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Analizamos el futuro de los centros de Educación Especial
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Analizamos el futuro de los centros de Educación Especial

Nos preguntáis vía Whatsapp (+34 682 58 96 64) sobre la nueva ley de educación y el futuro de los colegios de educación especial. Para ver de qué trata la reforma, desde el Ministerio de Educación nos remiten al nuevo proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 (LOMLOE). Dicho texto fue remitido al Parlamento, pero tras el reciente adelanto electoral y la disolución de las cortes, decayó.

El texto no recoge que los colegios de educación especial vayan a cerrar. Lo que establece la normativa es que el gobierno, en colaboración con las administraciones educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años –y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030–, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. 

En una entrevista del pasado 12 de marzo en el programa Los Desayunos de TVE, la ministra de Educación, Isabel Celaá afirmó que “Este gobierno no va a cerrar los centros de educación especial o especializada. Sin embargo, sí que también va a seguir esa senda importante que ya se está llevando a cabo […] y que es buena y que es la que nos pide precisamente la Organización de Naciones Unidas en relación a la escolarización de las personas con discapacidad o con diversidad funcional o con capacidades diferentes, que es, vayamos a incorporarlas progresivamente en la medida en que se pueda a centros ordinarios con los recursos suficientes”.

 

¿Qué significará en la práctica?

Con esta medida, el ejecutivo pretende realizar un gran trasvase de alumnos con discapacidad a centros ordinarios, con el fin de potenciar y mejorar la educación inclusiva. “Esto significará acabar con la discriminación que sufren muchas personas con discapacidad”, afirma Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). “Desde el comité queremos una inclusión total y absoluta. Entendemos que es un proceso muy complejo que no se puede realizar de un día para otro pero es algo que tenemos que hacer”, señala.

La nueva normativa ha puesto sobre la mesa el debate sobre la aplicación de la escuela inclusiva. Desde la ‘Plataforma Escuela inclusiva sí, Especial también defienden la escuela inclusiva, pero no para todos los casos. “Hay determinados niños que por su tipo de discapacidad no pueden estar en un colegio ordinario. No deben cerrar los colegios especiales para este tipo de casos. Son niños que sabemos que necesitan de una ayuda especial para avanzar en su aprendizaje. Este aprendizaje no sólo es educativo, también afectivo”, comenta José María Escudero, presidente de la plataforma. “Creemos que el derecho del menor debe primar sobre cualquier cosa y que debería haber un gran consenso entre los profesionales y la familia sobre qué hacer con la educación del niño. No queremos que de la noche a la mañana esos niños pasen a un colegio ordinario”, destaca Escudero.

Desde el CERMI, apoyan la decisión: “Nosotros no creemos que llevar a un niño con discapacidad severa a un colegio ordinario sea la mejor opción y por supuesto que no queremos el cierre de los colegios de educación especial. Es lógico que los padres se asusten. Pero hay casos y casos. Queremos sentarnos y hablar”, afirma Jesús Martín.

 

¿Qué pasará entonces con los centros de educación especial?

La disposición adicional cuarta de la ley ‘Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales’ señala que:

“Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

 

¿Cómo y quién designará a los alumnos que deben ir a centros ordinarios y los que deben permanecer en especiales?

En relación a la escolarización del menor la normativa establece que:

“La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado.

Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor.

Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos y alumnas en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar el plan de actuación, así como la modalidad de escolarización, que tenderá a lograr el acceso o la permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo”.

 

Denuncia de las Naciones Unidas a España

La polémica surgió a raíz de una denuncia interpuesta hace tres años ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (dependiente de Naciones Unidas) por vulnerar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país en mayo de 2008.

En concreto, en el texto se denunciaba que España vulneraba el artículo 24 del tratado internacional: “Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en la que vivan”.

Fruto de la denuncia interpuesta, el comité de Naciones Unidas realizó una visita a España en 2017. Dos miembros del comité visitaron seis ciudades españolas y se entrevistaron con más de 165 personas, entre ellas funcionarios del Gobierno Central y de las 17 comunidades autónomas. También mantuvieron encuentros con representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, magistrados y abogados.

Tras la visita, el Comité elaboró un informe sobre la situación. En el documento, el Comité denunció que: “la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad […] Un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples”.

Asimismo, el comité recomienda a España que: “Para lograr de manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes”.

Desde la plataforma lamentan que “los expertos del Comité realizasen su dictamen en base únicamente a entrevistas, documentos y encuestas. No consta si visitaron algún centro de Educación Especial, lo que sin duda les habría aportado una visión y una valoración más completa y ajustada de la realidad”. Desde el CERMI, sin embargo, aplauden la decisión del gobierno con esta nueva ley educativa “Este tema no es nuevo, llevábamos años reclamándolo. No solo estamos hablando de derechos humanos sino que además Naciones Unidas nos exige cumplir el Convenio”, puntualiza Juan Martín.

Fuentes:

 

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