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Lesbianas y madres: cuatro años de exclusión del sistema público de reproducción asistida
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Lesbianas y madres: cuatro años de exclusión del sistema público de reproducción asistida

Tecci Gavidia y su novia estaban en el comedor de casa, frente al televisor, cuando escucharon la noticia por primera vez: cualquier mujer cuya pareja no fuese un hombre dejaría de tener derecho al sistema público de reproducción asistida. Era julio de 2013 y la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba unas modificaciones en la Ley de reproducción asistida vigente desde 2006. La orden ministerial del Gobierno del Partido Popular, que se hizo efectiva en noviembre de 2014, concretaba algunos aspectos en relación al acceso a este servicio: la sanidad pública dejaría de financiar los tratamientos para concebir a las parejas de lesbianas y a las solteras porque, según palabras de Ana Mato, «la falta de varón no es un problema médico».

Unos meses antes de que Ana Mato proclamase la medida, Tecci y su pareja se habían planteado la posibilidad de ser madres. El desconocimiento y el miedo jugaron en contra: «Al ver eso, pensamos que la sanidad pública no nos cubriría el servicio. Decidimos esperar un poco, pero ya en 2014 queríamos empezar el proceso y no retrasarlo más porque sabemos que ya de por sí es largo. No queríamos seguir esperando a ver qué pasaba. Llegar a la consulta y que nos lo negaran por ser lesbianas era algo por lo que no queríamos pasar», cuenta Tecci.

La orden ministerial, al ser de menor rango legislativo que el decreto de 2006, dejaba un margen de maniobra para que las comunidades autónomas decidieran si acataban la norma o no.

Muchas de ellas se declararon en contra de la normativa incluso antes de que esta se publicase —como, por ejemplo, Andalucía, Canarias, Extremadura o País Vasco, que decidieron no aplicarla—.

Pero no fue así en las comunidades de Murcia y Asturias, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde la exclusión ha permanecido vigente hasta hace unos meses, cuando los respectivos gobiernos comenzaron a revertir la situación a raíz de que Pedro Sánchez anunciase en julio de 2018 que eliminaría la orden ministerial discriminatoria.

Así modificó el PP la ley

«Se jugó a la confusión», explica Cristina Pérez, responsable del grupo de políticas lésbicas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB).

«Ha habido una gran falta de información. La existencia de la orden ministerial daba carta blanca a las comunidades autónomas para negarse a cubrir el servicio. Muchas mujeres no sabían qué iba a ocurrir, si esta modificación prevalecía sobre la ley de 2006 o no, si la competencia era de la consejería o del ministerio de Sanidad. Muchas de ellas desconocían que en sus comunidades no había exclusión, así que acudieron directamente a clínicas privadas. Otras tenían miedo a que se les denegase el servicio y tener que emprender un proceso judicial. No todas tenemos el dinero y las fuerzas para hacerlo», añade Pérez.

«Conozco a parejas que han tenido que pedir créditos para poder ser madres», cuenta Tecci. «Por suerte, nosotras teníamos ahorros, pero no todo el mundo se lo puede costear». A día de hoy, ser madre por la vía privada conlleva gastos de más de 5.000 euros, en función de los intentos necesarios para lograr el embarazo y de las técnicas usadas para ello.

La ley de 2006 que implementó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero especificaba —en el apartado 5.3.8— que los procedimientos de reproducción asistida formarían parte del sistema público «cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida». Y añadía: «La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual».

La orden ministerial, publicada en noviembre de 2014 durante el primer mandato de Mariano Rajoy, modificó precisamente el apartado 5.3.8, introduciendo las siguientes concreciones: «Existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo», así como «ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos».

Según la redacción del texto, solo se ofrecería el tratamiento a aquellas mujeres que tuviesen un diagnóstico de infertilidad o que hubiesen mantenido relaciones sexuales con un hombre durante un año sin lograr el embarazo. «Esto ya en sí mismo es un error: las lesbianas también tenemos coito vaginal. Es una forma de entender la sexualidad desde una perspectiva heterocéntrica. Para mí era una muestra de que era una ley ideológica porque fomentaba los modelos familiares clásicos de padre y madre», explica Silvia García.

Discriminadas en Asturias

Silvia y su pareja sufrieron la discriminación en su comunidad autónoma, Asturias, antes incluso de la llegada de la orden ministerial de 2014.

En abril de 2011, ambas decidieron acudir a una unidad pública de reproducción asistida. El doctor, según relata Silvia, les dijo: «¿Qué sois, lesbianas? Es que tengo una orden de la Consejería de Sanidad que me impide atenderos». «Me sentí totalmente humillada porque, además, detrás de nosotras entró justo una pareja heterosexual. La impotencia fue inexplicable», añade.

«Por aquel entonces la crisis económica ya era acuciante. Como había que hacer recortes, aprovecharon para implementar una medida ideológica porque, al fin y al cabo, la competencia la tiene la comunidad», apunta Silvia.

Esta lectura es la que hace también Gema Fernández, abogada de Women’s Link, una organización que ha asistido legalmente varios casos de exclusión a lesbianas en el sistema público de reproducción asistida: «Con la crisis que comienza hacia 2008, la aplicación de la ley de 2006, que es muy innovadora y progresista, se ralentiza. La orden ministerial enunciaba los requisitos en una clave neutra, pero cuando la interpretabas de manera literal, te dabas cuenta de que buscaba la exclusión de modelos familiares no normativos».

A efectos prácticos, no solo fueron expulsadas las parejas lesbianas, sino también aquellas mujeres que querían llevar a cabo su maternidad en solitario, sin necesidad de una pareja. Sin embargo, esta exclusión afectaba principalmente a lesbianas, ya que el porcentaje de madres solteras en 2013 era del 10,9% y del 11,6% un año después, tal y como señala el capítulo 3 del Informe España 2018, dedicado al desafío de la baja fecundidad y elaborado por las investigadoras del CSIC Teresa Martín y Teresa Castro. Esos porcentajes, además, no están compuestos únicamente por mujeres que deciden ser madres en solitario, sino que una parte corresponde a embarazos no intencionados donde son ellas las que se quedan al cargo de la criatura.

Tras la negativa que recibieron Silvia y su pareja, ambas emprendieron una batalla judicial que culminaría con una sentencia emitida en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en la que se reconocía su derecho a acceder al servicio público de reproducción asistida: «Como no sabíamos qué iba a pasar, mi pareja y yo decidimos ir por la vía privada. Quería tener un bebé sí o sí, y no podía arriesgarme a esperar una sentencia que podía resultar desfavorable».

Finalmente, el TSJA obligó al Gobierno autonómico a indemnizar a la pareja con 7.723 euros. «Nos habíamos gastado unos 15.000 euros porque tuve que someterme a varios intentos de inseminación artificial que no tuvieron éxito, hasta que probé con una fecundación in vitro. Nos reembolsaron la mitad. Si no hubiésemos tenido una buena posición económica, no podríamos haber empezado nuestro proceso y, por tanto, habríamos tenido que retrasar nuestra maternidad».

Pedro Sánchez anuncia que acabará con la exclusión

A Marina Corredor y a su novia —ambas de Murcia— les denegaron el tratamiento en 2015. «Nos dijeron que la ley había cambiado. Nosotras habíamos oído algo, así que pensamos que no había nada que hacer. Yo tenía un dinerito guardado de la herencia de mi madre, que había fallecido. Pensé: ‘O lo gastamos en demandar o lo gastamos en intentar tener un bebé’. Decidimos ir a por lo segundo por la vía privada, pero tras tres intentos no fue posible. Me quedé sin dinero y sin hijo», cuenta.

«Si al menos hubiese tenido derecho a intentarlo por la sanidad pública y tampoco hubiese resultado, podría haberlo seguido intentando por la vía privada con el dinero de la herencia y haber tenido más oportunidades de éxito», apunta Marina.

Hace un año, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció que, a lo largo de 2019, corregiría la orden ministerial publicada durante el mandato de Mariano Rajoy para devolver la financiación pública de la reproducción asistida a lesbianas y mujeres sin pareja. «En 2013 el requisito era el de esterilidad y solo para mujeres heterosexuales con pareja. Pero hoy se acabó la misoginia», escribía la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, en su cuenta de Twitter.

Como apunta Cristina Pérez de la FELGTB: «Aunque a efectos prácticos muchas comunidades no han excluido a estas mujeres, es importante que se revoque esta orden ministerial para que no haya confusión ni ambigüedades que puedan desembocar en discriminación por orientación sexual».

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