidad».
Por su parte, en Nature Natalie Kofler y Françoise Baylis daban diez razones por las que consideraban los pasaportes inmunitarios una mala idea:
- La inmunidad tras la COVID-19 es un misterio
- Los tests no son fiables del todo
- No es factible testar a todo el mundo
- No bastará para impulsar la economía
- Erosiona la privacidad
- Los marginados serán más escrutados
- Acceso injusto al pasaporte
- Estratificación social
- Nuevas formas de discriminación
- Incentivo perverso al contagio
Algunos puntos de este decálogo son utilizados por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación para rechazar los pasaportes inmunológicos.
¿Qué señalan sus defensores?
Que en realidad no se discrimina, sino que se protege. Es justamente el argumento planteado por la Comunidad de Madrid que ha anunciado su implantación. Igual que hizo Castilla y León el pasado abril, a través de una app.
En concreto, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha señalado este martes que el objetivo es «evitar confinamientos», y que estas personas puedan acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan «seguir su vida normal» al tiempo que extreman las precauciones hacia los más vulnerables.
Un día después, el vicepresidente Ignacio Aguado ha matizado: «No es ningún pasaporte de inmunidad y no busca generar privilegios, ni beneficios en nadie». Se busca tener «información ordenada, adecuada y actualizada de las personas, que se han ido realizando test, PCR o pruebas rápidas, con su fecha y el resultado, para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid y para el uso del ciudadano, si lo considera oportuno», sin entrar el si dará derecho a acceder a determinadas instalaciones.
En Madrid, conforme a los datos de seroprevalencia, tendría hoy en sus manos (en sus plasmas) la reactivación de la economía algo más de un 11,4% de la población. La que ha desarrollado anticuerpos y que tendría derecho, en teoría, a certificar su COVID-19 superado.
Por ejemplo, los investigadores Joel López y Oriol Mitjà diseñaron un plan que veía con buenos ojos la expedición de estos pasaportes. Pero orientados, en su momento, a una salida escalonada del confinamiento. Y con un criterio basado en la emergencia (por ejemplo, que los sanitarios recuperados puedan trabajar con más tranquilidad y prioridad) en los momentos más complicados en los centros asistenciales. De carácter temporal.
Ocho meses después del inicio de la epidemia, algunos de sus defensores plantean que quien haya pasado la enfermedad en la primera oleada está en condiciones de ‘mantener la economía’ con una vida relativamente normal, de tenerse que producir nuevos confinamientos.
De la misma manera que ocurre con la documentación sobre vacunas y certificados médicos para acceder a determinados países, de cara al turismo, hay empresas que han desarrollado aplicaciones donde el usuario puede incluir y gestionar documentos sanitarios. Incluido un posible certificado inmunológico del coronavirus.
¿Sería legal?
Podría haber problemas éticos y jurídicos. «Es una medida que debe ser estudiada en profundidad, ya que tiene algunas ventajas y varios inconvenientes que pueden o no resolverse adecuadamente», explicaba en Sinc el epidemiólogo Antoni Trilla.
Para Josefa Cantero Martínez Profesora de Derecho Administrativo en la UCLM y Presidenta de SESPAS, «los derechos fundamentales de las personas podrían verse afectados en función del uso que se le dé. Para empezar, la mera exigencia del pasaporte serológico afecta al derecho fundamental a la intimidad. A lo que se suma que el derecho fundamental de libertad podría verse afectado si se exigiera el documento para circular».
Junto a Ildefonso Hernández, firmó un artículo en The Conversation en que destaca que «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en el trabajo (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)».
La práctica de test «podría tener cierto papel si hubiese un consentimiento de los trabajadores para la protección de su salud mediante una organización laboral consensuada entre trabajadores y empresario de acuerdo a los resultados».
Fuera de estos supuestos, generalizar masivamente test a toda la plantilla con la mera intención de otorgar estos pasaportes serológicos «puede plantear importantes problemas de encaje en este marco normativo».
Por su parte, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) «desaconseja de forma expresa, la emisión generalizada de certificados serológicos». Y recalca “el carácter confidencial de cualquier información clínica”.
En su documento que recogía medidas para para la fase de desescalamiento destacaba que las pruebas analíticas «atienden exclusivamente a indicaciones clínicas o a las disposiciones dictadas por parte de Salud Pública ante situaciones concretas”.
Para Trilla, la medida «debería ser valorada y recomendada o desaconsejada por la Unión Europea, garantizando un uso y aplicación acorde a nuestra sociedad democrática, los derechos individuales y la equidad».
El Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre el COVID-19 es más explícito: «Sería incompatible con la protección de los derechos y libertades fundamentales en nuestro contexto y, en particular con la normativa de protección de datos de carácter personal y los principios bioéticos».
¿Una vez pasada la COVID-19 somos inmunes para hacer vida normal?
Cada mes que pasa es un mes ganado para asegurar que tenemos una ventana más o menos amplia de protección. Como explicaba aquí la inmunóloga del CSIC Margarita del Val, «prácticamente toda infección genera un cierto grado de inmunidad, la cuestión es que no sabemos cómo de eficaz en el tiempo».
Esto podría seguir siendo válido hoy. Pero sabemos algo más y tiene que ver con qué tipo de defensas nos protegen cuando se vuelven a encontrar con el patógeno.
El doctor José María Molero, experto en infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFC) va más allá: «Desconocemos si una persona, aunque tenga anticuerpos, no pueda en algún momento al tener contacto con un enfermo estar replicando durante uno, dos, tres días… el virus dentro de sus vías respiratorias y estar contagiando aunque ella misma no desarrolle la infección».
¿Cómo medimos la inmunidad?
El estándar de oro básico son los anticuerpos. «Tienen mala fama, porque los asociábamos en los noventa a haber contraído el VIH, pero simplemente indican que se ha producido una respuesta inmunitaria», aclara Jorge Carrillo, investigador del Instituto de Recerca del Sida de Barcelona (IRSICaixa).
La presencia de anticuerpos en sangre indica que hay una infección activa (anticuerpos IgM) o pasada (anticuerpos IgG, que aparecen tras la segunda semana). Se pueden cuantificar parcialmente el un test tipo ELISA.
Los anticuerpos constituyen la primera respuesta humoral a la infección. Pero hay células de nuestro sistema inmunitario que, alertadas por los primeros y entre sí, salen a combatir al virus y a las células colonizadas por él. Algunas también tienen memoria.
Apenas estamos empezando a medir su respuesta en casos de SARS-CoV-2. Todo apunta a que tenemos algo más de tiempo de protección del que nos indican los anticuerpos, que en casos leves o asintomáticos, pueden ir desapareciendo notablemente a partir del segundo o tercer mes tras superar la enfermedad.
¿Cuándo debería caducar un pasaporte inmunitario?
La idea de que los anticuerpos caducan nos lleva a poner fecha al inicio de la infección pasada. Algo, también, muy complicado. Sobre todo sin un diagnóstico clínico claro, como el de una neumonía bilateral con pérdida de olfato.
La enorme proporción de asintomáticos (este verano está constituyendo entre el 60% y el 70% de las detecciones derivadas de brotes) complica echar las cuentas, suponiendo que un día podamos poner límite al tiempo en que somos inmunes a reinfecciones.
Esto, a su vez, será difícil de saber empíricamente si los países controlan la transmisión. ¿Nadie se ha recontagiado en China –origen de los casos– en ocho meses o nadie recuperado ha vuelto a tener contacto con el SARS-CoV-2 como consecuencia de las estrictas medidas de control?
Fuentes:
- Documento de la OMS sobre pasaportes inmunitarios, abril de 2020.
- Documento de medidas para la desescalada y posicionamiento de la Sempsph, mayo de 2020.
- Grupo de Trabajo Multidisciplinar que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación. Documento de rechazo a los pasaportes inmunológicos, junio de 2020.
- Alexandra Phelan, COVID-19 immunity passports and vaccination certificates: scientific, equitable, and legal challenges, The Lancet, mayo de 2020.
- Natalie Kofler y Françoise Baylis, Ten reasons why immunity passports are a bad idea, Nature, mayo de 2020.
- Jorge Carrillo, investigador del Instituto de Recerca del Sida de Barcelona (IRSICaixa).
- José María Molero, experto en infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFC), en Efe, 28 de julio.
- Antoni Trilla, epidemiólogo en ISGlobal, en Sinc, abril 2020.
- Josefa Cantero Martínez Profesora de Derecho Administrativo en la UCLM y Presidenta de SESPAS, e Ildefonso Hernández en ¿Sería útil (y legal) usar el pasaporte serológico en España?, The Conversation, abril de 2020.
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