La Comisión de Educación del Congreso votó el pasado 13 de noviembre el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, cuyos cambios fueron validados por el Congreso el 19 de noviembre, paso previo para que se tramite en el Senado.
La Ley Celaá se lleva gestando desde febrero de 2019, antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones. Derogar la “Ley Wert” fue uno de los compromisos del Gobierno de Sánchez desde el inicio y, en marzo de 2020, el nuevo gobierno comenzó a trabajar en ella, no exento de controversia.
El Partido Popular, Vox o Ciudadanos pusieron enmiendas al texto completo, y distintas asociaciones de padres y escuelas privadas, concertadas y religiosas consideran que la ley Celaá se ha redactado sin consenso con la comunidad educativa. Entre otras cosas, aseguran que su entrada en vigor socavará la autonomía de los centros o servirá para suprimir la educación especial, algo que no es cierto. Te explicamos algunos de los temas que más polémica han suscitado desde que el proyecto se planteó para su trámite en el Congreso el pasado marzo.
Cambios de la Ley Celáa: educación especial
Durante el confinamiento se hizo viral un documento firmado por la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’ que denunciaba que la LOMLOE perseguía la eliminación de la «mayoría de escuelas» destinadas a menores con necesidades especiales. En el Congreso también se escucharon acusaciones similares, sin embargo es falso. La reforma de la ley educativa no establece la supresión de la educación especial. Todas estas acusaciones se basan en una interpretación de las consecuencias que podría traer en el futuro uno de los puntos de la reforma.
En realidad, lo que estipula el proyecto de ley Celaá en su disposición adicional cuarta es que en diez años «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». Con este punto, el Gobierno pretendería mejorar la educación inclusiva, preparando los centros ordinarios para un futuro trasvase de alumnos con discapacidad. Sin embargo, en ningún punto hace referencia explícita al traspaso de escolares de centros especializados a centros ordinarios.
«Esto significará acabar con la discriminación que sufren muchas personas con discapacidad», afirmaba en 2019 a Newtral.es Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). «Desde el comité queremos una inclusión total y absoluta. Entendemos que es un proceso muy complejo que no se puede realizar de un día para otro, pero es algo que tenemos que hacer».
Aquí te explicamos más en profundidad esta polémica.
El castellano como lengua vehicular en la Ley Celaá
En la última versión del proyecto de ley se ha modificado el texto del articulado y se ha suprimido tanto el concepto ‘vehicular’ de la lengua castellana como la afirmación de que «el castellano es la lengua oficial del Estado», cuestiones que han generado discusión entre los representantes políticos y discrepancias entre ellos. Pero, hasta que se aprobó la LOMCE en 2013, ninguna otra ley educativa había hecho referencia alguna explícita a que el castellano fuera, o tuviera que ser, la lengua ‘vehicular’ en la enseñanza. Por otro lado, la Constitución Española ya garantiza el castellano como lengua oficial.
Desde el Ministerio de Educación explican a Newtral.es que esta enmienda no pretende imponer o desbancar el lugar que ocupa el castellano en ninguna comunidad autónoma: «Se quiere garantizar que el alumnado tenga pleno conocimiento en ambas lenguas, no una sobre la otra».
Belén Espejo, experta en Política Educativa y Profesora Titular de la Universidad de Salamanca, señaló a Newtral.es sobre la Ley Celaá que «no se puede considerar anticonstitucional porque no se está desplazando por completo el castellano, y en la Constitución no se habla de lengua vehicular, se habla de oficialidad». Desde el sindicato ANPE, no obstante, se critica que «la desaparición del castellano como lengua vehicular afecta también al carácter estatal de los cuerpos docentes.”
En este artículo te explicamos más en detalle este tema.
La libertad de elección del centro escolar, y la supuesta vulneración de los DD.HH.
Un vídeo que circula por redes sociales animando a firmar el manifiesto de Más Plurales asegura que la LOMLOE «roba la patria potestad de los padres», ya que al eliminar la ‘demanda social’ se reduce «significativamente la capacidad de las familias para elegir el colegio que quieren para sus hijos, derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
Este criterio, la ‘demanda social’, lleva presente desde la Ley de Calidad de la Educación que impulsó el Gobierno de José María Aznar en 2002, en su artículo 75.5, donde se explican los conciertos educativos que las comunidades pueden realizar con los colegios privados. La Ley de Educación promulgada en 2006 bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó este punto*, pero la LOMCE, publicada por el Gobierno de Rajoy en 2013, volvió a incluir el término.
La ley promulgada por el Gobierno de Aznar indicaba que las Administraciones debían tener en cuenta la demanda de matriculaciones en centros concertados por parte de las familias a la hora de ofertar más o menos plazas. La LOMCE incluía este párrafo en el artículo 109, pero el proyecto de reforma del actual gobierno lo elimina.
«Este concepto quiere decir que mientras los padres prefieran llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada con fondos públicos, antes que a una escuela pública, el Estado tendría la “obligatoriedad” de financiarles esa decisión», ha explicado Manuel Muñiz Pérez, profesor titular de la Universidad de Oviedo a Newtral.es, en contraste co las Ley Celaá.
El profesor, experto en Políticas Educativas, recuerda que la escuela concertada «tiene que ser subsidiaria de la red pública, que es como nació, como una excepción porque la red pública no era capaz de absorber a todos los alumnos que estaban en las escuelas católicas», ha explicado Muñiz.
El experto indica que esta es la función que tiene cualquier concierto y establece un símil con la sanidad pública: “en el momento en que las plazas públicas no son suficientes, puedes concertar con la escuela privada”. Sin embargo, responder por ley a la demanda social “es como si todos los ciudadanos tuvieran el “derecho” de elegir entre un hospital público y un hospital privado, y si eligieran acudir al privado, el sector público lo tuviera que pagar».
Cuando nació el proyecto de reforma de la ley de Educación, en 2019, el PSOE consideraba que la ‘demanda social’ era una medida «segregadora» entre las redes pública y concertada. El Ministerio de Educación ha explicado a Newtral.es que este proyecto de ley busca evitar la discriminación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.
Desde el ministerio indican que el concepto de ‘demanda social’ ha sido utilizado por los gobiernos de las comunidades autónomas para ceder suelo público de manera gratuita, «sobre todo en zonas sin centros públicos, para centros privados de nueva creación promovidos por empresas sin trayectoria educativa. La LOMLOE establece que la creación de nuevos centros se hará teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos».
[Artículo: Celaá y las cifras que están detrás de la educación concertada]
El proyecto de ley, además, hace especial hincapié en las comisiones de admisión. Unos organismos que, pese a no ser nuevos, ahora pasan a estar integrados, además de por representantes de la Administración y de los centros, de las familias, del profesorado y del alumnado. Estas comisiones deberán velar por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Aunque la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales aparece reconocida en el artículo 84 de la LOMLOE, relativo a la admisión de alumnos, no se trata de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni siquiera en la Constitución Española, algo que la ministra de Educación ya matizó en noviembre de 2019 y que relatamos en Newtral.es.
La Ley Celaá y la presunta destrucción de la autonomía de los centros
Los colectivos que reclaman que la «Ley Celaá» no salga adelante critican que esta socava la autonomía de los centros de dos formas: eliminando la segregación educativa «en colegios que no son de su titularidad» e introduciendo a un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros, lo que definen como un «comisario político».
Sobre la segregación, el proyecto especifica tanto en el artículo 84 como en el 87 que se dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza» en cuestiones de admisión. La profesora critica que la defensa de la autonomía se haga en términos de segregación educativa, algo que iría en contra de los criterios de acceso en condiciones de igualdad: «Si utilizamos la autonomía para excluir o segregar, no estamos acatando un principio que está por encima y es el de la escolarización».
La experta pone de ejemplo que, si un centro concertado no admite a una alumna que lleva pañuelo por cuestiones de reglamento «tenemos un problema, porque esos centros están subvencionados con fondos públicos. Esos alumnos acaban por tener que escolarizarse en centros públicos».
Manuel Muñiz, experto en Políticas Educativas recuerda que «la Ley Wert daba prácticamente un poder total a la dirección del centro en casi todo lo que fuera de puertas para adentro y esta ley, por el contrario, vuelve a lo que había antes, dando más poder a los consejos escolares y a los representantes de los padres».
Según Muñiz, el representante del Ayuntamiento forma parte del Consejo para estar al tanto de situaciones excepcionales que requieran informar al consistorio. «Simplemente está allí por si se produce alguna obra o es necesaria la presencia de Policía Local para la celebración de algún evento. No se meten en temas educativos».
Belén Espejo, por su parte, tampoco cree que se vea afectada la autonomía de los centros y considera que el concepto de autonomía en el ámbito de la Educación «ha sido siempre defendido por la izquierda. Aparecía perfectamente reflejado en la LOGSE o en la LOE, y es un reflejo de lo que se encuentra en el artículo 27 de la Constitución».
La supuesta imposición de un modelo de educación único, estatal y laico a través de la Ley Celaá
Ni el PSOE ni Unidas Podemos persigue el cierre de los colegios privados o concertados, o el de los católicos en particular. Esta medida no figura en la reforma educativa, como tampoco apareció en los programas electorales de ninguno de los dos partidos para las últimas elecciones generales, ni en su preacuerdo para un Gobierno progresista.
La denuncia de los acuerdos con la Santa Sede y la búsqueda de un nuevo acuerdo bilateral sí que figuraba en el programa del partido liderado por Pedro Sánchez, sin embargo, a día de hoy permanecen intactos y la LOMLOE los respeta: la enseñanza de religión católica es de oferta obligada para los centros y de carácter voluntario para los alumnos, como hasta ahora. Por lo tanto, es falso que se agreda a la libertad de conciencia «en favor de la imposición de una ideología laicista».
El cambio que trae esta normativa es la forma en que se evalúa esta asignatura. Ya no existe la obligación de cursar una materia alternativa, y su calificación no será tenida en cuenta en la nota media para la obtención de becas o el acceso a la universidad.
Se podrá pasar de curso sin límites de suspensos
A principios de octubre, el pleno del Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Esta normativa, y no la LOMLOE es la que modifica los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP. Como ya explicamos en Newtral.es, el texto especifica que se trata de una medida excepcional, y de carácter temporal. El Ministerio de Educación ha explicado a Newtral.es que estará en vigor «mientras dure la situación sanitaria derivada de la pandemia».
La aprobación de este real decreto no implica titular con suspensos. «Es sencillamente falso», aseguró Isabel Celáa en su intervención en el Congreso, si no que se titulará «tras conseguir los objetivos generales de la etapa». Desde Educación explican que es una medida de libre interpretación por parte de cada centro y que «es el equipo docente» el que decide «de forma global y colegiada» quien pasa y no pasa de curso.
La experta en Educación de la Universidad de Salamanca defiende que el nuevo decreto entra dentro de políticas alternativas a la repetición y va en línea con la autonomía de los centros. «Lo que se trata es de que los centros, que son los que mejor conocen la evolución del alumnado, en la medida de lo posible puedan decidir sobre criterios de evaluación de una manera colegiada», comenta. Para la experta, esto supone «una responsabilidad de todo el equipo» y defiende que «no debe hacerse uso político» de estas medidas.
(*) Corregido con el punto que sí eliminó la LOE en 2006
Fuentes:
- Manuel Muñiz Pérez, profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo y experto en Educación
- Belén Espejo, experta en Política Educativa y Profesora Titular de la Universidad de Salamanca
- Gabinete de prensa del Ministerio de Educación
- Colegios concertados y selección de escuela en España, un círculo vicioso. Manuel Antonio Muñiz Pérez y Roberto Fernández Llera
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
- Razones que justifican la reforma educativa. Palacio de la Moncloa
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria
- Constitución Española
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
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