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Nos preguntáis por la reforma de la ley de Educación durante el estado de alarma y cómo afectará al futuro de los colegios de Educación Especial
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Nos preguntáis por la reforma de la ley de Educación durante el estado de alarma y cómo afectará al futuro de los colegios de Educación Especial

Varios medios y usuarios de redes sociales recogen que el Gobierno “aprovecha la crisis sanitaria para reactivar la tramitación de la norma” con el objetivo de cerrar esos centros en un plazo de diez años.

Nos habéis preguntado por un documento viralizado en la red firmado por la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También‘, quién denuncia que la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) busca la eliminación de la “mayoría de escuelas” destinadas a menores con necesidades especiales. Añaden, adicionalmente, que se tramita aprovechando la crisis sanitaria y el estado de alarma.

Lo que dice el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, en su disposición adicional cuarta, es que en diez años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Ningún punto hace referencia explícita al traspaso de escolares de centros especializados a normales. Os lo explicamos.

El texto fue remitido al Congreso de los Diputados en febrero de 2019, pero tras el adelanto electoral y la disolución de las cortes, decayó. En Newtral.es publicamos entonces un artículo analizando el contenido de la disposición y las opiniones de distintos colectivos, entre ellos ‘Educación inclusiva sí, Especial también’ .

¿Qué dice la nueva ley de educación sobre el alumnado con necesidades específicas?

El proyecto de Ley Orgánica por el que se derroga la Ley Orgániza 2/2006 (LOMLOE) establece que «las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna».

Esto incluirá una valoración de las necesidades educativas individuales, realizada por «personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado».

¿Qué pasará entonces con los centros de educación especial?

La polémica se ha generado a raíz de la disposición adicional cuarta del texto que se pretende aprobar. Esta medida no implica la clausura de todos los colegios de educación especial. “El proyecto no habla de que desaparezcan los centros especiales. Todo lo contrario, dice que continuará habiendo centros especiales”, explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y antiguo letrado del Tribunal Constitucional.

El texto añade: «las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios». 

Según Urías “lo que establece es un principio genérico de intentar integrar a los menores cuyo diagnóstico lo haga posible en las escuelas normales -que serán dotadas de más medios y presupuestos- y de colaboración entre las escuelas y los centros que en todo caso seguirán existiendo para menores que lo necesiten”. 

El objetivo de aquí a 2030 es “potenciar y mejorar la educación inclusiva”, asegurando que aquellos que puedan asistir a centros educativos ordinarios lo hagan en las mejores condiciones. 

¿Por qué el gobierno lleva a cabo esta reforma? 

La medida surge a raíz de una denuncia interpuesta por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (dependiente de Naciones Unidas) a España por vulnerar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2018, elaboraron un informe en el que concluían: “La información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad […] Un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples”. 

Asimismo, el Tribunal Supremó ratificó en 2017 que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario.

¿Se ha acelerado su aprobación durante el estado de alarma? 

La polémica se ha reavivado ahora tras ser aprobado el proyecto de  la LOMLOE por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, la semana anterior al decreto de estado de alarma. El texto se encuentra actualmente en trámite parlamentario y PP, Cs y Vox presentaron el viernes pasado enmiendas a la totalidad. Solicitaron además la ampliación de los plazos para presentación de enmiendas parciales (que concluía el viernes 29 de abril). Una petición que el Gobierno rechazó en un primer momento argumentando que el cierre del Parlamento del día 13 de marzo «no supuso que los diputados y diputadas no pudieran seguir desarrollando su trabajo» pero que tras las críticas recibidas se extenderá finalmente hasta el 6 de mayo.

“El art. 116 de la Constitución establece que durante la vigencia de los estados excepcionales, como el de alarma, el Parlamento ha de mantener sus funciones con plenitud. Luego no hay ningún obstáculo en que se sigan tramitando todo tipo de leyes. De hecho no me consta que para la ley de modificación de la LOE se haya hecho una excepción, sino que se está abordando como el resto de proyectos de normas pendientes”, afirma Urías.

En cuanto a la participación de expertos, el profesor de Derecho Constitucional coincide con lo publicado por varios medios en que “es habitual invitar a agentes sociales, expertos y personas con interés a que comparezcan y den su opinión”. Sin embargo, señala que “ni son obligatorias ni, sobre todo, suelen tener un impacto decisorio sobre la estructura normal de la ley”.

¿Qué dicen los autores del comunicado difundido?

Desde la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial Tambiénacusan al Gobierno de apresurar la tramitación del proyecto y aprovechar que la sociedad tiene su “capacidad de reacción anulada por la pandemia” para aprobar una ley sin consenso “llena de ambigüedad”. En concreto, hacen referencia a la problemática de la frase “atención muy especializada”.

Sostienen que “la decisión de traspasar alumnado a centros ordinarios” no ha sido consultada con las familias ni con los profesionales. Un malestar que ya transmitieron el año pasado al PSOE sin, según aseguran, fueran respondidas sus demandas y que reiteran ahora llamando a la movilización ciudadana en las redes sociales. En un segundo comunicado, niegan cualquier vinculación política y califican de “torpe maniobra de desprestigio” los intentos de asociación de la plataforma con los partidos de la oposición

¿Cúal ha sido la respuesta del Gobierno?

El Ministerio de Educación desmintió este martes que “se vayan a cerrar centros de educación especial, tal como están difundiendo algunas organizaciones”.

En esa línea, reiteró su compromiso con el alumnado de necesidades especiales independientemente del “tipo centro en el que se escolaricen” y su intención de trabajar conjuntamente con las familias.

El ejecutivo remitió una carta similar dirigida a asociaciones de personas con discapacidad en marzo de 2019.

Fuentes:

-Congreso de los Diputados
-Ministerio de Educación
Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla
-Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
-Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También
-Tribunal Supremo

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