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Celaá y las cifras que están detrás de la educación concertada
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Celaá y las cifras que están detrás de la educación concertada

Analizamos con datos la evolución del gasto público en la concertada tras las recientes declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, sobre el derecho de los padres y la libre elección de centro educativo

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Dentro del sistema educativo español coexisten tres tipos de centros diferentes: colegios privados, públicos y concertados. Estos últimos, centros privados con financiación pública (conocida como conciertos), han levantado polémica en varias ocasiones.

La última, tras las declaraciones de la ministra de Educación en funciones Isabel Celaá, que aseguró que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza». Estas declaraciones las hizo en el XV Congreso de Escuelas Católicas, que según explican en su web, suponen el 15% del total del sistema educativo y el 60% de la enseñanza privada concertada.

En los últimos años el porcentaje de fondos públicos destinados a la educación concertada ha ido en aumento en detrimento de la pública, y el número de alumnos y centros ha crecido. Explicamos las cifras de este modelo de centros educativos que no son tan comunes en otros países y que se impulsaron a mediados de los años 80.

El impulso de la educación concertada

La LODE, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, recoge en su preámbulo que la democracia española heredaba un sistema educativo mixto, en el que convivían centros de enseñanza públicos y privado. De hecho, no sería hasta 1985 cuando la figura del colegio concertado adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia.

«La Ley General de Educación de 1970, que establecía la obligatoriedad y gratuidad de una educación básica unificada, había abierto la posibilidad de que centros no estatales pudieran participar en la oferta de puestos escolares gratuitos en los niveles obligatorios, obteniendo en contrapartida un apoyo económico del Estado», comenta a Newtral.es Myriam Rodríguez Pasquín, Profesora Titular de Escuela Universitaria en Universidad de Murcia del Área de Economía Aplicada, que explica que fue el partido Socialista el que impulsó el desarrollo de estos centros.

«En mi opinión, el PSOE asume este modelo por necesidad –insuficiencia de recursos para construir todos los centros públicos necesarios-, criterios de eficiencia –aprovechar los recursos educativos disponibles- y por presión de la iglesia católica –principal propietaria de los colegios privados existentes en ese momento», añade Rodríguez Pasquín.

Sin embargo, la población ha cambiado y la necesidad de la concertada por falta de espacio en la pública ya no es la misma que en años anteriores. «El concepto original de la educación concertada tenía sentido», comenta a Newtral.es Manuel Muñiz Pérez, profesor de la Universidad de Oviedo y autor de una investigación sobre la educación concertada. Muñíz Pérez recuerda que la función original de la concertada era «subsidiaria respecto a la de la red pública».

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«Allí donde no hubiera colegios públicos suficientes, se concertaba, eso tenía todo su sentido en su momento. Ahora, estamos casi 40 años más tarde y se mira de igual a igual, eso no es para lo que había nacido la concertada». Así, reitera que el mantenimiento o el crecimiento del número de unidades escolares en centros concertados «ya no se justifica por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por otro tipo de razones».

En su investigación Colegios concertados y selección de escuela en España, un círculo vicioso, que realiza junto con Roberto Fernández Llera, Muñiz Pérez llega a la conclusión de que el argumento fundamental de los padres para decidir estos centros «no es una mayor calidad educativa», si no las características socioeconómicas de los alumnos de las escuelas concertadas, significativamente distintas y más favorables para el proceso educativo que las de los centros públicos. «Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que, de seguir permitiéndose, aboca a una importante merma de la equidad y la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo», refleja el texto.

Gasto público

Según las cifras recogidas por la Estadística del Gasto Público en Educación referentes al año 2017 pero publicadas en octubre de 2019, las transferencias de las Administraciones Educativas a centros educativos de titularidad privada alcanzaron los 6.179,4 millones de euros ese año.

El gasto total en educación ascendió a los 49.463 millones, con lo que la cifra de la concertada supone el 12,4% del gasto total. «La proporción ha pasado de representar algo más del 9% del total en 1992 a situarse en torno al 12,5% en 2017, habiendo alcanzado su máximo en 2014, próximo al 13%», detalla la profesora Rodríguez Pasquín.

«Mientras que el gasto público destinado a conciertos se ha duplicado en el período -con un crecimiento medio anual acumulado del 2,8%-, el destinado a centros públicos ha incrementado un 50% -con un crecimiento medio anual acumulado del 1,4%-, ambos en términos reales, es decir, una vez que hemos descontado el efecto del aumento de los precios», explica Rodríguez Pasquín.

«Esto significa que los recursos destinados a conciertos han crecido el doble que los destinados a los colegios públicos en este período», aclara. Sin tener en cuenta los precios constantes, la financiación de la educación concertada ha crecido el 24,4% en 10 años (de 2007 a 2017) mientras que la pública ha aumentado el 2,3%, según datos del Ministerio de Educación.

Uno de las formas que se utilizan para calcular lo que cuesta la educación es el gasto por alumno. Aunque se manejan diferentes cifras, es verdad que la educación pública tiene un desembolso mayor por alumno. En 2016 el gasto público por alumno fue de 5.607 euros en la escuela pública frente a los 2.962 de las escuelas concertadas, según las Estadísticas de la Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional referentes a 2016. Sin embargo, para Manuel Muñiz Pérez esto tiene truco.

«Uno de los argumentos que se suele poner encima de la mesa es que la pública el coste es mayor pero es una falacia porque estás jugando con reglas distintas», alega. Con esto, explica que en la pública «se encuentra a la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales, al 80% de los inmigrantes y a todo el alumnado de centros rurales» que, según comenta, en términos económicos «son menos rentables porque te va a dar grupos pequeños».

«El grueso del coste de un alumno en educación es el tema del personal, como el pago a los profesores».

«Estamos hablando de colectivos distintos, entonces no son comparables», sentencia y explica que «el grueso del coste de un alumno en educación es el tema del personal, como el pago a los profesores». «En la pública tienes a profesores que se han ganado una plaza y por lo tanto van a cobrar más dinero, tienes grupos más pequeños que permiten una mayor calidad educativa y con profesores que dan menos horas que la concertada. Solo con eso, se explica gran parte de donde viene la diferencia del coste», argumenta Muñiz Pérez.

El sistema de financiación de los colegios concertados se hace mediante los denominados módulos de conciertos, que están regulados por la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), artículos 116 y 117, que establecen que la Administración debe garantizar que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad.

Para ello, tomando como referencia el número de aulas del centro, la Administración debe abonar el pago de los salarios de todo su personal docente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, así como «otros gastos», que incluyen los costes del personal de administración y servicios, el mantenimiento, conservación y funcionamiento de estos colegios y los gastos del «material y equipamiento necesario para la impartición de las enseñanzas y cursos de formación del profesorado».

«Otra trampa que se hace es que para compensar el gasto público las familias acaban introduciendo gasto privado. Al final, todo esto termina sobrepasando el gasto total por alumno», explica el profesor de la Universidad de Oviedo.

La pública, la que más ha sufrido

Pese a que la educación pública recibe la mayor parte de alumnos, en la concertada se concentra el 28,9%, una cifra que ha ido aumentando a lo largo de los años: ganó una media de 22.407 alumnos por curso en los últimos 15 años. En el curso 2017-2018 (últimos datos detallados), de los 6.678.471 alumnos de la educación obligatoria, 4.394.119 pertenecían a la pública mientras que 1.883.011 a la concertada y 245.163 a la privada.

Desde el año 2000, cuando se completaron las transferencias de educación a las Comunidades Autónomas, son estas las que deciden qué parte del presupuesto destinan a estos centros concertados. Es por ello por lo que son estos los que deciden qué cantidad destinar.

Así, es el País Vasco el que cuenta con más porcentaje de alumnos en la educación concertada (48,3% en 2017) y el que más fondos públicos destina a ella. No obstante, también es el que más fondos públicos reparte por alumno en la pública al invertir más en educación.

En porcentaje de alumnos que estudian en la concertada le siguen Navarra con el 34,3%, y Madrid, con el 30,1%. Sin embargo, Madrid destina más dinero público a esta partida: el 19,9% de sus recursos, según las cifras del Ministerio de Educación.

«Ante las preferencias mostradas por los progenitores, las autoridades públicas han reaccionado aumentando progresivamente el número de unidades concertadas, incluso en zonas con vacantes en centros públicos, cediendo así ante las presiones de los que argumentan un discutible y ya comentado ‘derecho a la elección de centro escolar'», explica Muñiz Pérez en su investigación.

Según los Datos y Cifras del Ministerio, en el curso 2019/2020 hay 28.816 centros educativos de régimen general no universitarios. De estos, 19.184 son públicos y 9.632 privados o concertados (el informe no hace distinción). En el curso 2017/2018, los últimos datos desagregados, de los 9.022 centros privados que hubo, 5.013 eran concertados y 4.009 privados. De la oferta de escuela concertada, Escuelas Católicas, que agrupa a los centros de la Iglesia, cuenta con el 60%. Además, los datos del Consejo Escolar del Estado muestran que solo Malta, Reino Unido y Bélgica cuentan con más presencia privada en la Educación que España.

De hecho, con la crisis y la reducción del gasto fueron los centros públicos los más afectados, según cuenta Myriam Rodríguez Pasquín: «Los recortes no tuvieron el mismo impacto sobre la educación concertada que sobre la pública. El comportamiento es muy desigual». Así, mientras que el gasto público destinado a los centros públicos se redujo, el destinado a conciertos creció en torno al 11%, lo que equivale a un crecimiento anual del 1%. «Es evidente que los centros públicos han salido peor parados que los concertados de la reducción del Gasto Público en Educación que ha tenido lugar en los últimos años», recalca la profesora.

«Si bien sigue siendo mucho menor el gasto por alumno en la concertada, si la política de Gasto Público en Educación sigue favoreciéndola, como lo ha hecho hasta ahora, las diferencias tenderán a acortarse en el medio plazo» afirma Myriam Rodríguez.

Derecho a decidir

En el debate sobre la educación pública o concertada siempre se recurre al artículo 27 de la Constitución. Así, el punto 3 recoge que: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

«Hay interpretaciones. Lo que recoge la Constitución se ha ido salpimentando con distintas sentencias del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo que, por así decirlo, acababan dando asidero a lo que tú quieras interpretar», explica el profesor Muñiz Pérez. Así, defiende que todo el mundo tiene derecho a educar a sus hijos en el colegio que «les de la gana» y el sector público «tiene la obligación de darles un colegio público y gratuito».

«A partir de ahí, que se entienda que el sector público tiene la obligación de pagar el colegio que cada uno quiera, es completamente incierto. Desde mi punto de vista no es una interpretación adecuada de lo que dice la Constitución».

Celaá: «De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza»

De hecho, se trata de un punto que distintas sentencias han interpretado de este modo. Por ejemplo, la ministra Celaá hizo referencia a la Sentencia 5/1981 de 13 de febrero cuando aseguró que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza».

«Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27″, declaró la ministra de Educación en funciones.

El artículo 27 de la Constitución también introduce en la sección 4ta la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica, y constitucionaliza un sistema de ayuda pública a los centros docentes «que reúnan los requisitos que la ley establezca» en el punto 9. Este abre la puerta a los colegios concertados, pero, según explican Roberto Fernández Llera y Manuel Muñiz Pérez en su publicación Colegios concertados y selección de escuela en España, un círculo vicioso, «ni mucho menos obligando a que exista este sistema de provisión pública con producción privada, ni tampoco comprometiendo un determinado y concreto grado de financiación por parte de los poderes públicos».

Ellos recuerdan que el Tribunal Constitucional ya lo interpretó así en la sentencia 86/1985, cuando dijo que la Constitución no ampara un hipotético «derecho a la subvención» y, en consecuencia, «el derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales».

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