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El mensaje con falsas recomendaciones a seguir en caso de fallecimiento de un familiar por COVID-19
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El mensaje con falsas recomendaciones a seguir en caso de fallecimiento de un familiar por COVID-19

Los jueces no intervienen tras el fallecimiento de un paciente por coronavirus. Además, la COVID-19 no está considerada como “enfermedad profesional”

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de verificación de WhatsApp por un mensaje que relatan los procedimientos que deberían seguirse ante el fallecimiento de un paciente por COVID-19. La información contenida en este mensaje no es correcta. Lo analizamos por partes. 

Un juez no interviene en una muerte por causas naturales

En primer lugar, el mensaje dice que si el médico no puede certificar con certeza la causa de la muerte, es decir, si no se trata de un caso confirmado por COVID-19, “tiene que dar traslado al Juzgado de Guardia y al forense”. 

De acuerdo con el comunicado de la Organización Médica Colegial de España (OMC), la intervención judicial del Médico Forense en las defunciones por COVID-19 se limitará a los casos de “muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad”, como establece Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el resto de los casos, la certificación de la muerte corresponde a los médicos asistenciales de los Servicios Públicos o Privados de Salud.

Además, desde el Ministerio de Justicia explican a Newtral.es que la muerte por COVID-19 es una muerte producida por causas naturales. “No se encuentra entre las situaciones para las que el Consejo de Europa recomienda una investigación médico-legal (Recomendación R(99)3, suscrita por España)”, señalan. 

Sí se puede enterrar a alguien con un diagnóstico de: ‘posible Coronavirus’

También es falsa la afirmación que contiene el mensaje y que dice que “no se puede enterrar a nadie con un diagnóstico de: ‘posible Coronavirus’”. 

De nuevo, en la nota informativa publicada por la Organización Médica Colegial de España (OMC) explican que en aquellos casos en los que no se había confirmado la COVID-19 en el fallecido pero se considera probable que estuviera infectado, se tiene que intentar, en la medida de lo posible, consultar “los antecedentes médicos del fallecido con especial atención a la sintomatología descrita de la infección”. 

Entonces, en estos certificados hay que rellenar dos apartados: uno, con la “causa inicial o fundamental de la muerte” y dos, con la que se considera como “causa inmediata”. En la primera, los facultativos tienen que poner: “COVID-19 no confirmado o sospecha de infección por coronavirus”. En el segundo, la causa última que se considere correcta, es decir, un fallo multiorgánico, distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo. Aun así, señalan que también podrán reflejar causas intermedias como “neumonía, sepsis o coagulopatía”.

Aparte de los anteriormente mencionados, existe un apartado para “otros procesos” donde explican que deberán recogerse “las patologías o comorbilidades que conllevan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave si existieran” y ponen como ejemplo las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial o la diabetes.

Para más información, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un documento donde se detalla el “procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19”.

No existe un derecho al diagnóstico

En el mensaje que estamos analizando añaden que “el derecho al diagnóstico forma parte del derecho a la salud y está igualmente protegido por la legislación sanitaria” por lo que se “si se prohíbe hacer pruebas, hay que pedir que se obtengan muestras para que sean analizadas más tarde”. 

Desde Justicia desmienten a Newtral.es la existencia de este derecho: “No existe un pretendido “derecho al diagnóstico,” sino un derecho general a la salud, protegido por el artículo 43 de la Constitución Española, que se organiza a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, en cuyo contexto hay que examinar las normas e instrucciones que se publican”. 

La COVID-19 no es una enfermedad profesional 

Por último, en el texto que se está compartiendo por redes sociales aconsejan que en caso de duda, se ponga una denuncia en el Juzgado para pedir que se obtengan las muestras, ya que “si alguien muere por accidente laboral o enfermedad profesional (el coronavirus (sí lo es) tiene derecho a una pensión automáticamente”. 

Esta afirmación, que parece referirse a una pensión que percibirían los familiares de la persona fallecida, no es cierta. En primer lugar, la COVID-19 no está considerada como una enfermedad profesional, tal y como puede comprobarse en el Real Decreto 1299/2006 que recoge el cuadro con las mismas. 

Lo aprobado por el Gobierno ante esta situación fue que a efectos de la baja laboral, aquellos periodos de aislamiento o contagio por parte de los trabajadores se considerarán como una situación asimilada al accidente de trabajo. Esto se hace exclusivamente para la “prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social” (artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020).

Por tanto, de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social para que un acontecimiento se considere accidente de trabajo, es necesario que ocurra en tiempo y lugar de trabajo o que se encuentre en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 156.2. Por lo que, en todo caso, habría que demostrar que el fallecido contrajo la infección en su puesto de trabajo. 

Aun así, el reconocimiento como accidente de trabajo no conlleva que se genere automáticamente el derecho a una pensión de viudedad u orfandad. Estas prestaciones se originan por el fallecimiento de una persona, independientemente de si la causa está ligada al ejercicio de su profesión. 

La única diferencia es que si la causa de la muerte es un accidente de trabajo, la cuantía de la base reguladora de la pensión, será más elevada. En cualquier caso, los beneficiarios de una pensión deben cumplir para acceder a ella determinados requisitos que se pueden consultar en la página web de la Seguridad Social.  

Fuentes

Si escuchas lo que dice un político y crees que es mentira, o te llega algo que tiene pinta de ser un fake, escríbenos al +34 627 28 08 15 con tu consulta o pincha sobre el número si nos lees desde tu móvil para que lo verifiquemos por ti.

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